Sentencia SL13368-2014 de octubre 1º de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13368-2014

Radicación 59772

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante Maribel Moreno Colorado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia,

MODIFIQUE los numerales: Primero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo de la decisión condenatoria del a quo, proferida el 10 de abril de 2012, declarando que la señora Maribel Moreno Colorado, en calidad de cónyuge, es la beneficiaria del 100% de la sustitución pensional causada como consecuencia del fallecimiento del señor Álvaro María Parra Gordillo; ordenando el pago de la prestación económica a partir del día 4 de diciembre de 2007, en la misma cuantía que venía recibiendo el pensionado; ordenado el pago de intereses moratorios vencido el término legal para el reconocimiento del derecho reclamado, es decir, a partir del 10 de abril del año 2008; declarando probada (sic) las tachas propuestas; absolviendo a la entidad demandada de las pretensiones propuestas por las señoras Marina Gómez Restrepo y Lilia López; decidiendo en costas lo pertinente (resaltado del texto).

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por el ISS y enseguida se estudian. La Sala estudiará conjuntamente los dos primeros por cuanto denuncian la violación de similar elenco normativo, tienen el mismo fin y se sirven de argumentos complementarios.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia del tribunal de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

En la demostración aduce la censura que el ad quem consideró que de la norma señalada en la proposición jurídica se desprendía, entre otras situaciones, que “En caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la pensión corresponderá a la esposa u esposo y al compañero o compañera permanente, en proporción al tiempo convivido con el causante”; que la referida disposición, para la fecha del fallecimiento del causante, decía: “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”; que el tribunal le dio un entendimiento a la citada disposición que no se corresponde con su verdadera exégesis, pues la norma es clara en disponer que en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la pensión corresponderá a la cónyuge; que, por lo tanto, el 100% de la pensión de sobrevivientes le corresponde a la señora Maribel Moreno Colorado.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, “violación originada en la infracción directa, como violación de medio, del artículo 45 de la Ley 270 de 1996”.

En el desarrollo transcribe la censura algunos apartes del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, para afirmar que la norma «es clara, no existe discusión en su contenido y alcance pero el ad quem dejó de aplicarla al caso debatido, desconociendo la validez en el tiempo”; que de acuerdo con la referida disposición legal, la única persona con derecho a la pensión de sobrevivientes del señor Álvaro María Parra Gordillo es la recurrente. Seguidamente la censura transcribe el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, sobre los efectos de las sentencias de constitucionalidad, para afirmar que el control que la Corte Constitucional hizo en la Sentencia C-1035 de 2008, fue posterior al deceso del causante, motivo por el cual los efectos de dicha sentencia no son aplicables al presente caso, de conformidad con el citado artículo 45 de la ley estatutaria de administración de justicia.

VIII. Réplica conjunta a los cargos

El ISS presenta oposición a los cargos. Comienza señalando que de todas las personas que actuaron en este “enmarañado asunto”, la única que ciñó su conducta a la ley fue ese instituto, que se limitó a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 34 del Acuerdo 49 de 1990, según el cual cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, “se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho”; que no resulta claro que fuera procedente la acumulación de dos procesos si existen “intereses contrapuestos por sus demandantes”; que lo que sí resulta verdaderamente ilegal e irracional es decidir que “sí existe litisconsorcio necesario entre el Instituto de Seguros Sociales y Lilia López, pues ella no puede racionalmente actuar como un litisconsorte que busca favorecer a la única persona que fue demandada”; que la más ilegal de todas las actuaciones surtidas en el proceso fue la de haber condenado al ISS a pagarle una pensión de sobrevivientes a alguien que compareció al proceso en calidad de “litis consorte necesario de la parte demandada”. Añade que en, relación con el escrito que sustenta la demanda de casación, al ISS le es indiferente a cuál de las 3 mujeres reclamantes debe serle pagada la pensión de sobrevivientes y en qué proporción se debe hacer; que el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 no prevé la prueba testimonial como calificada para estructurar un error de hecho; que a la Corte, como tribunal de casación, la ley no la ha facultado para injerirse en el convencimiento que sobre los hechos del litigio se haya formado el ad quem, por lo que debe abstenerse de modificar la valoración probatoria llevada a cabo por éste, siempre que la decisión impugnada no se haya adoptado “contra la evidencia de los hechos tal como realmente aparecen establecidos en la causa”.

IX. Consideraciones

En primer término y aunque el ISS no impugnó la sentencia de segunda instancia, debe mencionar la Sala que le asiste razón al opositor en cuanto afirma que el tribunal dispuso que la señora Lilia López fuera vinculada al proceso como litisconsorte necesaria por pasiva, pues así lo ordenó esa corporación mediante auto del 8 de noviembre de 2010 (fls. 120 a 123), lo que, en principio, impedía que la entidad demandada fuera condenada a reconocerle y pagarle a su litisconsorte la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, no debe perderse de vista que la señora López, además de contestar las demandas presentadas por las otras reclamantes (fls. 130 a 133 y 147 a 150), presentó una “demanda de reconvención” (fls. 164 a 167) en la que adujo tener mejor derecho que las otras demandantes, por lo que allí solicitó que se condenara al ISS a reconocerle la pensión de sobrevivientes en disputa.

Es por ello que la señora Lilia López no solo actuó en el proceso como litisconsorte de la parte pasiva, sino que en la práctica también lo hizo como interviniente ad excludendum.

Así se afirma por cuanto el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por remisión analógica, dispone que quien pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado para que en el mismo proceso se le reconozca. Esto es lo que se denomina intervención ad excludendum. El de la compañera permanente de un pensionado fallecido que reclama que se le reconozca como sustituta de la pensión que había demandado la cónyuge del causante, es uno de los casos donde en materia laboral y de seguridad social procede la aludida intervención, pues lo que pretende la compañera permanente es que se le tenga a ella y no a la esposa del causante, como titular del derecho controvertido.

Esta Sala de la Corte ha adoctrinado que entre compañera permanente y cónyuge supérstite del pensionado fallecido no existe litisconsorcio necesario en tratándose de la sustitución pensional, ya que bien puede el juez decidir sobre la pretensión de la demandante sin la comparecencia de la otra reclamante. Al respecto, en Sentencia CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 38450, la Corte adoctrinó:

En efecto, ha sostenido de antaño esta corporación que cuando está en discusión el derecho a una pensión de sobrevivientes entre la cónyuge y compañera permanente del causante no es necesario y riguroso integrar un litis consorcio, puesto que ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que da origen al juicio se da la exigencia procesal señalada, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás.

Así las cosas, la manera adecuada en que deben vincularse al proceso, es a través de la figura conocida como intervención ad excludendum, pues, además de que es una forma de intervención principal, cada una de las partes pretende para sí el derecho controvertido (pensión de sobrevivientes), dado que sus intereses se excluyen y demandan para que se resuelva prioritariamente su pretensión.

Por lo expuesto es que para los efectos de esta sentencia debe tenerse a la señora Lilia López como interviniente ad excludendum, así el tribunal haya ordenado su citación como litisconsorte necesaria por pasiva pues, en todo caso, el juzgado de conocimiento admitió su demanda y corrió traslado de la misma al ISS y a las otras dos reclamantes para que la contestaran, como en efecto lo hicieron.

Superado lo anterior, importa anotar que dada la vía escogida para los ataques, debe ponerse de presente que no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que mediante Resolución 9113 de 1995, el ISS le reconoció la pensión de vejez a Álvaro María Parra Gordillo, a partir del 24 de octubre de 1991; que el aludido pensionado falleció el “7” (sic) de diciembre de 2007; que mediante Resolución 8008 de 2009, el ISS dejó en suspenso las solicitudes presentadas por Maribel Moreno Colorado, en calidad de cónyuge del causante, y Marina Gómez Restrepo y Lilia López, en calidad de compañeras permanentes, hasta tanto se decidiera judicialmente a quién le asistía el derecho; que Maribel Moreno Colorado y el causante contrajeron matrimonio el 22 de mayo de 2001; y que entre el pensionado fallecido y las señoras Maribel Moreno Colorado y Lilia López se suscitó una convivencia simultánea.

Ahora bien, observa la Sala que el tribunal fundamentó su decisión en que de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, “En caso de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la pensión corresponderá a la esposa u esposo, en proporción al tiempo convivido con el causante”, por lo que, concluyó, era procedente el reconocimiento de la prestación en la forma en que lo había ordenado la juez de primer grado.

La censura radica su inconformidad en que i) del tenor literal de la referida disposición legal se desprende que en caso de convivencia simultánea entre la cónyuge y la compañera permanente, la beneficiaria de la pensión de supervivencia será la esposa y en que ii) el tribunal le dio efectos retroactivos a la Sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, pues esta decisión había sido proferida luego de producirse el óbito del causante.

Planteada la controversia en estos términos, cumple señalar que, tal como lo dio por sentado el juez de apelaciones, la norma que rige la pensión de sobrevivientes reclamada es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ya que no hubo controversia sobre que el pensionado Álvaro María Parra Gordillo falleció el 4 de diciembre de 2007, aunque el tribunal haya dicho equivocadamente que el óbito se había producido el día 7 de ese mes y año.

Estima la Sala que la inteligencia que el juez de apelaciones le dio al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, es la que se corresponde con su genuino sentido y alcance, pues si bien la citada disposición legal prevé que en caso de convivencia simultánea entre la cónyuge y una compañera permanente, la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes será la esposa, esta Sala de la Corte ha considerado que a la luz del artículo 42 de la Constitución Política, no es dable hacer distinciones entre los miembros del grupo familiar del pensionado fallecido y no es atendible que entre esposa y compañera permanente se haga diferenciación atendiendo el lazo o vínculo jurídico que las ataba con causante, motivo por el cual desde la vigencia del aludido texto legal (ene. 29/2003), debe entenderse que la norma las protege por igual, tal como lo adoctrinó la Sala en Sentencia CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 49787.

Así las cosas, cuando existe convivencia simultánea resulta inadmisible que una de ellas deba verse como parte de la familia del causante y la otra no, o que una tenga un mejor derecho que la otra, ya que en relación con el causante se encontraban en idénticas condiciones en términos de apoyo, ayuda, protección y afecto.

En cuanto a la pregonada aplicación retroactiva de la Sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, basta con decir que esta Sala de la Corte, en la ya citada Sentencia CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 49787, adoctrinó:

Para la Corte, el hecho de que la Corte Constitucional profiriera la Sentencia de Constitucionalidad C-1035 el 22 de octubre de 2008 sin hacer uso de la prerrogativa prevista en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 que la habilitaba para disponer que sus efectos podían producirse ex tunc, esto es, con anterioridad a la fecha de su fallo, no impide que en uso de su facultad y función interpretativa, como máximo órgano judicial ordinario que es y, por ende, como autoridad unificadora de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, pueda aseverar que, siendo la citada norma consonante con la Constitución Política en los términos anunciados por la autoridad judicial a quien tal control compete, su verdadera y genuina inteligencia debió corresponder, desde su misma génesis (ene. 29/2003, D.O. 45.079), con una teleología protectora de la familia, en el entendido de que a ésta, como núcleo fundamental de la sociedad que se corresponde en el Estado social de derecho, se debe la atención adecuada a su desarrollo integral, lo cual impone siempre observar principios básicos que la rigen como la equidad, la solidaridad y la universalidad, entre otros muchos.

En tal sentido, no siendo los lazos o vínculos mediante los cuales se constituye la familia factores diferenciadores de las relaciones que a su interior se establecen, y siendo por el contrario la igualdad de derechos y deberes los fundamentos de dichas relaciones (C.P., art. 42), emerge incontestable que frente a contingencias o riesgos que la pueden afectar no es dable hacer distinciones entre sus miembros más allá de las que son propias a quienes se encuentran individualmente más expuestas que los demás, ya sea por su edad o por alguna otra condición específica de vulnerabilidad, de donde cabe entender, como así lo asienta en esta oportunidad la Corte, que la pensión de sobrevivientes o, en su lugar, la sustitución pensional cuando fuere del caso, no puede tener por finalidad distinta más que la protección de ese núcleo familiar, cuando quiera que el trabajador o pensionado, que ha sido su sostén económico, fallece.

Y para ello, ante tal infortunio, que sin lugar a equívoco mengua el sostenimiento económico esencial a la familia, al punto que bajo ciertas circunstancias lo puede hasta llegar a eliminar, no es atendible que entre esposo(a) y compañero(a) permanente se haga diferencia para estos efectos atendiendo el lazo o vínculo jurídico que les ataba al causante, por manera que, para la Corte, desde siempre, esto es, desde su vigencia (ene. 29/2003), la dicha disposición debe entenderse que les protege por igual. Así, existiendo simultaneidad en la convivencia, no puede aceptarse que uno de aquellos deba verse como parte de la familia del causante en tanto que el otro no; o que uno tenga un mejor derecho que el otro, pues, frente a aquél, que es lo que interesa a la teleología proteccionista de la norma, en vida se encontraban en similares condiciones en lo atinente a las expresiones de apoyo, ayuda, protección, afecto, etc.

En los antedichos términos resulta plausible para la Corte que en relación con el artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en l[a] forma como modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, particularmente en cuanto a la situación de sobrevivencia descrita en su literal a), inciso tercero, esto es, en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes de la muerte del causante entre un cónyuge y un compañero o compañera permanente, los beneficiarios o beneficiarias de la pensión deban ser ambos en proporción al tiempo de convivencia con aquél.

El anterior entendimiento, en sentir de la Corte, no desconoce de ninguna manera los alcances de la Sentencia C-1035 [d]el 22 de octubre de 2008 de la Corte Constitucional, ni los efectos de las sentencias de constitucionalidad a que se refiere el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, pues, por una parte, se acompasa con el que diera esa corporación a dicha norma en su función de control de constitucionalidad y, por otra, desarrolla la función interpretativa que cumple esta Sala de casación respecto de la disciplina normativa que le es propia para el cumplimiento de su labor unificadora de la jurisprudencia.

Como se observa, esta corporación es del criterio de que en vigencia del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, aún antes de la declaratoria de su exequibilidad condicionada, resulta procedente distribuir proporcionalmente la pensión de sobrevivientes entre la cónyuge y la compañera permanente en aquéllos casos, como el presente, en que hubo convivencia simultánea.

En atención a que el tribunal llegó a esa misma conclusión, no incurrió en los errores jurídicos de que lo acusa la censura.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

X. Cargo tercero

Acusa la sentencia impugnada por haber violado indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003.

Dice que la anterior violación se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que el señor Álvaro María Parra Gordillo convivió con la señora Lilia López durante casi 32 años.

2. No dar por demostrado estándolo que no existe prueba que determine el tiempo de convivencia entre el señor Álvaro María Parra Gordillo y la señora Lilia López.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que entre el señor Álvaro María Parra Gordillo y las señoras Maribel Moreno Colorado y Lilia López existió una convivencia simultánea.

4. No dar por demostrado estándolo, que nunca existió convivencia simultánea entre el señor Álvaro María Parra Gordillo y las señoras Maribel Moreno Colorado y Lilia López.

5. Dar por demostrado sin estarlo que, la señora Lilia López convivió con el señor Álvaro María Parra Gordillo hasta el día del fallecimiento del último de los nombrados.

6. No dar por demostrado estándolo que la única señora que convivió con el señor Álvaro María Parra Gordillo hasta el día de su fallecimiento fue la señora Maribel Moreno Colorado.

Aduce que los anteriores errores de hecho se produjeron como consecuencia de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:

— Pruebas calificadas:

• Declaración extrajuicio de fecha 22 de noviembre del año 2007, rendida por el señor Álvaro María Parra Gordillo ante el Notario Primero del Circuito de Cartago Valle.

• Interrogatorio de parte, absuelto por la señora Lilia López.

— Pruebas no calificadas:

• Declaraciones rendidas por los señores: Roberto Mejía Herrera, Alveiro López, Héctor Alirio Raigoza, María del Socorro Marín Agudelo, Eduardo Tamayo, Ofelia Santos.

• Declaraciones rendidas por los señores: Nelson Parra Viveros, José María Varela Gutiérrez, Ángela María Chujfi Cardona.

En la demostración aduce la censura que en el proceso se declaró la convivencia del señor Álvaro María Parra Gordillo y la señora Lilia López durante aproximadamente 35 años, sin que existiera prueba “del mencionado tiempo”; que el ad quem no le otorgó el valor probatorio que corresponde a la declaración extra juicio rendida por el causante ante el Notario Primero del Círculo de Cartago, Valle, el 22 de noviembre de 2007, la cual transcribió; que la mala apreciación de esta prueba incidió en la decisión impugnada, en la que se dio por demostrada la convivencia del causante con Lilia López durante más de 35 años, siendo que lo cierto es que no hubo persona diferente a Maribel Moreno Colorado con la que haya convivido el señor Parra Gordillo, al menos, durante el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2001 y el 4 de diciembre de 2007; que el tribunal también analizó de manera equivocada el interrogatorio de parte rendido por la señora Lilia López, pues de esta prueba personal puede concluirse que esta demandante no convivía con el causante para la fecha de su fallecimiento, “manifestando que la señora Maribel hacía parte de la familia Parra Gordillo; probándose igualmente que la señora Maribel Moreno Colorado fue quien cuidó al pluricitado señor, durante el tiempo que más lo necesito (sic)”. Después de transcribir un aparte del aludido interrogatorio de parte, la censura aduce que con los testimonios de Alveiro López, Héctor Alirio Raigoza, Roberto Mejía Herrera, María del Socorro Marín Agudelo, Eduardo Tamayo y Ofelia Santos no se demuestra la convivencia, durante casi 32 años, entre el de cujus y Lilia López, pues estos testigos no dieron cuenta de la razón por la que conocían los hechos relatados y “quienes dicen porque (sic) lo saben, corresponden a testimonios de oídas”; que en todas las declaraciones recibidas existen contradicciones, por lo que ellas no pueden constituir prueba de la convivencia entre Lilia López y Álvaro María Parra Gordillo.

Seguidamente la censura reproduce apartes de los testimonios de Alveiro López, Héctor Alirio Raigoza, Roberto Mejía Herrera, María del Socorro Marín Agudelo, Eduardo Tamayo y Ofelia Santos y arguye, respecto de algunos de ellos, lo siguiente:

Testimonio de Ofelia Santos: Dice que de acuerdo con esta declaración, la supuesta relación que se suscitó entre Álvaro María y Lilia inició después de fallecer Rosa Viveros, cónyuge de aquél, la cual, según el testigo Álvaro Parra Viveros, había fallecido en el año de 1998, de lo que se infiere que nunca hubo una relación de casi 32 años.

Testimonio de Alveiro López: Aduce que la declaración de este testigo presenta contradicciones, pues allí se afirmó que “el señor Álvaro María Parra Gordillo, al momento de su enfermedad y fallecimiento convivía con la señora Lilia y los hijos de esta última; y en la segunda respuesta argumenta que al momento del fallecimiento lo cuidaban su nieta, la señora Lilia, la señora Maribel y dos hijas de este”.

Testimonio de Héctor Alirio Raigoza: Dice la censura que este testigo dijo que el causante había fallecido en el hospital, siendo que el óbito se produjo en el ISS.

Con fundamento en lo anterior, concluye la censura:

No es posible fundar una sentencia en testimonios como los mencionados, en los que se evidencian múltiples contradicciones, incluso con respecto a lo mismo afirmado por la señora Lilia López, quien adujo que la persona encargada del cuidado del señor Álvaro María Parra Gordillo lo fue su familia, incluyendo dentro de esta familia a la señora Maribel y no ella, como en los apartes anteriormente transcritos lo expresan los testigos; además la señora Lilia afirma que a ella no le comunicaban nada, y que el señor Álvaro permanecía dormido por lo tanto no podía hablar con él; es decir que la señora Lilia no convivio (sic) ni fue quien lo cuido (sic) en su enfermedad y en el momento del fallecimiento.

Declaraciones rendidas por los señores: Nelson Parra Viveros, Álvaro Parra Viveros, José María Varela Gutiérrez, Ángela María Cardona.

Testimonios mal apreciados, pues los mismos son categóricos en manifestar que la única persona con quien convivió el señor Álvaro María Parra Gordillo durante los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento, fue la señora Maribel Moreno Colorado. La mala valoración de esta prueba llevó al honorable tribunal a proferir una sentencia contraria a la realidad de los hechos, la cual es que, nunca existió convivencia simultánea entre el señor Álvaro María Parra Gordillo y las señoras Maribel Moreno Colorado y Lilia López.

XI. Consideraciones

Esta Sala de la Corte ha sido reiterativa en señalar que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su no valoración no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de manifiesto. Dicha calidad surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de los medios de prueba, lo que, como se verá más adelante, no ocurre en el presente caso.

El tribunal estimó que de los testimonios solicitados por Lilia López se infería que ésta demandante había convivido con el causante durante aproximadamente 35 años y, al cotejar estas pruebas personales con los testimonios rendidos por solicitud de Maribel Moreno Colorado, concluyó que se había suscitado una convivencia simultánea del pensionado fallecido con la compañera permanente y la cónyuge, con quien había contraído nupcias el 22 de mayo de 2001.

Para atacar la sentencia del juez colegiado, la censura señala que el tribunal, además de algunos testimonios, apreció con error la declaración extra proceso que rindió el causante el 22 de noviembre de 2007, ante el Notario Primero del Círculo de Cartago, Valle, así como el interrogatorio de parte absuelto por Lilia López.

Puestas así las cosas, debe determinar la Sala si el juez de apelaciones cometió un yerro fáctico, con la connotación de protuberante, ostensible y manifiesto, al dar por sentado que el causante convivió con su compañera permanente, Lilia López, durante aproximadamente 35 años y que existió convivencia simultánea entre la cónyuge, Maribel Moreno Colorado y la referida compañera.

De las pruebas calificadas que la censura relaciona en el ataque como apreciadas con error, se observa objetivamente lo siguiente:

A folio 200 del expediente obra una declaración rendida por el causante, ante el Notario Primero del Círculo de Cartago, el 22 de noviembre de 2007, es decir, 12 días antes se su óbito, donde declaró:

Manifiesto que contraje matrimonio civil el día 22 de mayo del 2.001, con la señora Maribel Moreno Colorado, identificada con cédula de ciudadanía 31.409.706 de Cartago Valle y desde esta fecha convivimos bajo el mismo techo y lecho en forma permanente, singular ininterrumpida y desde entonces ha sido la única persona con la que hecho (sic) vida marital y es la que ha estado pendiente de mí y por lo tanto es mi única beneficiaria ya que no hago vida marital con ninguna otra mujer y que mi esposa depende económicamente de mi para su sostenimiento…

Aunque el tribunal estimó que dicho documento era sospechoso dado que la declaración había sido realizada pocos días antes del deceso del causante, quien se encontraba gravemente enfermo, le restó credibilidad pues, estimó, que “al cotejar esta prueba con el resto de las que obran en el expediente, se puede inferir que lo cierto es que entre el causante y las señoras Maribel y Lilia, existió una convivencia simultánea”.

Para la Corte no aparece descabellado el valor probatorio que el ad quem le otorgó a la referida declaración extra proceso pues, estimó que otras pruebas desvirtuaban las afirmaciones hechas por el de cujus.

Sobre este punto, considera la Sala que la decisión del juzgador de segundo grado de edificar su conclusión sobre la convivencia simultánea entre la cónyuge y la compañera permanente con base en unas pruebas y no con fundamento en otras que obren en los autos, se enmarca dentro de la potestad legal que tiene el juez laboral de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de los hechos controvertidos, con fundamento en los medios probatorios que más lo induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que superficialmente se observe en el proceso, tal como lo dispone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual las inferencias que lo llevaron a proferir su decisión, siempre que sean razonables y ajustadas a la lógica jurídica, seguirán soportando la presunción de acierto y legalidad que cobija a las decisiones judiciales, como lo ha sostenido con insistencia esta Sala de la Corte, de lo que es ejemplo la sentencia del 13 de noviembre de 2003, radicación 21478, en la que expresó:

Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo establecido por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, el entendimiento que estos le den a aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que no es más que la lógica y la experiencia.

Por lo dicho, las conclusiones que hace el tribunal acerca del material probatorio recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la sentencia con base en esta conclusión del tribunal.

De acuerdo con lo anterior, el encumbramiento que el juzgador de la alzada hizo de unas pruebas, a costa del rebajamiento de otras, a menos que raye en el disparate, no es constitutivo de error protuberante de hecho, con virtualidad para desquiciar una sentencia en el(sic), de por sí estrecho, escenario procesal de la casación, como lo ha explicado reiteradamente esta Sala de la Corte.

En verdad, existe un espacio de gestión probatoria del juez de instancia, que, en principio, no es posible que la Corte invada, en la medida en que tal espacio comporta el ejercicio legítimo de un fuero de valoración probatoria que, dentro de ciertos límites, le otorga el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que habilita válidamente al juez laboral para acoger unas probanzas en desmedro de otras.

Por lo tanto, el recurrente en casación no puede cuestionar la autonomía de que goza el tribunal para evaluar y ponderar las pruebas. Su misión ha de estar orientada a demostrar que el juzgador abusó de tal atribución legal, en tanto sus conclusiones contradicen la evidencia probatoria.

De otra parte, estima la Sala que de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, los derechos derivados de la seguridad social son irrenunciables y, por lo tanto, no pueden ser objeto de disposición por el titular de los mismos. Es por lo anterior que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son los que determina la ley y en manera alguna pueden ser designados por el titular del derecho a sustituir. Si bien el causante manifestó que su única beneficiaria era su cónyuge, Maribel Moreno Colorado, es claro que esa aseveración no determina las personas llamadas a disfrutar de la prestación económica toda vez que, como ya se vio, es la ley la que determina quiénes son éstos.

Con relación al interrogatorio de parte absuelto por la señora Lilia López (fls. 240 a 243), observa la Sala que si bien es cierto que esta demandante manifestó que había convivido con el causante desde el año 1975 “hasta que [él] se enfermó” de cáncer, aclaró que la convivencia se interrumpió por cuanto el señor Parra Gordillo había sido llevado “al seguro”, de donde lo trasladaron a “la casa de la familia que para cuidarlo”. Agregó que, en todo caso, ella todos los días iba a verlo y allí se quedaba hasta horas de la noche e, incluso, el día de su cumpleaños le llevó “serenata de cuerdas”. Señaló que no se quedaba cuidando a su compañero por cuanto los familiares de éste se encargaban de ello.

Sobre el vínculo de Maribel Moreno Colorado con el causante, la señora Lilia López dijo que aquélla “era como la amante del hijo porque él también tiene su esposa”. Y con relación al matrimonio de Maribel con el causante, afirmó la interrogada que éste le había manifestado, algunos días antes de morir, que “eso fue un convenio”.

Estima la Sala que del referido interrogatorio no se desprende una confesión en los términos planteados por la censura, pues aunque la declarante aceptó que la convivencia se había interrumpido debido al delicado estado de salud del señor Parra Gordillo, aclaró que éste había sido llevado donde unos familiares porque “allá lo cuidaban mejor”.

Sobre este punto el tribunal estimó que dada la avanzada edad de la señora Lilia López, era normal que ella tuviera sus propias dificultades de salud, lo que le impedía cuidar de su compañero. Agregó el colegiado que, en todo caso, estaba demostrado que Lilia López nunca dejó de visitar y estar pendiente de Álvaro María, por lo que la convivencia no se vio interrumpida, “pues su deseo de amor y ayuda mutua nunca cesó”.

Dicha consideración del ad quem se acompasa con el criterio de esta Sala de la Corte, que en Sentencia CSJ SL, 28 oct. 2009, rad. 34899, reiterada en las del 1º dic. de igual año y 31 ago. 2010, radicados 34415 y 39464, respectivamente, dijo “(…) el alcance y entendimiento que le dio el sentenciador de segundo grado al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2002 (sic), no resulta desacertado, pues de conformidad con dicha preceptiva, la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros…”.

Frente a las demás pruebas que la censura denuncia como equivocadamente apreciadas, es decir, los testimonios, debe anotarse que tales medios de convicción no son prueba calificada en casación según las voces del artículo 7º de la Ley 16 de 1969. Así las cosas, no es posible estructurar los errores de hecho a que alude la recurrente con base en la errada apreciación de aquellas pruebas que no son calificadas en el ámbito del recurso extraordinario.

Si no se demostró un desacierto evidente en la valoración de los medios de prueba calificados, no le es dado a la Corte entrar a analizar los testimonios.

Por lo visto, el cargo no sale avante.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente y a favor del ISS, único sujeto procesal que presentó réplica. Se fijan las agencias en derecho en tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3’150.000).

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, en el proceso que Maribel Moreno Colorado promovió contra el Instituto de Seguros Sociales, al cual se acumuló el adelantado por Marina Gómez Restrepo contra la misma entidad y al que fue vinculada Lilia López.

Costas a cargo de la recurrente y a favor del ISS. Se fijan las agencias en derecho en tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3’150.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»