Sentencia SL13026-2017/77972 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13026-2017

Rad.: 77972

Acta 29

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de anulación que interpuso la empresa Pelpak S.A. contra el laudo arbitral proferido el 30 de marzo de 2017, por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo que se suscitó entre la empresa recurrente y la agremiación sindical Unión de Trabajadores de Pelpak S.A. «Unitrapelpak».

I. Antecedentes.

El 27 de mayo de 2013 la organización sindical Unitrapelpak presentó a la compañía Pelpak S.A. el pliego de peticiones que dio origen al diferendo colectivo.

Debido a que no hubo acuerdo en la etapa de arreglo directo, la solución del conflicto colectivo fue sometida a arbitramento obligatorio, el que finalizó mediante el laudo arbitral objeto del presente recurso extraordinario.

II. Recurso de anulación.

El apoderado de la empresa le pide a la Corte que «estudie, analice, modifique y decida sobre los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 contenidos en el laudo arbitral, con los cuales se crea un desequilibrio y desigualdad entre los trabajadores de la compañía y pone en dificultades financieras a mi mandante».

En el desarrollo de su recurso se refiere, a modo de introducción, al principio de igualdad en el marco de las relaciones laborales, para señalar que no puede existir una situación de discriminación entre los trabajadores no sindicalizados beneficiarios de un pacto colectivo y los trabajadores sindicalizados suscriptores de una convención colectiva.

Aduce que el derecho de asociación no habilita a proteger ilimitadamente a los empleados agremiados por encima de los que no lo están, y que «incluso en vigencia de la relación laboral un mismo funcionario puede decidir libremente que dentro de un tiempo definido le sea aplicado el pacto colectivo y en otro período la convención colectiva, de ahí la importancia de que los referidos convenios guarden correspondencia y equidad no solo en la cantidad de beneficios que allí se consagran sino adicionalmente en los valores que se han destinado para cada prebenda».

Sostiene que la prima extralegal de antigüedad consignada en el artículo 4º del laudo es inequitativa por cuanto si «realizamos un proyección del impacto en el costo que tendrá para la compañía en los próximos 5 años la prima en mención, bajo el supuesto de los empleados que cumplen cinco (5), diez (10), veinte (20) y treinta (30) durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, arrojando como resultado Cop$ 74 millones de pesos, ubicando este beneficio como uno de los más onerosos entregado a los empleados de Pelpak, sea afiliado al Pacto Colectivo o al nuevo Laudo Arbitral».

Agrega que la empresa en aras de enfrentar las crisis económicas a las que se ha visto abocada con anterioridad, diseñó un programa estratégico en el cual se estableció la prioridad «en los próximos cinco (5) años, de operar con políticas de ahorro y eficacia para lograr una estabilidad financiera a largo plazo, lo cual beneficiaría a los trabajadores».

Por otra parte, señala que la prima extralegal de antigüedad es una prestación no prevista en el pacto colectivo, lo que viola el principio de igualdad que impone «que las condiciones de trabajo que regulen unos y otros deben ser iguales». Argumenta que el sindicato apenas tiene 34 afiliados y la empresa 240 trabajadores aproximadamente, situación que agudiza la desigualdad entre sindicalizados y no sindicalizados.

Por último, aduce que los beneficios concedidos ponen en déficit la operación y las utilidades de la empresa, en desarrollo de lo cual y «para una mejor comprensión» remite a la Corte al balance general de la compañía «para determinar la posibilidad o no de conceder las aspiraciones de la organización sindical a efectos de demostrar que el costo operativo se ve altamente afectado al punto de que en el balance proyecto arroja una mínima utilidad».

No hubo oposición al recurso.

III. Consideraciones de la Corte.

La argumentación del recurso de anulación concentra tres aspectos: (1) la presunta transgresión al principio de igualdad debido a las diferencias existentes entre el laudo y el pacto colectivo; (2) la inequidad específica del artículo 4º del laudo; (3) y la inequidad general del fallo arbitral. En este orden la Sala abordará el estudio de estos motivos de disenso.

1. Desigualdad entre los beneficios y prestaciones del laudo y el pacto colectivo

Para dar una respuesta a este punto, es suficiente recordar que la asimetría que pueda existir entre los beneficios y prerrogativas del laudo respecto a los de otros instrumentos colectivos preexistentes en el interior de la empresa, no es reflejo de una práctica discriminatoria.

En reiteradas oportunidades esta corporación ha sostenido que si bien los árbitros pueden tomar en consideración lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa que estén irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo de las prerrogativas allí establecidas. Por ello, es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-patronales así lo dictamine (CSJ, SL53118, 4 dic. 2012, reiterada en SL703-2017).

En similar sentido, esta Sala ha explicado que la situación de los trabajadores sindicalizados es diferente a los de los no sindicalizados, toda vez que es la propia normativa internacional (Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT) y local del trabajo la que le permite a los primeros unirse y crear las organizaciones que a bien estimen para defender sus derechos y lograr reivindicaciones en sus condiciones de trabajo (SL703-2017). De suerte que negar la posibilidad de las organizaciones sindicales de obtener mejoras y conquistas mediante la negociación colectiva so pretexto de que en el ámbito empresarial existen otros instrumentos colectivos que funcionan como máximos o techos, implica privar de sustancia este derecho, así como cualquier posibilidad de avanzar progresivamente en la consecución de mejores condiciones laborales y sociales.

En consecuencia, es infundado este reparo.

2. Inequidad específica del artículo 4º del laudo

El artículo 4º del laudo arbitral es del siguiente contenido:

“ART. 4º—El empleador pagará a los trabajadores beneficiarios del presente laudo, una prima extralegal de ANTIGÜEDAD que se regirá por las siguientes condiciones:

Antigüedad
Días de prima
  • Cinco (5) años
  • Cinco (5) días de salario básico
  • Diez (10) años
  • Diez (10) días de salario básico
  • Veinte (20) años
  • Veinte (15) días de salario básico
  • Treinta (30) años
  • Treinta (30) días de salario básico
  • — La prima señalada se pagará a más tardar veinte (20) días hábiles después de la fecha en que el trabajador cumpla cada período de antigüedad.

    — La prima solo se causará en el evento en que el empleador haya obtenido la utilidad esperada durante el año calendario inmediatamente anterior a su causación y pago, conforme a los estados financieros debidamente consolidados y reportados ante autoridad competente.

    — La prima de antigüedad, no constituye salario, factor prestacional, ni base de aportes a la seguridad social para ningún efecto legal. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 o las normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan.

    La Prima de antigüedad se empezará a otorgar a partir de la ejecutoria del presente laudo y es incompatible con cualquier otro beneficio que por concepto de antigüedad otorgue el empleador de forma individual y/o colectiva.

    Para Sala, la citada cláusula no es ostensiblemente inequitativa, dado que se trata de pagos abonables únicamente cuando los trabajadores cumplen los lustros allí establecidos y, adicionalmente, su cuantía es progresiva, de manera que a menor tiempo de servicio, menor va a ser el valor de la prima.

    En lo que guarda relación con las proyecciones de la empresa, a juicio de la Sala no pueden servir de parámetro o referente para determinar el impacto económico de esta prestación, dado que engloba a trabajadores no sindicalizados y, por tanto, no beneficiarios del laudo (CD anexo) y, por otra parte, recae sobre un lapso futuro muy extenso (5 años), dentro del cual es imposible predecir el comportamiento financiero de la empresa, al igual que la potencial densidad de empleados.

    En este punto, vale recordar que la incidencia económica de un laudo aplicable a un sindicato minoritario se mide en función del número real de afiliados, y no frente a la totalidad de trabajadores o los que a futuro considere la empresa que lleguen a afiliarse. De ahí que las proyecciones de la empresa en cuanto al costo de la prima de antigüedad, que estima en 74 millones, no sean reales, sino inciertas, en tanto se liquidan teniendo en cuenta trabajadores sindicalizados y no agremiados. Sobre este tema, la Corte en providencia CSJ SL5887-2016 explicó:

    No comparte la Corte la postura del recurrente, en la medida que la determinación de los efectos económicos del laudo en una empresa, debe realizarse sobre factores reales, ciertos y actuales, más no sobre factores inciertos, hipotéticos o conjeturales.

    Se asevera lo anterior, como quiera que en este asunto, la empresa realizó las proyecciones financieras teniendo en cuenta la totalidad de sus trabajadores, lo cual es inapropiado, pues en la actualidad, según se informa en el recurso, se encuentra afiliado a la organización sindical SINTRAIMAGRA solamente un empleado. Luego, el costo real y actual de la empresa no puede cuantificarse sobre 43 trabajadores sino sobre 1.

    Pero además, la empresa recurrente no explica con firmeza de qué manera el costo de este auxilio compromete o pone en riesgo la continuidad del negocio, es decir, se limita a señalar una cifra sin relacionarla con las posibilidades financieras de la sociedad.

    Por lo tanto, no se anulará esta disposición.

    3. Inequidad general del laudo

    En aras de demostrar la inequidad que permea toda la decisión arbitral la impugnante remite a los balances generales de la compañía a fin de que la Corte determine «la posibilidad o no de conceder las aspiraciones de la organización sindical».

    Una vez más es imperioso recordar que quien acude al recurso extraordinario de anulación con fundamento en esta causal de anulación, tiene la carga argumentativa de demostrarle a la Corte que la decisión construida por los árbitros no solo es inequitativa, sino también que esa inequidad es manifiesta u ostensible.

    Para estos fines no valen las afirmaciones inespecíficas, especulativas o el planteo de una visión paralela de lo que podría ser cuantitativa o cualitativamente más justo; es menester, contrario a ello, probar que la decisión incontrovertiblemente es incompatible con criterios elementales de equidad, en desarrollo de lo cual el impugnante debe acreditar el costo real, cierto y actual de las prestaciones del laudo, la situación financiera concreta de la empresa y de qué manera el laudo incide desfavorablemente en la producción o en la continuidad de las actividades económicas.

    Al respecto, en sentencia de anulación CSJ 24443, 5 ago. 2004, reiterada en SL17421-2016 y SL2893-2017, la Sala sostuvo:

    “En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la "manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas”.

    En este asunto, la recurrente indebidamente invita a la Corte a revisar los estados financieros de la compañía y a averiguar si hay lugar o no a anular las disposiciones, como si esta corporación pudiera asumir de oficio la tarea de hacer un recorrido por cada uno de los enunciados de la decisión arbitral, indagar su incidencia económica y de paso identificar las inequidades que puedan surgir. Desde luego, todo esto es una labor que le corresponde a la parte interesada en obtener la anulación del laudo, pues, además de que a ella y no a otra le concierne probar sus aseveraciones en los términos explicados, la Corte en virtud del carácter extraordinario del recurso de anulación debe ceñirse a la argumentación esbozada (SL8157-2016).

    Corolario de lo expuesto no se anulará el laudo.

    IV. Decisión.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

    RESUELVE:

    1. DECLARAR EXEQUIBLE el laudo arbitral emitido el 30 de marzo de 2017, por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo que se suscitó entre la organización sindical Unión de Trabajadores de Pelpak S.A. «Unitrapelpak» y la empresa Pelpak S.A.

    Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Ministerio del Trabajo, para lo de su cargo.

    Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Fernando Castillo Cadena.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Rigoberto Echeverri Bueno.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.—Jorge Luis Quiroz Alemán.