Sentencia SL13244-2014 de julio 23 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 44438

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL13244-2014

Acta 26

Bogotá, D. C., veintitrés de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

Al formularse la demanda de casación, es imperioso que esta se adecúe a las exigencias formales indicadas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, art. 90, en concordancia con lo previsto en D. 2651/1991, adoptado como legislación permanente por la L. 446/1998, art. 162.

Así, es necesario que el recurrente, a más de designar con exactitud las partes del proceso, indicar la sentencia objeto del recurso, relatar sintéticamente los hechos del litigio y formular clara y coherentemente el alcance de su impugnación, exprese los motivos de casación indicando el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que estime violado y el concepto de la violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. En caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar las pruebas, debe singularizarlas y expresar la clase de error que estima, se cometió.

Pues bien, en el sub lite, advierte la Sala que tal como lo adujo el opositor, el escrito con el que se pretende sustentar el recurso extraordinario adolece de graves deficiencias técnicas que no es posible subsanar de oficio, tal como se detallan a continuación:

1. En el único cargo formulado por el censor, en el que se invoca como causal de casación “la primera contemplada en él (sic) artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social m (…), esto es, por ser violatoria de la ley sustancial por interpretación errónea”, el recurrente incurre en un contrasentido, pues como es sabido, en la vía directa se parte de la plena conformidad de la censura con la valoración probatoria efectuada por el juzgador, sin embargo, el censor en su demanda refiere que la infracción directa de la ley se dio, a consecuencia de la comisión, de los errores que enlista, que si bien no los calificó como de hecho o de derecho, lo cierto es que su contenido es netamente fáctico. Tal situación, no resulta admisible en un ataque orientado por la senda de puro derecho.

2. Si con amplitud se entendiera que el cargo se orienta por la vía de los hechos bajo la modalidad adecuada, esto es, aplicación indebida, ello a nada conduciría, pues esta Corte ha determinado que cuando en sede extraordinaria se acusa la violación indirecta de normas de carácter sustancial, como resultado de incurrir el tribunal en errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, le compete al censor señalar de manera diáfana, el tipo de desacierto en que se cimienta e individualizar el medio o medios de prueba sobre los que predica el yerro.

Así mismo, en aras de la claridad que debe regir la fundamentación de la demanda de casación, es deber del recurrente indicar de manera objetiva el contenido de los medios de convicción así como el valor atribuido por el juzgador, la incidencia de este en las conclusiones del fallo impugnado y el precepto sustancial que resultó indebidamente aplicado, requisitos que evidentemente omitió cumplir el censor.

3. Como ya se indicó en precedencia, la censura entremezcla aspectos jurídicos y fácticos, cuando bien es sabido que no es factible hacer una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, que son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su análisis diferentes, y su formulación por separado.

4. El casacionista, no controvirtió los verdaderos fundamentos del fallo impugnado.

Lo anterior, porque el ad quem, edificó su decisión en seis puntuales aspectos, a saber: (i) que comoquiera la afiliación de la empresa accionante al sistema de riesgos profesionales administrado por el instituto demandado se dio el 10 de noviembre de 1995, la situación se rige por lo normado en los D. 1295/1994 y 1832/1994; (ii) que el primero de los decretos referidos establece en sus arts. 24 y 25 que la clasificación del riesgo de una empresa la realizan conjuntamente la empresa y la administradora de riesgos profesionales; (iii) que del formulario de vinculación de la demandante al sistema de riesgos profesionales (fl. 77), se advierte que en ese mismo documento, el ISS realizó la clasificación del riesgo; (iv) que no existe evidencia alguna que la sociedad accionante haya refutado tal clasificación inicial, máxime cuando con fundamento en ella efectuó cotizaciones durante “los últimos meses de 1995 y primeros de 1996”; (v) que solo hasta el 24 de febrero de 2004, la parte activa elevó una aclaración de su actividad económica ante el ISS, donde por primera vez adujo que esta correspondía a la de una inmobiliaria y no a la de construcción y, (vi) que en el objeto social de la accionante se estableció, entre sus actividades las de “promocionar, desarrollar y ejecutar proyectos de construcción (…) 5. La compra de inmuebles con destino a reformarlos”, lo cual, eventualmente conllevó a que la misma empresa incluyera en el formulario de afiliación a la ARP, como actividad principal, “promotora de proyectos bienes raíces” que en últimas, fue lo que concujo (sic) a la clasificación que inicialmente le otorgó el ISS.

Ahora bien, el censor aduce que el tribunal se equivocó al establecer que es al empleador a quien le corresponde de manera exclusiva, efectuar la clasificación inicial del riesgo, conclusión esta a la que en ningún momento arribó el ad quem, pues itérese, lo que dedujo luego de referirse a lo estipulado en el D. 1295/2004, arts. 24 y 25, es que se trata a “un acto que determinan tanto el empleador como la administradora de riesgos profesionales”, toda vez que a esta última le corresponde aceptar o no la clasificación propuesta por aquella.

Así las cosas, se tiene que el discurso del recurrente, parte de una premisa equivocada, lo cual no permite que el fallo cuestionado sea derruido.

Asevera, el censor que de conformidad con la normativa aludida el empleador podía efectuar una clasificación del riesgo en cualquier tiempo, por lo que de buena fe y en atención al efectivo desarrollo de sus actividades a partir del año 1996, comenzó a realizar las cotizaciones al sistema de riesgos profesionales, con la tarifa mínima, razón por la cual le correspondía al ISS realizar visitas e investigaciones que lo condujeran a verificar si el empleador se catalogó en el riesgo que correspondía o no, lo cual no tuvo ocurrencia, como tampoco, la realización de requerimiento alguno frente a tal situación. Así mismo, afirma que con su actuar corrigió un error de la administradora.

En ese contexto, resulta evidente que la censura desvió el ataque, en tanto las conclusiones jurídicas y probatorias del tribunal se dejaron libres de cuestionamiento, de modo que la decisión recurrida, se mantiene incólume, pues como es sabido, el recurso extraordinario no es una tercera instancia y la finalidad de la impugnación es la de controvertir la legalidad de la sentencia del juez de apelaciones, la cual está cobijada por la presunción de que todas sus consideraciones son ajustadas a la ley. Por tanto, le correspondía al impugnante la carga de cuestionar de manera puntual y objetiva las verdaderas determinaciones a las que arribó el ad quem.

5. Aunado, la censura presenta una argumentación que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo debe la acusación ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido, lo cual en el asunto bajo escrutinio no se acató.

Al margen de lo anterior, considera la Sala pertinente, en su propósito de unificar la jurisprudencia, referirse al alcance y sentido de las normas que gobernaban el asunto, esto es, el D.L. 1295/1994, arts. 24, 25, que al tenor señalaron:

“ART. 24.—Clasificación. La clasificación se determina por el empleador y la entidad administradora de riesgos profesionales al momento de la afiliación.

Las empresas se clasifican por las actividades que desempeñan, de conformidad con lo previsto en este capítulo”.

“ART. 25.—Clasificación de empresa. Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y aceptada por la entidad administradora en el término que determine el reglamento.

“Cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, que será el número de identificación tributaria, siempre que exista diferenciación clara en la actividad que desarrollan, en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional”.

De acuerdo con lo anterior, la categorización para la afiliación del empleador al sistema general de riesgos profesionales, en este asunto, se determinó por el empleador y la entidad administradora, pues al primero se catalogó en el riesgo que correspondía de conformidad con su actividad principal y a la segunda le correspondió la aceptación de tal clasificación. Lo anterior, en armonía con la tabla de clasificaciones de actividades económicas que legalmente se encontraba prevista para el efecto.

Ahora bien, cuando la categorización que sirvió de fundamento para la afiliación no consultara con la realidad, por cualquier circunstancia atendible, podía ser modificada por la entidad administradora, como en efecto ocurrió en el sub lite, a partir de la Resolución 1 del 17 de enero de 2005, en la que el ISS, reclasificó a la demandada en riesgo I, grado de riesgo 6, tarifa 0.522%, con efectos a partir del 1º de octubre de 2003. Ello, de conformidad con el art. 29 ibídem, que refiere:

Modificación de la clasificación. La clasificación que ha servido de base para la afiliación puede modificarse por la entidad administradora de riesgos profesionales. Para ello, las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán verificar las informaciones de los empleadores, en cualquier tiempo, o efectuar visitas a los lugares de trabajo.

Cuando la entidad administradora de riesgos profesionales determine con posterioridad a la afiliación que esta no corresponde a la clasificación real, procederá a modificar la clasificación y la correspondiente cotización, de lo cual dará aviso al interesado y a la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lo de su competencia, sin detrimento de lo contemplado en el artículo 91 de este decreto.

De tal manera que la decisión de modificar la clasificación de la empleadora accionante, no se trataba de una decisión que podía efectuarse motu proprio, pues de la norma en comento, resulta evidente que era a la administradora a quien le correspondía tal función. No obstante, no puede dejarse de lado que eventualmente esta última podía desconocer las circunstancias que implicaran la necesidad de modificar la clasificación de las diferentes empleadoras afiliadas, entre ellas la hoy demandante, por lo cual, en algunos casos pudieron ser estas quienes solicitaron su reclasificación y con fundamento en tal petición, le correspondía a la administradora realizar las actuaciones que precisara necesarias a efectos de decidir si tal solicitud era viable o no.

Dicho de otra manera, no era al empleador a quien le correspondía recategorizarse en el riesgo que mancomunadamente definió con su ARP, pues esta era una facultad de competencia exclusiva del ISS. De ahí, que el legislativo le confirió a las afiliadas que no estuvieran de acuerdo con tales modificaciones, oponerse a ellas, a través del procedimiento que consagró el art. 31 ejusdem:

Procedimientos para la reclasificación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de que trata el artículo 29 de este decreto, los empleadores, mediante escrito motivado, podrán pedir a la entidad administradora de riesgos profesionales la modificación de la decisión adoptada.

La entidad administradora de riesgos profesionales tendrá treinta (30) día hábiles para decidir sobre la solicitud. Vencido este término sin que la entidad administradora de riesgos profesionales se pronuncie, se entenderá aceptada.

Por lo expuesto, el cargo no tiene virtud de prosperidad.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la demanda de casación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandante recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($3.150.000,oo) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 22 de julio de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Promotora de Proyectos del Valle S.A. contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».