Sentencia SL13226-2014 de agosto 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL13226-2014

Rad.: 36949

Acta 30

Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

El tema que propone la universidad recurrente como materia de su impugnación extraordinaria se contrae al yerro del tribunal de no haber dado por probado que sí propuso como materia de la alzada el asunto atinente a la indemnización moratoria que le impuso como condena el juez de primer grado, y para tal propósito alega que la invocación de la mala fe de la demandante al perseguir unas acreencias que no le correspondían como trabajadora subordinada, que es lo que resalta del escrito en que sustentó su apelación contra el fallo del juzgado, debe tenerse como fundamento de su impugnación respecto de esa materia, pues en manera alguna se requiere de frases sacramentales, técnicas o rigurosas a efectos de que se comprenda que se satisfizo la exigencia legal, que en manera alguna desconoce o discute. En tanto, como se recuerda, en cuanto toca con la indemnización moratoria reclamada el tribunal no hizo pronunciamiento expreso, al advertir que “La demandada Fundación San Martín, en el recurso de apelación limitó su inconformidad a la declaración sobre la existencia del contrato de trabajo, cuestionando la naturaleza contractual laboral de la relación que sostuvieron las partes, sin reprochar la actividad desplegada, los extremos temporales de iniciación y terminación, la labor o función desarrollada, la remuneración recibida, la forma de terminación del vínculo, como tampoco las condenas impuestas por el fallador de primer grado”.

Con la anterior previa y necesaria precisión pasa la Corte al estudio del escrito con el cual se sustentó la apelación orientado contra el fallo de primer grado, pieza procesal que la recurrente indica como fuente de los yerros que atribuye al juzgador.

A ese efecto, el escrito de folios 457 a 459 del expediente contiene los siguientes apartes:

1. La motivación principal que sustenta éste (sic) recurso, consiste en que el a quo aceptó que entre el demandante y la demandada existió un contrato de trabajo.

2. El (sic) sra. Luz Marina Bayter Cifuentes suscribió con mi defendida un contrato de prestación de servicios de manera libre, y sin ningún tipo de coacción, consciente de la naturaleza civil del mismo.

3. La señora Luz Marina Bayter Cifuentes presentó ante la Universidad San Martín las correspondientes cuentas de cobro para el pago de la prestación de servicios profesionales.

4. La parte actora suscribió con mi defendida un contrato de prestación de servicios que nunca objeto (sic), lo acepto (sic) en su totalidad expresando su consentimiento de manera libre sin realizar ningún tipo de requerimiento a la oficina de contratación durante la vigencia de la relación contractual civil, razón por la cual no se explica después de ejecutado el contrato por que (sic) la parte actora requiere a mi defendida en los estratos judiciales por un vinculo (sic) laboral inexistente lo que a su vez constituye mala fe por parte del trabajador al tratar de obtener unas acreencias laborales a las cuales no tiene derecho, y en virtud de lo anterior generar una indemnización moratoria en detrimento de la empresa.

5. La sra. Luz Marian Bayter Cifuentes ejecuto (sic) el contrato de prestación de servicios gozando de una (sic) autonomía en el ejercicio de sus funciones, más (sic) sin embargo estaba controlado por un coordinador que en ningún momento cambian la naturaleza jurídica de la relación contractual como bien se establece en sentencia de la Corte (...), sin que esto quisiera decir la simulación de un contrato laboral, hechos que han sido muy bien entendidos por la jurisprudencia llevando a una flexibilización del derecho laboral, para lo cual me permito citar la sentencia de la Corte (...).

“Por lo anterior revóquese la decisión de primera instancia.

De la simple lectura del anterior texto fluye inequívoco el yerro del tribunal de no dar por apelada la indemnización moratoria impuesta como condena a la recurrente por el juzgado a quo, y siendo ello así, de no haber profundizado en lo atendible de las razones que adujera la demandada para sustraerse al pago de los salarios y prestaciones sociales de la demandante a la terminación del contrato de trabajo, que sí dio por acreditado, para de esa manera resolver de fondo tales cuestionamientos y en dicho sentido mantenerla, revocarla o reformarla.

Es que, como lo alega la recurrente y de tiempo atrás lo ha entendido la jurisprudencia, la expresividad de un cuestionamiento a través de un acto procesal no requiere de frases sacramentales, fórmulas literales o enunciados rituales o inflexibles, pues ello, fuera de traducir un excesivo rigorismo propio de teorías procedimentalistas desuetas, va en desmedro del derecho de acceso a la administración de justicia y de la tutela efectiva del derecho.

Para este caso, bien se ve, la apelación no solamente se dirigió a atacar la conclusión del tribunal de que entre las partes se fraguó una relación jurídica de carácter contractual laboral que dejó un pasivo económico de esa naturaleza a cargo de la empleadora, sino también, y de forma manifiesta y evidente, a plantear la improcedencia de la indemnización moratoria derivada de la falta de pago de las obligaciones insolutas a la terminación del vínculo, por estar imbuida la apelante de la convicción de haber obrado conforme a derecho y, por el contrario, de advertir en su contradictora, la trabajadora, una conducta contraria a los postulados de la buena fe.

De suerte, que con independencia de lo acertado de tal planteamiento, no queda duda a la Corte que la demandada en las instancias y ahora recurrente en la sede casacional, en su momento sí discutió la viabilidad de la condena al pago de la indemnización moratoria, resultando un desacierto del tribunal que hubiera concluido que ante ésta lo que hubo por la apelante fue absoluto mutismo, no siendo de su cargo el estudio de esa condena como materia de la alzada.

Ante lo dicho devendría la casación del fallo del tribunal en este particular aspecto. No obstante, al estudiar las pruebas en la sede de instancia la Corte arribaría a la conclusión de que procede la anunciada condena, de donde lo que sigue es mantener indemne el fallo atacado, para de esa forma dejar firme el del juzgado, pero por lo que enseguida se dice.

En efecto, partiéndose de que la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en términos de la jurisprudencia, tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se produce cuando quiera que el empleador se sustrae sin justificación atendible al pago de los salarios y prestaciones sociales del trabajador a la terminación del contrato de trabajo que en su momento les ligara, cuestión que acepta la universidad demandada incluso en el recurso extraordinario, cabe advertir que, para este caso, las que invoca aquélla son las de su íntima convicción de estar frente a una contratista, no a una trabajadora, y de atribuirle a aquélla mala fe por exigir el reconocimiento y pago de sus derechos laborales, entre ellos la mentada indemnización moratoria, “en detrimento de la empresa”, tal y como lo vuelve a afirmar en el recurso extraordinario.

Salta a la vista, entonces, que la primera es apenas una simple alegación de parte, pues, como lo evidenciara el juez del conocimiento: 1. la demandada aceptó explícitamente y desde un comienzo la prestación personal de servicios por parte de la demandante, con la mera invocación de haberse extendido entre ellas un contrato de prestación de servicios profesionales en calidad de ‘Bacterióloga’ (fls. 359 y 451), lo que se corrobora con las certificaciones de vinculación de folios 15 y 157, y que de suyo hacía operar en beneficio de la demandante la presunción de existencia del contrato de trabajo (CST, art. 24); 2. extendió memorandos con llamados de atención a la trabajadora respecto del horario de ingreso al trabajo y el tiempo utilizado en la atención a pacientes (fls. 90 y 91), así como planillas de control de asistencia de personal a sus instalaciones, coincidentes con los citados horarios de trabajo (fls. 93 a 150); 3. Impartió instrucciones de orden disciplinario que involucraban a la trabajadora (fls. 171 y 184); y 4. Le dio el inequívoco tratamiento de trabajadora a la demandante cuando dijo prescindir de sus servicios para definir una nueva ‘planta de cargos y salarios’ por objeto de la reingeniería a la que sometería sus instalaciones (fl. 209). Todo ello, sin atención a los múltiples testimonios recaudados (Martha Cecilia Cárdenas, Daniel David Lissa Sarquis y Roque Manuel Rosero Muñoz (fls. 421 a 431), que dieron cuenta de la sujeción jurídica de la trabajadora a la demandada, la labor desempeñada, los traslados a las que fue sometida, los horarios en que desarrolló su actividad, etc., que no dejan duda de la conducta contractual laboral de la empleadora.

Así como que la segunda se cae por su propio peso, pues si la demandante fue trabajadora de la demandada, y así lo probó en las instancias al punto que lo acepta ahora la recurrente en el recurso extraordinario, esta tenía todo el derecho de reclamar los derechos derivados de su condición de trabajadora, y de manera alguna le era jurídicamente reprochable que lo hiciera apenas a la terminación del contrato de trabajo, pues no hay disposición de naturaleza alguna que repruebe la reclamación judicial de lo que se cree tener derecho, dado que la acción judicial es un derecho subjetivo de orden público cuyos posibles límites y exigencias no están a disposición de las partes del proceso. Ahora, el único efecto de la temporalidad de la reclamación es asunto que compete a la extinción del derecho, cuestión que no interesa a los efectos del recurso del que aquí se trata.

De consiguiente con lo dicho, no se casa la sentencia atacada.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que a pesar de no casarse el fallo se tenía razón en los reproches imputados al fallo atacado.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASAla sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 16 de abril de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luz Marina Bayter Cifuentes contra la Fundación Universitaria San Martín e Inversiones Orozco Alvear Limitada.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».