Sentencia SL13081-2014 de septiembre 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL13081-2014

Radicación 48141

Acta 31

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

Dada la vía escogida para el ataque, no se discute en este caso que la señora Petrona Valle Molina trabajó al servicio del Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Transporte, División de Obras Hidráulicas de Barranquilla, en el cargo de «Enfermero Draga»; que prestó sus servicios entre el 1º de agosto de 1980 y el 30 de noviembre de 1993; y que fue retirada del cargo por reestructuración de la entidad, es decir, antes de entrar en vigor la L.100/1993, en virtud del D. 2171/1994.

Precisado lo anterior, debe decirse que la entidad recurrente en casación, reprocha que el Tribunal hubiese confirmado la condena respecto de la pensión sanción dispuesta en el art. 8º de la L.171/1961, infiriendo la calidad de trabajadora oficial de la demandante conforme al Art. 459/1985, que contiene la planta de personal del Ministerio de Transporte, y no a la clasificación legal del D.3135/1968. Funda esencialmente la acusación, en que «…no es jurídicamente factible que mediante actos administrativos que no tienen alcance general, y que establecen la planta de personal de Trabajadores del Ministerio de Obras y se fija el manual de funciones, se instituya una clasificación de servidores públicos en contra de lo dispuesto por el legislador, es decir, no es del Decreto 459 de 1985 el que debe situar los cargos de ascensorista y apunta tiempo como trabajadores oficiales sino que es el legislador el autorizado para señalar quienes poseen dicha condición, como en efecto se estableció en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968».

En relación con el tema, se hace necesario recordar, que en efecto, esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 23388, planteó el mismo criterio que ahora invoca la censura, al considerar que no era dable jurídicamente que mediante actos administrativos que consagran la planta de personal de un Ministerio se estableciera una clasificación de servidores públicos en contravía de lo dispuesto por el legislador, pues, es la real actividad del empleado lo que determina su calidad de trabajador oficial y no lo que sobre el particular establezca un acto administrativo de alcance limitado. Sin embargo, un nuevo estudio del tema la llevó a reconsiderar ese discernimiento jurídico, constituyendo el actual criterio de la Sala, que el D.459/1985 goza de aptitud jurídica para clasificar a los trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a que, dada su naturaleza de decreto extraordinario, es dable estimar que la clasificación allí realizada fue efectuada por el Presidente de la República «como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa», de acuerdo con la facultad que le confería el num. 21 del art. 120 de la Constitución de 1886, que a la letra decía: «crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el servicio de los ministerios, departamentos administrativos y los subalternos del ministerio público, y señalar sus funciones especiales, lo mismo que fijar sus dotaciones, y emolumentos, todo con sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal 9° del artículo 76 (…)» .

Así quedó explicado en sentencia CSJ SL, 1° mar. 2010, rad. 37516, en la que a su vez se rememora la CSJ, SL, 7 jul. 2009, rad. 35814:

Es verdad, como lo indica el tribunal, que la calidad de trabajador oficial no se define por acuerdo entre las partes, ‘ni por el tipo de vinculación que se haga, ni porque se denominen contratos de trabajo a los documentos suscritos, ni por lo pactado en convenciones colectivas, ni porque se le haya pagado indemnizaciones convencionales o porque se haya beneficiado de las ventajas conferidas en las convenciones colectivas durante toda la prestación del servicio’, sino que es al legislador ‘a quien le corresponde hacer la clasificación de los servidores públicos’; sin embargo, en el caso que se examina, precisamente, fue el propio legislador extraordinario quien clasificó los empleos y determinó cuáles tenían la calidad de trabajadores oficiales (negrillas fuera del texto).

En efecto, el artículo 1º del Decreto 0459 de 1985, expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 120-21 de la Constitución Política de 1886, a través del cual se estableció la planta de personal de trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, indicó que las funciones propias de la construcción, conservación y mantenimiento de obras públicas en la entidad accionada ‘serán cumplidas con el número de empleos de la planta de personal de trabajadores oficiales’; allí se incluye, en el caso concreto del ‘Distrito de Obras Públicas No. 8 – Bogotá”, los cargos de ‘Aseadora” y “Jardinero’.

Criterio jurídico que incluso había sido expuesto desde la sentencia CSJ SL, 31 de jul. 2006, rad. 27633, en la que se precisó lo siguiente:

Ahora, al examinar el Decreto 0459 de 1985, mediante el cual el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 120-21 de la Constitución Política de 1886 y de acuerdo con el artículo 76 del Decreto 1042 de 1978, estableció la planta de personal de trabajadores oficiales del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte, aparece que en la División de Obras Hidráulicas figuran 46 cargos genéricos de contramaestre sin especificación de ninguna clase. Como el demandante ocupó el cargo de Contramaestre V, la deducción del Tribunal según la cual éste cargo no aparecía clasificado como trabajador oficial, se exhibe notoriamente desacertada al punto de configurar un yerro manifiesto como los que le atribuye la censura.

En efecto, siendo claro que el aludido decreto estableció que en la División de Obras Hidráulicas del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte 46 personas que desempeñaran el cargo de contramaestre serían trabajadores oficiales, no se ve la razón por la cual el Tribunal le restó al cargo de contramaestre V que desempeñó el demandante esa calidad, pues si bien era posible que todo ese número desempeñara una misma labor, también lo era que dentro de la división del trabajo algunos de ellos fueran clasificados por grados sin que en ello en manera alguna desvirtuara el cargo en el cual quedaron clasificados como trabajadores oficiales.

Si el mismo acto jurídico que hizo la clasificación como tal de los aludidos empleos no hizo ninguna discriminación, mucho menos podía hacerla el juzgador acudiendo a malabarismos jurídicos que van mucho más allá de lo planteado por las partes como el marco procesal que limita y concreta la actividad del operador judicial.

De otra parte, razón igualmente le asiste a la censura cuando critica al Tribunal por no haber apreciado la Resolución 09125 del 12 de noviembre de 1993, mediante la cual el Ministerio reconoció al demandante la indemnización por la supresión del cargo en desarrollo de lo previsto por el artículo 148 del Decreto 2171 de 1992, que consagró el pago de la indemnización por virtud de tal hecho para los empleados públicos escalafonados en carrera administrativa y para los trabajadores oficiales, y en consecuencia, si la parte demandada no demostró que el demandante estuviera inscrito en la carrera administrativa, la razón de ser de dicho reconocimiento no puede ser otra que por la indiscutible calidad de trabajador oficial del deprecante.

Es claro, entonces, que el tribunal tuvo una desafortunada apreciación de la causa cuando no consideró al actor de este litigio como trabajador oficial al servicio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

En consecuencia, el Tribunal edificó acertadamente su decisión sobre razonamientos en virtud de los cuales las actividades desarrolladas por la demandante en el cargo de «Enfermero Draga», estaban clasificadas para ser desempeñadas por los trabajadores oficiales de la entidad, de conformidad con el D.0459/1985, mediante el cual se estableció la planta de personal de trabajadores oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que en su art. 1º consagra, que «las funciones propias de las construcción, conservación y mantenimiento de obras públicas de las distintas dependencias del Ministerio (…) serán cumplidas con el número de empleados de la planta de personal de trabajadores oficiales que a continuación se señala conforme a los términos y condiciones establecidos en este decreto(…). Enfermero Draga ».

No se entiende entonces, cómo ahora el Ministerio de Transporte demerita el aludido D.0459/1985, mediante el cual se estableció el «número de cargos que realmente requiere el Ministerio para el cumplimiento de sus funciones (…) que deben ser desempeñados por personal que tendrá la calidad de Trabajador Oficial vinculado mediante contrato de trabajo»

Así las cosas, el tribunal no incurrió en ningún yerro jurídico al considerar a la demandante como trabajador oficial, merecedora de la pensión sanción reclamada. En consecuencia, el cargo no prospera.

Como no hubo oposición, no hay lugar a imponer costas del recurso extraordinario.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso ordinario laboral promovido por PETRONA CECILIA VALLE MOLINA contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».