Sentencia SL13585-2016/46257 de septiembre 14 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46257

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 34

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Aspira que la Corte case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos que pese a estar dirigidos por vías distintas, denuncian el mismo elenco normativo, persiguen idéntica finalidad y fueron objeto de réplica oportuna por parte de la demandada.

VI. Cargo primero

Acusa la violación directa de la ley, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPT y SS, “violación medio” que condujo a la trasgresión de los artículos 13, 14, 57-4, 59-1, 127, 128, 260, 263, 340, 342 y 467 del CST., “por inaplicación”, en armonía, con el artículo 136-2 del CCA, en relación con el Decreto 807 de 1994, 7, 97, 104, 109, 118 y 124, “lo que condujo a desconocer” el Decreto 62 de 1970 en armonía con el artículo 1º del Decreto-Ley 2027 de 1951 y los artículos 9º, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 55, 259, 266, 470, 476, 477 y 479-2 del CST y el artículo 55 del Decreto 1760 de 2003 “dentro de los parámetros fijados” por los artículos 1º, 2º, 4º 11, 13, 25, 29, 3, 39, 48, 53, 55, 58 y 336 de la CP.

En la demostración del cargo, en síntesis, luego de transcribir en lo fundamental la sentencia recurrida y con amplio apoyo en jurisprudencia de las altas cortes, a través de la cual se ha dejado sentado que el derecho a la pensión es imprescriptible, señala que no obstante ello, el ad quem consideró que sí prescribió la acción para reclamar su reliquidación con la inclusión de nuevos factores salariales que la demandada no tuvo en cuenta al liquidar la base salarial de la prestación de sobrevivientes que le otorgó a los recurrentes.

Afirma que “la pensión por sustitución es un derecho de carácter irrenunciable e imprescriptible. Son las mesadas pensionales las que prescriben, en razón de su naturaleza periódica o de tracto sucesivo; por esta razón, en este caso no ha operado el fenómeno de la prescripción y en consecuencia los demandantes tienen derecho a que la pensión por sustitución reconocida por Ecopetrol S.A., con ocasión de la muerte de su esposo y padre, se reliquide, teniendo en cuenta todos los factores salariales que él devengó en el último año laborado”.

VII. Réplica

Al rechazar el cargo aduce, que la sentencia atacada no incurrió en la interpretación errónea que le atribuye la censura, en tanto su decisión está conforme a la doctrina probable de la Corte, que sobre la prescripción de los factores salariales para obtener la reliquidación pensional, se ha construido “desde hace 20 años”.

VIII. Consideraciones

Si bien es cierto a partir de la Sentencia CSJ SL de 15 julio de 2003, radicado 19557 —soporte fundamental de la decisión recurrida, reiterada en múltiples ocasiones—, el criterio mayoritario de esta sala apuntaba a que las acciones encaminadas al reajuste de las pensiones por inclusión de factores salariales se afectaban con el fenómeno de la prescripción extintiva, de conformidad con lo prescrito en los artículos 151 del CPT y 488 del CST, también lo es que esa línea jurisprudencial cambió a partir de la Sentencia CSJ SL 8544 de 2016.

En efecto, en aquella ocasión en la que el demandante pretendió la inclusión de nuevos factores salariales en la base de liquidación de la pensión que le reconoció su empleadora, la sala por mayoría adoctrinó, que así como no prescribe el derecho a la pensión, tampoco el de reliquidación de la prestación.

Dijo entonces la corporación:

“Para ese propósito, es conveniente empezar por recordar que, de acuerdo con el artículo 48 de la C.P., la seguridad social es un derecho subjetivo de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que, en tanto derecho subjetivo, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción y, en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.

Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa.

En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacción in toto, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y practicables.

En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.

Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de derecho.

Aunque podría sostenerse que al prescribir los derechos crediticios que emanan de las relaciones de trabajo, éstos desaparecen del mundo jurídico y, por ello, no pueden ser tenidos en cuenta para otros efectos legales, incluidos los pensionales; tal tesis presenta el serio inconveniente de no distinguir y ofrecer un tratamiento particular a dos cuestiones que son bien diferentes: (i) el salario como retribución directa del servicio en el marco de una relación de trabajo, y (ii) el salario como elemento o factor establecido por la ley para la liquidación de las pensiones.

En la primera hipótesis, es claro que el salario constituye un derecho crediticio sujeto a las reglas generales de prescripción previstas en los artículos 151 del CPT, 488 del CST y 41 del Decreto 3135 de 1968; en la segunda, el salario se redimensiona y adquiere otra calidad, pues deja de ser un derecho patrimonial y se convierte en un elemento jurídico esencial de la pensión.

Naturalmente, esta reconsideración del salario como elemento jurídico consustancial de la pensión, apareja su imprescriptibilidad, pues ya deja de ser un referente aislado para integrarse en la estructura de la prestación pensional y formar con ella un todo indisoluble.

Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la sala en el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, 19 may. 2005, rad. 23120; CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 28552; CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 40993; CSJ SL6154-2015).

En este orden de cosas, debe entenderse que así como no son susceptibles de desaparecer por prescripción extintiva esas cuestiones innatas de la pensión, tampoco deben serlo los factores salariales, pues tanto unos como otros son elementos estructurales y definitorios de la prestación, por manera que, en la actualidad no existe un principio de razón suficiente para seguir sosteniendo la prescriptibilidad del reajuste por inclusión de nuevos factores salariales.

Adicional a esta crítica y a la consideración de la imprescriptibilidad de la acción de revisión pensional por inclusión de factores salariales, esgrimida con apego en el carácter inalienable del derecho fundamental a la pensión, salen en defensa de la tesis que hoy acoge la sala, los siguientes argumentos:

1. La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos.

(…)

En este orden de ideas, las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su status de pensionado y se defina el valor real de su pensión, teniendo en cuenta que este último aspecto es una propiedad indisoluble de la calidad que les otorga el ordenamiento jurídico.

2. El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción, y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.

(…)

La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho. En cambio, en relación con cada una de las mesadas pensionales, en tanto expresiones económicas de la situación jurídica de pensionado, sí puede sostenerse su exigibilidad, para, a partir de allí, empezar a contar el término trienal de prescripción.

3. La postura jurisprudencial que hoy nuevamente se retoma tiene la bondad de superar una situación de desigualdad procesal en el tratamiento que la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa le venía ofreciendo a las personas que solicitaban la revisión de sus pensiones por defectos o incorrecciones en su liquidación.

(…)

4. Por último, debe subrayarse que la postura de la sala, antes que atentar contra el principio de la seguridad jurídica, termina afianzándolo, puesto que las condiciones de seguridad y certeza en el derecho existen cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.

Adicionalmente, a la realización de la seguridad jurídica, en tanto valor complejo del derecho, no solo se contribuye cuando se definen con presteza los conflictos jurídicos, sino, primordialmente, cuando éstos son resueltos en los precisos términos normativos, teniendo en cuenta todas las salvedades y reservas que la Constitución y la ley consagren, de modo tal que el ciudadano y demás participes del sistema tengan certeza y puedan prever sus condiciones objetivas de aplicación por parte de los jueces”.

Bajo esta doctrina, mutatis mutandis, aplicable al sub lite, en el que se cuestiona la prescripción de la acción encaminada a obtener la reliquidación de la base pensional con nuevos factores salariales que, al decir de la censura, no fueron incluidos por la accionada cuando liquidó la mesada pensional que le reconoció a los demandantes, se concluye que el tribunal incurrió en la interpretación errónea de la que se le acusa, pues como se vio, la acción y el derecho que le da sustento al reajuste de las pensiones por inclusión de factores salariales, es imprescriptible.

El cargo prospera.

La sala queda relevada de estudiar el segundo cargo, en cuanto tienen idéntica finalidad.

Sin costas en casación.

IX. Sentencia de instancia

Para resolver la apelación de la parte demandante (fls. 434 a 438), en lo que al tema de la prescripción corresponde, bastan las consideraciones expuestas en sede de casación, razón por la que se revocará el ordinal primero de la sentencia de primera instancia.

En punto al debate circunscrito a la inclusión de nuevos factores salariales en la base de liquidación de la pensión de sobrevivientes reconocida a los demandantes, precisa la sala que no son objeto de discusión los siguientes supuestos: (i) los extremos de la relación laboral que se surtió entre la demandada y el causante; (ii) que Ariza Iglesias falleció el 21 de diciembre de 1997; (iii) la condición de cónyuge e hijos de los demandantes, y (iv) que Ecopetrol les reconoció a los accionantes la pensión de sobrevivientes prevista en el parágrafo 1º del artículo 112 de la convención colectiva de trabajo

Pues bien, la citada cláusula convencional, es del siguiente tenor:

Artículo 112. Los trabajadores de la empresa que hayan laborado para esta en forma continua o discontinua durarte siete (7) años o más y padezcan de una incapacidad permanente total, o de gran invalidez, sea cual fuere el origen de dicha incapacidad, tendrán derecho a disfrutar de una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, proporcional al tiempo servido y sin consideración a la edad, de conformidad con Decreto 807 de 1994.

Parágrafo 1º. Igualmente, cuando un trabajador fallezca al servicio de la empresa habiendo laborado para ésta durante siete (7) años o más y menos de veinte (20). se le reconocerá una pensión especial vitalicia de jubilación proporcional al tiempo laborado a su cónyuge sobreviviente o compañera permanente y a sus hijos legalmente reconocidos debidamente inscritos como familiar, que sean menores de diez y ocho (18) años y mayores de edad pero incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez.

Parágrafo 2º. Cuando un trabajador con una antigüedad inferior a siete (7) años de servicio, fallezca en accidente de trabajo, sus familiares recibirán el equivalente a diez (10) meses de salario adicional a los seguros ya existentes.

En ese orden, el monto de la pensión a que tienen derecho los accionantes corresponde al “setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios” por el de cujus o, lo que es igual, el monto de la prestación equivale al 75 % de lo causado en el último año de servicios.

Ahora, no siempre lo percibido durante el último año de servicio corresponde con lo devengado por el trabajador en ese mismo periodo, porque bien puede suceder que lo que recibió comprenda el pago de derechos causados en periodos anteriores, tal cual lo explicó esta sala de la Corte en la Sentencia CSJ SL 12250 de 2015, al afirmar que:

(…) una cosa es devengar o causar un determinado emolumento o derecho y otra cosa lo es percibirlo y recibirlo. Devengar según el Diccionario de la Real Academia Española es “Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título”, lo que se asimila a causar o dar lugar a algo; en cambio, cuando se habla de percibir, generalmente se asocia a recibir u obtener el pago de algo. Puede decirse entonces que todo lo percibido lo es porque ha sido devengado, pero no siempre lo devengado es o ha sido percibido.

Bajo la anterior perspectiva, para aclarar el tema objeto del litigio, ha de tenerse en cuenta que el último año de servicios prestados por Ariza Iglesias a Ecopetrol se configuró entre el 22 diciembre de 1996 y el 21 del mismo mes de 1997; luego, solo se computaron los factores que convencionalmente (fls. 105 a 267 cdno. 1) tienen incidencia salarial, y que fueron “devengados” por el causante en ese período, a efectos de determinar cuál es la base de liquidación de la pensión cuya reliquidación se impetra.

Las diferencias que surgen entre la liquidación que efectuó la empresa con fundamento en el acuerdo convencional (fls. 77 y 83 a 86 cdno. 1) y la que propone la apoderada de los accionantes (fls. 4 a 22 cdno. Corte), reflejan lo siguiente:

ConceptoBase de liquidación tenida en cuenta por Ecopetrol
(fls. 77 y 83 a 86)
Base reclamada por los actores
(Fs. 4 a 22 C. Corte)

Diferencias
Salario
(tiempo regular)
$ 6.830.984$ 6.830.984 
Trabajo dominical, festivo, hora extras y rec. nocturno$ 1.344.610$ 1.344.610 
Vacaciones en tiempo$ 400.000.$ 668.049$ 268.049
Permiso remunerado$ 43.507$ 43.507 
Auxilio por enfermedad$ 21.753$ 21.753 
Prima convencional$ 1.028.034$ 1.028.034 
Prima de vacaciones (28 días)$ 609.097$ 826.627$ 217.530
Prima de ant. (12 días)$ 304.548$ 304.548 
Subsidio de arriendo$ 851.463$ 851.463 
Subsidio de transporte$ 714$ 714 
Subsidio de alimentación $ 773$ 204.279$ 203.506
Total$ 11.435.483$ 12.124.568 
Promedio mensual$ 952.957$ 1.010.380 

En ese orden, solicitan los demandantes la reliquidación de tres factores: (i) vacaciones, (ii) prima de vacaciones y (iii) subsidio de alimentación, cuya procedencia entra a verificar la Sala, con fundamento en la documental que obra al plenario.

En cuanto al primer concepto —las vacaciones tienen incidencia salarial a efectos de liquidar la pensión por ministerio de la convención colectiva—, la parte actora pretende que se le tome la totalidad de lo pagado al señor Ariza Iglesias el 15 de agosto de 2007 que fue de $ 400.000 (fl. 60), más lo causado por dicho concepto en la liquidación del vínculo laboral que ascendió a $ 268.049 (fl. 337), que genera un total de $ 668.049.

Empero, tal pretensión no está llamada a prosperar, en tanto el primer guarismo, si bien es cierto fue pagado en el último año de servicios —15 de agosto de 1997— no pertenece en su integridad a lo causado en dicho interregno, sino al periodo que va del mes de julio de 1996 al mismo mes de 1997, esto es, incluye los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y los 21 días del mes de diciembre de 1996, que están por fuera del último año de labores del causante que, se itera, fue del 22 de diciembre de 1996 al 21 de diciembre de 1997.

Dicho de otra manera, el valor que se debe tener en cuenta por concepto de vacaciones, es el causado única y exclusivamente entre el 22 de diciembre de 1996 y el 21 de diciembre de 1997, que corresponde precisamente al que tuvo en cuenta Ecopetrol para liquidar la pensión, suma en la cual está incluido el monto de $ 268.049 generada con la liquidación final del contrato de trabajo.

Aceptar la tesis de la censura, implicaría tomar un periodo superior al fijado por la norma extralegal para efectos de determinar el IBL pensional, esto es el que va de julio de 1996 al 21 de diciembre de 1997, cuando dicho precepto es claro en señalar que para tales efectos, debe tener en cuenta lo devengado en el último año de servicios.

La anterior argumentación sirve también para negar la pretensión tendiente a reajustar el valor de la pensión de sobrevivientes, con fundamento en la “prima de vacaciones”, pues la suma que por tal concepto tuvo en cuenta la demandada para calcular dicha prestación (fls. 77 y 83 a 86) es la que corresponde a la devengada por el causante en el último año de servicios. De ahí que al valor pagado por dicho concepto en la liquidación del contrato de trabajo $ 217.530 (fl. 337) no se le puede adicionar la totalidad de lo cancelado el 15 de agosto de 1997 $ 609.097 (fl. 60), en tanto esta suma corresponde a la suma causada causado entre el mes de julio de 1996 y el mismo mes de 1997.

Tampoco hay lugar a la condena impetrada para reliquidar la base pensional a partir de lo devengado por Ariza Iglesias por concepto de “subsidio de alimentación”, dado que la suma de $ 773 (fls. 77 y 83 a 86) que le canceló Ecopetrol corresponde a lo causado durante la segunda quincena de diciembre de 1996 hasta el 21 del mismo mes de 1997, tal y como se refleja en los desprendibles de nómina que obran a folios 44 a 68 y 70 del plenario y conforme lo consagra el literal a) del artículo 59 de la convención, según el cual, el ex trabajador tenía derecho a consumir alimentación “a razón de cinco $5.oo por comida” y se le reconocía “la suma de cuatro 4.oo como subsidio”.

Otros beneficios consagrados en el antedicho artículo 59 convencional, tales como los que durante el último año de servicios devengó Laureano Ariza Iglesias por concepto de “subalimentación” a razón de $3.202 por trabajar en “turnos” especiales, no pueden tenerse en cuenta a efectos de determinar la base de liquidación pensional, en cuanto conforme a lo dispuesto en el parágrafo de la norma convencional en cita, dichos “subsidios (…) no tienen incidencia salarial”.

En esas condiciones, no hay lugar a condenar a la reliquidación de la mesada pensional reconocida por Ecopetrol a los demandantes, de modo que en ese aspecto se confirmará la sentencia de primera instancia.

Sin costas en la segunda instancia, las de primera a cargo de los demandantes.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que Alba Cecilia López Maurello en nombre propio y en representación de sus hijos Cristóbal Germán y Laureano Enrique Ariza López, adelanta contra Ecopetrol.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia de 30 de abril de 2009, proferida por el Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción de la acción para la reliquidación pensional por inclusión de nuevos factores salariales y, en su lugar, la declara no probada.

2. CONFIRMAR el ordinal segundo, en cuanto absolvió a Ecopetrol S.A. de las pretensiones formuladas en su contra por Alba Cecilia López Maurello, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Cristobal Germán y Laureano Enrique Ariza López.

3. Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».