Sentencia SL13276-2015/47686 de septiembre 30 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13276-2015

Rad.: 47686

Acta Nº 34

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D. C., treinta de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones de la Corte

La Sala procederá al estudio conjunto de los dos cargos que se formulan contra la sentencia del tribunal dado que denuncian similar elenco normativo y persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.

En cuanto a los reparos de técnica que efectúa la administradora demandada, lo cierto es que no se presenta la denunciada contradicción en la proposición jurídica del cargo segundo, puesto que se conjugan distintas modalidades de violación legal por la vía directa pero respecto de distintas normas, y lo que se proscribe es que se haga frente al mismo precepto que no es aquí el caso.

No hay duda en el sub examine que se está frente a un evento de mora en el pago de cotizaciones, que es el obstáculo que ha encontrado la demandante para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecada.

El tribunal para confirmar la absolución decretada por el juzgado en favor del fondo de pensiones, consideró que no había lugar a gravar a la entidad de seguridad social, y el argumento jurídico que subyace en su razonamiento, es que en situaciones de incumplimiento de la obligación de pago de cotizaciones por parte del empleador la administradora de pensiones queda exonerada del reconocimiento de las respectivas prestaciones periódicas. Con la particularidad en este asunto, de que por ser el causante responsable como personero municipal y ordenador del gasto de esa dependencia, de la satisfacción de los deberes frente a la seguridad social, —confluirían en él en cierta forma la condición de responsable como representante del empleador, y trabajador afectado—, debían cargar él y sus beneficiarios con las consecuencias de su negligencia, lo que en su concepto conducía a la liberación tanto de la administradora de pensiones como de las entidades públicas convocadas a proceso.

Esos razonamientos a juicio de la Sala son equivocados, de una parte porque el criterio actual de la jurisprudencia se orienta a estimar que en los eventos de mora del empleador en el pago de cotizaciones si la administradora de pensiones no ha cumplido con el deber de cobro, está compelida a asumir las obligaciones pensionales; y de otra parte, porque aún en el evento de que hubiera mediado negligencia por parte del servidor público fallecido como responsable del cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, su conducta inapropiada no puede traducirse en el desamparo de la seguridad social para el implicado y su familia.

1. Sobre el primer aspecto enunciado se ha de precisar que desde la Sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, esta Sala varió su jurisprudencia sobre los efectos de la mora empresarial y estimó que cuando se presente omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de Seguridad Social en Pensiones y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes, y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.

Estos son los términos de dicha jurisprudencia:

“Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la Seguridad Social bajo su ‘dirección, coordinación y control’, y autoriza su prestación a través de ‘entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley’.

“Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

“Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

“Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

“Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

“El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

“Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

“Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado”.

En ese orden de ideas, se equivocó el tribunal al estimar que la sola existencia de mora en el pago de aportes, generaba al absolución del fondo de pensiones demandado, sin entrar a analizar previamente si éste había cumplido o no su deber legal de cobro, con lo cual se infringieron directamente los artículos 24 de la Ley 100 de 1993 y 13 del Decreto 1161 de 1994, en concordancia con los criterios expuestos.

2. La supuesta negligencia del causante como ordenador del gasto y responsable de las obligaciones de la entidad pública frente a la seguridad social, no podría tener jurídicamente las consecuencias negativas que le atribuyó el juzgador ad quem frente a los derechos de la seguridad social que le conciernen como servidor público afectado, pues en armonía con la línea jurisprudencial arriba explicada, ha estimado la Corte que el trabajador subordinado —incluyendo quienes prestan servicios en el sector público—, una vez afiliados a una administradora de pensiones causan las cotizaciones con la prestación del servicio aunque se presente mora del empleador como lo precisó entre otras en Sentencia CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 34256:

Así, en el caso del trabajador dependiente afiliado al sistema, en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral, y por virtud de la prestación efectiva del servicio y por el tiempo en que esto ocurra, se causan cotizaciones, y se adquiere la categoría de cotizante, independientemente de que se presente mora patronal en el pago de las mismas.

No puede olvidarse que el derecho a la seguridad social en los términos del artículo 48 de la Constitución Política es irrenunciable, y si al occiso le competía la afiliación y el pago de cotizaciones como ordenador del gasto y responsable de la entidad, y no lo hizo, por su particular situación de tener a la vez la condición de servidor público subordinado de ella, las consecuencias no pueden ser la pérdida automática de sus derechos sociales, sino que habrá que analizar la situación específica frente a las disposiciones de la seguridad social. Existen en el sector público correctivos que implican para los servidores responsabilidades de orden disciplinario y administrativo, a las cuales debe acudirse para remediar situaciones como la aquí presentada en la perspectiva de dejar a salvo los derechos sociales fundamentales de los afiliados y sus beneficiarios.

3. Es un hecho no discutido en el proceso, que cuando se produjo el deceso esto es el 11 de noviembre de 2000, el causante tenía vigente su vínculo legal y reglamentario con la personería de Salamina, por lo tanto, de conformidad con los criterios arriba esbozados era cotizante activo, y en consecuencia, no obstante la situación de mora, la prestación de sobrevivientes se regulaba por el literal a) del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, al cual remite el artículo 73 ibídem para el régimen de ahorro individual, y exige para el caso del fallecimiento de un afiliado que se encuentre cotizando al sistema que “hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte”.

Ese número de cotizaciones se encontraba satisfecho toda vez que como consta a folios 14 y 15, que contiene el documento en papel con membrete de Horizonte de consulta de beneficiarios de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la liquidación de bono pensional tipo A, y que fue preterido por el tribunal, el difunto cotizó al Instituto de Seguros Sociales entre el 18 de marzo de 1976 y el 21 de octubre de 1989, 449,14 semanas que le dieron derecho a un bono por valor de $ 15.494.000. Esto concuerda con el documento suscrito por la Coordinación de Beneficios Pensionales de la Administradora de pensiones demandada dirigida a la actora, donde se le informa que la devolución de saldos es por un total de $ 20.671.113 (fl. 112).

A folios 9 a 13, y 116 a 120, aparece la comunicación dirigida a la demandante por Horizonte, donde consta que el afiliado sufragó aportes a ese fondo de pensiones entre diciembre de 1999 y el 11 de noviembre de 2000 —es decir en el último año anterior al fallecimiento— por 6 meses y 11 días que equivalen a 27, 28 semanas. Las cotizadas entre junio y noviembre de 2000 tienen plena validez no obstante su pago extemporáneo sucedido después de la muerte, pues como se acaba de indicar, los aportes en esos casos se causan con la sola prestación del servicio.

En ese orden de ideas, también se equivocó el tribunal cuando afirmó que el Personero “no logra cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993, para que su cónyuge acceda a la pensión de sobreviviente”.

4. El tribunal y es el tercer yerro fáctico que se le achaca, estimó que “la absolución por parte del a quo al BBVA Horizonte Fondo de Pensiones en sentencia complementaria no fue objeto de real reparo en el recurso que se atiende, siendo único apelante la personería municipal de Salamina”. Sin embargo, aquí también se equivoca el juzgador, pues como lo indican las piezas procesales obrantes a folios 159 a 161, y 164 a 167, el fallo del juzgado fue apelado por el apoderado del alcaldía municipal de Salamina y por la personería municipal de esa localidad, y en el escrito presentado por esta última entidad, se dice expresamente que la Administradora de pensiones demandada es quien debe ser condenada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes deprecada, por ser el Personero fallecido su afiliado, y haber cotizado allí 30 semanas, y que el pago extemporáneo “no sustrae a la demandada BBVA Horizonte Fondo de Pensiones y Cesantías de su obligación correlativa de asumir el reconocimiento y pago de la pensión se sobrevivientes generada en beneficio de los demandantes”. No puede olvidarse que la sentencia y su complementaria son una unidad y por tanto queda cobijada como tal por los argumentos de la apelación, aún haya sido presentado el recurso antes de proferirse la decisión complementaria.

Por las razones anteriores, prosperan los cargos y el fallo del tribunal será casado en su integridad.

La Corte para mejor proveer en instancia ordenará que por Secretaría se oficie a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que en un término no mayor a 10 días hábiles, remita con destino a este expediente certificado sobre los ingresos base sobre los cuales cotizó el señor Martín Toro Cañavera c.c. 8.667.452 (q.e.p.d.) durante el tiempo que estuvo afiliado a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad de los cargos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta el 17 de febrero de 2010, dentro del proceso adelantado por Margarita de los Santos Ramos Pulido quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Michael y Carlos Andrés Toro Ramos contra el municipio de Salamina y la personería municipal de Salamina Magdalena, y al cual se vinculó a la sociedad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Por secretaría ofíciese a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para los fines y en los términos indicados en la parte motiva.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente a esta Corporación para proferir fallo de instancia».