Sentencia SL13278-2017/54948 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

SL13278-2017

Rad. 54948

Acta 8

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal, “y en su lugar confirmar la sentencia de primer grado, emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín 110 del 30 de junio de 2010”.

Con tal propósito formuló un cargo que fue replicado por la parte demandante, el cual se procede a resolver.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 46 y 48 de la misma ley.

En la demostración, luego de transcribir el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dice que los hijos como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes deben acreditar los supuestos normativos, ya que sin el lleno de las exigencias “fáctico-jurídicas” que el legislador fijó, estos no tienen la titularidad legal para ser beneficiario de la prestación causada por su padre o madre.

Explica que en lo relativo a los hijos inválidos es necesario cumplir con tres calidades: (i) el vínculo consanguíneo con el causante; (ii) acreditar la condición de invalidez; y (iii) demostrar la dependencia económica del hijo con el causante de la pensión. Que en tal sentido, no hay discrepancia en la verificación que el Tribunal hizo de los dos primeros puntos, ya que en el expediente obra el registro de nacimiento de la demandante, así como la calificación proferida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia del 27 de enero de 2009, radicado 27854, que determinó su pérdida de capacidad laboral en el 50,91 % de origen común.

Estima que no ocurre lo mismo frente al tercer aspecto que tiene que ver con la dependencia económica de la demandante, al que el ad quem le otorga “total plenitud”, ya que al fijar el problema jurídico a resolver afirmó, que ésta dependía económicamente de su padre dada su discapacidad; que “desde el inicio de la providencia se deja entrever cuál es el espíritu que guía la providencia, sin efectuar ninguna clase de guiños al mandato legal dirigiendo el pronunciamiento jurisprudencial a una errada interpretación de la norma”.

Arguye que la exégesis y alcance de la expresión “dependencia económica” contenida en el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, estriba en el grado de subordinación económica del hijo frente a su padre o madre; y que tal dependencia se debe predicar de la accionante y el pensionado fallecido causante de la sustitución pensional – no de la demandante frente a su señora madre, Oliva Guerrero Marín, quien hasta la fecha de su deceso, 13 de julio de 2006, ostentaba la calidad de beneficiaria de la pensión.

Aduce que la duda de por qué, si la demandante dependía económicamente del causante de la prestación, no solicitó en su oportunidad, la sustitución pensional tanto para ella como para su madre, no puede resolverse desde “la vista parcial que le asigna el juez colegiado” al inferir, que ello sucedió para evitar “la mediación de trámites procesales con carga económica”.

Afirma que es claro el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al señalar que la dependencia económica para asignar el derecho pensional se relaciona directamente entre el causante y la hija inválida beneficiaria; que además debe ser total teniendo como límite para verificarla, “la fecha del fallecimiento del pensionado”, 8 de enero de 1998.

Puntualiza que de esa manera la subordinación económica está ceñida a la vida del causante, pues durante ese lapso, él debió suministrar los medios económicos para que la actora pudiera subsistir, como alimentación, vestuario, ayuda económica o techo, pero siempre frente al causante de la prestación, no respecto de quien fungió como progenitora y beneficiaria de la misma, afirmación que apoyó citando un pasaje de la sentencia CSJ SL 24 jun. 2006, rad. 26823.

Considera que el ad quem presumió la dependencia económica de la accionante, a sabiendas que ella estuvo por fuera del hogar paterno, es decir “se emancipó” tuvo tres hijos y manutuvo una unión marital a pesar de su condición de invalidez; que tampoco se promovió hasta la fecha del proceso de interdicción por “demencia” en instancias judiciales competentes o se denunció en su momento la calidad de hija con invalidez ante la empresa demandada, en dos momentos, primero, hasta el fallecimiento del pensionado el 8 de enero de 1998 y, segundo, antes de la muerte de la madre de la actora, “para que en su condición se hubiera procedido por la (sic) Frontino como fondo encargado de las pensiones a realizar la sustitución pensional”.

VII. La réplica

Asegura que en la demostración del cargo no se determina con claridad cuál fue la infracción en que incurrió el Tribunal al revocar la sentencia del juzgado, que no concreta de manera razonada el ataque directo al punto donde se demuestre su incursión en error. Que el recurrente pretende que se case la sentencia arguyendo, que no existe subordinación o dependencia económica de la beneficiaria declarada inválida respecto de su progenitor quien falleció el 8 de enero de 1998, sin observar que la fecha de estructuración corresponde al 8 de marzo de 1974.

VIII. Consideraciones

Dada la vía escogida para el ataque no son objeto de cuestionamiento los siguientes supuestos fácticos determinados por el Tribunal: (i) la calidad de hija de la accionante de los fallecidos José de Jesús López López y Oliva Guerrero Marín; (ii) su condición de invalidez según dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral del 50.92% emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, con fecha de estructuración 3 de agosto de 1974; (iii) el status de pensionado del progenitor de la demandante y que éste falleció el 8 de enero de 1998; (iv) que ocurrido su fallecimiento se presentó a reclamar la sustitución pensional únicamente la cónyuge del pensionado y madre de la accionante, a quien se le otorgó el citado derecho en un 100%; y (v) que Oliva Guerrero Marín falleció el 13 de julio de 2006.

En ese orden, a la Sala le corresponde elucidar el cuestionamiento que plantea el cargo, esto es, si el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dado que frente a los hijos con invalidez la norma exige que para tener la calidad de beneficiario deben cumplir con tres calidades: a) establecer el vínculo consanguíneo con el causante; b) acreditar la condición de invalidez; y c) demostrar la dependencia económica del hijo para con el causante de la pensión; y que si bien frente a las dos primeras exigencias no hay discrepancia por parte de la censura en la aplicación que hizo el ad quem, respecto de la dependencia económica, si hay reproche conforme la exégesis del literal b) del citado precepto legal.

La Corte, de entrada considera que el juez de apelaciones no incurrió en el yerro jurídico que se le endilga, pues como quedó visto al historiar el proceso, el Tribunal estableció desde el plano jurídico que a la accionante le asistía el derecho a la sustitución pensional de su difunto padre, no por haber dependido económicamente de su progenitora quien lo había sucedió en el derecho pensional, sino porque encontró que mientras el padre de la accionante estuvo con vida, fue quien se encargó de su manutención, dado que su estado de discapacidad se estructuró desde el año 1974, es decir, encontró acreditada la tercera exigencia del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que echa de menos el censor, consistente en la dependencia económica del hijo inválido frente al causante de la pensión, lo que se aviene a lo considerado por esta Sala en sentencia CSJ SL 24 jul. 2006, rad. 26823, reiterada en decisión CSJ SL 29 jul. 2008, rad. 32831, en aquella oportunidad dijo la Corte:

Al respecto considera la Sala que no es desacertada la interpretación que del precepto legal hizo el Tribunal, pues es claro su texto al exigir que la dependencia económica del hijo inválido se da frente al causante, por lo que cabe inferir en sana lógica, que ésta se debe dar, para efectos de la pensión de sobrevivientes, en vida de éste y hasta su fallecimiento, no anterior a este último acontecimiento, ni, huelga decirlo, con posterioridad a él. Es en el momento del deceso que se deben reunir las dos condiciones para que el hijo adquiera el derecho: ser inválido y depender económicamente del pensionado.

En este orden, el hecho de que la demandante pueda reclamar ulteriormente la pensión de sobrevivientes como beneficiaria de su padre, después del fallecimiento de su progenitora a quien se le sustituyó el citado derecho pensional en un 100%, no emerge, en consecuencia, de la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, como lo plantea el censor, que no se presentó, sino del carácter imprescriptible que tiene el aludido derecho, lo que lleva a que sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su causación, el beneficiario para el caso el(la) hijo(a) inválido(a), lo puede efectivizar siempre que subsistan las condiciones de discapacidad, como ocurre en este asunto , y que concurra la dependencia económica de la actora para el preciso momento de la muerte del pensionado, lo cual no fue demostrado en este proceso. Sobre este punto, la Corte en sentencia CSJ SL 24 jul. 2006, rad. 26832, reiterada en el pronunciamiento CSJ SL 29 jul. 2008, rad. 32831, expuso:

(...)“La morosidad o desidia en reclamar un derecho, es castigada en nuestra legislación con la extinción del mismo por prescripción o la caducidad de la acción para reclamarlo. Ninguno de los eventos se da para el caso del estatus de pensionado, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Corporación de tiempo atrás.

“El hecho de que el demandante pueda reclamar el derecho a la pensión de sobrevivientes de su padre, después de más de 20 años de su causación, no emerge, en consecuencia, de la interpretación indebida o no del artículo 22 del Acuerdo 224 de 1966, como lo plantea el censor, sino de la aplicación e interpretación de las normas que regulan el fenómeno de la prescripción. De lo contrario, resultaría paradójico señalar que, en atención al texto de la norma cuestionada, si el actor hubiera reclamado la pensión en breve tiempo después del fallecimiento de su padre, su derecho sería claro, más no, si se demorare más de lo que se considera prudente.

De otro lado, las alegaciones del censor relacionadas con que la actora no denunció o informó en su momento la calidad de hija con invalidez ante la empresa demandada, una vez ocurrido el fallecimiento del pensionado el 8 de enero de 1998, ni antes de la muerte de su progenitora, el 13 de julio de 2006, es un cuestionamiento que no tiene ninguna relevancia para el reconocimiento del derecho pensional reclamado, por cuanto, en esta clase de controversias con particulares circunstancias que rodean la presente casuística, ameritan desentrañar el espíritu teleológico de las normas que regulan la pensión de sobrevivientes, que permite el goce pensional de quien dependió por años económicamente del asegurado fallecido y quien además posee una invalidez superior al 50% desde cuando era menor de edad que ha perdurado, cuya situación de discapacidad le impide ser autosuficiente.

En este sentido, en sentencia CSJ SL500-2013, rad. 43987 la Sala puntualizó:

(...) cabe agregar, que la circunstancia de que la actora no hubiera reclamado la sustitución pensional desde un principio, no hace que pierda el derecho a acceder a la pensión de jubilación que es imprescriptible, máxime que la invalidez que le sobrevino mayor al 50% y que le impidió ser autosuficiente, es decir tener ingresos o recursos económicos que le permitan, sin el auxilio y la ayuda de otros, cubrir sus necesidades, se estructuró antes de la muerte del pensionado que se produjo el 8 de abril de 1998.

Como lo tiene adoctrinado esta Corporación, la sustitución pensional “propende por hacer menos traumáticos los efectos de la muerte del miembro que era el soporte económico del núcleo familiar, en perspectiva de que los integrantes de éste no queden desamparados y cuenten con ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades” (Sent. CSJ Laboral, 15 de mayo de 2008, Rad. 31882), para el caso la cónyuge sobreviviente a quien se le sustituyó inicialmente la pensión, y la hija inválida dependiente hoy demandante, a fin de que no queden desamparadas y cuenten con un ingreso que como se dijo en precedencia, logre satisfacer su congrua subsistencia.

Por último, aspectos relacionados con verificar si en vida el causante le suministró a la accionante hasta su muerte los medios económicos esenciales, para que pudiera subsistir, tales como alimentación, vestuario, techo, socorro, ayuda, etc. y si por la circunstancia de que la demandante, en algún momento estuvo por fuera del hogar paterno, procreó tres hijos, tuvo una unión marital a pesar de su condición de invalidez y luego por su estado de salud volvió donde sus padres, se genera eventualmente la independencia económicamente que alude el recurrente en casación, no son cuestionamientos susceptibles de ser plateados por la vía jurídica, ya que su infirmación o comprobación implica análisis probatorio, el que no es posible realizar por la vía seleccionada para el ataque.

En este orden de ideas, el Tribunal no cometió el yerro jurídico enrostrado y por ende, el cargo no prospera.

Costas en el recurso de casación a cargo de la sociedad recurrente demandada. En su liquidación, fíjense como agencias en derecho la suma de siete millones de pesos ($7.000.000); que se incluirán en la que deberá practicar el juez de primer grado tal como lo establece el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de agosto de 2011, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Argensola López Guerrero contra la sociedad Frontino Gold Mines Limited en liquidación obligatoria.

Costas como quedó dicho en la presente providencia.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».