Sentencia SL1365-2018/56759 de abril 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 2

Rad.: 56759

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

Acta 11

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende se case la sentencia de segunda instancia, para que, constituida la Corte en sede de instancia, revoque la del Juzgado y acceda a las pretensiones, incluida una indemnización por despido injustificado (fls 11 y 12, cdno. de casación).

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación el cual fue oportunamente replicado.

VI. Cargo único

Plantea lo siguiente:

Acusamos la sentencia que se impugna de violar de manera DIRECTA, en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA la ley sustancial, entre la cuales se encuentran los artículos 34, 35 del CST.; artículos 1º, 5º y 6º del Decreto 468 de 1990, en concordancia con los artículos 71, 74, 77 de la Ley 50 de 1990; artículos 10, 22, 23, 24, 43, 143, 467, 471 del CST y los artículos 13 y 53 de la Carta Política.

La violación de las normas sustanciales que le hemos endilgado a la sentencia que se impugna, son fruto de la valoración equivocada del acervo probatorio acercado al juzgado como anexos de la demanda y en la contestación de la demanda, así como de las pruebas evacuadas por el a quo, lo que conllevó al H. tribunal a incurrir en ostensibles errores de hecho (fl. 13, ibídem).

Identifica como tales yerros fácticos, los siguientes:

Primero: No haber dado por demostrado, estándolo, que entre la empresa Monómeros S.A. y el señor Wilfrido Algarin Torres existió un contrato de trabajo a término indefinido en virtud de la aplicación del principio mínimo primacía de la realidad sobre las formalidades.

Segundo: Haber dado por demostrado, sin estarlo, que entre la empresa Monómeros S.A. y el señor Wilfrido Algarin Torres, no existió un contrato de trabajo a término indefinido que deviene de la aplicación del principio constitucional denominado primacía de la realidad sobre las formalidades.

Tercero: Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la precooperativa (sic) de trabajo asociado Metalmec PC TA, ostentó la calidad de contratista de la empresa Monómeros S.A.

Cuarto: Haber dado por demostrado, sin estarlo, que las empresas Imserin Ltda., Moscub Ltda. y Proyser Ltda. en la contratación con Monómeros SA se desempeñaron como contratistas de la empresa Monómeros S.A.

Quinto: Tener por probado, sin estarlo, que la precooperativa (sic) de trabajo asociado Metalmec PCTA era la propietaria de los medios materiales de labor con los cuales ejecutaba los servicios a la empresa Monómeros S.A.

Sexto: No dar por demostrado, estándolo, que el convenio de asociación entre el actor y la precooperativa (sic) de trabajo asociado, era una ficción que nunca podrá superar la realidad contractual.

Séptimo: No dar por demostrado, estándolo, que la precooperativa (sic) de trabajo asociado estaba realizando una tarea de suministro de personal a la empresa Monómeros S.A.

Para efectos de la demostración del cargo, argumenta que el tribunal, de las pruebas que analizó, concluyó que las otras empresas demandadas ostentaron la calidad de empresas contratistas de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., por lo que no le otorgó el valor probatorio que ellas merecen; que con la manifestación que hizo el juzgador, en el sentido de que “No es un hecho discutido dentro del proceso que el señor Wilfrido Algarin Torres laboró prestando sus servicios en la empresa demandada Monómeros S.A. a través de la empresa”, quedó demostrado el primer elemento del contrato de trabajo, es decir, la prestación personal del servicio; que el segundo elemento de ese vínculo se desprende de los comprobantes de pago de nómina de folios 63 a 345 del plenario; que prestó servicios continuos a esa sociedad; que la subordinación la demuestra la documental de folios 51, 374 y 375 ibídem, así como las declaraciones de Heriberto Reyes Díaz, José Vilar y Rafael Pérez Torres.

Sostiene, que en cuanto a Metalmec, no se incorporó la foliatura referente al objeto social, como tampoco se acreditó la realización del curso de cooperativismo, sin el cual, no podía ser socio cooperado; que a folio 1036, aparecen las generalidades de la empresa Inserim Ltda., que demuestran que era una empresa suministradora de personal para Monómeros Colombo Venezolanos S.A., no una contratista independiente.

Concluye que,

Se desprende del acervo probatorio que el actor prestó sus servicios a Monómeros ejerciendo siempre el mismo cargo de técnico máster en las actividades de mantenimiento de la planta ejecutando labores como mecánico. La falta de una correcta apreciación de las pruebas por parte del H. tribunal lo llevaron a incurrir en los ostensibles errores de hecho que le hemos endilgado a la sentencia que se impugna, identificados como los errores tercero, quinto, sexto y séptimo.

Si el tribunal hubiera valorado en su verdadero alcance el acervo probatorio aportado por las partes y las pruebas testimoniales evacuadas por el juez primario, hubiera aplicado el principio mínimo constitucional “PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES”, por ende habría llegado a la inconcusa verdad de que en realidad existió un contrato de trabajo realidad entre Wilfrido Algarin Torres y la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a término indefinido, con las consecuentes prestaciones sociales legales y extralegales que este conlleva y que fueron solicitadas en el líbelo demandatorio (fls. 15 a 35, ibídem).

VII. Réplica

Manifiesta que se orienta el cargo por la vía directa, que supone conformidad con la valoración probatoria, pero cuestiona las consideraciones fácticas de la sentencia; que el censor no señala qué pruebas fueron apreciadas o no valoradas por el tribunal y, por ende, cuáles fueron los errores de este en su apreciación; que, sin embargo, si por salvar el cargo orientado por la vía directa, se entendiera que se trató de un lapsus calami del recurrente y que la verdadera orientación del censor era la vía indirecta, también se observan otros yerros que conllevan a la desestimación de la acusación, tales como que: (i) en el cargo no se indican las pruebas en que se fundan los errores de hecho imputados al juez colegiado, y (ii) no señala en qué consistieron las deficiencias en la apreciación probatoria de las pruebas calificadas, y las no valoradas, o las erróneamente apreciadas por parte del ad quem, máxime cuando el recurrente siempre se refiere a las pruebas de manera general, como si se tratara de un alegato de instancia.

Agrega que, en todo caso, no se presentan los errores imputados al tribunal, pues se encuentra totalmente acreditado que ninguna de las empresas demandadas es una empresa de servicios temporales, ni actuó como tal, y que todas fungieron como contratistas independientes, en el marco del artículo 34 del CST, lo cual impide el éxito de la impugnación (fls. 59 y 60, cdno. de casación).

VIII. Consideraciones

Debe recordar la Sala al impugnante que el recurso de casación tiene la naturaleza de extraordinario, entre otras razones, porque su formulación debe sujetarse a unos parámetros formales básicos, que están fijados en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, en relación con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, los cuales también ha depurado la jurisprudencia, precisando, incluso, que su exigencia busca dotar de orden y racionalidad el debate de legalidad respecto del segundo fallo, que con él se propone, en procura de anular este.

A partir de lo anterior, se ha explicado, además, que las exigencias de orden técnico que aquellas normas adjetivas contienen, para que el planteamiento del recurso de casación, no constituyen un culto a las formas, sino la realización del debido proceso judicial en la actuación ante la Corte, como lo exige el artículo 29 constitucional.

En efecto, en Sentencia CSJ SL4281-2017, la corporación señaló:

Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

Se sienta lo anterior, porque revisado el desarrollo del cargo, se evidencia como también lo advirtió la réplica, que la censura incurrió en su planteamiento, en notorias deficiencias de técnica, que compromete su estimación.

En efecto, desde la misma formulación del alcance de la impugnación se incurre en la impropiedad de plantear ante la Sala una nueva pretensión, relacionada con la indemnización por despido injusto, la cual no fue incluida ni en la demanda gestora del proceso, ni en su reforma.

Al respecto, cumple puntualizar que el recurso extraordinario no puede ser utilizado para introducir variaciones a los hechos y pretensiones planteados en la demanda inicial o en su contestación, dado que es precisamente sobre esos extremos que se ha enmarcado el objeto del litigio, respecto del cual se ha decidido en las instancias, por lo que tal proceder vulnera el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción de la parte contraria.

Sobre este tópico en Sentencia CSJ SL10559-2017, que reiteró la CSJ SL6076-2016, se dijo:

Debe recordarse que el recurso de casación no está contemplado para modificar la causa petendi de la demanda inicial, dado que su finalidad se limita a establecer si la sentencia de segundo grado se dictó conforme a la ley, razón por la cual quien recurre en casación debe demostrar si se presentó una trasgresión a la ley, pero no le está permitido incluir hechos nuevos que no hicieron parte del marco inicial del pleito, pues aceptar tal posibilidad vulneraría claramente el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte como garantías ius fundamentales que no pueden desconocerse dentro del proceso judicial, de manera tal que la Sala no puede pronunciarse sobre tal aspecto planteado en el ataque.

Además, no obstante que la acusación se encamina por la senda directa, que implica absoluta conformidad del impugnante con dos tópicos esenciales del fallo de segundo grado, esto es, la valoración probatoria que efectuó y las conclusiones fácticas que de ello obtuvo, el recurrente realiza profusos cuestionamientos a los mismos, consecuencia de lo cual le enrostra al tribunal haber incurrido en siete errores de hecho, que adjetiva de ostensibles, con lo cual desconoce la técnica de casación laboral, que exige que cuando la acusación se orienta por la vía del puro derecho, el recurrente solo debe objetar la sentencia de segundo grado, con argumentos estrictamente jurídicos.

Al respecto, en la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, Rad. 36684, la Corte dijo:

Importa recordar que a la violación de la ley sustantiva de carácter nacional se llega por dos senderos: directo e indirecto. El primero de ellos tiene como punto de partida la ausencia de todo reparo de linaje probatorio, como que supone absoluta conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas y probatorias del fallador de instancia; mientras que, en el segundo, la deficiente valoración del caudal probatorio es el medio por el cual se llega a transgredir la ley.

A no dudarlo, la directa y la indirecta, por su naturaleza, son dos modalidades irreconciliables de ofensa al derecho sustancial, de suerte que el recurrente en casación no puede achacar al juzgador de instancia, de manera simultánea, el quebranto de la ley sustancial por la vía directa, esto es, con prescindencia de toda cuestión probatoria, y la incorrecta estimación del torrente probatorio.

Más recientemente ha reiterado la Corte, en la Sentencia CSJ SL7701-2017, lo siguiente:

En efecto, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que cuando un cargo se endereza por la vía directa, a través de sus modalidades de infracción directa, interpretación errónea y aplicación indebida, debe hacerse al margen de cualquier controversia de naturaleza probatoria, por lo que la censura tiene que estar necesariamente de acuerdo con los soportes fácticos que se dan por establecidos en la sentencia que se impugna, tal como lo ha adoctrinado, entre otras, en Sentencia CSJ SL, 25 oct 2005, Rad. 25360.

En estas condiciones, es evidente que el cargo se edificó sobre aspectos probatorios propios de la senda indirecta, no obstante que debió orientarse en el campo estrictamente jurídico haciéndole ver a la Corte cuáles fueron los yerros que en ese campo cometió el ad quem, que es lo que caracteriza la vía directa por la cual se encauzó el ataque.

Acota la Sala que el tribunal no desconoció que el demandante prestó servicios personales en la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A., sino que coligió, desde los certificados de existencia y representación legal de las demás demandadas, que estas contrataron con aquella, como contratistas independientes, o como pre cooperativa de trabajo asociado, en el caso de Metalmec, actividades propias del objeto social de cada una, contexto en el que el reclamante cumplió funciones en la demandada, pero como servidor de estas.

Este aserto lo obtuvo el juez de la apelación, en su orden, de la apreciación de las pruebas de folios 1337 a 1497, 1575 a 1630, 1624 a 1643, 601 a 602, 474 a 475, 478 a 479 y 747 a 750 (fls. 1734 a 1735). Sin embargo, si se repara el cargo, se constata que por parte alguna introduce crítica a la forma como dicho juzgador apreció tales medios de convicción, siendo su responsabilidad hacerlo, so pena de dejar indemne tal soporte del fallo, lo cual es suficiente para sostenerlo, en vista de que está protegido por la presunción de legalidad y acierto que le asiste.

En la Sentencia CSJ SL, 10 mar. 2000, Rad. 13046, dijo la Sala:

Es de recordar que ha sido tesis pacífica de la Sala que el censor en el recurso extraordinario, cuando opta por la vía de los hechos, está en la imperiosa obligación de controvertir y desquiciar todos los fundamentos fácticos y probatorios del fallo, pues no confrontarlos o dejar fuera de crítica siquiera uno de ellos, significa que sobre el mismo opera la presunción de legalidad y acierto que acompaña a las sentencias judiciales, lo cual es suficiente razón para no quebrar el fallo del tribunal.

Con todo, aun si la Corte asumiera que la formulación del cargo lo encaminó el recurrente por la vía indirecta, este tampoco tiene vocación de prosperidad, por las razones que se pasa a explicar.

Aunque el recurrente endilga al ad quem haber apreciado mal el acervo probatorio, la alegación que al respecto expone, tiene más el talante de una de instancia, pues no la concreta en relacionarla con los siete errores de hecho que singularizó, para acreditarlos, según es necesario, como evidentes, explicando la incidencia que ese yerro de valoración de las probanzas tuvo en la sentencia, en punto de la trasgresión normativa denunciada.

Por el contrario, advierte la Sala que la censura se limitó a exponer in extenso una alternativa de valoración probatoria, a la forjada por el ad quem, aun cuando la jurisprudencia ha explicado, que no es función del juez de casación discernir, por el mérito de las pruebas, cuál de las partes tiene la razón en el litigio, pues su misión es solo verificar si la sentencia cuya legalidad se cuestiona, violó la normativa enlistada en la proposición jurídica del ataque.

En torno a ese defecto de la acusación, en la Sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, Rad. 15148, se orientó lo siguiente:

En efecto, cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, ha dicho la jurisprudencia, es deber del censor en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas. Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que compromete la técnica propia del recurso extraordinario.

Y la Sentencia CSJ SL9162-2017, explica:

[…] en las acusaciones dirigidas por la vía de los hechos, es indispensable confrontar la conclusión del tribunal con los medios probatorios calificados cuyo juicio de valor se acusa, a fin de demostrar el yerro contundente que comporte el desvío del sentido de la decisión, en dirección opuesta a la que se hubiera adoptado, de no presentarse el desacierto.

Igualmente, conforme a la legislación y a la jurisprudencia de esta Sala, cuando la acusación se dirige por la vía indirecta, además de resultar insoslayable la enunciación de los errores de hecho en que incurrió el tribunal, es indispensable indicar su incidencia en la decisión acusada, obligaciones adjetivas que incumple la censura, en razón a que no indica cuál es la repercusión de los posibles desatinos en la decisión acusada y, por tanto, en la transgresión de las normas legales denunciadas en el cargo.

En consecuencia, el cargo se desestima.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante, teniendo en cuenta que la acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000, que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011), por la Sala Segunda de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Wilfrido Algarin Torres contra Monómeros Colombo Venezolanos S.A., Imserin Ltda., Proyser Ltda., Maoscub y CIA Ltda. y la Precooperativa de Trabajo Asociado Metalmec.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».