Sentencia SL13185-2015/49920 de septiembre 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL13185-2015

Rad.: 49920

Acta 32

Bogotá, D.C., quince de septiembre de dos mil quince.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la apoderada de Evangelina Prieto Olaya, contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral de Descongestión, dentro del proceso que la recurrente le sigue al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

I. Antecedentes

La señora Evangelina Prieto Olaya demandó al ISS para que se declarara que es beneficiaria de la sustitución pensional por ser hermana invalida y depender económicamente de la señora Laura Prieto Olaya; que la mesada que percibía su hermana es superior y más favorable que la pensión de vejez que devenga ella, equivalente a un salario mínimo; que en virtud del artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990, puede escoger la pensión que le sea más favorable; que como consecuencia de lo anterior se condene al ISS al reconocimiento y pago de la sustitución pensional a la accionante por ser hermana inválida y depender económicamente de la señora Laura Prieto Olaya, a partir del 12 de febrero de 1994, fecha en la que ésta falleció, en la cuantía que exceda de la pensión de vejez que viene devengando, más la sanción moratoria.

Como sustento fáctico de sus pretensiones adujo que era hermana de Laura Prieto Olaya, a quien el ISS le reconoció pensión de vejez a partir del 12 de febrero de 1994 (Sic), en cuantía de $286.943, que actualizada a 2007 equivaldría a $1.229.170; que su hermana falleció el 12 de febrero de 1994; que el ISS le dictaminó una incapacidad permanente, estructurada a partir del 31 de diciembre de 1992, a consecuencia de un Glaucoma Bilateral, dejándola invidente con anterioridad a la muerte de su hermana; que solicitó la pensión de sobrevivientes por ser dependiente económicamente de su hermana, pero le fue negada aduciendo el ISS la incompatibilidad de recibir doble asignación del tesoro público, y que no obstante devengar una pensión de salario mínimo, dependía económicamente de su hermana, pues era la encargada de asumir todos los gastos de la casa y le ayudaba con el servicio médico de forma particular. (fls. 89 a 96 y 104 a 111).

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las anteriores pretensiones por considerar que la demandante no dependía económicamente de la causante, pues viene devengando una pensión de vejez desde el año de 1976. En cuanto a los hechos admitió que la demandante era hermana de la de cujus; que era pensionada por el ISS desde 1994; la cuantía de la pensión; la fecha de fallecimiento; la invalidez de la demandante; la solicitud que hizo sobre la pensión de sobrevivientes, y la respuesta negativa a esta solicitud; los demás los negó o manifestó no constarles. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción (fls. 114 a 116).

II. Sentencia de primera instancia

Fue pronunciada el 9 de diciembre de 2008, y con ella el Juzgado absolvió al ISS de todas las pretensiones (fls. 236 a 249).

III. Sentencia de segunda instancia

La alzada se surtió por apelación de la parte demandante y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal confirmó la de primer grado, y al igual que el a quo se abstuvo de condenar en costas.

Dejó en claro que el ISS reconoció a la actora una pensión de vejez a partir del 1º de abril de 1976; que configura un estado de incapacidad permanente total, por razón de un glaucoma mixto y afaquia de ambos ojos, estructurada en 1992; que la pensionada Laura Prieto falleció el 12 de febrero de 1994, y que era hermana de la demandante.

Se refiere a los artículos 27 y 28 del Acuerdo 49 de 1990, y al concepto de dependencia económica conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto no se requiere que sea total y absoluta, sin que se descarte que el protegido económicamente pueda recibir un ingreso adicional producto de su trabajo o actividad, siempre que no lo convierta en autosuficiente.

Destacó que el a quo valoró juiciosamente los medios de prueba, atendiendo la tendencia jurisprudencial sobre la dependencia económica, y concluyó atinadamente, que los ingresos percibidos por la actora originados en la pensión de vejez del ISS, junto con la prestación que recibe del Colegio Santo Tomás de Aquino, resultan suficientes para su subsistencia, lo que desvirtúa cualquier dependencia económica frente a su hermana fallecida.

Resaltó que la demandante faltó a la verdad cuando afirmó que su pensión de vejez a cargo del ISS era su único sustento, pues de conformidad con el testimonio de Dora Ligia Martínez Franco, además de esa pensión recibe otra por cuenta del mencionado colegio, las que en cualquier evento no pueden ser inferior al salario mínimo, lo cual, en sentir del ad quem, constituye un indicio fuerte de convicción que permite verificar la independencia y autonomía económica de la accionante.

Por consiguiente, dijo que si no están acreditados los requisitos para la pensión de sobrevivientes, específicamente el de la dependencia económica, es natural que no se pueda acudir al artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990 para optar por una y otra pensión (fls. 267 a 273).

IV. El recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

En la demanda con la cual lo sustenta, que fue replicada, la parte recurrente pide a la Corte que case la sentencia del Juzgado y la del Tribunal, revocándolas en su totalidad, y en sede de instancia se dicte sentencia condenando por las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación que fueron replicados por la demandada. Para tal efecto, la Sala los examinará conjuntamente, dado que denuncian similar cuerpo normativo, tienen similar argumentación e incurren en graves errores de técnica que comprometen su estudio de fondo.

VI. Primer cargo

Por la vía directa y en el concepto de interpretación errónea, acusa la sentencia de violar el numeral 4 del artículo 27 y el parágrafo 2 del artículo 28 del Decreto 758 de 1990.

Empieza por referirse a las pruebas tendientes a demostrar el parentesco entre la accionante y la causante, el estado de salud de la primera, su estado económico, el dictamen del médico laboral que da cuenta de su estado de incapacidad permanente total, a los testimonios de María Pabla Malagón y Dora Ligia Martínez, quien depuso sobre las dos pensiones que recibe la accionante, quien también afirmó que de acuerdo con el folio 146 no cubrían el sustento básico de la accionante, y que sus necesidades económicas las subvencionaba la señora Laura Prieto, para afirmar que su poderdante tiene el derecho a la sustitución pensional, pues de las pruebas anteriores se extracta que sí dependía económicamente de su hermana, porque dos pensiones de salario mínimo no son suficientes para el pago de medicamentos, alimentación, vestuario y la empleada en razón a su discapacidad.

Como respaldo de su dicho, es decir, sobre la existencia de la mencionada dependencia, reprodujo apartes del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación 1579 de 2004, así como varias sentencias de tutela de la Corte Constitucional en las que se trata el referido tema, y sostiene que si bien es cierto cuenta con otros ingresos, estos “no son los suficientes para un sostenimiento digno, porque el espíritu de la norma es que el afiliado pueda cambiar de pensión, a fin de procurar una estabilidad económica y digna, sino cuál sería el objeto de la norma, entonces siempre que un beneficiario tenga una pensión no tendría derecho a la de sobrevivientes y la norma perdería todo su efecto. (resaltado original).

Se remite a las sentencias de casación del 10 de noviembre de 1994, radicación 6874 y del 24 de enero de 1995, radicación 6923, las cuales reproduce in extenso, para decir que no hay que entender la incompatibilidad de la pensión de vejez con la de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 49 de 1990, pues cubren diferentes riesgos y en este caso no se piden las dos pensiones sino que se le otorgue la de sobrevivientes y se suspenda la de vejez por ser aquella más favorable.

VII. Segundo cargo

Por la vía indirecta acusa la sentencia del Tribunal por aplicación indebida “como consecuencia de un error de hecho y no dar por demostrado estándolo que la señora Evangelina Prieto, al momento del fallecimiento, es decir el 12 de febrero de 1994, cumpliendo los requisitos del artículo 27 numeral 4 y el parágrafo 2 del artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.”

En la demostración del cargo insiste en decir que si bien es cierto recibe dos pensiones, también lo es que no les alcanza para satisfacer los gastos mínimos, puesto que está probado en el proceso con el documento de folio 222 que sufre de una incapacidad que le obliga a mantener una empleada permanente para que le colabore en su vivir diario, lo que representa invertir una de sus dos pensiones para satisfacer las obligaciones laborales de esta empleada, teniendo que cubrir sus necesidades alimentarias, transporte y servicios públicos, menos del 70% de un salario mínimo, razones por las que aduce que dependía económicamente de su hermana. En respaldo de lo anterior acude a lo dicho por esta Corte en la sentencia del 15 de abril de 2004, radicación 21664, en donde se hizo referencia al alcance del concepto de dependencia económica, ante la ausencia de norma legal que lo defina.

Reitera que de conformidad con las pruebas documentales aportadas al proceso, las dos pensiones cada una equivalente a un salario mínimo legal, no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, puesto que si bien es cierto no dependía totalmente de su hermana, sí contaba con su respaldo económico para la subvención de tales necesidades.

Reproduce en este cargo nuevamente el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al que se refirió en el anterior ataque, para afirmar que:

“(…) la norma que aplicó el sentenciador es la acertada, y en la que solicita se aplique, pero la interpretó de forma errónea, ya que vía jurisprudencial en reiterados pronunciamientos de las distintas Cortes, entendemos que la dependencia económica no significa que una persona dependa totalmente de otra, sino que otra persona procure económicamente ayudar a otra as (sic) fin de tener un mínimo vital y una vida digna, pues no es lógico que se tenga que vivir en estado de indigencia para poder demostrar la carencia de ingresos y la dependencia económica, acerca de estos existen Corte Suprema de Justicia – Sentencia 31025 de julio 30 de 2007.”

Sentencia que reproduce in extenso y a continuación reitera que las dos pensiones que devenga la accionante no son suficientes para cubrir sus necesidades vitales.

VIII. La réplica

El apoderado de la demandada sostiene que el Tribunal no incurrió en ningún yerro, pues conforme al documento del folio 233 y el testimonio de Dora Ligia Franco, demuestran que los ingresos de la demandante no son precarios, pues les garantizan una vida digna, sin que permitan que hubiera una subordinación económica de la actora respecto de su hermana.

IX. Consideraciones

El alcance de la impugnación y el planteamiento de ambos cargos incurren en irregularidades que comprometen su estudio a fondo, por las siguientes razones:

En cuanto al petitum de la demanda, con él se pretende la casación de la sentencia del juzgado, cuando por sabido se tiene que de conformidad con los artículos 87 y 88 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esta clase de recurso extraordinario procede únicamente contra las sentencias de segunda instancia proferidas en procesos ordinarios, salvo que se trate de la casación per saltum, que desde luego no es el caso.

El primer cargo, entre tanto, no obstante estar direccionado por la vía directa en el concepto de interpretación errónea, senda que supone total conformidad con la valoración probatoria del ad quem, la censura muestra disconformidad con el manejo probatorio que se dio en la segunda instancia, en particular con las pruebas que demuestran el parentesco entre la accionante y la causante, el estado de salud de la primera, su estado económico, el dictamen del médico laboral que da cuenta de su estado de incapacidad permanente total, los testimonios de María Pabla Malagón y Dora Ligia Martínez, para afirmar que contrario a lo dicho por el ad quem, la demandante tiene el derecho a la sustitución pensional, pues en su sentir, de las pruebas anteriores se extracta que sí dependía económicamente de su hermana, porque dos pensiones de salario mínimo no son suficientes para el pago de medicamentos, alimentación, vestuario y la empleada en razón a su discapacidad.

En cuanto al segundo cargo, aun cuando la proposición jurídica no es precisamente un ejemplo de claridad, entiende la Sala que acusa por aplicación indebida el artículo 27-4 y el parágrafo 2 del artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990, y que el error de hecho en el que supuestamente incurrió el Tribunal, fue en no haber dado por demostrado estándolo que la demandante dependía económicamente de su hermana, más sin embargo, no informa si la única prueba que expresamente menciona a lo largo de su demostración, la obrante a folio 222, fue mal apreciada o por el contrario se dejó de valorar.

Adicionalmente, y a pesar de estar encauzado el cargo por la vía indirecta, en el que la controversia es eminentemente fáctica, la recurrente indebidamente muestra discrepancia con la hermenéutica que el Tribunal hizo de las normas acusadas, concepto de violación que es extraño a la senda indirecta puesto que los yerros jurídicos en que se incurra por la errónea interpretación de normas legales sustantivas, son ajenos a las conclusiones que obtiene un juzgador a consecuencia de la estimación probatoria.

Los anteriores errores de técnica serían suficientes para desestimar los cargos, mas sin embargo, y si por amplitud la Corte los estudiara, los mismos tampoco tendrían vocación de prosperidad.

En efecto, las pretensiones originales de la demandante estaban direccionadas a que se hicieran las siguientes declaraciones: que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes de la pensión de vejez que venía disfrutando su hermana; que la mesada que percibía su hermana es superior y más favorable que la pensión de vejez que devenga ella, equivalente a un salario mínimo; que como consecuencia de lo anterior se condene al ISS al reconocimiento y pago de la sustitución pensional por ser hermana inválida y depender económicamente de la señora Laura Prieto Olaya, a partir del 12 de febrero de 1994, fecha en la que ésta falleció, y en la cuantía que exceda de la pensión de vejez que viene devengando.

El Tribunal no accedió a las pretensiones anteriores, en tanto concluyó que la demandante por estar devengando dos pensiones, así sean de salario mínimo, esa circunstancia desvirtúa la dependencia económica pregonada, requisito necesario para que los hermanos inválidos puedan acceder a una pensión de sobrevivientes.

Quedó acreditado en el plenario que la accionante devenga dos pensiones: una de vejez a cargo de ISS y otra de jubilación por cuenta del Colegio Santo Tomás de Aquino, y que era hermana de la señora Laura Prieto Olaya, quien falleció el 12 de febrero de 1994.

Atendiendo a la fecha de fallecimiento de la señora Laura Prieto Olaya, esto es, el 12 de febrero de 1994, es indudable que las normas aplicables son las anteriores a la Ley 100 de 1993, pues la vigencia de ésta en materia pensional es a partir del 1 de abril de 1994, lo que significa que para establecer si la demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, debe acudirse a las previsiones del artículo 27-4 y al parágrafo 2 del artículo 28 del Acuerdo 49 de 1990.

El primero establece que serán beneficiarios de la referida pensión “…4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho o padres, la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependían económicamente del asegurado y hasta cuando cese la invalidez.” 

Y la segunda estatuía que “PAR. 2º—Se entenderá que hay dependencia económica cuando el beneficiario no tenga ingresos o estos sean inferiores al salario mínimo legal.” 

La única prueba calificada que expresamente denuncia la censura es la obrante a folio 222, con cual se demuestra que en la accionante se configura una incapacidad permanente total por padecer glaucoma mixto y afaquia de ambos ojos, con fecha de estructuración el 31 de diciembre de 1992, medio de prueba con el que podría considerarse que el requisito de la invalidez de la hermana está satisfecho. 

Sin embargo, el otro presupuesto para acceder a la prestación demandada, es decir, la dependencia económica, efectivamente no está acreditado, pues de ese instrumento probatorio no es posible afirmar que la accionante estuviera subordinada económicamente a su hermana, en tanto las afirmaciones que hace a lo largo de ambos cargos acerca de la ayuda que en ese sentido recibía de su hermana, no pasan de ser eso, simples afirmaciones carentes de respaldo probatorio. 

Además, en ningún yerro incurrió el Tribunal al concluir que el hecho de recibir la demandante dos pensiones, así fueran equivalentes cada una a un salario mínimo legal mensual, desvirtuaba la dependencia económica alegada por la demandante, pues de conformidad con el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, “Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural.” 

En consecuencia, y si como está demostrado en el proceso que la promotora del juicio disfruta de dos pensiones de vejez, las que desde luego no pueden ser inferiores a un salario mínimo legal mensual cada una, es de fácil inferencia que la demandante ciertamente no dependía económicamente de su hermana. 

En consecuencia, y si no se demostró que el ad quem erró cuando desestimó las pretensiones de la demandante por considerar que no se demostró el requisito de la dependencia económica, desde luego que no podía considerar la aplicación del literal c) del artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990, pues para escoger la pensión más favorable era menester que satisficiera los requisitos legales para acceder a la de sobrevivientes, los cuales, como quedó visto, no demostró. 

Por lo inicialmente expuesto, los cargos se desestiman.

Costas a cargo de la parte demandante, en su liquidación inclúyase la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000), por concepto de agencias en derecho.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de agosto de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral de Descongestión, dentro del proceso que la recurrente Evangelina Prieto Olaya, le sigue al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Costas en casación como se indicó en la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.