Sentencia SL13778-2017/53640 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 53640

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 31

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Al margen de otros desaciertos técnicos, la Sala advierte que el recurrente da por sentado situaciones que no fueron concluidas por el ad quem, quien en momento alguno dedujo la «improcedencia de la indexación del ingreso base de liquidación», por el contrario, su planteamiento se edificó en que la pensión de jubilación fue debidamente indexada en la forma dispuesta en la Ley 100 de 1993.

De esta manera, el embate jurídico propuesto por el recurrente esta llamado al fracaso, toda vez que su discurso es incoherente al no guardar relación con las verdaderas razones que tuvo en cuenta el juez plural para confirmar el fallo de primer grado.

En cuanto al argumento según el cual la pensión debe liquidarse con el promedio de lo devengado en el último año de servicio, se reitera la pacífica jurisprudencia de esta Sala en la que se ha dejado por sentado, que el régimen de transición solo conservó lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto porcentual de la prestación; los demás aspectos, tales como el ingreso base de liquidación, quedaron sometidos al imperio normativo de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, en Sentencia CSJ SL4983-2017, se puntualizó:

“Pues bien, esta Sala de la Corte, con estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha considerado de forma reiterada, uniforme y pacífica (CSJ SL 44238, 15 feb. 2011, CSJ SL 53037, 17 abr. 2012, CSJ SL 570-2013, CSJ SL4649-2014, CSJ SL17476-2014, CSJ SL2982-2015, entre otras), que el régimen de transición únicamente preserva tres aspectos del régimen anterior: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. De suerte que, los demás aspectos de la prestación, tales como el ingreso base de liquidación, son los consagrados en la Ley 100 de 1993.

Al amparo de esta construcción jurídica, ha dicho la Sala que el concepto monto hace referencia únicamente al porcentaje o tasa de reemplazo que se aplica, más no a la base reguladora de la pensión o a los ingresos en que se fundamenta la liquidación. Por lo tanto, aunque el monto y el ingreso base de liquidación son dos conceptos que están íntimamente ligados para cuantificar la pensión, son diferentes.

Ha puesto también de relieve esta Corporación, que el ingreso base de liquidación de la pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 ibidem y, para aquellos que les faltare 10 años o más para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la misma normativa. Lo cual, en modo alguno, vulnera el principio de inescindibilidad de la norma, porque es en virtud del mandato expreso de la Ley 100 de 1993 que el cálculo debe hacerse en esa forma”.

Bajo tal criterio jurisprudencial, resulta claro que la conclusión del ad quem es acertada, como quiera que el demandante al 1.° de abril de 1994 le hacían falta más 10 años para adquirir el derecho a la pensión, luego el ingreso base de liquidación de la pensión debía calcularse conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

En hilo con lo brevemente expuesto, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3´500.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de junio de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso ordinario laboral que Jamilson Antonio Noriega Salgado adelanta contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la Protección Social, Fiduciaria la Previsora s.a. y el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».