Sentencia SL13788-2017/50000 de agosto 29 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13788-2017

Rad.: 50000

Acta 08

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Bogotá D.C., veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Bonerge Abril Sánchez, contra la sentencia del 6 de octubre de 2010 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso que el recurrente le promovió a Radio Taxi Radio S.A.

I. Antecedentes

Bonerge Abril Sánchez llamó a juicio a Radio Taxi Radio S.A., con el fin de declarar la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo, y como consecuencia, obtener el pago de los salarios y prestaciones sociales, causadas desde el momento en que se produjo el despido hasta que quede en firme la sentencia que reconozca que fue despedido unilateralmente y sin justa causa, junto con el reconocimiento de la compensación de las vacaciones no disfrutadas, y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (fls. 60 a 73 del cuaderno principal).

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que con acta 18 del 8 de mayo de 2004 fue designado para ocupar el cargo de gerente, para un período inicial, según los estatutos de la accionada, de 2 años; que no obstante esa situación, en verdad entre las partes se celebró un contrato a término indefinido.

Relacionó las funciones que como gerente debía realizar, en conformidad a lo dispuesto en la escritura pública 2478 del 19 de septiembre de 1997, e indicó que en el informe del 29 de 2007, rendido por el revisor fiscal, se anotó sobre unas irregularidades del demandante en ejercicio de la labor encomendada, relacionadas con el manejo de dineros del transporte que se realiza en el Centro Comercial Vivero; que en ese informe, se sostuvo que el manejo de cuentas por parte del gerente era una falta grave, y se recomendó iniciar una investigación, sugiriendo además las preguntas que debían formulársele.

Manifestó que fue llamado a rendir diligencia de descargos, la que se llevó a cabo el 5 de julio de 2007, y allí se formuló el cuestionario realizado por el revisor fiscal, y reproduce lo sostenido respecto a las preguntas que le formularon.

Dijo que para la fecha en la que se llevó a cabo esa diligencia se encontraba en vacaciones, y que ese mismo día le informaron, con sustento en el artículo 46 de los estatutos, que quedaba removido del cargo, sin que se le hubieran reconocido los meses adicionales de cotizaciones a la seguridad social y parafiscalidad.

Advirtió que en la comunicación, con la que se dio por terminado el contrato de trabajo, no se invocó ninguna de las causales previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, e informó que el acta de descargos contiene irregularidades que hacen nulo su despido, dado que fue la junta directiva la que se encargó de investigarlo y sancionarlo, y sin que existiera justa causa para su determinación, pues nunca cometió falta grave en los términos en los que pretendió el revisor fiscal.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones porque existió justa causa para remover del cargo al demandante. En cuanto a los hechos, aceptó unos; respecto de otros adujo que eran parcialmente ciertos y negó los demás. Señaló que era improcedente la ineficacia del despido, ya que no existía disposición legal que obligara al empleador a cancelar dos meses adicionales de cotización para la seguridad social y aportes parafiscales, por cuanto lo que se busca siempre es que se paguen los aportes durante la relación laboral.

En su defensa propuso las excepciones de la remoción del cargo de gerente al demandante fue justificada y se encuentra contemplada en los estatutos de la sociedad demandada, inexistencia del derecho reclamado, improcedencia de la ineficacia pretendida, prescripción, compensación, temeridad y mala fe a cargo de la parte actora (fls. 119 a 124 del cuaderno principal).

II. Sentencia de primera instancia

El juzgado segundo laboral del Circuito de Cúcuta, mediante fallo del 4 de septiembre de 2009, condenó a la demandada a pagar la suma de $ 2.594.789, por concepto de indemnización por despido injusto. Dispuso que ese valor fuera indexado al momento de su reconocimiento, y absolvió de las demás pretensiones (fls. 209 a 214 del cuaderno principal).

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de las partes conoció del proceso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, quien, con la sentencia del 6 de octubre de 2010, cuestionada en casación, confirmó la de primer grado (fls. 9 a 14 del cuaderno del tribunal).

Para decidir en la forma como lo hizo, el tribunal y en lo que interesa al recurso, precisó, respecto al pago de las cotizaciones de seguridad social a la terminación del contrato de trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que se encontraba demostrado el pago de las cotizaciones realizadas entre los meses de marzo y agosto de 2007, tal como daban cuenta los documentos de folios 98 a 103, 104 a 107, y 172 a 177, y en ese sentido, no era viable proferir condena por ese aspecto, dado que la accionada “cumplió con el deber legal de realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social a lo cual se encontraba obligada; sin más argumentos se confirmará la providencia del señor juez a quo”.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. (fls. 7 a 16 del cuaderno de la Corte).

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado, y en su lugar, declare que el despido no produjo efectos jurídicos, siendo en consecuencia ineficaz, y se condene al pago de los salarios, prestaciones y aportes solicitados en la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, que no fue oportunamente replicado.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por la vía directa, por:

haber violado la ley sustantiva, por aplicación indebida del parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en relación con los artículos 1º, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 55, 57-4, 61, 62, 127 (subrogado por el artículo 14 Ley 50 de 1990), 128 (subrogado por el artículo 15 Ley 50 de 1990), 140 y 306 del Código sustantivo del Trabajo, numerales 2, 3 y 4 del artículo 31, 51, 60, 61 del Código de procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 174, 175, 251 y 268 del Código de Procedimiento Civil, 1746 Código civil, 44, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional.

En la demostración del cargo, manifiesta que, si no se demuestra por parte del empleador el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral y los aportes parafiscales, la terminación sin justa causa del contrato de trabajo no produce efectos, tal como lo prevé el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Dice que al ser el despido ineficaz, el contrato debe ser restituido al mismo estado en que se encontraba. Cita la Sentencia de casación CSJ STL, 23 ene. 2003, Rad. 18956, e indica:

[…] la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta aplicó indebidamente la norma relacionada en el cargo, en cuanto, no tuvo en cuenta todos los deberes impuestos al empleador para que pudiera ser exonerado de las consecuencias que apareja el despido ineficaz. Dicho en otros términos, si hubiera advertido que no se cumplieron con las obligaciones impuestas en el primer parágrafo del artículo 29 de la ley(sic) 789 de 2002, habría tomado la decisión de revocar la decisión de primera instancia y en su lugar declarar que era ineficaz el despido del demandante, y en esa instancia habría condenado al pago de los derechos laborales en la forma pedida en la demanda.

VII. Consideraciones

Pues bien, se rememora que el ad quem fundamentó su decisión, en que con los documentos de folios 98 a 103, 104 a 107, y 172 a 177 del cuaderno principal, se encontraban acreditado el pago de las cotizaciones para los meses de marzo a agosto del año 2007 no siendo procedente realizar condena alguna, ya que la demandada “cumplió con el deber legal de realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social a lo cual se encontraba obligada; sin más argumentos se confirmará la providencia del señor juez a quo”.

La censura radica su inconformidad, en que el empleador no cumplió con los deberes impuestos en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, es decir realizar el pago de la seguridad social y comunicar al trabajador el estado de cuenta de los tres últimos meses.

Así mismo, precisa la Sala que no obstante la morigeración del recurso extraordinario de casación, al formularlo, deben seguirse las exigencias formales contenidas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social.

Entre esas exigencias, y en consonancia con la claridad y precisión del cargo, se encuentra aquella relativa a la relación entre la providencia cuestionada y el ataque que se le formula, pues la demanda de casación debe recriminar todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias contenidas en la decisión adoptada por el tribunal, y en tal sentido, a nada conduce la simple discrepancia e inconformidad parcial del recurrente con el fallo cuestionado, cuando, en la demostración del cargo manifestó, que a la luz del parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, el despido era ineficaz, si no se demuestra por parte del empleador, el pago de las cotizaciones de seguridad social integral y los aportes parafiscales, toda vez que al dejar libres de ataque los argumentos en que se cimento el tribunal para tomar la decisión, como fue el que se demostró el pago de los aportes a seguridad social tal, como se observa a folios 107 y 172 a 177 del cuaderno principal, la providencia fustigada, conserva con ello, las presunción de legalidad y acierto que la acompañan.

Y es que en este asunto, el juicio que se formó el tribunal fue eminentemente fáctico, ya que con sustento en las pruebas allegadas al proceso, encontró que la accionada cumplió con la obligación que echa de menos el recurrente. De allí que lo propio era haber dirigido el ataque por la vía indirecta, para así refutar esos argumentos, y no cimentar su ataque por la vía de puro derecho, en la medida que esta se da al margen de la valoración probatoria que se hubiera realizado en segunda instancia.

Así, si se dio por establecido que se cancelaron los aportes para los meses de marzo a agosto de 2007, a nada conllevaría la acusación que realiza el censor, pues en verdad, la demandada, cumplió con la obligación que echa de menos, situación que comporta que la sentencia, con sustento en ese discernimiento no cuestionado, conserve las presunciones de legalidad y acierto que lo acompañan.

Además, esta Sala de la Corte, ha sido del criterio que la sanción prevista en el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 del 2002, no es de aplicación automática, pues se debe estudiar el comportamiento del empleador, si ha omitido realizar los aportes a la Seguridad Social, situación que de encausarse por la senda jurídica, comporta que en el fallo recriminado, se hubieran dado por probado, no solo el incumplimiento del empleador, sino también la presencia de la mala fe. Circunstancias que en este asunto no se verificaron, pues el tribunal, concluyó que la accionada cumplió con sus obligaciones de ley.

Es así como en sentencia de casación CSJ SL, 22 nov. 2011, Rad. 44033, que reiteró la sentencia de casación CSJ SL, 30 en. 2007, Rad. 29443, al respecto indicó:

Por tratarse de una de las sanciones por la omisión en el cumplimiento de deberes patronales, prevista en el artículo 65 del CST, debe seguir las mismas reglas de los otros casos previstos en la norma que la contiene; esto conduce a que dicha sanción no puede operar de manera automática sino que es menester analizar el comportamiento del empleador, no siendo procedente cuando aparezca que estuvo revestido de buena fe”. Y agregó: “La sanción de ineficacia reclamada sólo procede cuando no se acredite buena fe del empleador y para la eventual prosperidad de un cargo por la vía directa, sería menester que el fallo de segunda instancia hubiera dado por probados como supuestos fácticos esenciales, no sólo el incumplimiento del empleador sino también la presencia de la mala fe.

Con todo lo anterior, frente a este aspecto particular la consecuencia jurídica no es el reintegro, tal como lo tiene adoctrinado la Sala en Sentencia CSJ SL, 30 ene. 2007, Rad. 29443 reiterada en la Sentencia CSJ SL, 14 jul. 2009, Rad. 35303 en la que expuso lo siguiente:

Por ello, carecería de lógica que aun cesando la causa de la sanción, ejemplo pago posterior, continuase el correctivo como lo sería la orden de reintegro del trabajador al cargo y los efectos que conllevaría el mismo, situación superada por la jurisprudencia. Precisamente en sentencia de 30 de enero de 2007, Rad. 29443, se reflexionó así:

Sea lo primero indicar que la condición de eficacia para la terminación de los contratos de trabajo prevista en el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, es un mecanismo de garantía de cobertura real y concreta para el trabajador en materia de seguridad social y contribuciones parafiscales; ciertamente si se le exige al empleador que, para que el despido que se propone realizar sea apto para terminar el contrato de trabajo, cumpla con sus obligaciones para con las entidades del sistema de seguridad social y administradores de recursos parafiscales, se evita que las prestaciones o servicios que estas instituciones ofrecen se nieguen por falta de pago completo de las respectivas cotizaciones o aportes.

El artículo 48 de la Constitución Política establece como principio de la seguridad social la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que la eficacia de los derechos consagrados está irremisiblemente unida a la existencia de recursos suficientes, estimados más allá de los demandados por la urgencia del día, para la viabilidad de las instituciones durante esta y las siguientes generaciones.

El Constituyente y el legislador de las últimas décadas, han tenido como finalidad central de sus proyectos y disposiciones el garantizar el equilibrio financiero del sistema, que se obtiene no sólo incrementando los aportes del empleador y del trabajador, y del Estado, sino garantizando los medios para asegurar su efectivo recaudo”.

De lo que se sigue, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, al no haber replica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el seis (06) de octubre de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Bonerge Abril Sánchez contra Radio Taxi Radio S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Santander Rafael Brito Cuadrado—Cecilia Margarita Durán Ujueta—Carlos Arturo Guarín Jurado.