Sentencia SL13009-2017 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13009-2017

Radicación: 50758

Acta 7

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

Por razones de método, la Corte estudiará ahora el primer cargo.

Debe empezar la Corte, señalando que ninguno de los dislates de orden técnico que le enrostró el replicante a los cargos formulados por la parte actora, por su entidad, le impiden abordar de fondo el estudio de los mismos. Se dijo que en la proposición jurídica no podía citarse normas de estirpe constitucional, pues no contienen derechos, aseveración que no es acertada, pues desde hace ya varios años la Corte ha aceptado la invocación de ese tipo de normas; en principio debiéndose acompañar de otras que consagren derechos sustanciales, y con posterioridad, por morigeración de tal exigencia técnica, citarlas como violadas, no comportan un yerro técnico que no pueda ser superado.

En efecto y en relación con primera posibilidad, en Sentencia CSJ SL, 14 de diciembre de 1995, radicación 7678, se dijo:

«El cargo acusa por la vía indirecta la violación de los artículos 25 y 53 de la Constitución Nacional. De vieja data, esta corporación ha sostenido inveteradamente que las normas constitucionales a pesar de constituir normas superiores no son por sí solas susceptibles de acusación en el recurso de casación laboral.».

Y en relación con la segunda, en Sentencia CSJ SL, 20 de agosto de 2012, radicación 43149, se señaló:

[…] si bien las normas constitucionales no consagran derechos sustanciales, esta Sala de la Corte ha expresado que la referencia a la violación de una norma de rango constitucional no implica una insuperable dificultad técnica, esta corporación expuso en sentencia del 9 de abril de 2008, radicado 32.725.

Respecto de no haber señalado la vía por la que encauza su ataque, que fue otro de los errores de técnica que el opositor relievó, y que él mismo entiende superado, en tanto que acepta que al enlistarse varios errores de hecho, debía entenderse que se trataba de la vía indirecta, lo que comparte esta corporación.

Debe señalar la Sala, que la forma en que se estructuraron los cargos no corresponde en rigor a las exigencias técnicas que esta clase de recurso impone. Sin embargo, dada la flexibilización del mismo y que está de por medio un derecho constitucional fundamental, en este caso, la pensión de jubilación del demandante, esta corporación estudiará los cargos formulados, a pesar que en el primero se acude indebidamente a la «falta de aplicación», que no existe como concepto de violación de la vía directa, pues la ley lo denomina «infracción directa»; pero la Corte entiende que debe ser uno propio de la vía indirecta, esto es, la aplicación indebida, por cuanto se enlistaron varios errores de hecho que fueron desarrollados; lo que permite inferir que el cargo estaba dirigido por la vía indirecta y por el concepto de violación citado.

Se recuerda que la impugnante le achacó al tribunal haber incurrido en cuatro errores evidentes, que se circunscribieron, fundamentalmente, a que el actor sí cumple con la edad exigida para acceder a la pensión de jubilación; que la prueba de la edad del demandante está acreditada con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil que obra a folio 207 y 208 del cuaderno principal; y que el accionante reúne los demás requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

No son asuntos discutidos en sede casacional, las siguientes conclusiones del ad quem: (i) «que el sujeto que promovió la acción que cursó ante el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de esta ciudad (rad. 17205), es el mismo que aquí aparece como demandante»; (ii) la denominada “inconsistencia” que el juez a quo advirtió, era posible resolverla dentro de las mismas diligencias aportadas al expediente»; (iii) «que existe una identidad de partes, que trae consigo los efectos de cosa juzgada de la sentencia de 27 de junio de 1997 al caso sub examine, por lo que ha debido tenerse plenamente demostrada la existencia del vínculo laboral y sus extremos temporales en los términos allí señalados», y (iv) «que los tres primeros argumentos de absolución resumidos al comienzo de esta providencia, carecen de sustento fáctico y jurídico».

En coherencia con lo anterior, existió entre el señor Rafael Meléndrez Bolaños y Ecopetrol un contrato de trabajo entre el 10 de abril de 1969 y el 10 de mayo de 1990, folio 264 del cuaderno de primera instancia. Igualmente, durante ese periodo, la demandada no subrogó el riesgo de jubilación del demandante previsto en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el último salario promedio mensual devengado por el actor, ascendió a $ 220.000.

En lo que sí existe inconformidad, es fundamentalmente en el tema de la falta de prueba sobre la edad del demandante, y hacia allí se orientaron los esfuerzos de la recurrente.

Precisado lo anterior, en efecto, a juicio de la Sala, salta a la vista que la segunda instancia incurrió en los errores de hecho que le endilgaron; fundamentalmente el que tiene que ver con la falta de acreditación de la edad que esgrimió el sentenciador de segunda instancia, y con base en el cual denegó la pensión de jubilación deprecada.

En efecto, frente al tema de la edad el juez colegiado razonó así:

[…] Sin embargo, como ya se advirtió, la absolución habrá de confirmarse, porque la alzada no controvierte lo concerniente a la ausencia de prueba para establecer la fecha de nacimiento del actor, conclusión que avala en su integridad la Sala, toda vez que (i) no se aporta el documento idóneo para acreditarla, (ii) la parte demandada manifiesta no constarle la edad del actor, y (iii) en la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil no se informa tal aspecto.

[…] superado el término de ejecutoria del auto por el cual se dispuso el decreto dela prueban reseñada, la parte actora como su apoderada han hecho caso omiso a la solicitud de esta corporación para la obtención de la prueba, y para la fecha de la presente decisión ha transcurrido un período razonable y suficiente para la obtención de la prueba, evidenciando una total desatención y falta de diligencia en con el presente proceso.

Por la vital importancia que reviste en el sub lite la acreditación de la edad como uno de los presupuestos establecidos por la ley para acceder a la prestación implorada, y ante la imposibilidad de establecer este requisito, fuerza confirmar en su integridad la sentencia de 30 de junio de 2009, proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, D.C., por las razones arriba anotadas.

Nótese entonces, que todo el problema probatorio lo centró el tribunal en una supuesta falta prueba que permitiera acreditar la fecha de nacimiento del actor y/o la edad para poder acceder a la prestación demandada; incluso señalando que la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil no informaba la edad del actor.

Al revisar la Sala la aludida certificación que obra a folio 207, en original y en copia en el 208, se observa la equivocación en la incurrió el tribunal, pues la mencionada certificación, además de identificar el número de la cédula que corresponde al actor; el lugar en donde fue expedida y el nombre de la persona a quien corresponde, indica como fecha de expedición de la referida cédula, el día «21 de septiembre de 1960».

En consecuencia, con la prístina y comprensible información que contiene esa prueba documental, que no sólo es un documento público, sino que además tampoco fue tachada por la parte contra la que se opone, era posible concluir, que sí cédula de ciudadanía a la que se refiere esa certificación fue expedida el 21 de septiembre de 1960, y que para la expedición de ese documento de identidad, en esa época se necesitaba haber cumplido como mínimo 21 años de edad, mayoría de edad que fue modificada a través del Acto Legislativo 1 de 1975, reduciéndola a los 18 años; los 55 años de edad los cumplió el actor como mínimo, 34 años después de otorgada la cédula referida, esto es, en el año 1994.

Por manera que el tribunal sí contaba con una prueba que le permitía, mediante la elaboración de una simple operación aritmética, determinar si el demandante había cumplido los 55 años de edad para acceder a la pensión de jubilación incoada. Sobre la prueba para acreditar la edad, resulta pertinente memorar lo que ha señalado esta Sala:

[…] En ese sentido, cualquier error en torno a este punto no tiene la trascendencia suficiente para derruir las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia gravada, además de que, de cualquier manera, esta Sala de la Corte ha establecido con suficiencia que, en el marco de los procesos laborales, la edad de las personas es una situación que no requiere de prueba solemne, de manera tal que puede ser acreditada a partir de cualquier medio probatorio autorizado por ley. CSJ SL, 5 de agosto de 2015, radicación 54139.

Por lo tanto, el cargo prospera y en consecuencia resulta innecesario resolver el segundo.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad del cargo, las de las instancias se resolverán en la sentencia de reemplazo.

Como quiera que la apoderada de la parte actora, en el trámite del recurso de casación aportó el registro civil de nacimiento del demandante visible a folio 25 del cuaderno de la Corte, en el que aparece la fecha de nacimiento del recurrente, el cual había sido decretado como prueba por el tribunal, mediante proveído de septiembre 20 de 2010 (fl. 12, cdno. de segunda instancia), encontrándose pendiente su aportación, en sede de instancia y para mejor proveer, se dispone correr traslado a las partes de tal prueba documental, por el término de cinco (5) días, para que manifiesten lo pertinente, con lo cual se entiende incorporado y cumplida así su publicidad.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por el señor RAFAEL MELENDREZ BOLAÑOS contra la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS, ECOPETROL S.A.

En sede de instancia y para mejor proveer, se dispone correr traslado a las partes de la documental aportada visible a folio 25 del cuaderno de la Corte, por el término de cinco (5) días, para que manifiesten lo pertinente con lo cual se entiende incorporado y cumplida así su publicidad.

Costas como quedó indicado en la parte motiva de este proveído.

Una vez cumplido lo ordenado anteriormente, vuelva el expediente al despacho para proferir la sentencia de instancia que en derecho corresponda.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.»