Sentencia SL13454-2017/51890 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13454-2017

Rad.: 51890

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Acta 08

Bogotá, D. C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(...)

IX. Consideraciones

El censor presenta un reproche por la vía indirecta, esto es, discute las conclusiones fácticas y probatorias de la sentencia impugnada, pues considera que de haber verificado la verdadera duración de las vinculaciones de trabajo del actor con el demandado, se hubiese concluido que la omisión en la afiliación al sistema de seguridad social integral superó la mitad del total del tiempo laborado. Además, agrega que si se hubiese tenido en cuenta la edad del actor, se hubiera obtenido como conclusión que la afiliación efectuada de manera extemporánea, truncó su derecho pensional.

Revisada la decisión que se recurre, se observa que el tribunal tuvo por demostrado que la afiliación del accionante al sistema de seguridad social en pensiones ocurrió en agosto de 2000, y que el segundo contrato laboral entre las partes estuvo vigente entre el 1º de enero de 1994 y el 13 de febrero de 2006. De estos presupuestos fácticos concluyó que tal afiliación no fue “notoriamente extemporánea”, toda vez que se efectuó justamente en la mitad de la relación laboral, es decir, a los seis años y ocho meses de haber iniciado.

Al efectuar esta consideración, incurrió en error el juez colegiado, porque para establecer si la afiliación a la seguridad social en pensiones fue notoriamente tardía o no, solamente tuvo en cuenta la segunda de las vinculaciones laborales, y omitió considerar la relación de trabajo que existió previamente entre los años 1984 y 1986.

Esta equivocación se derivó, como lo afirma el censor, de la indebida apreciación de la sentencia proferida el día 6 de marzo de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería en proceso seguido entre las mismas partes. Decisión que fue decretada como prueba en el presente asunto y en la cual claramente se resolvió declarar la existencia de dos relaciones de trabajo entre las partes así: una, a partir del 1º de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1986 y otra, del 1º de enero de 1994 al 13 de febrero de 2006 (fls. 7 a 13).

Así las cosas, de la correcta valoración de este medio de prueba, la conclusión resulta distinta a la asumida por el juez de segundo grado, toda vez que la omisión en la afiliación del demandante superó más de la mitad del total del tiempo laborado, puesto que sumadas las dos vinculaciones entre las partes, se advierte que el tiempo de trabajo corresponde a 15 años 1 mes y 12 días, y si la afiliación se realizó en agosto de 2000, el incumplimiento del empleador en relación con este deber perduró por nueve años y ocho meses.

La diferencia entre lo considerado por el ad quem y lo que informa la prueba denunciada antes referida, resulta relevante para la definición del presente asunto, toda vez que tomando en cuenta el tiempo laborado no solo en el segundo, sino en los dos contratos que celebraron las partes, la afiliación del actor al sistema de seguridad social en pensiones sí resulta notoriamente extemporánea, y no le permitiría al empleador exonerarse de la obligación de asumir la pensión restringida de jubilación. Esto, teniendo en cuenta lo que ha considerado esta corporación en relación con la afiliación notoriamente tardía. Así, se señaló en Sentencia CSJ SL, 9 feb. 2010, Rad. 35995:

De otro lado, aun cuando es cierto que la afiliación del demandante al Instituto de Seguros Sociales, fue extemporánea, tal como lo asegura el recurrente, ya que no abarcó la totalidad del tiempo de ejecución de la relación laboral, esa circunstancia en este especial asunto, no conduce a derivar el derecho pretendido, por cuanto esa extemporaneidad no rebasa más de la mitad del tiempo laborado, conforme al criterio que en ese sentido precisó la Corte en sentencia del 31 de julio de 2002, Radicación 18016.

En la sentencia referida en tal providencia, esto es, CSJ SL 31 jul. 2002 Rad. 18016, se precisó:

Planteada así la controversia, considera la Corte que la razón está del lado del tribunal pues no es dable entender, como lo hace la censura, que es sólo la omisión absoluta de afiliación al sistema pensional de la seguridad social lo que acarrea la pensión restringida de jubilación y que por el contrario si dicho acto (la afiliación) se produce con antelación al despido, y en ese momento se encuentra vigente, no hay lugar a concederla, pues un entendimiento semejante no se compadece con el texto literal ni con el espíritu y filosofía del artículo 133 de la Ley 100 de 1993.

En efecto, cuando dicho precepto dice “El trabajador no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador”, no se está refiriendo, en modo alguno, únicamente al momento en que se produzca el despido, sino al desarrollo total de la relación de trabajo. Además el propósito perseguido por esa prescripción es inducir a los empresarios al cumplimiento cabal de sus deberes con la seguridad social, a fin de que se facilite el cumplimiento de los principios de universalidad y unidad de la seguridad social, so pena que les sea impuesta la pensión restringida de jubilación.

Desde esa perspectiva, entonces, la afiliación manifiestamente extemporáneamente al régimen de la seguridad social en pensiones conduce a que el empleador incumplido tenga que asumir el pago de dicha prestación, siempre que, por otro lado, se den los otros supuestos allí contemplados, sin que interese que al momento del despido se haya corregido la conducta omisiva y que esta enmienda se haya realizado con una importante antelación de tiempo a la terminación del contrato. De manera que no basta con constatar la situación del trabajador al momento del fenecimiento del vínculo o en los meses anteriores a tal hecho, como lo pregona el recurrente, sino la conducta del empleador, en lo atinente a sus deberes con la seguridad social, durante toda la relación, para deducir con fundamento en ello y en cada caso particular, si la afiliación resulta o no notoriamente extemporánea, como nadie lo puede dudar aquí, donde el tiempo de no afiliación estando obligado el empleador, rebasa mucho, pero mucho más de la mitad del tiempo trabajado. Con mayor razón ello tiene que ser así si se tiene en cuenta que la regulación de la pensión sanción que consagra el citado artículo 133 fue establecida desde el momento en que se expidió la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, si se advierte que en el presente asunto, la omisión en la afiliación superó la mitad del tiempo total de labores, resulta procedente el derecho pensional que se reclama, más aún si se tiene en cuenta que la afiliación efectuada en agosto de 2000 no logró surtir el efecto jurídico que persigue el sistema de seguridad social en pensiones, pues la demora en la vinculación al mismo truncó el derecho a la pensión del demandante.

Ésta conclusión se obtiene de la apreciación del registro civil de nacimiento del actor, que no fue valorado por el ad quem, pues de haberlo efectuado, hubiera encontrado que en razón a la edad de Manuel Dolores Aguirre Hernández, tal afiliación extemporánea le impidió reunir la densidad de cotizaciones requeridas por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, como pasa a explicarse.

Conforme el registro civil de nacimiento visto a folio 6 del expediente, y denunciado como prueba no apreciada por el censor, el actor nació el 22 de diciembre de 1944, por tanto, para el 1 de abril de 1994 momento en que entra en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con 49 años de edad, lo cual lo hacía beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la mencionada norma legal.

Ahora, al haber prestado sus servicios a Héctor Otero Herrera, persona natural particular, resultaría aplicable el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, conforme el cual, para acceder a la pensión de vejez se requiere acreditar 60 años de edad los hombres, y 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo o 500, en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

En este asunto, el actor cumplió 60 años de edad el 22 de diciembre de 2004 conforme su registro civil de nacimiento, por ende, pudo haber reunido 500 semanas de cotización entre el 22 de diciembre de 1984 y la mencionada data, pues durante todo ese lapso laboró al servicio del demandado Héctor Alejandro Otero Herrera.

En efecto, en relación con el primer contrato de trabajo (1º de enero de 1984 a 31 de diciembre de 1986), las cotizaciones válidas para alcanzar la densidad de semanas antes mencionada corresponderían a 104,14 semanas, esto es, del 22 de diciembre de 1984 al 31 de diciembre de 1986, tiempo que hace parte de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

Respecto de la segunda vinculación laboral (1º de enero de 1994 a 31 de diciembre de 2006), los aportes para pensión que el actor pudo haber reunido para cumplir con el mismo requisito antes mencionado, correspondían a 564,42 semanas, éstas comprendidas entre el 1 de enero de 1994 y el 22 de diciembre de 2004, fecha en que cumplió 60 años de edad.

Por tanto, de haber cumplido el empleador con su deber de afiliación del trabajador al sistema de seguridad social en pensiones de manera oportuna, le hubiese permitido reunir 668,56 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, y así acceder a la pensión de vejez.

Debe precisarse que la oportunidad para cumplir con la obligación de efectuar la afiliación, lo era desde el mismo momento en que se inició la prestación del servicio, esto es, desde el 1º de enero de 1984, pues para ese momento ya existía cobertura del ISS en Montería, y el demandante era un afiliado obligatorio en los términos del artículo 1º del Acuerdo 224 de 1966 conforme el cual, estaban sujetos al seguro social obligatorio para los riesgos de invalidez, muerte de origen no profesional y vejez, los trabajadores que en virtud de un contrato de trabajo, prestaran servicios a empleadores de carácter particular, siempre que no estuvieren excluidos por la ley o ese reglamento.

Sin embargo, como tal afiliación solo se produjo en agosto de 2.000, no le fue posible lograr tal densidad de cotizaciones, viéndose de esta manera truncado su derecho a la pensión de vejez, lo que implica que sea el empleador quien asuma la pensión restringida de jubilación que pretende el demandante.

Es menester recordar, que es criterio de esta corporación considerar que la afiliación del trabajador al sistema de pensiones que exonera al empleador del reconocimiento de la pensión restringida de jubilación debe ser una afiliación que produzca efectos jurídicos y que no es dable tener como tal aquella que se presenta de manera notoriamente extemporánea, con el solo objetivo de evitar el surgimiento de ese especial derecho prestacional. Empero, también se ha puntualizado que en aquellos eventos en que la afiliación a la seguridad social no se produce de manera notoriamente tardía, no es procedente la pensión restringida de jubilación, en cuanto ello no trunca el derecho del trabajador a obtener del sistema de seguridad social el derecho a la prestación por vejez y no indica un censurable interés del empleador de beneficiarse a última hora en desmedro de los intereses de aquél, tal como se consideró en Sentencia CSJ SL, 2 jun. 2009, Rad. 34427, citada posteriormente en Sentencia CSJ SL8306-2015 y CSJ SL8938-2015.

Por las anteriores razones, quedan en evidencia los yerros endilgados por la censura, toda vez que el tribunal dio por demostrado que la afiliación realizada en el mes de agosto de 2000, ocurrió en la mitad del tiempo de trabajo y que pese a ser extemporánea, no fue notoria y no le impidió al actor acceder a la pensión de vejez, cuando las pruebas denunciadas por el recurrente y aquí analizadas, dan cuenta de lo contrario.

En ese orden, le asiste razón a la censura, por lo que el cargo prospera y se debe casar la sentencia impugnada.

Dada la prosperidad de este cargo, la Sala se releva del estudio del segundo formulado con igual fin, esto es, cuestionar la conclusión que sobre afiliación notoriamente extemporánea había efectuado el tribunal.

X. Sentencia de instancia

Para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, se debe recordar que la última vinculación laboral del demandante finalizó el 13 de febrero de 2006, como da cuenta la sentencia proferida el 6 de marzo de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería en el proceso seguido previamente entre las mismas partes. En ese orden, la norma que regula la prestación pensional pretendida por el actor es el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que para la procedencia de tal derecho exige acreditar: i) la falta de afiliación del trabajador al sistema general de pensiones por omisión del empleador, ii) que el trabajador haya sido despedido sin justa causa y iii) que hubiese laborado para el mismo empleador durante diez años o más continuos o discontinuos.

Para establecer el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos en la norma en mención, se parte de la conclusión advertida en sede de casación, esto es, que la afiliación efectuada en agosto de 2000 al sistema general de pensiones, no surtió efectos para exonerar al empleador de la obligación de asumir la pensión sanción, dado que tal inscripción resultó notoriamente extemporánea. Por tanto, se cumple con la primera de las exigencias allí previstas.

Además, en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería el día 6 de marzo de 2009, ya mencionada (fls. 7 a 14) se estableció que Manuel Dolores Aguirre Hernández celebró dos contratos de trabajo verbales con Héctor Alejandro Otero: uno, a partir del 1º de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1986 y otro, del 1º de enero de 1994 al 13 de febrero de 2006, es decir, un total de 15 años 1 mes y 12 días, y se determina que la última vinculación laboral finalizó por decisión unilateral del empleador sin que existiera justa causa para ello, presupuestos que le permiten acreditar el tiempo requerido y la forma de finalización del vínculo exigidos legalmente para acceder a esta pensión restringida de jubilación.

Por tanto, le asiste razón al apelante al advertir la procedencia de la prestación reclamada, razón por la cual se revocará la sentencia de primer grado, para en su lugar, condenar al demandado al reconocimiento de la pensión restringida de jubilación a favor del demandante, a partir del 13 de febrero de 2006, fecha en que fue despedido sin justa causa luego de más de 15 años de labores discontinuas y para la cual, contaba con la edad contemplada en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993.

En relación con el monto de la referida pensión, se tiene en cuenta que en sentencia proferida en proceso judicial anterior seguido entre las mismas partes, al que se ha hecho referencia en esta sentencia, se definió que la remuneración devengada por el accionante correspondía al salario mínimo legal mensual vigente.

Ahora, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, la cuantía de la pensión sanción es directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida. Efectuada la correspondiente operación aritmética en los términos dispuestos por esta norma, se establece que por los 15 años 1 mes y 12 días laborados corresponde una pensión restringida equivalente al 69.87% de la pensión de vejez, lo que arroja una mesada pensional inferior al salario mínimo legal mensual vigente, y como quiera que el artículo 35 de la Ley 100 de 1993 prohíbe el reconocimiento de una pensión inferior a este monto, se condenará en suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

Esta prestación deberá reconocerse y pagarse junto con las dos mesadas adicionales al año de conformidad con el parágrafo transitorio 6° del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que la prestación se causa antes del 31 de julio de 2011 y equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. Así mismo, deberán otorgarse los incrementos legales anuales y se autorizará al empleador a realizar los descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud que estarán a su cargo.

Intereses de mora

Dado que la naturaleza de la prestación que se ordena reconocer es sancionatoria, no resultan procedentes los intereses pretendidos en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, se accederá a la súplica subsidiaria, esto es, ordenar el pago indexado de las mesadas pensionales adeudadas.

Excepciones

En la contestación de la demanda se propone la excepción de prescripción, y aunque el derecho a la pensión no se afecta por este fenómeno, las mesadas sí prescriben. En este orden, dado que el derecho se hizo exigible el 13 de febrero de 2006 y la demanda fue presentada el 10 de agosto de 2009 (fls. 1 cuaderno 1), de conformidad con el artículo 151 del CPTSS, se afectan por la prescripción las mesadas causadas con una antelación superior a los 3 años desde el momento de la reclamación, esto es, anteriores al 10 de agosto de 2006. En estos términos se declarará probada parcialmente esta excepción, y se ordenará el pago de la pensión a partir de la mencionada fecha, además de las mesadas adicionales y los reajustes legales. Se autoriza al empleador a efectuar los descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sin costas en casación y en sede de instancia, dado que el recurso extraordinario prosperó, así como el recurso de alzada. Las costas de primera instancia estarán a cargo del demandado.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 8 de marzo de 2011 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso que Manuel Dolores Aguirre Hernández adelanta contra Héctor Alejandro Otero Herrera.

En sede de instancia, se REVOCA la decisión de primer grado, y en su lugar, resuelve:

1. Condenar al demandado Héctor Alejandro Otero Herrera a reconocer la pensión restringida de jubilación a favor de Manuel Dolores Aguirre Hernández, cuyo pago efectivo lo será a partir del 10 de agosto de 2006, en cuantía equivalente a un salario mínimo legalmente vigente, junto con las mesadas adicionales y los reajustes legales. Se autoriza al empleador a efectuar los descuentos con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Condenar al demandado a efectuar el pago indexado de las mesadas pensionales adeudadas.

3. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con antelación al 10 de agosto de 2006.

4. Absolver al demandado de las demás pretensiones de la demanda.

5. Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».