Sentencia SL13152-2016/58340 de septiembre 14 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 58340

Acta 34

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D. C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Lucinio Bernal Rueda, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 12 de abril de 2012, en el juicio ordinario laboral que le promovió a las sociedades Eficacia S.A. y Grasas y Aceites Vegetales Limitada.

EXTRACTOS. «VI. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, posteriormente, revoque la proferida en primera instancia y, en su lugar, condene a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Ltda., y que, enseguida, se estudian, de manera conjunta, dado que, a pesar de estar enfocados por vías diferentes, denuncian idéntico cuerpo normativo, se apoyan en iguales argumentos y persiguen la misma finalidad.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia impugnada de “violar directamente” los artículos 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 47, 54, 55, 267, 467, 469, 470, 471, 477, 478, 479 y 480 del C.S.T., 8º de la Ley 171 de 1961 y 48 y 50 del C.P.T. y de la S.S., así como los acuerdos 224 de 1966 y 029 de 1985 y la Resolución 1868 de 1983.

En la demostración del cargo, sostiene la censura que, en el caso concreto, se debe observar lo que sucedió en la realidad y no en los documentos, pues la existencia del contrato de trabajo no depende de lo pactado entre las partes, sino de la situación material del trabajador, siendo que, al no corresponder a la realidad las estipulaciones contenidas en los contratos, debe darse prevalencia a ésta sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; que existe duda en cuanto a que las demandadas disfrazaron la relación laboral bajo un contrato de prestación de servicios, a través de una empresa de servicios temporales, desfigurando la forma natural del vínculo de trabajo, con la finalidad de evadir la cancelación de prestaciones sociales; que, además, es evidente la existencia de una relación laboral, pues Eficacia S.A. anunció que allegaba el contrato de trabajo celebrado con el demandante y no demostró en el juicio haber pagado los derechos laborales.

Manifiesta que no aparece acreditado dentro del juicio con plena claridad la terminación de un contrato y el nacimiento de otro, ni que existiera una causa para efectuar una vinculación jurídica distinta, pues el demandante prestó sus servicios en el mismo cargo y ejerció idénticas funciones, para la misma empresa y con sus herramientas e instrumentos, de donde se impone concluir que es necesario que se acredite que dichos nexos se desarrollan con base en causas diferentes y que existía una diferencia clara en cuanto a tiempo, energía y actividad del trabajador, puesto que así lo ordena el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, tal como lo entendió esta corporación en sentencia de 10 de enero de 1998, de la cual no indica el radicado.

Asimismo, señala que aunque la empresa realizó todo el montaje jurídico para dar por terminado el contrato de trabajo, el demandante nunca dejó de laborar y el servicio y las funciones desempeñadas siempre fueron las mismas, así como el sitio de trabajo, las herramientas, equipos e instrumentos de la demandada, además de que “durante los supuestos contratos de trabajo con Grasas y aceites vegetales limitada y eficacia S.A., no existió en ningún momento alguna desvinculación en las labores con la demandada”, además de que es a la parte demandada a quien concierne desvirtuar los supuestos de hecho que informan la demanda, respecto a los periodos laborados, pues constituyen una afirmación indefinida e invierten la carga de la prueba, por lo que a quien correspondía demostrar que el trabajador no prestó sus servicios personales era a la parte demandada.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de “violar indirectamente” los artículos 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 47, 54, 55, 267, 467, 469, 470, 471, 477, 478, 479 y 480 del C.S.T., 8º de la Ley 171 de 1961 y 48 y 50 del C.P.T. y de la S.S.

Afirma que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“Primero. Dar por establecido sin estarlo que mi poderdante no es acreedor a la prestación económica solicitada.

Segundo. Dar por establecido, sin estarlo, que el demandante no cumple con el tiempo de servicios, mínimo.

Tercero. No dar por establecido que la demandada dio por terminada la relación laboral con el demandante.

Cuarto. Tener por establecido, que faltan pruebas que demuestren la relación laboral.

Quinto. No dar por demostrado, siendo ello manifiesto, que el demandante cumple con los requisitos para la obtención de la prestación económica.

Señala que estos errores de hecho se produjeron por la falta de apreciación de la demanda y su contestación, los contratos de trabajo, la liquidación de prestaciones sociales, la certificación laboral, la hoja de vida y los testimonios.

En la fundamentación del ataque, reproduce en su literalidad los mismos argumentos presentados en el primer cargo.

VIII. Réplica

Alega que la demanda de casación presenta insalvables defectos de técnica, que impiden el estudio de fondo del ataque, por cuanto, de una parte, el primer cargo no indica la modalidad de infracción y se asemeja a un alegato de conclusión y de la otra, el segundo cargo no sustenta en qué consisten los errores de hecho manifiestos y ostensibles.

IX. Consideraciones

Inveteradamente esta Sala ha venido sosteniendo que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, a fin de permitir su examen de fondo por parte de esta corporación, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.

De esta manera, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de la jurisprudencia inveterada de esta corporación en materia del recurso extraordinario de casación no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin las cuales no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial.

En el presente asunto, fluye con claridad que la censura no cumple con el mínimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentación del recurso de casación, lo que impide que esta corporación emita un pronunciamiento de fondo sobre el ataque.

En efecto, el primer cargo, enfocado por la vía directa o de puro derecho carece de la indicación de la modalidad de infracción cometida por el sentenciador de segundo grado, esto es, si la violación a la ley sustancial se dio por infracción directa, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas denunciadas, aspecto necesario para determinar con exactitud el reproche jurídico que se denuncia y que no puede entrar a suponer la Corte en virtud del principio dispositivo que gobierna la casación del trabajo.

De igual forma, la Sala observa que el mismo ataque, no obstante encaminarse por la senda directa, que supone la plena conformidad del recurrente con los presupuestos probatorios de la sentencia gravada, se apoya primordialmente en una argumentación fáctica consistente en que en la realidad existió una relación laboral con Eficacia S.A., demostrada con el contrato de trabajo allegado por dicha demandada, sin que ésta demostrara haber cancelado las acreencias laborales; y que, a pesar de que el contrato con Grasas y Aceites Vegetales Ltda., terminó y se liquidó, la relación laboral perduró en razón a la permanencia y continuidad del objeto del vínculo, las funciones desempeñadas por el trabajador, el cargo de éste, el sitio de labores, la empresa y las herramientas y equipos utilizados. Estas reflexiones claramente lucen extrañas a la vía seleccionada por la censura, contemplada exclusivamente para el planteamiento de reproches de naturaleza jurídica con independencia de las cuestiones de hecho.

Por este camino, queda en evidencia que ninguno de los argumentos del primer cargo intenta demostrar siquiera de manera mínima en qué consistió la equivocación del juzgador respecto de las normas enlistadas, lo cual conlleva necesariamente a que el ataque carezca de una sustentación adecuada y en correspondencia con la vía seleccionada, por lo que, en consecuencia, debe ser desestimado.

En cuanto al segundo cargo, tampoco se aviene éste las exigencias formales del recurso extraordinario de casación laboral, por cuanto, además de no plantear la modalidad de infracción de las disposiciones normativas, se limita a enunciar algunas pruebas presuntamente omitidas por el Tribunal, sin argumentar cuáles son las circunstancias fácticas que se derivan de éstas y en qué medida inciden en la decisión tomada, lo cual no puede, de ninguna manera, suponerse.

De esta manera, para la Corte el planteamiento de los dos cargos constituye un verdadero alegato de instancia, impropio de plantear en esta sede, según el mandato del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Vistas así las cosas, los pilares fácticos de la decisión impugnada, relativos a que el demandante suscribió un contrato de trabajo a término fijo con la sociedad Grasas y Aceites Vegetales el 9 de noviembre de 1994, el cual fue debidamente liquidado y cancelado luego de su terminación por expiración del plazo el 8 de noviembre de 2002 y que, a pesar de que el actor celebró un contrato de obra con Eficacia S.A., éste no había sido ejecutado, no fueron de ninguna manera cuestionados por el ataque, ni, menos, desvirtuados, de manera que, al mantenerse en firme, abrigan la sentencia impugnada bajo las presunciones de acierto y legalidad.

En consecuencia, los cargos se desestiman.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor de la sociedad Grasas y Aceites Vegetales Ltda. Como agencias en derecho se fijara la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de abril de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Lucinio Bernal Rueda contra las sociedades Eficacia S.A. y Grasas y Aceites Vegetales Limitada.

Costas como se estableció en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».