Sentencia SL13277-2016/61138 de mayo 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13277-2016

Radicación 61138

Acta 18

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Desde siempre se ha dicho que la pretensión inicial del proceso marca el thema decidendum del mismo, por ende, que compete al demandante generar ese marco inicial y para ello debe sustentar la demanda en los hechos que considera dan pábulo o sustento a la pretensión formulada. De manera que, así, el petitum de la demanda debe guardar por lo menos cierta simetría con la causa petendi que le sirve de soporte.

Trabada en debida forma la relación jurídica procesal la pretensión se constituye en el hilo conductor del proceso, de manera que las sentencias de las instancias y, por tanto, de haberla la de casación, deben guardar cierta coherencia con ese lineamiento trazado por quien en ejercicio del derecho de acción convocó a otros de forma forzosa al proceso como demandados y aun como terceros.

Si ello es así, como lo es, el promotor del proceso debe guardar identidad permanente con su pretensión y la causa petendi que originó aquella, por manera que, solo en las oportunidades en que la misma norma procesal lo permite podrá alterar el petitum de la demanda, acompañando las razones que justifican tal comportamiento, pues de hacerlo en otros distintos momentos o no de las formas regladas, afecta el debido proceso pues sorprende a la parte contraria, quien frente a esa nueva situación seguramente no habrá esgrimido defensa o ejercido contradicción.

Por eso no parece justificado a la Corte que en el petitum inicial del pleito la aquí recurrente hubiera perseguido que una vez se declarara que Ana Tulia Carmen Quintero Neva “no tiene el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes”, la empresa demandada fuera condenada a pagarle la pensión de sobrevivientes, a partir del fallecimiento de su compañero permanente Ángel María Bermúdez Bermúdez el 16 de noviembre de 2004; y ahora, en el alcance de la impugnación, que debe mantener plena correspondencia con lo pretendido en las instancias, solicita a la Corte que case la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, “modifique la sentencia de primer grado, ordenando reconocer la pensión de sobrevivientes en proporción al tiempo convivido para la cónyuge o esposa del causante señora Ana Tulia Carmen Quintero Neva y la señora María Isinda (sic) Quintero Rairán, como compañera (...)”, con el objeto de se pague la pensión de sobrevivientes en la mentada proporción.

Sobre tal aspecto del recurso importa agregar que en el primer cargo, al formular los errores manifiestos de hecho que le atribuye al fallo del tribunal, afirma la recurrente que erró el juzgador de la alzada al concluir que los medios de prueba apuntaban a acreditar que Ana Carmen Quintero Neva fue quien sí fungió como conviviente del causante hasta el día del fallecimiento de aquel. Luego, la inusitada forma de referir la recurrente su convivencia marital con el causante, inicialmente en su demanda como exclusiva y excluyente de la que este podía tener con quien fuera su esposa; luego en el alcance de la impugnación, compartida y simultánea con aquella; y por último en el desarrollo de los cargos, nuevamente exclusiva, permite a la Corte llamar la atención sobre la falta de coherencia en los planteamientos fácticos del recurso, la cual torna inadmisibles hechos que no fueron propuestos y discutidos en las instancias.

Ahora bien, como se anotó en los antecedentes, el tribunal, una vez advirtió que la norma que gobernaba la prestación de sobrevivencia era “la que se encuentra en vigencia en la fecha en que se produzca la muerte del afiliado o del pensionado”, es decir, para el caso por haber fallecido el causante “las modificaciones introducidas —a la L. 100/93— por la Ley 797 de 2003”, que dijo que conforme a la jurisprudencia de la Corte que citó exige “la demostración de la vida en común, derivada del vínculo afectivo con el causante, haya tenido una duración de no menos de cinco años continuos con anterioridad a la muerte, y que esta convivencia hubieres estado vigente al momento del fallecimiento del pensionado”, asentó que “del material probatorio obrante en el expediente”, se desprendía que “no se acreditó que la demandante María Isilda Quintero hubiera demostrado que convivió con el causante por espacio de 5 años anteriores al fallecimiento del causante, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 797 de 2003”; por el contrario, “desde el libelo genitor se afirmó ‘por razones que desconoce, mi procurada, el causante de la pensión no convivió exactamente durante los últimos 5 años con la señora María Isilda Quintero Rairán, pero hasta el día de su muerte le estuvó (sic) aportando recursos económicos para su congrua subsistencia’, aseveración que se confirmó con el material probatorio analizado, sin que tal afirmación constituya un simple lapsus calami como lo refiere el recurrente, pues se recuerda, el escrito de demanda constituye el acto procesal que dicta el derrotero a seguir en el trámite legal del proceso”, de modo que, “pretender variarlo en el recurso de alzada, constituiría violación al debido proceso y al derecho de defensa, pues todos los argumentos se edificaron en esta afirmación que se produjo en forma voluntaria por la parte demandante”.

Por manera que, el tribunal fundó su decisión de absolver a la empresa demandada del pago a la pensión de sobrevivientes reclamada por María Isilda Quintero Rairán, no propiamente en que Ana Carmen Quintero Neva fue quien sí acreditó la condición de conviviente marital con el causante, sino en el razonamiento probatorio tomado de la observación de la demanda con la cual esta promovió el pleito, consistente en allí la misma demandante dio cuenta de que no mantuvo vida de pareja con aquel durante los últimos 5 años de su vida, afirmación que en su parecer no podía tomarse como “un simple lapsus calami como lo refiere el recurrente, pues se recuerda, el escrito de demanda constituye el acto procesal que dicta el derrotero a seguir en el trámite legal del proceso”, de suerte que “pretender variarlo en el recurso de alzada, constituiría violación al debido proceso y al derecho de defensa, pues todos los argumentos se edificaron en esta afirmación que se produjo en forma voluntaria por la parte demandante”.

Sin embargo, para nada se ocupa la recurrente de controvertir tal aserto del juzgador, que se reitera fue la base esencial a su decisión de no reconocerle el derecho pensional pretendido, sino que, dejando de lado su deber en el recurso, a lo largo de los cargos endereza sus esfuerzos es a desconocer la convivencia de Ana Carmen Quintero Neva con el causante, o a tratar de construir la prueba de su convivencia con este con fundamento en la expedición de un documento expedido por una de las administradoras de la seguridad social.

Por lo anotado, se hace necesario reiterar que para el éxito del recurso de casación no basta que la censura acierte en la vía o vías escogidas para formular los cargos, porque para lograr su prosperidad es menester que controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la decisión, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna o algunas de ellas, como sucedió en el presente caso.

Aquí la recurrente no se preocupa del pilar básico que sirvió de sustento esencial al fallo del tribunal: el reconocimiento que en la demanda hiciera de su no convivencia con el causante durante el último lustro de la vida de este. En estas condiciones, ninguno de los cargos está llamado a prosperar, pues a nada conduciría el estudio de fondo de los medios de prueba que en el primero señala como apreciados con error o dejados de apreciar, o la supuesta aplicación indebida o interpretación errónea alegada en los dos últimos sobre la norma que establece la presunción del estado de compañero permanente de quien obtiene la inclusión en los beneficios de la seguridad social por cuenta de un afiliado, trabajador o pensionado. Por tal razón, y con base en las presunciones de legalidad y acierto que cobijan la sentencia del tribunal, con todo, esta se mantendría incólume.

No sobra destacar que los cargos adolecen de múltiples fallas técnicas que de estudiarse separadamente y de espaldas a lo ya anotado, tampoco lograrían alcanzar éxito alguno. El primero, porque mezcla modalidades de violación normativa que ni comportan una misma vía de violación, ni pueden concurrir a un mismo tiempo sobre una misma norma, conforme lo ha advertido la jurisprudencia: la aplicación indebida por dejar de apreciarse medios de prueba o valorarse pero con error y la interpretación errónea que es sabido se produce con completa ajenidad a los medios de prueba del proceso.

Además, endilga al juzgador de la apelación haber dejado de apreciar algunos medios de prueba, cuandoquiera que de la aseveración de aquel de que “del material probatorio obrante en el expediente” no se desprendía la prueba de su convivencia con el causante durante el término mínimo exigido en la ley para poder causar la pensión de sobrevivientes, se desprende sin hesitación alguna que no dejó de apreciar medio de convicción alguno, solo que, según se ha visto, ninguno le persuadió de la situación alegada.

Situación igualmente predicable de la declaración rendida ante notario por el mismo causante (fl. 213) y que, a lo sumo, lo que podría acreditar en contra de aquel es que para la demandante ostentó su calidad de compañera permanente hasta su exposición y por el tiempo por este indicado, pero en manera alguna con posterioridad, menos durante los cinco años anteriores a su muerte.

Y los dos últimos se erigen sobre la alegación de que el artículo 11 del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, le puede servir de sustento probatorio para acreditar la calidad de conviviente marital con el causante para aspirar válidamente a la pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 47 de la citada Ley 100 de 1993, por haberle sido expedido el carnet por Colsanitas (fl. 112) para dispensarle servicios de salud por cuenta del causante, con lo cual olvida que una cosa es el estatus o condición de esposa o esposa, compañero o compañera permanente, el cual puede adquirirse por haber cumplido un rito religioso o civil conforme a la ley o simplemente por tomar la decisión de compartir la vida de pareja con sus ingredientes de comunidad de techo, lecho y mesa; y otra, el estado de conviviente por el término mínimo exigido en la ley para adquirir el derecho a aspirar a la pensión de sobrevivencia.

En efecto, la disposición en cita indica: “ART. 11.—Prueba de la calidad de compañero permanente. Se presumirá compañero o compañera permanente, quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora. Igualmente, se podrá acreditar dicha calidad por cualquier medio probatorio previsto en la ley”.

De allí no es posible concluir más de lo que aparece consignado por la norma reglamentaria: que la inscripción ante la entidad administradora por parte del afiliado de una persona, como compañero o compañera permanente, permite presumir tal estado o condición, pero presunción que, aparte de admitir prueba en contrario (CGP, art. 166), no refiere término de convivencia alguno. Por tanto, como el del estado de esposa o esposo, deberá completarse con la prueba de la convivencia, para accederse a la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en la forma como fue modificado por la Ley 797 de 2003, que prevé:

“ART. 47.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

En suma, la recurrente distrajo injustificadamente el petitum y la causa petendi de su demanda inicial en el recurso; no atacó el soporte esencial a la absolución de su pretensión pensional que en su contra dispusiera el tribunal; incurrió en yerros técnicos insalvables en su cargos; y no acreditó los yerros probatorios y jurídicos achacados al fallo atacado.

En consecuencia, los cargos son enteramente infundados.

Costas a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 3.250.000,00

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral (de Descongestión) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de agosto de 2012, dentro del proceso que María Isilda Quintero Rairán promovió contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP y Ana Tulia Carmen Quintero Neva.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».