Sentencia SL13680-2016 de agosto 31 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13680-2016

Radicación: 52472

Acta 32

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Al examinar el documento de folio 116, que corresponde a la historia de semanas cotizadas, observa la Sala que le asiste razón a la censura cuando advierte que el tribunal no debió contabilizar las 33,29 semanas cotizadas entre el 01/02/2010 y 30/09/2010, por cuanto inequívocamente dichas semanas correspondieron a aportes efectuados por la parte actora con posterioridad a la fecha en que promovió la acción, que fue el 22 de febrero 2008, así como aquella en que se trabó la litis con la notificación al ISS del auto admisorio, que fue el 8 de abril siguiente, siendo evidente el error en que incurrió el tribunal al no advertir dicha circunstancia, que tenía, desde luego, incidencia en el resultado del proceso, en tanto lo que en realidad se configuraba es la figura conocida como la petición antes de tiempo, que puede ser declarada de oficio, y sobre la cual esta corporación en sentencia del 3 de mayo de 2001, radicación 15155, reiterada entre otras, en las sentencias CSJ SL, 8 de noviembre de 2011, radicación 42677 y CSJ SL, 4568-2015, 11 de marzo de 2015, radicación 40740, así se pronunció:

“La petición antes de tiempo es una situación procesal que ha sido considerada como excepción perentoria temporal. Con ello se quiere significar que la pretensión formulada en la demanda no puede reclamarse en juicio, puesto que el eventual derecho sustancial aún no se ha consolidado como tal.

Por ser la petición antes de tiempo una excepción perentoria, puede ser declarada de oficio, es decir, no es forzoso proponerla para que el juez pueda declararla. Sólo las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa deben ser alegadas oportunamente, como lo dice el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

Si, como lo admitió el propio tribunal, el demandante para la fecha de la presentación de la demanda, no tenía la edad suficiente para acceder a la pensión plena de jubilación, no le estaba dado reconocerla en juicio.

Dijo el tribunal que a pesar de no ser exigible el derecho pensional, era posible reconocerlo judicialmente, por una razón de economía procesal. Sin embargo, en eso hay un error conceptual, puesto que nadie debe ser llamado a juicio para responder por una obligación que no es exigible y respecto de la cual podría, incluso, hacer un reconocimiento voluntario, sin el apremio del juicio y sin someterse al pago de unas costas judiciales que bajo circunstancia alguna tenía que haber asumido.

No es cierto que con el surgimiento de la exigibilidad de la obligación durante el juicio se presente una modificación del derecho que el juez, en desarrollo de la facultad que le da el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, deba declarar de oficio. La razón está en que en la petición antes de tiempo falta un presupuesto de la pretensión, que se traduce en que se ha ejercitado el derecho de acción sin que exista un bien que merezca la necesaria tutela jurídica, o sea que el accionante reclama por la vía judicial cuando no existe hecho alguno que le cause un perjuicio actual.

Cuando se da el reconocimiento judicial de una pensión que no se ha causado, el juez que así lo hace actúa en contra de un derecho básico a no ser demandado que tiene todo deudor que no ha incumplido, puesto que si no media el incumplimiento, tampoco ha causado un daño jurídicamente tutelable. Por simple posición de principio ese deudor no debe responder en juicio.

Además, es equivocado sostener que si el juez puede decidir extra o ultra petita, con mayor razón puede fallar sobre una pensión pedida antes de tiempo, puesto que esa facultad, que es exclusiva del juez de única o de primera instancia, no puede ser ejercida sobre derechos en los cuales falta un presupuesto de la pretensión, como lo es la oportunidad del reclamo judicial”.

Así las cosas, el cargo es fundado. Para decidir en instancia, sirven igualmente las consideraciones vertidas en casación, lo que ratifica que las semanas cotizadas por la actora con posterioridad a las fechas en que se admitió la demanda y quedó trabada la presente relación jurídico procesal, no podían ser contabilizadas para efectos de la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, pues el derecho que se pretende judicialmente debe estar causado en el momento mismo de la presentación y no sujeto a la incertidumbre de su configuración durante el trámite de la causa, pues de admitirse dicha situación se estaría vulnerando el principio rector del debido proceso.

De otro lado, la parte actora solicitó como prueba el «Reporte semanas CAN del 2006/02/28», que acompañó con su demanda inicial y en la que por razones obvias no figuraban las semanas cotizadas en el período 01/02/2010 y 30/09/2010. Y el documento del folio 116, que corresponde al resumen de semanas cotizadas, que le sirvió al tribunal para proferir su decisión, fue adjuntado en el trámite de la segunda instancia por el apoderado de la demandante, en escrito en el que manifestó que en dicho resumen aparecían 41 semanas «más, cotizadas al servicio del empleador SINERGIA ORGANIZACIONAL LTDA., del año 2010 enero-diciembre», resaltando la Corte que como pie de página final, aparece la anotación que el resumen fue «Impreso por Internet el 11-ene-2011», circunstancia que ratifica mucho más la improcedencia de contabilizar las semanas cotizadas durante el trámite del proceso.

Por tanto, se confirmará la sentencia de primer grado, pero adicionándola en el sentido de declarar probada oficiosamente la excepción perentoria temporal de petición de antes de tiempo.

Sin costas en casación, dada la prosperidad del cargo, las de primera instancia se mantendrán a cargo de la parte actora.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Tribunal Superior de Medellín el 23 de febrero de 2011, en el proceso que promovió MARÍA SONIA HINCAPIÉ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”.

En instancia, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Medellín el 24 de septiembre de 2009, pero adicionándola para declarar probada de oficio la excepción temporal de petición antes de tiempo.

Sin costas. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»