Sentencia SL13039 de agosto 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13039-2017

Radicación 66169

Acta 29

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Dada la vía escogida no se encuentran en discusión los siguientes supuestos fácticos: (i) que la actora contrajo matrimonio con el de cujus el 23 de septiembre de 1940 (fl. 11), vínculo que permaneció vigente hasta el deceso; (ii) que la muerte del pensionado acaeció el 23 de octubre de 2000 (fl.12); (ii) que la pareja no convivió en los dos años anteriores al fallecimiento y, (iii) que la entidad accionada le reconoció la prestación en un 50% a los hijos menores de la interviniente ad excludendum y el restante 50% quedó en suspenso por existir controversia frente al derecho reclamado (fls. 9 y 10).

Así las cosas, la cuestión jurídica que propone la recurrente gira en torno a determinar si, a la luz del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la cónyuge separada de hecho que ha mantenido vigente el vínculo matrimonial, tiene la condición de beneficiaria y puede aspirar a la pensión de sobrevivientes así no demuestre convivencia al momento de la muerte, ni en los 5 años inmediatamente anteriores a su ocurrencia.

Sea lo primero advertir, que la Sala ha establecido jurisprudencialmente que, por regla general, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normativa vigente a la data del deceso del afiliado o pensionado. Ello, porque la pensión de sobrevivientes tal como fue consagrada en el sistema general de pensiones, es un derecho autónomo que nace o se estructura con la muerte del afiliado o pensionado y, por tanto, es la preceptiva que rige en ese momento, la que gobierna el derecho que así se consolida.

Ahora bien, comoquiera que la muerte del pensionado Marco Emilio Rodríguez García ocurrió el 23 de octubre de 2000, la disposición aplicable al asunto, es la Ley 100 de 1993 en sus artículos 46 y 47 (originales), y no la contenida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 pretendida por el censor.

Lo anterior, tiene relevancia en la medida que frente a esa última reforma esta Corporación, ha precisado que el cónyuge separado de hecho puede acceder a la pensión de sobrevivientes prevista en dicha normativa desde que haya convivido con el afiliado o con el pensionado por un tiempo no inferior a 5 años, en cualquier tiempo, sin importar que exista compañera o compañero permanente al momento del deceso, por cuanto así se cumple la finalidad de proteger a quien desde el vínculo matrimonial, aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que cubre ampliamente el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 40055, 29 nov 2011 lineamiento jurisprudencial que fue precisado por la Sala en sentencias CSJ SL, 24 ene 2012, Rad. 41637 y CSJ SL, 13 mar 2012, Rad. 45038).

En esa medida, el tribunal no distorsionó el sentido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, aplicable al caso por haberse producido el deceso del causante bajo su vigencia ni mucho menos incurrió en error al no aplicar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto paladinamente la primera norma en cita imponía, en ese momento, que el cónyuge o compañero o compañera permanente, aspirante a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por muerte del pensionado acreditara haber “convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que (...)”.

Así, es claro que bajo la vigencia del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, formar parte del grupo familiar del pensionado o afiliado fallecido, junto con el requisito temporal aludido, es la regla general para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sin que sea posible como lo pretende la recurrente, aplicar la reforma contenida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues bajo esta última égida se estableció una excepción a esa regla, esto es, que el cónyuge separado de hecho con vínculo matrimonial vigente tiene derecho, en forma proporcional al tiempo de su convivencia con el causante, a una parte de la pensión, siempre y cuando hubiere convivido con este un mínimo de 5 años.

En esa dirección, no se puede desconocer que para efectos de obtener la pensión de sobrevivientes de que trata el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no es suficiente acreditar la existencia o vigencia del vínculo matrimonial —que no es sino la manifestación de voluntad de los contrayentes de asumir las obligaciones que la esencia, naturaleza y accidentalidad de esa clase de compromisos legales supone para su cabal perfección—, sino que requiere, además, acreditar la convivencia del causante con el pretenso beneficiario a la pensión durante el término mínimo que indica la norma, esto es, se repite, para este caso, los dos años anteriores al deceso del pensionado.

Ahora la mentada convivencia entre cónyuges se ha referido la jurisprudencia aludiendo no simplemente al hecho de la comunidad de habitación que estos se deben sino cosa distinta, a la necesidad de que entre los mismos se mantenga una relación afectiva y sentimental, esto es, una comunidad marital donde se conjuguen el afecto, el respeto y la ayuda mutua, situación que permite entender que es posible que en ciertos momentos dicha convivencia pueda verse interrumpida temporalmente por razones distintas a la de terminación de la vida en pareja.

Es así como la jurisprudencia ha aceptado que, para efectos del cómputo de los términos de convivencia que exige en ciertos casos la ley, la cohabitación o convivencia de los cónyuges pueda verse interrumpida temporalmente, por ejemplo, por afecciones en la salud de alguno de estos que imponga atención en lugares especializados y por el tiempo solo susceptible de establecer por quien deba tratar al cónyuge afectado, o por motivos de trabajo, o de fuerza mayor, etc., tal y como lo asentó en la sentencia (CSJ SL, 30.141, 10 may. 2007).

Por manera que, el Tribunal no equivocó el entendimiento del mentado artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuando concluyó que, dada la calidad de cónyuge del causante, la disposición le exigía acreditar un tiempo mínimo de convivencia con aquel hasta el momento de su muerte, máxime que además la censura no discute esa premisa fáctica y, en esa medida, tampoco erró el juzgador al asignarle la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente, quien demostró la convivencia con el pensionado real y efectiva exigida legalmente, al momento de su muerte.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 28 de marzo de 2014, en el proceso que Débora Rosa Crespo de Rodríguez adelanta contra La Caja Nacional de Previsión Social EICE – Cajanal, trámite al cual se vinculó a Sonia del Carmen Jiménez Yépez en calidad de interviniente ad excludendum.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».