Sentencia SL13430-2016/48496 de septiembre 14 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL,

Rad.: 48496

Acta 34

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D. C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso La Nación - Ministerio de Minas y Energía contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2010, por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que la recurrente adelanta contra Armando Duarte Ramírez.

I. Antecedentes

La Nación Ministerio de Minas y Energía, demandó a Armando Duarte Ramírez para “que se declare que el valor de la pensión [que le reconoció] a partir del 24 de diciembre de 1999, se liquidó de manera errónea” y, en consecuencia, “se ordene la reliquidación de la pensión de jubilación (…) de manera que se tengan en cuenta con exclusividad los factores salariales causados en el último año de servicios, de conformidad con la Ley y la convención colectiva de trabajo vigente para la fecha del reconocimiento oficial de la prestación”.

Explicó que el demandado se vinculó con Minerales de Colombia S.A. el 22 de octubre de 1979, —sustituida por Minercol Ltda. y, esta, luego fusionada con Ecocarbón—; que para entonces se encontraba cobijado por la convención colectiva de trabajo vigente y que el contrato de trabajo terminó por renuncia a partir del 23 de diciembre de 1999, con el fin de devengar desde entonces la pensión convencional.

Adujo, que al demandado se le reconoció la pensión de jubilación en contravención de lo estipulado en el artículo 90 de la convención colectiva de trabajo vigente, en cuanto, de manera errónea, se incluyó como factor de liquidación de la base pensional la suma “$11’055.943 por concepto de primas de vacaciones correspondientes a los periodos 1997-1998 y 1998-1999” que si bien fueron pagadas en 1999, “no corresponden a lo realmente causado” en ese período anual, en el que la prima de servicios causada fue de $5’754.026.

Agregó que el I.S.S. le reconoció al demandante pensión de vejez a partir del 4 de septiembre de 2003, para ser compartida con la que le otorgó su antigua empleadora. (fls. 40 a 44).

Al dar respuesta a la demanda, Duarte Ramírez manifestó que algunos hechos debían probarse, sobre los demás dijo que no eran ciertos o que constituyen apreciaciones o consideraciones de la entidad accionante; que recibió de buena fe la prestación pensional, y que debe aplicarse el principio de favorabilidad. Se opuso a las pretensiones y en su defensa formuló las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido (fls. 58 a 64).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Séptimo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C. mediante fallo proferido el 2 de diciembre de 2009, previo análisis del caudal probatorio estableció, “que efectivamente en la liquidación de la pensión (…) se incluyó un rubro correspondiente a factor salarial causado en espacio temporal diferente al último año de servicios”, declaró probada la excepción de prescripción conforme a lo estipulado en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS, y absolvió a Armando Duarte Ramírez de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra e impuso las costas de la instancia a cargo de la entidad oficial demandante.

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de La Nación, la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia de 31 de mayo de 2010, confirmó la decisión de primer grado e impuso a la actora las costas de la alzada.

Comenzó por afirmar que al plenario está “probado (…) que el demandado fue pensionado (…) mediante Resolución 10 del 22 de marzo de 2000, en cuantía de 4´099.375, a partir del 24 de diciembre de 1999, fecha en que terminó el contrato (…) la cual fue reliquidada (…) en Resolución 29 del 24 de septiembre de 2003 a la suma de $4’585,617, a partir del día de reconocimiento”; que igualmente el ISS le reconoció pensión de vejez a partir del 4 de septiembre de 2003 en cuantía inicial de $2’284.448, compartible con la otorgada por la entidad oficial, así como la existencia del “error al incluir [en la base salarial para liquidar la pensión] un mayor valor del realmente causado por prima de vacaciones”.

A partir de la excepción de prescripción que declaró probada el a quo, afirmó que no hubo error en la sentencia apelada porque en la jurisdicción ordinaria laboral se deben tener en cuenta las reglas previstas en los artículos 488 del CST y 151 del CPT, mas no el numeral 2º artículo 136 del CCA, cuya “intemporabilidad aplica respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción que evidentemente es ajena a la competencia de la jurisdicción ordinaria, pues su conocimiento y trámite procede ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Consideró entonces que ese término prescriptivo corrió a partir del 22 de marzo de 2000, data en la que se expidió el acto administrativo de reconocimiento de la pensión de jubilación cuya reliquidación se impetró, en tanto no obra prueba al plenario que acredite su interrupción y en atención a que la demanda se presentó el 14 de junio de 2007.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos que fueron oportunamente replicados. La Sala estudiará únicamente el primero, en cuanto tiene la entidad suficiente para anular la sentencia fustigada.

VI: Cargo primero

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida, de los “artículos 151 del CPT y ss y 488 del CST, en relación con el artículo 136 del CCA modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, 461 —modificado por el artículo 190 del Decreto 1818 de 1998—, 467, 470 y 471 del C.S.T. —modificados los dos últimos por los artículos 37 y 38 del Decreto 2351—, artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, 123 de la Constitución Política y artículos 3º, 4º, 38, 68, 85 de la Ley 489 de 1998”.

Aduce la censura que no controvierte los siguientes supuestos fácticos que dio por acreditados el ad quem: (i) que Minercol y La Nación Ministerio de Minas y Energía son entidades públicas; (ii) que al demandado le fue reconocida una pensión de jubilación convencional; y (iii) “que en la base de liquidación de la pensión se incluyó lo correspondiente a la prima de vacaciones causada en un periodo anterior al último año del servicio (…)”.

En la demostración del cargo, afirma que el tribunal se equivocó al “declarar probada la excepción de prescripción y consecuentemente negar las pretensiones de la demanda”, porque no obstante admitir que la pensión cuya reliquidación se impetra implica el reconocimiento de prestaciones periódicas pagaderas con dineros del erario, estimó la inaplicación artículo 136 del CCA porque el demandado tenía la condición de trabajador oficial y porque el fenómeno de la prescripción trianual, en una acción ordinaria laboral, está reglada por lo dispuesto en el artículo 151 del CPT y SS.

Señala que es palmaria la aplicación indebida de los artículos 151 del CPT y SS y 488 del CST, por parte del ad quem, porque “las entidades públicas pueden demandar en cualquier tiempo los actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, lógicamente sin que haya lugar a recuperar las prestaciones reconocidas de buena fe”.

Trascribe extensamente la Sentencia CSJ SL 28601-2007, para señalar que esta Corporación ya se ha ocupado del tema y le ha dado aplicación al numeral 2 artículo 136 del entonces vigente CCA, porque de lo que se trata es de proteger el erario frente al pago de prestaciones periódicas a servidores, ya sea que se trate de trabajadores oficiales o de empleados públicos.

Al concluir, insiste en que las entidades públicas tienen la posibilidad “de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que hayan reconocido prestaciones periódicas”, y en que al plenario “se encuentra acreditado que en la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional al demandado se tuvieron en cuenta factores salariales no causados en el último año de prestación de servicio”.

VII. Réplica

Señala que el cargo no puede prosperar porque el tribunal no incurrió en ninguno de los yerros de los que se le acusa, dado que no se configuró la aplicación indebida de los artículos 151 del CPT y SS y del 488 del CST en razón a que el trámite procesal debió ventilarse conforme a las normas del proceso ordinario laboral y que, por tal motivo, el artículo 136 del CCA “no tiene existencia ni validez judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral”. Así mismo, aduce que la sentencia acusada se sujeta a los principios constitucionales y al bloque de constitucionalidad, porque en caso de duda sobre la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se impone el principio de favorabilidad en beneficio del pensionado.

VIII. Consideraciones

Son hechos indiscutidos en sede de casación: i) que Armando Duarte Ramírez tenía la calidad de trabajador oficial; (ii) que Minercol le otorgó pensión de jubilación convencional mediante Resolución 10 del 22 de marzo de 2000 a partir del 24 de diciembre de 1999; (iii) “la inclusión errónea de un factor salarial” en la liquidación de la pensión convencional concedida al demandado; y (iv) que La Nación Ministerio de Minas y Energía, actualmente tiene a cargo la obligación pensional en litigio.

En esas condiciones, le corresponde a la Sala dilucidar si en el sub lite operó el fenómeno prescriptivo de la acción previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT y SS o, si como lo propone la censura, en razón a que el litigio versa sobre obligaciones periódicas con cargo al erario, no opera la prescripción y puede demandarse en cualquier tiempo a la luz de lo dispuesto en el numeral 2º artículo 136 del entonces vigente CCA.

Pues bien, de los fenómenos jurídicos de caducidad y prescripción surgen claras diferencias, porque mientras la primera tiene un límite temporal de orden público que no se puede renunciar e incluso debe ser declarada de oficio por el juez en cualquier caso, la prescripción -también sujeta a temporalidad-, es renunciable, susceptible de interrupción o suspensión, y solo será objeto de pronunciamiento judicial cuando se proponga como excepción de fondo.

Otra variación es la que se pone de presente en este asunto, pues mientras que la caducidad está prevista para las acciones que se ventilan ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la prescripción es propia de los trámites del proceso ordinario laboral, de modo que, en uno y otro caso, los jueces están en el deber de aplicar con plena observancia de las formas procesales, las disposiciones adjetivas que de acuerdo con la naturaleza del litigio, la jurisdicción y la competencia corresponda.

Sin embargo, en caducidad y prescripción también convergen características que se impone destacar. De un lado, ambas figuras fueron establecidas por el legislador con la finalidad de generar seguridad jurídica de manera que las controversias se cierren e impidan la posibilidad de acudir indefinidamente ante la administración de justicia; por ello, una y otra, están sujetas a un límite temporal.

De otro, los dos fenómenos resultan inaplicables cuando quiera que se trate de iniciar acciones ordinarias para el reconocimiento de pensión o de su reliquidación por inclusión o exclusión de factores salariales, en tanto esa prestación es periódica o de tracto sucesivo. Por tal razón, el argumento jurídico de la recurrente según el cual “las entidades públicas pueden demandar en cualquier tiempo los actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, (…) sin que haya lugar a recuperar las prestaciones reconocidas de buena fe”, es totalmente acertado.

Frente a esta última característica que les es común, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en procesos en los que se ha discutido el reconocimiento, pago o reliquidación de obligaciones pensionales, legales o extralegales, que por su naturaleza son de tracto sucesivo, frente a los fenómenos de la prescripción trienal prevista en los artículos 488 del CST, 151 del CPT y SS, 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 de 1848 de 1969, y el de la caducidad de las acciones consagrada en el art. 136 del anterior CCA, ha dicho que sus contenidos no riñen entre sí, porque pueden demandarse sin limitación en el tiempo, tanto en la jurisdicción ordinaria laboral como en la contenciosa administrativa.

Así lo adujo en Sentencia CSJ SL 2136 de 2014 y en la CSJ SL 9455 de 2014, en la que reiteró lo expuesto en las providencias CSJ SL 34414 de 2009, CSJ SL 37168 de 2010 y en la CSJ SL 37864 de 2012, frente a la crítica de la censura que reclamaba la aplicación del numeral 2º artículo 136 del entonces vigente CCA, según el cual los actos que reconozcan prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los particulares.

Ratificó entonces la Corporación, que “el hecho de que los actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas puedan demandarse sin fijación en el tiempo, tampoco es extraño a la jurisdicción laboral ordinaria, pues el derecho público subjetivo de acción puede ejercitarse en cualquier tiempo, sin perjuicio, desde luego, de que aquellas prestaciones no reclamadas oportunamente, puedan verse afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción en caso de que la excepción correspondiente sea propuesta por quien pretenda beneficiarse de ella”.

En ese orden, claro como ha quedado que en las obligaciones pensionales pueden demandarse en cualquier tiempo, precisa reiterar que en el sub lite, quedó establecida “la inclusión errónea de un factor salarial” en la liquidación de la pensión convencional reconocida al demandado por la entidad oficial, y fue a partir de ello que la decisión de primer grado, confirmada por el tribunal, declaró la prescripción trianual mediante la cual se declaró la extinción del derecho a reclamar la reliquidación de la prestación para la exclusión de ese factor, con fundamento en lo previsto en los artículos 488 de CST, 151 del CPT y SS, en artículo 41 del Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Así las cosas, es precisamente frente a esa conclusión que se impone la razón de lado de la recurrente, en cuanto esta Sala en reciente Sentencia CSJ SL 8544 de 2016, por mayoría estableció, que así como no prescribe el derecho a la pensión, tampoco el de la reliquidación de los factores salariales de la base de su liquidación.

Si bien en el litigio que dio lugar a esa providencia demandó el beneficiario de la prestación con miras a obtener la inclusión de nuevos factores salariales en el cálculo de la base pensional, se impone que bajo el mismo criterio de la imprescriptibilidad se analice la pretensión de la Nación, encaminada a la exclusión de un factor que por error se incluyó en la liquidación del monto de la prestación reconocida al demandado.

En efecto, si un pensionado puede demandar la inclusión de nuevos factores salariales en la liquidación de su pensión, lógicamente, bajo el mismo criterio, una entidad tiene la misma facultad de solicitar la exclusión de un elemento salarial erróneamente incorporado, pues una y otra, son dos caras de la misma moneda.

Finalmente, frente al principio de favorabilidad que invoca el opositor demandado, habrá de decir la Sala que su tesis no tiene acogida, de una parte, porque tal principio tiene vocación de aplicación frente a dos normas que regulan una misma situación y se encuentran vigentes o, respecto de una sola que admita más de una interpretación razonable, ninguna de las cuales se configura en este caso, porque las instituciones jurídicas de la prescripción y de la caducidad, como ya se explicó, frente a obligaciones de tracto sucesivo no se contraponen en la medida que los derechos pretendidos pueden reclamarse en cualquier tiempo, a lo que hay que agregar que, al ser prósperas las pretensiones de la accionante, el beneficiario demandado no verá afectado su derecho al status de pensionado que como tal implica una condición imprescriptible.

Por lo visto, prospera el cargo. La Sala queda relevada de estudiar el segundo, porque perseguía idéntica finalidad.

Sin costas en sede de casación.

IX. Sentencia de instancia

Para resolver el recurso de apelación que formuló la demandante (fls. 186 a 189), la Sala parte de la conclusión incontrovertida del sentenciador de primer grado, en punto a que en la liquidación de la pensión convencional reconocida a Duarte Ramírez se incluyó erróneamente “un factor salarial” no previsto para tal fin en el acuerdo colectivo.

En efecto, el art. 90 de la Convención Colectiva de Trabajo (fl. 3 a 54 C. Convención) estableció con precisión el derecho a la “pensión mensual de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios” o, lo que es igual, a que el monto de la prestación equivale al 75% de lo causado en el último año de servicios.

Ahora, no siempre lo devengado durante el último año de servicio corresponde con lo percibido por el trabajador en ese mismo periodo, porque que bien puede suceder que lo que recibió comprenda el pago de derechos causados en periodos anuales anteriores, tal cual lo explicó esta Sala de la Corte en la Sentencia CSJ SL 12250 de 2015, al decir:

(…) una cosa es devengar o causar un determinado emolumento o derecho y otra cosa lo es percibirlo y recibirlo. Devengar según el Diccionario de la Real Academia Española es “Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título”, lo que se asimila a causar o dar lugar a algo; en cambio, cuando se habla de percibir, generalmente se asocia a recibir u obtener el pago de algo. Puede decirse entonces que todo lo percibido lo es porque ha sido devengado, pero no siempre lo devengado es o ha sido percibido.

La situación descrita se configuró en este caso, tal como lo refirió la accionante y no lo discutió el demandado a lo largo del proceso, a quien por error se le reconoció un monto pensional superior al que le correspondía porque se incluyó en la base de liquidación de la prestación, la suma de “$11’055.943 por concepto de primas de vacaciones correspondientes a los periodos 1997-1998 y 1998-1999”, que si bien fueron pagadas en 1999, “no corresponden a lo realmente causado”, durante ese año.

Bajo la anterior perspectiva, se tiene entonces que Duarte Ramírez en el último año de servicios percibió por concepto de primas de vacaciones $11.055.943; sin embargo, lo causado durante ese periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 1998 y el 23 del mismo mes de 1999 (fl.175) equivale a $5.754.026 (fl.176), mientras que la diferencia de $5.301.917 (fl.176) corresponde a lo que devengó entre el 22 de octubre de 1997 y 21 de octubre de 1998 (fl.176), en anualidad diferente a la consagrada en la norma convencional.

Ciertamente, de los actos administrativos de reconocimiento y reliquidación de pensión que emitió la demandante, en su orden, resoluciones 010 de 2000 y 05 de 2003 (fls. 6 a 9 y 10 a 11), se observa que la entidad pública incluyó la doceava parte del monto total de las primas de vacaciones percibidas en el último año de servicios en cuantía de $11.055.943, sin parar mientes en que el único guarismo que debió tener en cuenta para liquidar la prestación, corresponde a $5.754.026 por concepto de prima de vacaciones causada durante ese lapso, dado que la devengada en el año anterior (1997-1998) y que equivale a $5.301.917, no debió computarla.

Se concluye entonces, que la base salarial con la cual se reconoció la pensión a Duarte Ramírez incluyó erróneamente la prima de vacaciones devengada en el periodo 1997-1998, en cuantía de $5.301.917 y cuya doceava parte corresponde a $441.826. En este sentido se revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de la convención colectiva de trabajo para entonces vigente, se dispondrá la reliquidación de la pensión de jubilación, únicamente a partir de los factores salariales causados en el último año de servicios.

No obstante, no se le exigirá al demandado la devolución de los montos pagados de más, en la medida que fueron percibidos de buena fe y a partir del error en que incurrió la entidad oficial.

En estas condiciones, para efectos de la reliquidación de la primera mesada se tendrán en cuenta la prima de vacaciones devengada por Duarte Ramírez en el último año de servicios, de acuerdo con la información de folios 175 a 176, sin desconocer su carácter compartible con la de vejez a cargo del ISS desde septiembre de 2003, así:

lalalala
lalalala
 

En ese orden, de acuerdo con las operaciones de rigor que anteceden, se tiene que la base salarial que devengó el demandado durante el último año de servicios corresponde a $5.672.331, cuya tasa de reemplazo del 75%, conforme a lo estipulado en el art. 90 del acuerdo convencional, arroja que la mesada pensional a que tiene derecho el demandante desde el 24 de diciembre de 1999, equivale a $4’254.248; que la correspondiente al 2016 en curso, asciende a $10’284.314,45 y se disminuye a $6’247.810.34, en razón de su carácter compartible con la de vejez a cargo del ISS desde el 2003.

Costas en las instancias a cargo del demandando.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 31 de mayo de 2010 por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en del proceso ordinario laboral que la Nación - Ministerio de Minas y Energía adelanta contra Armando Duarte Ramírez.

En sede de instancia, REVOCA el fallo de primer grado y, en su lugar, dispone:

1. Declarar que el valor real de la pensión convencional a la cual tiene derecho Armando Duarte Ramírez a partir del 24 de diciembre de 1999, asciende a cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos. ($4.254.248).

2. Declarar que a partir del 1º del enero de 2016, el mayor valor de la pensión extralegal a cargo de La – Nación – Ministerio de Minas y Energía, reconocida respecto de la pensión de vejez otorgada por el I.S.S. al demandado, corresponde a seis millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos diez pesos con treinta y cuatro centavos ($6.247.810.34), conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Costas, como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.