Sentencia SL13417-2017 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 1

Rad.: 46281

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Acta 8

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

En cuanto a esta primera acusación se observa que al referirse la censura a errores de hecho y a la mala apreciación del contenido del recurso de apelación de la parte demandada, la orientación del ataque corresponde a la senda de los hechos o indirecta, lo que significa que la alusión que se hizo al formularse el cargo de que se encamina por la vía directa es un lapsus calami.

Para la sala, el primer cargo está llamado al fracaso, en tanto que ninguno de los errores endilgados al tribunal, los cometió la segunda instancia, veamos:

i) Los cinco errores de hecho achacados al tribunal, giran en torno a que en el recurso de apelación formulado por la demandada, no se planteó bajo ninguna circunstancia, la aspiración de limitar las condenas de reinstalación y pago de aportes al sistema integral de seguridad social, hasta el reconocimiento de la pensión de invalidez al actor; lo que soportó precisamente que se haya invocado la violación medio del artículo 66 A del CPTSS y que en el desarrollo del cargo, la censura desplegara todos sus esfuerzos argumentativos para demostrar que la demandada, en su recurso de apelación, no formuló el tema relativo a dicha limitación, y por ende, no estaba autorizado el tribunal para analizar ese preciso asunto.

ii) Descendiendo al cuaderno de instancias, como lo obliga la censura al escoger el sendero fáctico, en particular al recurso de apelación que interpuso la parte demandada (fl. 125 a 135), encuentra objetivamente la Corte que, contrario a lo que manifestó con insistencia la recurrente, en la apelación sí se propuso ese tema como parte de los argumentos que tuvo la demandada, para pretender obtener de la segunda instancia, la revocatoria de las condenas fulminadas en primera.

En efecto, en el escrito de apelación, a folio 130 del cuaderno de 1ª instancia, inciso tercero, se dijo: “Tampoco se encuentra demostrado en el proceso que el trabajador haya recuperado su capacidad de trabajo, por lo tanto este no debe ser reubicado o reinstalado”. En el mismo sentido, a folio 134 del referido recurso de alzada, inciso quinto, se manifestó por el apelante: “Deduciéndose de lo anterior muy claramente que por el mismo estado físico y de salud del demandante a este se le imposibilita el desempeño de un cargo cualquiera que este sea, por lo tanto el demandante no puede ser reinstalado”; por manera que al alegarse la imposibilidad de ejercer cualquier cargo, en virtud del grado de discapacidad que perseguía enervar el reintegro, ineludiblemente y en defensa de los eventuales derechos del actor, se debía revisar el tema consecuencial del reconocimiento de la pensión de invalidez, para limitar su reconocimiento, al pago de los salarios y prestaciones derivados del susodicho reintegro.

Es por lo anterior, que el tribunal razonó así:

(...) Sin embargo al atender las razones del impugnante referente al grado de discapacidad padecido por el demandante, con la que se pretende negar el derecho al reintegro, para en su lugar entrar a discutir una pensión del sistema de seguridad social, por ser la discapacidad el 54%, encuentra el tribunal apropiado declarar que el reintegro con el respectivo pago de salarios y prestaciones tendrá efectos solo hasta la fecha en que se le hubiera reconocido por estos hechos pensión de invalidez por riesgo común, ya que el otorgamiento de esta es incompatible con la prestación del servicio y es causal de terminación de los contratos laborales.

iii) Pero incluso, si se pasara por alto que en el recurso de apelación el demandado si planteó, que el actor no podía ser reinstalado, en tanto que no tenía la capacidad laboral necesaria para desempeñar el cargo, el tribunal no podía faltar a su obligación de resolver el problema jurídico sometido a su escrutinio con las normas y la intelección que considerara, era la que se debía utilizar en dicha labor, al margen de si esas consideraciones o disposiciones legales, eran las que había señalado el actor en su escrito de apelación, que fue lo que lo llevó a concluir lo que en precedencia se citó.

A propósito de la facultad anterior, más conocida como la calificación jurídica de los hechos, la Corte ha enseñado:

(...) Es indiscutible que la misión principal del juez es la de realizar la voluntad concreta de la ley en un caso en particular, para cuyo cumplimiento goza de autonomía en sus decisiones, garantizada por el artículo 230 de la Constitución Nacional, que expresamente establece: “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley (...)”.

En este sentido el juez es autónomo al momento de la calificación jurídica de los hechos debatidos y demostrados en juicio y solo se encuentra limitado por los extremos de la litis que fijen las partes al inicio del proceso.

De esta manera, sobre una base fáctica impuesta por las partes desde la demanda y su contestación (extremos de la litis), puede moverse libremente el juez al momento de definir las consecuencias jurídicas que se desprendan de lo demostrado y debatido en juicio, sin que para ello se deba someter a las calificaciones que de los hechos hagan las partes, pues el llamado a interpretar y aplicar la ley es él.

Conforme con ello, el principio de congruencia o consonancia no se ve afectado porque en la sentencia el juez o tribunal se aparte de la calificación o connotación jurídica que sobre determinada realidad fáctica haga una de las partes, de modo que, en lo que atañe específicamente con la apelación, el tribunal solo estará sujeto a los temas que le proponga el apelante en su recurso, en aplicación del artículo 66 A del CPL, mas ello no quiere decir que deba someterse al análisis jurídico que ella le proponga sobre un tema en especial, pues el sentenciador es libre para encontrar e interpretar la norma aplicable al caso concreto, eso si, siempre que no se varíen los elementos constitutivos de la causa petendi que delimitan la litis. (CSJ S.L., 19 oct. 2011, rad. 42818).

En el mismo sentido al que se ha aludido, más recientemente se dijo:

(...) En torno a este punto debe tenerse en cuenta que, como se ha sostenido en repetidas oportunidades, la calificación jurídica de los hechos aducidos en el juicio no le corresponde a las partes sino al juez, quien en el desarrollo de dicha labor no se encuentra atado por los soportes normativos que se consignan en la demanda o en su contestación, de forma tal que puede determinar qué normas gobiernan la situación y cuál es su alcance, siempre y cuando las premisas fácticas sobre las cuales se fijaron los extremos de la litis, como en este caso, permanezcan inalteradas.

Frente al tema analizado, en la sentencia del 19 de octubre de 2011, rad. 42818, dijo la sala:

Es indiscutible que la misión principal del juez es la de realizar la voluntad concreta de la ley en un caso en particular, para cuyo cumplimiento goza de autonomía en sus decisiones, garantizada por el artículo 230 de la Constitución Nacional, que expresamente establece: “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley (…).

En este sentido el juez es autónomo al momento de la calificación jurídica de los hechos debatidos y demostrados en juicio y solo se encuentra limitado por los extremos de la litis que fijen las partes al inicio del proceso.

De esta manera, sobre una base fáctica impuesta por las partes desde la demanda y su contestación (extremos de la litis), puede moverse libremente el juez al momento de definir las consecuencias jurídicas que se desprendan de lo demostrado y debatido en juicio, sin que para ello se deba someter a las calificaciones que de los hechos hagan las partes, pues el llamado a interpretar y aplicar la ley es él.

Conforme con ello, el principio de congruencia o consonancia no se ve afectado porque en la sentencia el juez o tribunal se aparte de la calificación o connotación jurídica que sobre determinada realidad fáctica haga una de las partes, de modo que, en lo que atañe específicamente con la apelación, el tribunal solo estará sujeto a los temas que le proponga el apelante en su recurso, en aplicación del artículo 66 A del CPL, mas ello no quiere decir que deba someterse al análisis jurídico que ella le proponga sobre un tema en especial, pues el sentenciador es libre para encontrar e interpretar la norma aplicable al caso concreto, eso si, siempre que no se varíen los elementos constitutivos de la causa petendi que delimitan la litis. (CSJ S.L., 14 may. 2014, rad. 37169).

iv) Finalmente, que si de atacar la conclusión, según la cual no era posible limitar los efectos del reintegro hasta que se reconociera la pensión de invalidez del actor, ese es, en efecto, un asunto rigurosamente de puro derecho o jurídico, que no se podía derruir por la senda de lo fáctico, como erradamente lo propone la censura.

En consecuencia, el cargo carece de vocación de prosperidad.

IX. Cargo segundo

Por la vía directa, acusó la aplicación indebida del artículo 11 de la Ley 797 de 2003; los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993; el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, y el inciso 1º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; violaciones que se dieron como consecuencia de la infracción directa de los artículos 305 y 306 del CPC, en relación con el artículo 145 del CPTSS.

En su demostración, en esencia recordó que el marco de acción para un juzgador está determinado por los hechos y pretensiones, en el caso del demandante, y para el demandado, en los hechos constitutivos que aparezcan probados y que hayan sido alegados en la contestación de la demanda. Luego, al referirse en concreto a este conflicto, manifestó que el juez de apelaciones al imponer un condicionamiento a la reinstalación y a los aportes al sistema de seguridad social, léase pensión de invalidez, había decretado sin duda una excepción, que no tenía ningún fundamento probatorio, con lo cual se conculcaban los artículos 305 y 306 del CPC, citando jurisprudencia de esta corporación para apoyar su dicho.

X. Réplica

Señaló que la argumentación elaborada por la parte recurrente, en esta ocasión por la vía directa, incurría en dos errores que hacían que el cargo estuviera llamado al fracaso.

El primero, relativo a que en tratándose de la violación del principio de consonancia que debe existir entre la sentencia recurrida y las excepciones alegadas por el demandado, era necesario, para poder determinar si existió dicha violación, acudir a los documentos y piezas procesales en los cuales se hubiesen alegado o resultaren probadas dichas excepciones, lo que significa necesariamente, que el cargo debió formularse por la vía indirecta y no por la senda de lo jurídico. En segundo lugar, que no era cierto que el tribunal, al momento de limitar la orden de reintegrar al demandante, hasta la fecha de reconocimiento a favor de este de la pensión de jubilación, —léase de invalidez—, hubiera decretado de oficio “una excepción”, entendida esta como “un hecho de carácter modificatorio a las pretensiones” que debiese estar debida y legalmente probada dentro del proceso.

Expresó que la modificación que a la sentencia de primera instancia realizó el tribunal, no obedeció a que se hubiese dado por demostrado dentro del proceso, que el demandante se encontrase recibiendo una pensión de invalidez, sino a la circunstancia; esta sí completamente probada dentro del expediente, que el actor presentó una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, y que por tanto, podía ser acreedor de una pensión de invalidez, lo que, según la argumentación empleada por el tribunal, haría improcedente el reintegro y sus efectos económicos.

Que así las cosas, se debía concluir nuevamente, que esa era una argumentación de naturaleza jurídica que debió ser atacada por el censor por la vía directa, y no acudir a supuestas violaciones de normas procesales, en las que, como se vio, no incurrió ni pudo incurrir el tribunal.

Finalmente y sobre la jurisprudencia que recordó la impugnante, se debía resaltar que la misma no resultaba pertinente en el presente asunto, toda vez que se reiteró, no se trataba de la utilización como excepción, de una posible, eventual o futura pensión de vejez o de invalidez, o de la asunción de estos riegos por parte del sistema de seguridad social integral, sino de la consecuencia que frente a una pretensión de reintegro tenía la circunstancia, plenamente comprobada dentro del expediente, de que el trabajador presentó una discapacidad laboral superior al 50%, y que por tanto, tenía derecho a recibir una pensión de invalidez.

XI. Consideraciones

Debe señalarse que el cargo tiene falencias de orden técnico que lo conducen al fracaso.

La primera, se materializa en que la sentencia gravada tuvo como uno de sus soportes, las sentencias CSJ S.L., 7 feb. 2006, rad. 25130 y 15 jul. 2008, rad. 32532, así como la sentencias CC T-062 de 2007 y T-198 de 2006, brilla por su ausencia, ataque alguno que pretendiera derruir esos fundamentos de la sentencia impugnada, por lo que la misma seguiría manteniendo su intangibilidad y con ello naturalmente, la doble presunción que la acompaña; pues se recuerda que, es deber de quien pone en tela de juicio una sentencia de segunda instancia, destruir todos los soportes que tuvo el sentenciador de segundo grado para construirla, pues aunque se ataquen algunos y prosperen, si quedan otros que no se confutaron, la sentencia se mantendrá incólume sobre aquellos que no fueron atacados y destruidos, a través de las formalidades técnicas propias de este recurso extraordinario.

La segunda, en que no cumplió la recurrente con la obligación de ilustrar a la sala, en qué consistió la supuesta aplicación indebida en la que habría incurrido el tribunal, en relación con todas las normas que se citaron en la proposición jurídica y su incidencia en la sentencia acusada.

De pasarse por alto lo anterior, se observa que en el fondo de este cargo plantea en esencia el mismo argumento que se esgrimió para el primero, esto es, que le tribunal no estaba facultado para haber limitado el reintegro y sus efectos, así como el pago de los aportes al sistema se seguridad social, a un eventual reconocimiento de la pensión de invalidez al actor; solo que aquí enderezado a demostrar la violación medio de los artículos 305 y 306 del CPC, pero con fundamento en que, ello constituía una declaratoria oficiosa de una excepción, que desde luego vulneraba las citadas normas legales.

Es por lo anterior, que el mismo argumento que utilizó la sala para despachar desfavorablemente el primer cargo, sirve ahora para decidir la suerte del segundo; como quiera que, se itera, el juez, en este caso el de apelaciones, cuenta no solo con la facultad, sino la obligación de encuadrar, dentro de los límites que impone la apelación respecto de los hechos de los que se duela la apelante, de brindar a los contendientes la solución, tanto fáctica como jurídica del conflicto que se somete a su decisión. En tal virtud, ese juez plural debe, al margen de las disquisiciones de puro derecho que las partes invoquen, encontrar la norma o normas que a su juico le permitirán resolver dicho conflicto, e incluso apartarse de las que le señalen las partes; pues es su obligación acertar en la solución del pleito, que para este asunto lo fue limitando los efectos del reintegro y sus consecuencias, así como los aportes al sistema de seguridad social, al hecho de que se reinstalara o que se reconociera la pensión de invalidez al actor.

Basta lo anterior para rechazar el cargo.

XII. Cargo tercero

Por la vía directa, acusa la infracción directa del artículo 11 de la Ley 797 de 2003; los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993; el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, lo que condujo a la aplicación indebida del inciso primero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

En el desarrollo del cargo planteó que el juez de apelaciones admitió la eficacia del reintegro, sobre la base de la estabilidad reforzada de que trata el artículo 11 de la Ley 361 de 1997, empero que el tribunal impuso una condición de hacer que terminó por restringir en lo temporal el reintegro y sus efectos, que consistió en la imposibilidad de coexistir una prestación de servicio con una invalidez y la “consideración del otorgamiento de la dicha acreencia periódica por invalidez como una ‘causal de terminación’ del contrato de trabajo”; y con fundamento en ello, analizó los artículos 11 de la Ley 797 de 2003, y el 40 de la Ley 100 de 1993, para concluir que ninguna de esas normas impone talanquera alguna al disfrute de la pensión de invalidez, con lo cual quedaba demostrada la violación directa invocada.

Igualmente refirió el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, para afirmar su violación por parte del juez colegiado de alzada, pues de haberla aplicado y examinado, hubiera concluido que el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, sería una justa causa de despido, que no comporta la finalización del contrato de trabajo y rememoró la sentencia sin fecha CSJ S.l., rad. 27145.

XIII. Cargo cuarto

Por la vía directa, acusa la aplicación indebida del artículo 11 de la Ley 797 de 2003, los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993, artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, lo que condujo a la aplicación indebida del inciso primero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

En el desarrollo del cargo esgrimió idénticos argumentos a los vertidos para el cargo anterior, por lo que no se hará más referencia a ellos.

XIV. Cargo quinto

Por la vía directa, acusa la interpretación errónea del artículo 11 de la Ley 797 de 2003; de los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993; del artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, lo que condujo a la aplicación indebida del inciso primero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Como en efecto lo hizo para el tercer y cuarto cargo, en este la recurrente se limitó a trascribir los mismos argumentos que utilizó en los dos cargos en precedencia referidos, lo que releva a la Corte de resumirlos, pues como se dijo, son en extremo similares, por no decir que idénticos, y por ello, resulta innecesario hacer alguna mención adicional.

XV. Réplica

El opositor replicó los cargos tercero, cuarto y quinto en forma conjunta, de la siguiente forma:

Que en resumen, se podía afirmar que respectivamente en cada uno de los cargos, dependiendo de la modalidad de violación, se alegó que el tribunal incurrió en un desacierto de naturaleza jurídica, consistente en considerar que de las estipulaciones normativas mencionadas, se desprendía “que no es posible jurídicamente en el ordenamiento jurídico nacional la coexistencia de una relación de trabajo subordinada y una pensión de invalidez de origen común”.

La anterior inferencia estaba bastante lejos de ser la conclusión a la que arribó el tribunal, en torno a la pretensión de reintegro elevada por el accionante. En efecto, el tribunal nunca dijo que fuera jurídicamente imposible para un discapacitado pensionado por invalidez tener una vinculación laboral de carácter subordinado, sino que, dentro del estudio particular de la pretensión de reintegro por violación del fuero de salud, y teniendo en cuenta el grado de discapacidad que presentó el actor, resultaba no solo determinante, sino fundamental, para establecer el alcance y efectos de un eventual reintegro, la circunstancia de que, por esos mismo hechos en virtud de los cuales obtuvo el amparo por su incapacidad, le hubiese sido reconocida una pensión de invalidez.

Afirmó que para echar por tierra la argumentación esbozada por el tribunal, y que se enmarca dentro de la compleja temática del fuero por discapacidad que ha tenido un tratamiento diferenciado en la jurisprudencia de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, y también dentro de las particulares que presentan las causales de despido con justa causa consagradas en los numerales 14 y 15 de la sección A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no bastaba con sostener que los preceptos que el censor alega como violados, no consagraban la imposibilidad de que un pensionado por invalidez trabajara, sino que debía demostrar cómo o por qué, en casos como el presente, en el que el actor presentó una pérdida de su capacidad laboral superior al 50%, no resultaba jurídicamente acertado limitar una orden de reintegro, a la data en que le fuese sido reconocida una pensión de invalidez por esos mismos hechos.

Esta argumentación no fue desplegada por la recurrente, y por tanto, en virtud de la presunción de legalidad y de acierto que acompaña a todos los pronunciamientos judiciales, debía procederse a confirmar la sentencia recurrida.

Expresó que por el contrario desde el punto de vista jurídico, la decisión adoptada por el tribunal, aunque resultaba desacertada en cuanto a la concesión del amparo del fuero por discapacidad, teniendo en cuenta que cuando terminó el contrato aún no había sido el accionante calificado como tal, cuestión que sin embargo no puede ser discutida aquí por haber sido concedido el recurso extraordinario solo a favor de la parte demandante, resultaba acertada la decisión del tribunal, en cuanto a la fijación de un extremo temporal alternativo límite de la orden de reintegro y de sus efectos económicos, en la concesión de una pensión de invalidez por parte del sistema general de seguridad social a favor del demandante. Y que resultaba acertada la decisión adoptada en este sentido, por cuanto respetaba con plenitud los principios constitucionales que inspiran la institución del fuero o protección laboral reforzada de que gozan los trabajadores con discapacidad.

Pero además, y nuevamente como en el presente caso, lo anterior resultaba también ajustado a nuestro ordenamiento jurídico, cuando era claro que al actor le resulta físicamente imposible reintegrarse a la labor que se encontraba desempeñando (conductor), debido a su discapacidad, y que además, en atención también a la naturaleza y capacidad del empleador (persona natural), una reubicación en un cargo acorde con sus limitaciones, resulta de una dificultad extremadamente notoria.

XVI. Consideraciones

Como lo expresa la parte opositora, los cargos tercero, cuarto y quinto, si bien están dirigidos por la misma vía, por conceptos de violación diferentes, pero idéntico elenco normativo, persiguen demostrar que el tribunal incurrió en un dislate de naturaleza jurídica, consistente en considerar que las estipulaciones normativas enlistadas en la proposición jurídica de cada cargo, se desprendía: “que no es posible jurídicamente en el ordenamiento jurídico nacional la coexistencia de una relación de trabajo subordinada y una pensión de invalidez de origen común”, motivo por el cual serán decididos en forma conjunta.

En referencia a la supuesta violación de los artículos 11 de la Ley 797 de 2003, artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993, debe la sala señalar que no pudo el tribunal incurrir en los yerros jurídicos que le endilgaron, por cuanto en este proceso no fue materia de debate alguno, aspectos propios de la pensión de invalidez a que se refieren las disposiciones legales mencionadas, lo que encuentra total respaldo en la lectura simple de la demanda inicial del proceso, así como de la contestación que de ella se hizo; lo que además encuentra prueba en el hecho de que fue en sede de apelación que el tribunal estimó necesario limitar los efectos del reintegro al eventual reconocimiento de la pensión de invalidez, hecho que incluso ha aceptado la misma recurrente. Por manera que no existió la violación que se alegó.

Por todo lo anterior, se rechazan los cargos.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte recurrente demandante, por cuanto su acusación no salió avante y la demanda fue replicada por la demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.500.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

XVII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de febrero de 2010, por la Sala Quinta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral adelantado por Eduardo Miguel Garcés Bravo, contra Miguel Navas Meisel.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».