Sentencia SL13653-2015 de octubre 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13653-2015

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Los cargos se analizan de manera conjunta, a pesar de que se encaminan por diferentes vías, en la medida en que denuncian la infracción de las mismas normas y, teniendo en cuenta la similitud y complementariedad de sus argumentos, requieren de una respuesta racional y lógicamente armónica.

En esencia, los tres cargos están encaminados a demostrar que el Tribunal erró al reconstruir las reglas relacionadas con la carga de la prueba, en los casos en los que se le imputa al empleador culpa en la ocurrencia de un accidente de trabajo. Los dos primeros, por la vía indirecta, porque habría dejado de analizar el marco de la defensa planteada por la demandada en su contestación a la demanda, y el tercero, por la vía directa, porque habría desconocido el alcance de normas como los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 177 del Código de Procedimiento Civil y 1604 del Código Civil, así como la carga dinámica de la prueba cuando se denuncia una “…culpa por abstención…” de la empresa en el cumplimiento de los deberes de cuidado y seguridad.

Todo ello por virtud de que, en los términos del censor, desde el punto de vista jurídico y fáctico, el proceso estaba cimentado sobre una negación indefinida y una denuncia por el incumplimiento del empleador de sus deberes de cuidado y protección, respecto del trabajador, que implicaban una inversión de la carga de la prueba sobre la demandada, en orden a que demostrara que sí adoptó medidas adecuadas y suficientes para proteger la salud y la integridad de su servidor. A su vez, el citado incumplimiento de los deberes de cuidado y protección está circunscrito, concretamente, al hecho de que la demandada no le hubiera suministrado al trabajador un arma con “…mecanismo anti disparo…”.

Ahora bien, en torno a los referidos tópicos, desde el punto de vista jurídico, la decisión del Tribunal estuvo fundada en las siguientes premisas: i) que cuando el trabajador pretende el pago de la indemnización ordinaria de perjuicios, con arreglo a lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, “…tiene la carga de acreditar que el empleador no actuó con la debida diligencia y cuidado…”, pues “…es deber probatorio a cargo del demandante acreditar los hechos que fundamentan sus pretensiones, para el caso concreto la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo y los perjuicios generados…”; ii) que aunque se trate de una “…culpa por abstención…”, tal situación “…no releva totalmente al trabajador de la actividad probatoria, sino que reafirma que es su deber demostrar el incumplimiento patronal y el nexo de causalidad del mismo con la ocurrencia del accidente.”; iii) y que aunque la actividad de la demandada esté catalogada como de alto riesgo, “…para poder determinar si existió culpa patronal era necesario acreditar las circunstancias de ocurrencia del mismo [accidente de trabajo], deber probatorio que estaba en cabeza de la parte demandante…”.

Dichas reflexiones, en la forma esquematizada, están plenamente acordes con la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte en torno a las reglas relativas a la carga de la prueba, en procesos dirigidos a indagar por la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo, por lo que el Tribunal no incurrió en el error jurídico del que se ocupa el tercer cargo.

En efecto, en primer lugar, esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que “…la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en realización del trabajo…” (CSJ SL2799-2014).

Adicionalmente, como lo subraya la censura, ha dicho que a pesar de lo anterior, “…cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores” (CSJ SL7181-2015).

Esto es, la Corte ha reivindicado históricamente una regla jurídica por virtud de la cual, por pauta general, al trabajador le corresponde demostrar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo, pero, por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. (Al respecto pueden verse decisiones como las CSJ SL, mar. 10/2005, rad. 23656, CSJ SL, mar. 10/2005, rad. 23489, CSJ SL, mayo 10/2006, rad. 26126, entre muchas otras).

Lo anterior no implica, no obstante, como lo plantea la censura, que le baste al trabajador plantear el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria, porque, como lo dijo el Tribunal y lo ha precisado la Sala, teniendo en cuenta que no se trata de una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y “…que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente…” (CSJ SL, mar. 10/2005, rad. 23656.)

En torno a lo anterior, en la Sentencia CSJ SL17216-2014 la Corte insistió en que “…corresponde a quien pretende el pago de la indemnización demostrar la inobservancia injustificada de los deberes por parte del patrono, que como se anotó también derivan del pacto contractual, y la plena incidencia que tuvo en la ocurrencia del siniestro, pues no siempre que exista un resultado dañoso aquella opera, en tanto corresponde atenderse la naturaleza de la tarea, el riesgo en su realización, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro y, fundamentalmente, la diligencia de quien lo creó”.

En igual dirección, en la sentencia CSJ SL4350-2015, la Sala precisó:

La censura se duele de que, según su decir, el ad quem no aplicó el artículo 1604 del Código Civil que establece que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearla, esto es a la empresa; reproche jurídico que no se aviene a la situación del sub lite, puesto que, para beneficiarse el trabajador de los efectos de esta norma del Código Civil, primero él debe probar el incumplimiento de parte del empleador de su deber de protección y seguridad del trabajador, en cuyo evento le traslada a aquel la carga de probar que sí actuó con diligencia y cuidado para exonerarse de la responsabilidad por la culpa leve que aplica en asuntos laborales como el presente.

Al decir el recurrente que acepta las conclusiones fácticas a las que arribó el ad quem, pareciera que la censura fundamenta la supuesta aplicación indebida, por la vía directa, del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que le atribuye al ad quem en que, si bien comparte que esta disposición exige “la culpa suficientemente comprobada” cuando se persiga obtener la indemnización plena de perjuicios, lo admite en el entendido de que la empresa siempre tiene a su cargo la prueba de que actuó con la debida diligencia y cuidado, so pena de resultar condenada a la indemnización plena de perjuicios.

Se equivoca el impugnante en su argumento, por cuanto la jurisprudencia tiene asentado, de vieja data, que al exigir el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo la culpa suficientemente comprobada, le corresponde al trabajador demostrar el incumplimiento de una de las obligaciones de protección y de seguridad asignadas al empleador, lo cual, según el ad quem, no ocurrió y, para ello, se ha de precisar esta vez que no basta la sola afirmación genérica de la falta de vigilancia y control del programa de salud ocupacional en la demanda, sino que es menester delimitar, allí mismo, en qué consistió el incumplimiento del empleador de las respectivas obligaciones derivadas del propio contrato de trabajo y de la labor prestada por el trabajador, el cual, a su vez, ha de tener nexo de causalidad con las circunstancias que rodearon el accidente de trabajo generador de los perjuicios, las que igualmente deben ser precisadas en la demanda (resalta la Sala).

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se repite, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno, al concluir que aún en los eventos en los que se plantea una “…culpa por abstención…”, el trabajador no queda relevado totalmente de sus cargas probatorias, pues “…es su deber demostrar el incumplimiento patronal y el nexo de causalidad del mismo con la ocurrencia del accidente”.

Ahora bien, desde el punto de vista fáctico, propio de los dos primeros cargos, el Tribunal tampoco concibió de manera inadecuada la demanda y su contestación, pues a pesar de que allí quedó plasmado un debate relacionado con el incumplimiento de los deberes del empleador de cuidado y protección respecto de su trabajador, lo cierto es que, con arreglo al marco jurídico anteriormente descrito, el demandante no estaba desligado totalmente de su deber de demostrar las precisas “…circunstancias en las cuales se produjo el percance…”, que fue lo que extrañó el Tribunal y le impidió, en sus términos, “…analizar si el accidente ocurrió por culpa del empleador…”

También es importante destacar que en la contestación de la demanda, analizada total, objetiva y lógicamente, la sociedad demandada no “…basó toda su defensa… en el hecho de que el arma de dotación con que se presentó el accidente de trabajo revestía: “de un seguro que imposibilita un disparo accidental”…”, como se aduce en los dos primeros cargos, pues allí la empresa también excusó su responsabilidad, entre otras, porque el accidente “…obedeció a culpa exclusiva del trabajador, ante su negligencia y descuido en el manejo de arma de dotación…” y porque no era cierto que había incumplido con sus obligaciones de protección y seguridad, ya que el trabajador había sido “…adiestrado en el manejo de esta clase de armas, y además de recibir cursos de seguridad como requisito previo para ingresar a cumplir tan delicada labor”.

En el referido contexto, por la sola lectura de la contestación de la demanda, el Tribunal no estaba en la obligación de limitarse a examinar si la demandada había allegado “…medio de convicción alguno que diera cuenta que el arma de dotación con que se presentó el accidente de trabajo revestía de un seguro que imposibilitara un disparo accidental…” y concluir, al no encontrar cumplido ese supuesto, la culpa patronal de la sociedad convocada al proceso.

Por el contrario, en el marco de un debate amplio, relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y protección que incumben al empleador, teniendo en cuenta las reglas jurídicas relativas a la carga de la prueba descritas con anterioridad, le era apenas legítimo concluir que “…para poder determinar si existió culpa patronal era necesario acreditar las circunstancias de ocurrencia del mismo, deber probatorio que estaba en cabeza de la parte demandante y no se cumplió”. Por ello, el Tribunal tampoco incurrió en los errores de hecho que se le endilgan en los dos primeros cargos.

Adicional a todo lo expuesto, la Corte no puede dejar de señalar que, además de que las conclusiones del Tribunal se avienen a la jurisprudencia de la Corte sobre la carga de la prueba y no tergiversan en manera alguna el sentido de la defensa de la demandada, trazada desde la contestación de la demanda, lo cierto es que en el expediente no existen pruebas de las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente de trabajo —solo obra una copia ilegible del reporte de accidente de trabajo que refiere, según el Tribunal a que “…se le resbaló la escopeta…”— de manera que no era posible determinar, en sentido estricto, si la causa eficiente de las heridas del trabajador fue la falta del dispositivo anti disparo, al que se refiere la censura, o la “…negligencia y descuido en el manejo del arma de dotación…” al que se refiere la demandada, pues como lo dedujo el Tribunal, no podía “…presumirse que el hecho sucedió por la carencia de mecanismo anti disparo”.

Por manera que, aun admitiendo que el arma de dotación no contaba con el mecanismo anti disparo, nunca se estableció la relación de causalidad entre ese hecho y la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió el trabajador, que resultaba del todo necesaria en el momento de dar por demostrada la culpa patronal.

Vale la pena advertir también que nunca se afirmó ni se demostró que el arma de dotación del demandante sufriera defectos o estuviera en mal estado de funcionamiento y que aún si se admitiera que la configuración tecnológica original del arma no contaba con dispositivo anti disparo, ese hecho no podría, por sí solo, acreditar la culpa patronal (Ver certificación de fl. 88 y respuestas a la diligencia de interrogatorio de parte de fl. 120).

Con fundamento en lo expuesto, los cargos son infundados.

Sin costas en el recurso de casación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de octubre de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOSÉ MAURICIO ROMÁN ORTEGA contra SEGURIDAD RÉCORD DE COLOMBIA LTDA. —SEGURCOL—.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»