Sentencia SL13388-2014 de octubre 1 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13388-2014

Rad.: 46786

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y la réplica tanto de la parte actora como del instituto.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado en cuanto condenó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., al pago de la prestación de sobrevivientes más los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, así:

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia, por vía directa, en la modalidad de:

interpretación errónea del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con lo señalado en los artículos 39 del Decreto 1406 de 1999, así como el artículo 18 del Decreto 1818 de 1996, el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, los artículos 12 y 13 del Decreto 1161 de 1994, los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, en relación con el literal h) artículo 14 del Decreto Reglamentario 656 de 1994, el artículo 23 del Decreto Reglamentario 656 de 1994, el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, interpretación errónea que lo llevó a aplicar indebidamente el Decreto 860 de 2003 (sic), que modificó por (sic) el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 100 de 1993.

En el desarrollo sostuvo el censor después de citar apartes de la sentencia de esta Sala CSJ SL, ene. 30/2007, rad. 27911, lo siguiente:

El Tribunal desconoce la interpretación que por vía de jurisprudencia ha dado la Corte Suprema de Justicia a las normas que integran la proposición jurídica en que he fundamentado el cargo por interpretación errónea. Si hubiera adoptado el criterio central de la sentencia transcrita, habría concluido que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 1406 de 1999, así como en el artículo 18 del Decreto 1818 de 1999, el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, los artículos 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, hubiera concluido que el pago de cuotas para los riesgos de I.V.M., por parte de los empleadores debe operar con antelación al hecho causante de la prestación y que no es posible admitir la probabilidad de que con el pago de cotizaciones realizado después de haber presentado el riesgo o la contingencia respectiva, el Sistema de Seguridad Social en pensiones debe otorgar las prestaciones señaladas en la ley, iría en contra en (sic) uno de los principios de la seguridad social, como es el de la solidaridad y afectaría gravemente su estabilidad financiera además de significar el absurdo de amparar riesgos ya presentados. Esta es la interpretación contenida en la sentencia que nos hemos permitido trascribir y que no cabe duda es el verdadero sentido que debe darse a las normas que regulan los efectos del pago de las cotizaciones, para los riesgos de I.V.M., por parte de los empleadores.

Más adelante agrega:

Se equivoca el Tribunal al aceptar la sentencia de la Corte que ha sido controvertida con la misma corporación y que incluye como requisito para que el empleador que asuma la pensión de invalidez por incumplimiento en el pago de sus aportes, un requisito que no se encuentra señalado en la ley como es el de realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de las cuotas en que se haya en mora el empleador, al adicionar este requisito se está interpretando erróneamente lo señalando en el artículo 39 de Decreto 1409 de 1999, y se aplicó indebidamente lo señalado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, no es necesario que la obligación por mora del empleador en los riesgos de I.V.M., se traslade al mismo la realización de gestiones de cobro por parte de los fondos de pensiones, este no es un requisito que se encuentre consagrado en la ley, y si bien es cierto los fondos pueden realizar esas gestiones al estructurar en este caso la pensión de sobrevivientes y encontrarse en mora el empleador, corresponde a éste y no al empleador el pago de la pensión de sobrevivientes, cualquier otra interpretación es errónea porque como ya lo hemos señalado le da un sentido diferente al que la ley tiene, …

VII. Réplica

La parte actora indica que el asegurado o sus beneficiarios no pueden verse perjudicados por la mora que no era de su resorte, porque las administradoras de pensiones tienen a su favor todos los mecanismos jurídicos para hacer efectivo el recaudo de los aportes.

El instituto precisa que en este caso es indiferente frente a él la suerte del recurso extraordinario, puesto que los cargos no debatieron que el causante al momento del fallecimiento estaba afiliado al fondo de pensiones privado.

VIII. Consideraciones

No obstante que hace alusión el cargo a normas relacionadas con la pensión de invalidez, esto no impide estudiar la acusación, por lo que ya no se exige en el recurso extraordinario la integración de una proposición jurídica completa, y en atención a que se cita el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 que se refiere a la pensión de sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Dada la orientación jurídica del cargo no existe controversia respecto de la siguiente situación fáctica: i) que el causante falleció el 1º de abril de 2004, por causas de origen común; ii) que al momento del deceso tenía vínculo laboral vigente con la empresa Aserríos Madetrés Ltda., como lo asentó el Tribunal y lo registró BBVA Horizonte en la comunicación enviada a la actora de fecha 29 de enero de 2008 (fl. 14); iii) que fue afiliado al fondo de pensiones administrado por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., a partir del 10 de diciembre de 1999; iv) que cuando ocurrió la muerte la empleadora se encontraba en mora en el pago de aportes.

En este caso no se discute que cuando falleció el afiliado —el 1º de abril de 2004—, su empleador se encontraba en mora en el pago de aportes al sistema; sin embargo, también es un hecho establecido en la sentencia que la administradora de pensiones demandada no acreditó que hubiese adelantado alguna gestión de cobro encaminada a que la empresa subsanara la situación de incumplimiento frente a la seguridad social.

En relación con los efectos de la mora patronal en el pago de las cotizaciones a la seguridad social en pensiones, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 22 de julio de 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia y estableció el criterio de que cuando se presente omisión por parte del empleador en ese sentido y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.

Los siguientes son los términos de la sentencia referida:

Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la seguridad social bajo su “dirección, coordinación y control”, y autoriza su prestación a través de “entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado.

En este caso hizo bien el Tribunal al integrar las cotizaciones en mora en la contabilización de semanas en el haber del afiliado fallecido, lo que le permitió acreditar el número mínimo de semanas de cotización y cumplir así con la exigencia legal para la pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge supérstite, pues la administradora demandada ante la situación de retardo empresarial no realizó ninguna gestión de cobro.

Por lo demás, cumple aclarar que en concordancia con la tesis de la Corte arriba esbozada, en el sentido de que los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio, en tanto el de cujus al momento del fallecimiento tenía vínculo laboral vigente, y había prestado servicios a la empresa ininterrumpidamente entre el 26 de abril de 1998 hasta el 1º de abril de 2004 como lo precisó el Tribunal, reunía el número mínimo de semanas exigido por la legislación vigente al momento del deceso para que sus beneficiarios pudieran acceder a la prestación, esto es 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento (L. 100/93, art. 46, modificado por L. 797/2003, art. 12).

Así las cosas, no incurrió la sentencia en los yerros jurídicos que se le endilgan.

Por las razones expuestas, no prospera el cargo.

IX. Cargo segundo

Acusa la sentencia, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de:

“artículo 141 de la Ley 100 de 1993, violación en la que incurrió el sentenciador por la falta de apreciación de unas pruebas…”.

Cita como errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que existían suficientes razones de orden jurídico y fáctico que justificaban la decisión de mi representada para no reconocer la pensión de sobrevivientes.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se causan siempre que no se reconozca la pensión de sobrevivientes, sin analizarlas causas por las cuales se negó el reconocimiento de dicha pensión.

Cita como pruebas no apreciadas las documentales de folios 48 y 50 a 57, donde se explican las razones fácticas y jurídicas por las cuales la administradora no reconoció la pensión de sobrevivientes.

En el desarrollo afirma el impugnante que si el Tribunal hubiera apreciado las documentales indicadas, habría encontrado que existían razones de orden jurídico y fáctico para no conceder la pensión de sobrevivientes, ya que el empleador no estaba efectuando las cotizaciones el día en que ocurrió la muerte del afiliado, por lo que no se puede castigar con intereses moratorios una postura explicable a la luz de la normatividad vigente.

X. Réplica

La oposición de la parte activa hace referencia a que para la imponer los intereses moratorios no es necesario examinar la buena o mala fe de la entidad obligada, sino la conducta objetiva del no pago de la prestación a los derechohabientes.

XI. Consideraciones

En las pruebas acusadas, específicamente en los folios 50 a 57, la AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., explica los motivos por los cuales no reconoció la pensión de sobrevivientes, y se afirma que fue en razón de la situación de mora presentada por el empleador.

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. 18512, que en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia CSJ SL, jun. 13/2012, rad. 42783, la corporación trajo a colación la de mayo 29/2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

“Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (rad. 18512)”.

Así las cosas, no se equivocó el Tribunal al confirmar la condena por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, aunque la Sala en fecha más reciente —Sentencia SL704-2013— moderó la anterior posición jurisprudencial, lo hizo para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado pueda darle la jurisprudencia. Sin embargo, esta tesis no tiene cabida en eventos como el sub lite, porque lo que subyace para atribuirles a las administradoras de pensiones el pago de las prestaciones, independientemente del cambio de jurisprudencia respecto a las consecuencias de la mora empresarial operado en la sentencia CSJ SL, jul. 22/2008, rad. 34270, es su incumplimiento del deber legal de cobro.

Por las razones anteriores, el cargo no es próspero.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada recurrente, y a favor de ambos opositores en un 50% a cada uno de ellos. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 6.300.000. Por secretaría tásense las demás costas.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el siete (7) de abril de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luz Ángela Sánchez Vélez contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».