Sentencia SL13278-2014/39583 de septiembre 10 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39583

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL13278-2014

Acta 032

Bogotá, D. C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

El escrito con el que la parte recurrente pretende sustentar el recurso extraordinario de casación, adolece de defectos técnicos insuperables.

En efecto, para demostrar tal aserto basta recordar que el Tribunal, para revocar la sentencia del juzgado que había condenado al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y luego de referir que el A quo para resolver la objeción por error grave planteada por el apoderado de la parte demandante en contra del dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, nombró a un médico perito de la lista de auxiliares de la justicia, ajeno a la mencionada Junta, dijo:

“En el caso sub examine se nombraron peritos de la lista de Auxiliares de la Justicia, tal como lo solicitó el apoderado de la parte accionante (fl 129); sin embrago (Sic), conforme a la ley debió la a quo, acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, si se trataba de aclaración o complementación del dictamen o tal como se expuso, solicitar la intervención de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en apelación u objeción del dictamen, ya que esta entidad, por ley, se reitera, es la llamada a rendir dicha clase de dictámenes en caso de invalidez, minusvalía e incapacidad para determinar la perdida (sic) de capacidad laboral.

No se duele el Tribunal de la correcta o equivocada valoración que hubiera hecho el juez de primer grado respecto del dictamen que le sirvió de sustento para fulminar condena, pues lo que realmente se cuestiona es que el a quo se valió de una prueba no apta para determinar válidamente el estado de invalidez de las personas, porque en su sentir, ello solo es posible establecerlo mediante el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez si se trata de aclaración o complementación del mismo, o el de la junta nacional si era para la resolver la objeción o apelación del anterior, ya que, dijo, son las llamadas a proferir esta clase de dictámenes en caso de invalidez, minusvalía e incapacidad, con el fin de establecer la pérdida de capacidad laboral. En otras palabras, desestimó la prueba pericial del auxiliar de la justicia por considerar que no era la idónea para establecer la pérdida de la capacidad laboral.

Sobre este tema, es decir, sobre la validez de las pruebas, ha sido uniforme y reiterada la jurisprudencia de esta Sala de la Corte en enseñar que no es asunto que corresponda a la vía indirecta de violación de la ley sino a la directa, por referir tal planteamiento a las normas que gobiernan dichos actos del proceso, es decir, que en los casos en que el sentenciador funda su convicción en pruebas que no han sido legal y regularmente aportadas al proceso, o que carecen de validez, lo que en realidad comete es una infracción de la ley procesal que gobierna la prueba.

Y comoquiera que la censura orientó el cargo por la vía indirecta, es razón suficiente para su desestimación, en tanto se itera, en esta senda la violación de la ley se origina en la comisión de errores de hecho o de derecho por la equivocada apreciación probatoria o por su falta de valoración, pero nunca en la validez de la prueba, puesto que ello es un problema de estirpe jurídico inatacable en la ruta escogida por el recurrente.

Por esta razón no es posible determinar que el Tribunal hubiese cometido los errores de hecho relacionados con haber dado por demostrado que la pérdida de la capacidad laboral era inferior al 50%, pues el juzgador no fundó su decisión en el contenido de los dictámenes periciales obrantes en el expediente, sino en la carencia de validez del que tuvo en cuenta el A quo para concluir la existencia de una merma de la capacidad laboral superior al 50%.

Por lo dicho, el cargo se desestima.

Dado que hubo réplica y el recurso se desestimó, las costas correrán a cargo del demandante, se fija como agencias en derecho la suma de $3.150.000.

VIII. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso que Dionisio Díaz Pérez le sigue al Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».