Sentencia SL13369-2014/44948 de octubre 1º de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13369-2014

Rad.: 44948

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la señora María Ofir Ruíz López, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se sirva “…modificar la Sentencia de primer grado en el sentido de condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar en forma compartida a las dos compañeras permanentes señoras Luz Marina García Úsuga (q.e.p.d.) y María Ofir Ruíz López, la pensión de sobreviviente del causante Roberto Antonio Dávila Torres (q.e.p.d.) junto con los reajustes legales, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, con derecho a acrecer y proveer sobre costas como es de rigor”.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser examinado por la Corte.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia recurrida “…por violación de la ley sustancial, por el concepto de aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados en su orden por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, 48, 53 y 228 de la Constitución Política en relación con los artículos 1º, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 177 del Código de Procedimiento Civil; y, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Dice que la referida infracción se produjo por la vía indirecta y como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que entre las señoras Luz Marina García Úsuga y María Ofir Ruíz López y el causante Roberto Antonio Dávila Torres, “…existió al parecer convivencia simultánea en algún momento.” y, que “… sin embargo es claro que en los últimos cinco años la convivencia real y efectiva se dio con la señora Luz Marina García Úsuga”.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las señoras Luz Marina García Úsuga y María Ofir Ruíz López hicieron vida marital permanente con el causante Roberto Antonio Dávila Torres hasta su muerte y convivieron real, efectiva y simultáneamente con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

Agrega que el tribunal apreció de manera errónea las siguientes pruebas: carnet de beneficiaria de la seguridad social en salud de la señora María Ofir Ruíz López, expedido por el Instituto de Seguros Sociales; formulario de inscripción a la EPS del Instituto de Seguros Sociales del 28 de marzo de 2001; confesión contenida en el hecho sexto de la contestación a la demanda de Luz Marina García Úsuga, hecha por el Instituto de Seguros Sociales; derecho de petición presentado por Roberto Antonio Dávila Torres al Instituto de Seguros Sociales el 11 de junio de 2001; poder, demanda y sentencia sobre incremento de pensión presentada por Roberto Antonio Dávila Torres, por tener a cargo a la señora María Ofir Ruíz López, como su compañera permanente; Resolución 18123 del 21 de octubre de 2004, emanada del Instituto de Seguros Sociales; contrato de servicios funerarios celebrado entre la Funeraria San Vicente y la señora María Ofir Ruíz López; factura de venta No. 13350; autorización de Dennis Dávila Ruiz y certificado de cremación No. 7447 expedido por la Funeraria San Vicente; y oficio 080307 del 7 de septiembre de 2005, remitido por el Instituto de Seguros Sociales a la señora María Ofir Ruíz López.

De igual forma, como prueba no calificada indebidamente apreciada, identifica los testimonios de Lucía Amparo Parra Arredondo (fl. 124), Amparo Hernández Agudelo (fl. 127), Juan Guillermo Zapata Usme (fl. 172) y Rosa Elena Ríos Pérez (fl. 176).

En desarrollo del cargo, el censor sostiene que el tribunal apreció de manera errónea las pruebas calificadas arriba descritas, en tanto todas demostraban que la señora María Ofir Ruíz López había convivido con el señor Roberto Antonio Dávila Torres hasta su muerte, como compañera permanente, pues así lo había aceptado el Instituto de Seguros Sociales al responder a la demanda de la señora Luz Marina García Úsuga y en la investigación administrativa que había realizado para definir los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Asimismo, que el propio pensionado fallecido, en vida, había reivindicado esa convivencia, al solicitar el incremento de su pensión de jubilación, por tener a cargo a la señora María Ofir Ruíz López, como su compañera permanente.

Resalta también que la señora María Ofir Ruíz López era beneficiaria de los servicios de salud del pensionado fallecido; que ella contrató con la Funeraria San Vicente los servicios funerarios para su compañero; y que el Instituto de Seguros Sociales ordenó consignar a su favor la suma de $ 1.907.500, por concepto de auxilio funerario.

Arguye, en tal sentido que:

…con las anteriores pruebas analizadas, queda demostrado plenamente, que los beneficiarios del Sistema General de Salud del afiliado Roberto Antonio Dávila Torres hasta la muerte fueron su compañera permanente señora María Ofir Ruíz López y sus dos hijos, que el propio afiliado Roberto Antonio Dávila Torres en sus últimos días afirmó que la señora María Ofir Ruíz López durante los cinco (5) últimos años estuvo pendiente de manera continua de su compañero permanente Roberto Antonio Dávila Torres, inclusive tomó un contrato de servicios funerarios, contratando la sala de velación y autorizó la cremación, a través de su hijo común Dennis Dávila Ruíz, auxilio funerarios (sic) que le fue cancelado por el Instituto de Seguros Sociales.

De los anteriores hechos probados plenamente se concluye que las señoras Luz Marina García Úsuga y María Ofir Ruíz López hicieron vida marital permanente con el pensionado Roberto Antonio Dávila Torres, hasta su muerte y convivieron simultáneamente con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

La señora María Ofir Ruíz López, con los testimonios de los señores Lucía Amparo Parra Arredondo, fl. 124, Amparo Hernández de Agudelo, fl. 127, Juan Guillermo Zapata Usme, fl. 172, Rosa Elena Ríos Pérez, fl. 176, prueba no calificada y mal apreciada, demostró plenamente que también hizo vida marital y convivió con el causante Roberto Antonio Dávila Torres hasta el día de su fallecimiento, por lo que igualmente reunió los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para tener derecho a la pensión compartida de sobreviviente.

En consecuencia, si el Honorable tribunal hubiera apreciado correctamente las pruebas analizadas lógicamente que no hubiera incurrido en los errores de hecho evidentes individualizados, por lo que se impone la casación de la sentencia recurrida conforme el alcance de la impugnación.

VII. Réplica

El apoderado de la señora Luz Marina García Úsuga afirma que el tribunal no incurrió en las infracciones denunciadas por la censura, en tanto las pretensiones de la demandante y de la interviniente ad excludendum “…resultan irreconciliables partiendo del hecho que la Norma habla de compartibilidad de la pensión entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente; y en el caso de marras se ésta (sic) hablando de dos (2) compañeras”.

El apoderado del Instituto de Seguros Sociales precisa que “…se estará a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral al decidir el correspondiente recurso, apoyando eso sí la tesis de segundo grado, toda vez no se aprecia que el tribunal hubiere cometido ninguno de los dislates que se le imputan en la demanda de casación”.

VIII. Consideraciones

En esencia, la finalidad del cargo, enderezado por la vía indirecta, está dada en demostrar que la señora María Ofir Ruíz López convivió con el pensionado fallecido Roberto Antonio Dávila Torres durante más de cinco años continuos con anterioridad a su muerte, en forma concurrente con la señora Luz Marina García Úsuga, y que, en ese sentido, el tribunal se equivocó de manera evidente al inferir que dicha convivencia solo fue “…durante un tiempo…”, incapaz en todo caso de otorgarle la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

Del análisis objetivo, completo y razonado de las pruebas calificadas, cuya errónea valoración se denuncia en el cargo, se puede advertir:

A folio 94 obra un derecho de petición dirigido por el pensionado fallecido Roberto Antonio Dávila Torres al Instituto de Seguros Sociales, con constancia de radicación del 11 de junio de 2001, en el que, con el fin de que le fuera reconocido un incremento sobre su pensión de jubilación, entre otras cosas, afirmó: “…mi compañera permanente responde al nombre de María Ofir Ruíz López, comparte conmigo techo y lecho, no recibe pensión por ninguna entidad, tampoco trabaja, razón por la cual depende económicamente del suscrito. Así mismo, está inscrita a la EPS del Seguro Social en condición de mi beneficiaria” (negrillas fuera de texto).

De igual manera, a través del documento obrante a folio 145, se puede notar que el causante le otorgó poder a un abogado el 2 de agosto de 2001, para que reclamara el mencionado incremento pensional, con la anotación de que su compañera permanente era la señora María Ofir Ruíz López, con la cual, en los términos de la demanda ordinaria presentada para obtener el referido derecho (fls. 140 a 144), convivía desde hacía más de 24 años.

En concordancia con los anteriores documentos, en los que era el propio pensionado fallecido el que reconocía oficialmente como su compañera permanente a la señora María Ofir Ruíz López, el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución 18123 del 21 de octubre de 2004 (fls. 66 a 68), concedió el incremento pensional por personas a cargo y asumió, para tales efectos, a la señora María Ofir Ruíz López, como “cónyuge o compañera permanente” del señor Roberto Antonio Dávila Torres.

Está información es plenamente coincidente con el hecho de que el causante había identificado, dentro de sus beneficiarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la señora María Ofir Ruíz López, en la calidad de “…cónyuge…” (fl. 95), y que así lo había corroborado el Instituto de Seguros Sociales al responder el hecho sexto de la demanda de Luz Marina García (fl. 98), pues en sus términos, “…como se logró verificar en la investigación administrativa, el fallecido tenía como beneficiario del sistema de salud a la señora María Ofir Ruíz, en calidad de compañera y a sus hijos Steven y Denis Dávila…” Igual información se derivaba del carné de afiliación expedido por el Instituto de Seguros Sociales a la señora María Ofir Ruíz López (fl. 62), en el que es identificada como “…compañero (A)…” del afiliado Roberto Antonio Dávila Torres.

También es cierto que en los documentos obrantes a folios 69, 70 y 71 se reflejaba de manera incontrastable que la señora María Ofir Ruíz López había asumido el pago de los servicios funerarios del señor Roberto Antonio Dávila Torres y que, por lo mismo, el Instituto de Seguros Sociales le había otorgado el auxilio funerario.

Los anteriores elementos de juicio denotaban de manera clara, suficiente y evidente, que la señora María Ofir Ruíz López había convivido con el señor Roberto Antonio Dávila Torres de manera sólida, efectiva y comprometida, como compañera permanente, durante varios años continuos y hasta el momento de su muerte. Tras ello, para la Sala el tribunal incurrió efectivamente en los errores de hecho denunciados por la censura, pues la recurrente no convivió con el causante de manera presunta, casual, inconsistente o “…durante un tiempo…”, como se indicó en la sentencia gravada, sino que construyó una unión sólida de varios años, tejida por lazos afectivos y de solidaridad, que conllevaban a una convivencia efectiva con el ánimo de conformar una familia, de las que protege la legislación colombiana a través de la pensión de sobrevivientes.

Esos desaciertos del tribunal se derivaron indudablemente de la apreciación errónea de las pruebas calificadas anteriormente referenciadas, pues el tribunal aludió de manera genérica a “…la prueba testimonial y documental obrante en el plenario…”, a la vez que resultaban protuberantes y trascendentes, pues, se repite, fue el propio pensionado fallecido el que se encargó de confirmar su convivencia con la recurrente ante el Instituto de Seguros Sociales, durante varios años continuos con anterioridad a su muerte, al identificarla como su compañera permanente, con el fin de beneficiarla de los servicios del sistema general de seguridad social en salud y para reclamar un incremento de su pensión de vejez.

Tales errores, a su vez, autorizan el análisis de pruebas que no son calificadas en casación, dentro de las cuales se pueden observar los testimonios de Lucía Amparo Parra Arredondo (fl. 124), Amparo Hernández de Agudelo (fl. 127), Juan Guillermo Zapata Usme (fl. 172) y Rosa Elena Ríos Pérez (fl. 176), quienes indicaron de manera coherente que conocían a la señora María Ofir Ruíz López y al señor Roberto Antonio Dávila Torres; que les constaba que los dos convivían bajo un mismo techo en el barrio “San Isidro del Tricentenario”; que en el marco de su convivencia procrearon dos hijos de nombres Denis y Steven; que nunca se separaron sino hasta la muerte de Roberto Antonio; y que, en general, mantenían una relación de pareja sólida, que presentaban ante la comunidad, como una familia formada por vínculos afectivos y de solidaridad, permanentes y duraderos.

También resulta relevante para la Sala el hecho de que el señor Gustavo Hernando Naranjo Hernández (fls. 136 y 137), citado como testigo de Luz Marina García Úsuga, afirmó que conocía a María Ofir Ruíz López y sabía que convivía con el señor Roberto Antonio Dávila Torres. Igual situación puede predicarse de la testigo Aliria Rendón Duque (fl. 170), convocada igualmente por la contraparte y que se había desempeñado como empleada del pensionado fallecido, que indicó: “…sí conocí a María Ofir porque esta (sic) convivió con el causante y con esta (sic) también tuvo dos hijos; el causante tuvo convivencia simultánea con la demandante y la interviniente; el causante vivía de lleno con Ofir pero al mismo tiempo salía con Luz Marina, el causante vivía de lleno en el Tricentenario; pero quiero dejar constancia de que en los últimos 5 o 6 años el causante vivía era con Luz Marina…” (negrillas fuera de texto). En similares términos, la señora Ligia Amparo Zorrilla Acevedo, que también era testigo de la señora Luz Marina García Úsuga, manifestó que “…el mismo causante me comentó a mí que vivió con otra mujer en el Tricentenario y con ella tuvo dos hijos…”.

Por otra parte, debe resaltarse que en la investigación administrativa adelantada por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 104 a 106) se reconoció de manera clara que la beneficiaria de los servicios de salud del pensionado era la señora María Ofir Ruíz López y que los dos habían convivido durante más de 20 años, como también se aceptó en la contestación de la demanda, solo que se opuso una separación de los dos compañeros que nunca fue suficientemente demostrada en el proceso, entre otras cosas porque la interesada no confesó tal supuesto, dentro el trámite del proceso.

Al compás de todo lo expuesto, en el expediente estaba suficientemente demostrado que la señora María Ofir Ruíz López había convivido con el señor Roberto Antonio Dávila Torres, durante más de cinco años continuos con anterioridad a su muerte y, cuando menos, como se dice en el alcance de la impugnación del recurso de casación, de manera simultánea con la señora Luz Marina García Úsuga.

Por lo anterior, el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida, conforme con los términos del alcance de la impugnación.

IX. Sentencia de instancia

En sede de instancia, lo primero que debe resaltarse es que, efectivamente, dado que el fallecimiento del señor Roberto Antonio Dávila Torres ocurrió el 20 de abril de 2005, la norma llamada a regular la situación en disputa es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en la forma en la que fue modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Dicha norma establece:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

«Aparte subrayado condicionalmente exequible» En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible, únicamente por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1035-08 de 22 de octubre de 2008, “…en el entendido de que además de la esposa o el esposo serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.

En el presente asunto, además de lo anotado en sede de casación, para la Sala está plenamente acreditada la convivencia simultánea de las dos compañeras permanentes, Luz Marina García Úsuga y María Ofir Ruíz López, con el pensionado fallecido Roberto Antonio Dávila Torres, durante más de cinco años continuos con anterioridad a su muerte. De tal situación da cuenta el hecho de que, entre otras cosas, en el curso de los dos vínculos se procrearon hijos, casi que de manera simultánea, pues los hijos de Luz Marina García Úsuga con el pensionado nacieron el 15 de octubre de 1981 y el 4 de febrero de 1983 (fls. 12a y 12b), mientras que los hijos de María Ofir Ruíz López con el pensionado nacieron el 10 de junio de 1979 y el 26 de mayo de 1982.

Asimismo, el causante mantenía relaciones personales, jurídicas y comerciales que daban a entender que mantenía dos hogares en forma simultánea, pues a sus dos compañeras las tenía inscritas como beneficiarias de diferentes servicios de salud (fls. 13, 95) y de servicios exequiales (fls. 17 y 70 a 73); mantenía una vivienda independiente con cada una de ellas; y, en general, los testigos que comparecieron al proceso, dieron cuenta de manera coherente y razonable que los dos vínculos familiares permanecieron a lo largo del tiempo, sin alguna interrupción significativa y trascendente, que pudiera tenerse como fin de los lazos afectivos, de solidaridad y de apoyo mutuos que corresponden a la convivencia.

En ese sentido, testigos como Aliria Rendón Duque (fl. 170), que conoció al pensionado durante muchos años y fungía como una de sus trabajadoras, de manera que ofrece credibilidad a la Sala, afirmó: “…sí conocí a María Ofir porque esta (sic) convivió con el causante y con esta (sic) también tuvo dos hijos; el causante tuvo convivencia simultánea con la demandante y la interviniente; el causante vivía de lleno con Ofir pero al mismo tiempo salía con Luz Marina…”.

Por otra parte, para la Sala resulta relevante que las dos compañeras procrearon hijos con el pensionado casi que de manera simultánea, además de que no está debidamente acreditada alguna separación de hecho anterior a la muerte, que pudiera significar alguna interrupción de esa intención sólida, seria, efectiva, comprometida y duradera de conformar una familia. En este punto, para la Sala resulta comprensible que durante sus últimos años de vida y debido a su estado de salud, el pensionado hubiera permanecido mayor tiempo en uno de sus hogares que en el otro, de manera que esa situación no puede tenerse como una ruptura de alguno de dichos vínculos familiares, que diera al traste con la convivencia hasta el momento de la muerte.

En tales términos, para la Sala está suficientemente demostrada la convivencia simultánea de las dos compañeras permanentes con el pensionado fallecido, hasta el momento de su muerte, de manera tal que la pensión de sobrevivientes debe serles adjudicada a las dos en proporciones iguales, con la opción de que acrezca el derecho de alguna de ellas, por la extinción de la otra.

Para justificar esa decisión, en primer lugar, la Sala debe recordar que desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, ante una convivencia simultánea de dos compañeras permanentes y teniendo en cuenta que había un vacío legislativo sobre la materia, por vía de jurisprudencia se consideraba que la solución más adecuada del conflicto era el reparto proporcional de la pensión de sobrevivientes, sin establecer preferencias entre las potenciales beneficiarias, atendiendo criterios de justicia y equidad. (Ver CSJ, 18 sep. 2012, rad. 48334, y CSJ SL402-2013, entre otras).

Muy a tono con lo anterior, en vigencia del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y de conformidad con la orientación reflejada en la Sentencia de la Corte Constitucional C-1035 de 2008, existe la regla decisoria por virtud de la cual, ante una convivencia simultánea “…entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente…”, la “…pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido…”.

Dicha regla de decisión, por razones lógicas, debe extenderse a los casos en los que, como en el presente, se demuestre una convivencia simultánea entre dos compañeras permanentes con un mismo pensionado, de manera tal que no debe ser exclusiva o restrictivamente aplicable para conflictos entre cónyuges y compañero(a)s. Ello en razón de que, si no es posible erigir diferenciaciones en la asignación de la pensión, fundadas en la naturaleza del vínculo a partir del cual se conforma la familia —como entre el cónyuge y la compañera permanente—, con mayor razón es improcedente establecer esas desigualdades entre potenciales beneficiarios con un mismo vínculo formal, como el que se construye entre dos compañeras permanentes.

En ese sentido, esta Sala de la Corte ha sostenido de manera insistente que “…no siendo los lazos o vínculos mediante los cuales se constituye la familia factores diferenciadores de las relaciones que a su interior se establecen, y siendo por el contrario la igualdad de derechos y deberes los fundamentos de dichas relaciones (C.P., art. 42), emerge incontestable que frente a contingencias o riesgos que la pueden afectar no es dable hacer distinciones entre sus miembros más allá de las que son propias a quienes se encuentran individualmente más expuestas que los demás, ya sea por su edad o por alguna otra condición específica de vulnerabilidad, de donde cabe entender, como así lo asienta en esta oportunidad la Corte, que la pensión de sobrevivientes o, en su lugar, la sustitución pensional cuando fuere del caso, no puede tener por finalidad distinta más que la protección de ese núcleo familiar, cuando quiera que el trabajador o pensionado, que ha sido su sostén económico, fallece…” (Ver CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 49787).

Por otra parte, esa interpretación es la que mejor se amolda a la intención de la Constitución Política de proteger a la familia, independientemente de los vínculos a partir de las cuales se conforma, además de que, se reitera, resulta acorde con la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte, a partir de la cual se reivindicaron los principios de equidad y de justicia para casos de conflictos entre compañeras permanentes, antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003.

Por último, esa lectura también es coincidente con recientes orientaciones de la Sala, en las que se ha tendido a resolver conflictos entre beneficiarios que han demostrado una convivencia efectiva con un pensionado durante más de 5 años, sin ser o no simultánea con otra, y en los que se han generado separaciones de hecho, pero con uniones conyugales vigentes. Frente a tales supuestos, se ha adoptado como solución última el reparto de la pensión, en proporción al tiempo convivido, sin miramientos respecto de la naturaleza del vínculo a partir del cual se da la convivencia. (Ver CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637, CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 42631, CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41821, CSL SL704-2013 y CSJ SL1510-2014, entre otras).

Así las cosas, se repite, la pensión debe corresponderle a las dos compañeras permanentes en disputa, en proporción igual al 50% para cada una, en la medida en que convivieron de manera simultánea con el pensionado fallecido, sin diferencias temporales significativas. Ahora bien, de acuerdo con el registro civil de defunción obrante a folio 139, la señora Luz Marina García Úsuga falleció el 3 de marzo de 2007, por lo que, a partir de esta fecha, la pensión debe corresponder en un 100% a la señora María Ofir Ruíz López, como ha tenido oportunidad de adoctrinarlo la Sala en la Sentencia CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41821.

Respecto del monto de la pensión, tal y como se reclama en el recurso de apelación de la señora María Ofir Ruíz López, de acuerdo con el documento obrante a folio 203, la mesada devengada por el señor Roberto Antonio Dávila Torres ascendía a la suma de $ 795.433 en el año 2005, que debe ser transmitida en un 100%, como ya se dijo, en forma proporcional para las dos compañeras.

Finalmente, se debe descartar la imposición de intereses moratorios, pues el Instituto de Seguros Sociales no se abstuvo de reconocer la pensión de sobrevivientes de manera arbitraria o injustificada, sino por una controversia legítima entre potenciales beneficiarios. (Ver CSJ SL704-2013). En su lugar, se ordenará la indexación de las mesadas pensionales causadas y no pagadas.

Como conclusión, en sede de instancia, se modificará la sentencia emitida por el juzgado cuarto laboral de descongestión del circuito de Medellín el 3 de junio de 2008, y se condenará al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor Roberto Antonio Dávila Torres, a favor de las señoras Luz Marina García Úsuga y María Ofir Ruíz López, en un 50% para cada una, desde el 20 de abril de 2005 y hasta el 3 de marzo de 2007, cuando falleció la señora Luz Marina García Úsuga. En adelante la pensión deberá ser pagada en un 100% a favor de la señora María Ofir Ruíz López, junto con las mesadas adicionales, debidamente indexadas.

Por concepto de retroactivo pensional causado entre el 20 de abril de 2005 y el 3 de marzo de 2007, se adeuda a la señora Luz Marina García Úsuga la suma de $ 10.876.018.86, conforme con el siguiente cuadro:

111
 

Tales rubros deberán ser indexados desde el momento de su causación y hasta su pago efectivo, con base en la fórmula de índice final sobre índice inicial por valor a indexar, además de que deberán ser pagados a favor de la masa sucesoral de la señora Luz Marina García Úsuga.

Por concepto de retroactivo pensional de la señora María Ofir Ruíz López se adeuda la suma de $ 117.639.291.69, hasta el mes de agosto de 2014, sin perjuicio de las mesadas que se causen en adelante, conforme con el siguiente cuadro:

112
 

Tales rubros deberán ser indexados desde el momento de su causación y hasta su pago efectivo, con base en la fórmula de índice final sobre índice inicial por valor a indexar.

No hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción, en la medida en que los derechos en disputa fueron reclamados administrativa y judicialmente, dentro de los tres años siguientes a la muerte del causante.

Sin costas en el recurso de casación. En la primera instancia a cargo del Instituto de Seguros Sociales. No hay lugar a ellas en segunda instancia.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de octubre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por la señora Luz Marina García Úsuga contra el Instituto de Seguros Sociales y en el que actúa como tercera ad excludendum la señora María Ofir Ruíz López.

En sede de instancia, se modifica la sentencia emitida el 3 de junio de 2008, por el juzgado cuarto laboral de descongestión del circuito de Medellín, y, en su lugar, se condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor Roberto Antonio Dávila Torres, a favor de las señoras Luz Marina García Úsuga y María Ofir Ruíz López, en un 50% para cada una, desde el 20 de abril de 2005 y hasta el 3 de marzo de 2007, cuando falleció la señora Luz Marina García Úsuga. En adelante la pensión deberá ser pagada en un 100% a favor de la señora María Ofir Ruíz López, junto con las mesadas adicionales, debidamente indexadas.

Por concepto de retroactivo pensional causado entre el 20 de abril de 2005 y el 3 de marzo de 2007, se adeuda la suma de $ 10.876.018.86 a la señora Luz Marina García Úsuga; y el causado entre el 20 de abril de 2005 y hasta el 31 de agosto de 2014, a favor de la señora María Ofir Ruíz López, asciende a la suma de $ 117.639.291.69, sin perjuicio de las mesadas que se causen con posterioridad. Tales sumas deberán ser indexadas desde el momento de su causación y hasta su pago efectivo, con base en la fórmula de índice final sobre índice inicial por valor a indexar.

Sin costas en el recurso de casación. En la primera instancia a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Sin lugar a ellas en la segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».