Sentencia SL13692-2017/51240 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13692-2017

Rad.: 51240

Magistrada Ponente:

Dra. Ana María Muñoz Segura

Acta 07

Bogotá, D. C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

XI. Consideraciones

Tiene razón el opositor cuando critica del primer cargo que el tribunal sí tuvo en consideración el artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo, en contraposición a la denuncia del censor que acusa la sentencia de haber inaplicado –debiendo hacerlo– ese y los artículos 16 y 467 del mismo texto legal, en armonía con el artículo 53 constitucional.

El asunto que debe decidir la Corte encuentra su lindero en establecer si el Tribunal se equivocó al reconocer el artículo 90 de la convención colectiva de trabajo suscrita por SintraMineralco, debiendo haber aplicado el artículo 86 de igual texto por remisión del artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo.

De tiempo atrás, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que la modalidad de infracción directa de disposiciones sustanciales en la casación del trabajo implica que el fallador de segundo grado no resuelve la controversia sometida a su conocimiento a la luz de la norma aplicable, bien sea por ignorancia o por rebeldía, lo cual supone necesariamente que es la que gobierna el asunto y no es otra diferente (CSJ SL16893-2016).

Pues bien, los primeros análisis a los que invita el censor dejan claro para la Sala que el Tribunal no se equivocó aplicando o interpretando el artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo, precisamente porque lo que declaró fue la legitimidad y validez de la interpretación que le otorgó al artículo 90 de la convención colectiva vigente suscrita por SintraMineralco, que precisamente fijaba las condiciones de procedencia y cálculo de la pensión de jubilación establecida en aquella norma convencional.

El artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra:

ARTÍCULO 141. Salarios básicos para prestaciones. Solamente en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales pueden estipularse salarios básicos fijos que sirvan para liquidar la remuneración correspondiente al descanso dominical, y las prestaciones proporcionales al salario, en los casos en que éste no sea fijo, como en el trabajo a destajo o por unidad de obra o por tarea.

A su turno, los artículos 86 y 90 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por SintraMineralco, establecen:

ARTÍCULO 86.

Factores salariales para la liquidación de las prestaciones sociales, indemnizaciones y pensiones

Factores que componen el salario: Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio constituyen salario todas las sumas que habitualmente o periódicamente reciba el trabajador como retribución por sus servicios.

[…]

Liquidación pensiones de jubilación.

Remuneración mensual

Incrementos de remuneración por antigüedad.

Auxilio de alimentación

Subsidio de alimentación

Auxilio de transporte

Una sexta (1/6) parte de la prima de servicios

Una doceava (1/12) de prima de navidad

Una doceava (1/12) de parte de prima de vacaciones

Una doceava (1/12) parte de bonificación por servicios prestados

Una doceava (1/12) de prima técnica

Dominicales y festivos

Horas extras para vigilantes, conductores, personal de cafetería y secretaria de gerencia.

Trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

[…]

ARTÍCULO 90.

Pensión de jubilación.

A partir de la vigencia de esta convención, Mineralco S.A. reconocerá y pagará a los trabajadores a su servicio que hayan cumplido o cumplan cincuenta (50) años de edad en las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad en los hombres y veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos, en entidades públicas, oficiales o semioficiales y particulares, una pensión mensual de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) por ciento del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

El pago de esta pensión estará a cargo de Mineralco S.A. en el momento en que el trabajador cumpla diez (10) años de servicios continuos o discontinuos en la empresa. Cuando el trabajador cumpla los sesenta (60) años de edad, en coordinación con Mineralco S.A. hará los trámites ante la entidad de Previsión Social. Mineralco S.A. pagará la diferencia en la pensión de dicha entidad en caso de que esta sea menor.

De lo transcrito se deduce que el tribunal para decidir la impugnación que llevó el asunto a su conocimiento, necesariamente tuvo que analizar tanto el artículo 90 como el artículo 86 de la convención colectiva mencionada, todo ello, a no dudarlo, bajo el amparo de la habilitación que está incluida en el artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que no se avizora –como lo propone la censura–, que el ad quem haya dejado de aplicar una norma, debiendo hacerlo, o la haya interpretado de una manera como no corresponde.

El reconocimiento de la existencia de una norma como la prevista en el artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo, fue el paso previo del tribunal para resolver si el pleito formulado por el demandante encontraba solución por la vía de la aplicación del artículo 86 o 90 convencional, como se dijo. Lo que subyace al problema jurídico que se planteó el ad quem no corresponde a la postura sostenida del recurrente, esto es, que si el tribunal hubiere aplicado el artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo automáticamente hubiera encontrado aplicable el artículo 86 convencional, dado que una conclusión no se sigue lógicamente de la otra.

En efecto, este artículo ciertamente dispone cuáles son los factores salariales para la liquidación de prestaciones sociales, indemnizaciones y pensiones, así como detalla aquellos que deberán tenerse en cuenta para la liquidación de pensiones de jubilación. Sin embargo, ello en nada se contrapone a la previsión del artículo 90 del mismo texto convencional que, a su turno, consagra las condiciones para el acceso a la pensión de jubilación, su ingreso base de liquidación y la correspondiente tasa de reemplazo.

La aplicación del artículo 90 convencional no riñe, ni se opone y menos aún desdice del pacto entre las partes para el establecimiento de factores salariales para prestaciones sociales, indemnizaciones o pensiones al tenor del artículo 86, dado que precisamente cuando el empleador tuviere que ejecutar el primero de los artículos citados para la concesión de una pensión, habría de apoyarse en el segundo de aquellos para encontrar qué elementos constituyen salario por pacto entre las partes para, a su vez, calcular el 75% del promedio de los salarios devengados el último año de servicios. Así lo aplicó esta misma corporación en providencia anterior respecto de los beneficios de la misma convención colectiva hoy reclamada (CSJ SL. 30 oct. 2012, Rad. 38446).

Dicho de otra forma: el artículo 86 consagra los factores salariales con base en los cuales se dará aplicación al artículo 90, siendo este último el que gobierna con exclusividad, como se dijo, el ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo de la pensión de jubilación que crearon las partes.

Con las anteriores aclaraciones, puede concluirse que el tribunal no equivocó su juicio cuando interpretó las cláusulas convencionales que fueron objeto de controversia entre las partes y partió de la existencia del artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo para llegar a la convicción que no le asistía razón al demandante en sus pretensiones. Tampoco se advierte error del ad quem al no considerar como una consecuencia inmediata de la aplicación expresa o tácita del artículo legal citado, la ejecución automática del artículo 86 convencional prioritariamente respecto del artículo 90.

Ahora bien, insiste el censor que la diferencia entre los artículos convencionales ya mencionados surge porque el primero de ellos contiene la expresión “salarios recibidos” en contraposición de la locución “salarios devengados”, lo que materialmente genera una diferencia sustancial en la forma de calcular la pensión de jubilación, siendo más favorable al trabajador el primero de los enunciados (art. 86), por lo que debe preferirse sobre el más desfavorable (art. 90).

Sobre este particular, conviene por la Sala precisar que el concepto de favorabilidad, cuyo análisis propone el censor, se configura ante la duda en la interpretación o aplicación de dos o más normas aplicables –regla más favorable–, siempre que sean aplicables a la misma situación fáctica (CSJ SL16893-2016).

Ya ha tenido oportunidad de sentar la Sala (CSJ SL, 15 feb. 2012, Rad. 40662) que el principio de favorabilidad tiene ocurrencia, como se dijo, en caso de duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo y sus características primordiales son: (i) la duda surge sobre la aplicación de dos o más normas, entendidas éstas como “un enunciado hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica”; (ii) las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y (iv) al emplearse debe respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo.

Con base en lo dicho, deviene en claro que el conflicto normativo que propone el recurrente entre el artículo 86 y 90 de la convención colectiva de trabajo suscrita por SintraMineralco realmente no tiene lugar en el caso en concreto, dado que tanto el artículo 86 como el 90, gobiernan hipótesis complementarias pero disímiles.

Ya se tuvo oportunidad de aclarar que el primero de los artículos en mención fija los factores salariales para la liquidación de prestaciones sociales, indemnizaciones y pensiones, esto es, qué se considerará como salario en cada caso, así pudieran no serlo a la luz de las reglas legales generales. Y, a su turno, el artículo 90 convencional se limita a establecer cuándo podrá un trabajador beneficiario de dicho instrumento colectivo, acceder a una pensión de jubilación. Que el artículo que consagra el derecho pensional establezca que el monto de la pensión corresponderá al 75% del “promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio”, en modo alguno contrasta con los factores que se considerarán salario para el mismo derecho pensional, según el artículo 86.

La discusión sobre las expresiones “salarios recibidos” y “salarios devengados” que es en lo que centra el demandante su controversia, resulta intrascendente cuando se aplica el artículo 90 convencional en su integralidad de cara a resolver la solicitud de reconocimiento pensional del interesado. Así, comportaría una violación del artículo 86 convencional si la entidad encargada del reconocimiento de la pensión omitiera alguno de los conceptos que estipula dicha norma como constitutivo de salario, lo que no se extiende necesariamente a la creación de un conflicto normativo respecto del entendimiento del concepto de salario “devengado” y “recibido”, que deba ser resuelto por aplicación del principio de favorabilidad.

De forma que los citados artículos no gobiernan iguales presupuestos de hecho, lo que de suyo hace inaplicable el principio de favorabilidad como lo propone el censor.

Lo expuesto encuentra respaldo, además, en el límite mismo del principio de favorabilidad y que tiene que ver precisamente con su conjunción con el principio de inescindibilidad de la norma, lo cual está estrechamente relacionado con la procedencia del primero. En efecto, si dos normas de igual categoría que gobiernan un mismo presupuesto de hecho están en conflicto, podrá optarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, pero deberá ser aplicada en su integralidad, es decir, sin fraccionamientos (CSJ SL10215-2017, CSJ SL3012-2017 y CSJ SL7105-2017). Ello supone, entonces, la inaplicación de la norma calificada como desfavorable.

Siendo lo dicho así, resulta obvio que el problema jurídico propuesto por la censura excede el espectro del principio de favorabilidad dado que resultaría imposible acudir de forma autónoma e integral al artículo 86 convencional en desmedro del artículo 90 del mismo texto, para resolver el derecho pensional de algún beneficiario, sin que se encuentre sacrificado el principio de inescindibilidad de la norma que se exige como contrapeso a la favorabilidad. Este argumento, entonces, ratifica la improcedencia del principio insistido por el recurrente.

En lo concerniente a los cargos planteados por la vía indirecta, acierta la oposición cuando indica que en el cargo tercero el censor confunde los errores de derecho con los errores de hecho. Advierte la Corte que tal confusión lo llevó a plantear como idénticos los cargos tercero y cuarto, salvo en lo que respecta a la calificación de los errores que formuló –también idénticos– como errores de derecho en el tercero, y como errores de hecho en el cuarto.

Sobre el particular, la Sala ya se ha pronunciado en el sentido de indicar que el recurrente, además de designar con exactitud las partes del proceso, debe indicar la sentencia objeto del recurso, relatar sintéticamente los hechos del litigio y formular clara o coherentemente el alcance de su impugnación, debe expresar los motivos de casación indicando el precepto legal sustantivo de orden nacional que estime violado y el concepto de violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; y en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar o dejar de valorar las pruebas, debe singularizarlas y expresar la clase de desatino que estima se cometió (CSJ SL11530-2017 y CSJ SL5132-2017).

También tiene adoctrinado que el error de derecho se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, siendo que la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o también cuando no ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene. En cambio, en el error de hecho, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido el tribunal en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo llevan a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que de verdad está acreditado, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial (CSJ SL11080-2017, CSJ SL11530-2017, CSJ SL13989-2016, CSJ SL17123-2014, CSJ SL17082-2014, CSJ SL, 30 nov. 1994, Rad. 6861, CSJ SL, 12 sep. 1988, Rad. 2430).

Resulta evidente en el tercer cargo, que el recurrente no identificó –como era su carga–, cuál prueba fue admitida por el ad quem sin ser solemne o cuál dejó de ser tomada en cuenta por el fallador de segundo grado para la demostración de un hecho respecto del cual la ley exigía una solemnidad ad substantiam actus. Razones de sobra para declinar el cargo estudiado.

No obstante lo anterior, el cargo cuarto –que comparte argumentación con el tercero–, sí fue enfocado por el censor por la vía indirecta bajo la presunta comisión por el Tribunal de sendos errores de hecho, que buscan, primordialmente, el mismo objetivo de los demás cargos ya analizados y que delimita el problema jurídico para la Corte: el reproche al ad quem por haber concluido que el artículo 90 de la convención colectiva de trabajo suscrita por Sintraminercol era aplicable para hallar el valor de la mesada pensional del actor, en preferencia del artículo 86 convencional.

Para dar solución al problema jurídico planteado por la censura resulta indispensable recordar, como ha dicho la Corte de manera reiterada, la convención colectiva de trabajo no es norma sustantiva de alcance nacional y constituye una prueba para los efectos del recurso de casación, en tanto los derechos que emanan de ella deben ser probados y acreditados en el proceso. De esta manera, tiene la virtud de ser apreciada por los falladores de cada instancia bajo el amparo del principio de la libre formación del convencimiento, por lo que –como se ha dicho con antelación–, la conclusión del juzgador al interpretarla es autónoma y debe ser respetada, mientras no se muestre irrazonable o insensata (CSJ SL11447-2017, CSJ SL10734-2017, CSJ SL7215-2016, CSJ SL45765-2013, CSJ SL, 28 feb. 2012, Rad. 42947).

Así, la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde, en principio, a las partes y luego a los jueces de instancia (CSJ SL9291-2015), los cuales deben valorar la convención colectiva como la prueba que es. Si el censor pretende elevar reproche sobre la inteligencia del tribunal, lo deberá hacer por la vía de los hechos con la identificación de los errores de hecho en los que estime que incurrió el ad quem en cada caso (CSJ SL11544-2017), lo que sólo habrá de prosperar si –se reitera–, la interpretación del tribunal resulta salida de cualquier lógica.

Acusó entonces el censor que está mal apreciada la convención colectiva de trabajo suscrita por Sintraminercol, que llevó al ad quem a incurrir en los errores de hecho descritos y que tienen incidencia en la liquidación del monto de la pensión que disfruta el actor. Al efecto, resulta pertinente señalar que el raciocinio del tribunal sobre el particular, se limitó a establecer que la interpretación que, a su turno, realizó el a quo fue acertada, en tanto de la literalidad del acuerdo colectivo no era dable confundir los términos de salarios “devengados durante el último año de servicio” y salarios “recibidos durante el último año de servicios” y con ello, verificó que la prima de vacaciones devengada en el último año de servicios, correspondiera a la efectivamente tenida en cuenta por el empleador como constitutiva de salario en su doceava parte.

A tal conclusión llegó el juzgador colegiado tras analizar los artículos 86 y 90 del texto convencional acusado, bajo el pleno amparo del artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social como oportunamente lo adujo la entidad opositora.

Habiendo sido entonces, aquel raciocinio el del ad quem, no encuentra la Sala que la interpretación que hizo el tribunal de las normas convencionales insistentemente recordadas por la censura, haya sido irrazonable o ilógica, de forma que en sede extraordinaria de casación debe mantener su vigencia al no ser ésta una tercera instancia de valoración probatoria.

Así las cosas, recuerda la Sala que el alcance que pueda iluminar una cláusula convencional específica por parte del juez singular o colegiado, mientras se mantenga dentro de los linderos de la razonabilidad y sensatez, no puede ser controvertido en sede extraordinaria, aun si la Corte no estuviera de acuerdo con la interpretación escogida por el ad quem. De lo contrario, si la interpretación otorgada judicialmente cayera en el absurdo y resultare manifiestamente inapropiada a la luz del texto convencional sometido a juicio de interpretación, allí sí podría la Corte entrar a examinar la ocurrencia de errores de hecho en cabeza del fallador colegiado (CSJ SL11160-2017).

No se evidencia entonces que el tribunal en el asunto sub lite hubiere realizado una interpretación contrahecha, disparatada o absurda de los artículos 86 y 90 de la convención colectiva suscrita por SintraMineralco, de forma que el alcance que le otorgó a cada una de ellas oportunamente el ad quem, según lo visto, no debe ser rectificado por la Corte aún en el evento –si fuera del caso– en que no estuviera de acuerdo con tal criterio.

De esta manera no se configuran los errores de hecho señalados, siendo suficiente para declarar la improsperidad del cargo y mantener la decisión que puso fin a la segunda instancia.

Los demás errores de hecho formulados en el cargo que hacían referencia a la forma de cálculo de la prima de vacaciones descrita en la resolución de reconocimiento de pensión a favor del actor y en las liquidaciones de prestaciones sociales y acreencias laborales, en tanto dependían intrínsecamente de la prosperidad de la corrección de los errores de hecho asociados a la interpretación de la convención colectiva, por ser accesorios a ésta, corren igual suerte adversa.

Las anteriores razones son suficientes para declinar la prosperidad de los cargos.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.500.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rafael Escobar Sierra en contra de Empresa Nacional Minera Ltda. En liquidación –Minercol Ltda. En liquidación–.

Costas como se anunció en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».