Sentencia SL13802-2017/50839 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13802-2017

Rad.: 50389

Acta 07

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Bogotá D.C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 7 al 11 cuaderno de la Corte).

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la dictada por el juzgado cuarto laboral del circuito de Barranquilla, y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda (fl. 9 del cuaderno de la Corte).

Con tal propósito y por la causal primera de casación, formula un cargo por la vía indirecta que no fue replicado oportunamente.

VI. Cargo primero

Se formuló en los siguientes términos:

La sentencia acusada viola la ley sustancial por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, de los arts. 252, 258, 269 del C.P.C., en relación con los artículos: 17 de la ley (sic) 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 art. 4; arts. 22, 23 de la Ley 100 de 1993, art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 art. 9º, art. 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 art. 10; art. 32 subrogado por el Decreto 2351 de 1965 art.1 127 del C.S.T., subrogado por la Ley 50 de 1990 art. 14.

En la demostración del cargo aduce que el sentenciador falló bajo los evidentes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo que el salario que realmente devengaba el demandado durante el tiempo que trabajo (sic) al servicio de la empresa demandada, era la suma de ($ 80.000.) mensual

2. No dar por demostrado, estándolo, que la constancia sobre el salario devengado por el demandante, si está firmada.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la constancia de fecha 30 de julio de 1984, demuestra los extremos de la relación laboral.

4. No dar por demostrarlo, estándolo, que, al demandante, la empresa demandada cotizo al ISS para pensión sobre un salario inferior desde 1979, al que aparece en la constancia del 30 de julio 1984.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Policarpo Lafont, si fue jefe de personal de la empresa demandada.

Y estableció como medios probatorios erróneamente apreciados:

• La constancia del 30 de Julio de 1984 firmada por Policarpo Lafont Guerrero jefe de personal de la empresa demandada, donde consta el salario mensual devengado por el demandante, los extremos de la relación laboral (fl. 6).

• Periodos de afiliación del demandante al ISS en pensiones (fls. 7, 8 y 9).

• Testimonio del señor Brigido Mendoza Santiago quien dice constarle que el señor Policarpo Lafont Guerrero fue jefe de personal de la empresa demandada (fl. 58).

En lo que respecta a la demostración del cargo, expuso:

[…] respecto al defecto factico aquí pre anotado deviene de confundir el hecho 1 y el hecho 4 de la demanda en relación con la constancia expedida por el jefe de personal de la empresa (fl. 6). Con toda precisión en el hecho 4 de la demanda se anuncia de manera correcta que el demandante le solicitó al jefe de época una constancia de su salario la que se hizo en la suma de $ 80.000 por mes, mientras que en la relación de las semanas cotizadas solo aparecía una cotización de $ 30.150.

En el hecho 1 de la demanda se está aseverando el salario en las cotizaciones al ISS para pensiones, y no como erradamente lo entiende el tribunal que ese fuera el salario real mensual, sino por el contrario el que nítidamente aparece a folio 6 en la constancia del jefe de personal.

En lo que respecta a la constancia emitida por el jefe de personal, indica que, si el fallador de segundo grado le hubiera dado el análisis exacto al documento, de conformidad en lo manifestado en el hecho 4º de la demanda, su determinación sería distinta y hubiese providenciado de acuerdo a las pretensiones de la demanda.

Expuso que los documentos que obran en los folios 7, 8 y 9 del cuaderno principal, que no fueron examinados por el tribunal por no contener la firma de algún representante de la empresa demandada, en tal sentido, alega que es irrelevante tal situación, y resulta errada dicha interpretación, pues por tratarse de un reajuste pensional, no existe otro medio probatorio distinto que recurrir a la entidad captadora de las cotizaciones y así verificar los montos.

VII. Consideraciones

El tribunal fundamentó su decisión en la deficiente aportación de pruebas por parte del demandante, quien afirmó devengar más del salario reportado por la demandada al Instituto de los Seguros Sociales como ingreso base de cotización.

En tal sentido concluyó que el actor no probó que ostentara un salario superior al reportado al ISS, porque no allegó elementos de juicio que permitieran establecer el ingreso base de cotización reportado a la administradora de pensiones, para presenciar la existencia de una posible diferencia con lo devengado.

Entonces, se hace imperioso para la Sala rememorar que cuando el ataque se encamina por la vía de los hechos, no es cualquier error del fallador el que destruye al proveído, sino aquél que tenga el alcance de manifiesto o protuberante. Esa condición emerge frente a quebrantaciones fácticas evidentes, provenientes de dislates frente a los elementos de juicio que conforman el caudal probatorio, ya sea por haberlos apreciado en forma errónea o por no haberlos estimado.

No es suficiente, que el casacionista exponga razones así sean sensatos sobre los posibles asertos erróneos del fallador o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que además de referir y enrostrar la equivocación ostensible, debe justificar, de conformidad con el contenido en documento, qué es lo que ellos en verdad acreditan y la relación con la desatinada visión del juez colegiado.

La censura se esfuerza en demostrar que el tribunal incurrió en varios errores manifiestos de hecho i) al arribar que el valor de $ 80.000 enunciado en la constancia expedida por la demandada no era el salario devengado por el demandante para el año 1984, y ii) que el ingreso base de cotización reportado para la misma época por el empleador al ISS, en $ 30.150 por mes, es inferior al salario devengado por el actor.

Bajo las aristas en precedencia, entonces, procede la Sala a analizar las diferentes probanzas que el cargo ataca como errónea apreciación probatoria, lo cual arroja el siguiente resultado:

La constancia del 30 de julio de 1984 firmada por el jefe de personal de la empresa demandada de folio 6 del cuaderno de instancia, a su tenor dice que el actor;

[…] trabaja en esa empresa desde noviembre 2 de 1979, desempeñando el cargo de ingeniero en Jefe de la sección de Mantenimiento con una asignación mensual básica de $ 80.000 demostrando capacidad y honorabilidad.

Para constancia y a petición del interesado, se expide la presente a los 30 días del mes de julio de 1984.

De la anterior, salta la vista que el documento no expresa que el salario fue el pagado desde el inicio de la labor encomendada sino que, solo da fe, el que tenía el actor a la fecha de expedición del documento. Tampoco demuestra los extremos de la relación laboral, pues de la demanda se extrae que el contrato de trabajo terminó el 17 de septiembre de 1991 y la fecha de elaboración del documento fue el 30 de junio de 1984, entonces mal podría el documento revelar los extremos del vínculo contractual cuando fue realizado antes de fenecer aquella.

Ahora bien, para el tribunal el documento no fue contundente, pues no fue certero en que el valor ahí expuesto era el salario de la época, debido a que en los hechos de la demanda se expuso que el salario pactado fue de $ 30.900, y se mantuvo vigente hasta el 17 de septiembre de 1991, fecha en que finalizó la relación laboral.

De lo precedente, fluye palmario que el juzgador no soslayó el contenido de la probanza sino que, al confrontarla con lo confesado en la demanda, le generó recelo, y le restó confianza al documento; dichos razonamientos no comprometen el fallo del segundo grado, dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, permite a los jueces del trabajo la amplia facultad para que libremente formen el convencimiento sobre los hechos que sustentan el proceso, sin sujeción a la tarifa legal, siendo ellos los que deben decir por qué un determinado medio de juicio les permitió crearse su convencimiento de una manera y no de otra.

Por otra parte, nótese que el recurrente asevera que el tribunal, realizó una interpretación errónea de las documentales de 7 a 9 del plenario, contentivo del reporte de semanas cotizadas, y ante ello indica:

[…] si bien es cierto no están firmados por la parte demandada, lo que es un hecho cierto pero al mismo tiempo irrelevante, por tratarse de estar en discusión un reajuste pensional, no existe otro medio probatorio distinto que recurrir a la entidad captadora de dichas cotizaciones para poder verificar los montos que se hacían por dicho concepto y la fecha a partir de la cual se hicieron […]

Al respecto, encuentra la Corte que la acusación de tales pruebas no se hace en relación a su contenido, sino a las inferencias de valoración probatorio de los mismas, que no fueron apreciadas por el fallador, por no encontrarse firmadas por quien se les opone. Dicho en breve, se trata de un supuesto yerro que debió atacarse por la vía del puro derecho y no por la fáctica, a lo que se añade que se trata de un documento declarativo proveniente de un tercero que tiene la misma connotación de testimonio, la que no es prueba calificada en casación.

En este orden de ideas, la Corte no puede entrar a verificar si el tribunal se equivocó al formar su convencimiento soportado en ese elemento probatorio, habida cuenta que esta no es una de las pruebas calificadas en casación para demostrar errores de hecho. Ello a la luz de lo que fluye con nitidez de la restricción prevista en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 que, según los claros términos de la ley y la reiterada jurisprudencia al respecto, no es prueba calificada en casación laboral, como posible fuente de error manifiesto de hecho conducente a la infracción de la ley.

Aduce también, como medio probatorio erróneamente apreciado, el testimonio rendido por el señor Brigido Mendoza Santiago; sin embargo, advierte la Sala, que el error de hecho es motivo de casación cuando proviene de la falta de valoración o apreciación errónea de un documento auténtico, una confesión judicial o de una inspección judicial, por manera que la declaración realizada por el señor antes citado no es prueba calificada en casación; de ahí que debió, en primera medida, comprobarse el yerro endilgado con fundamento en medio de convicción idóneo, y cumplida tal tarea, entrar a valorarlo, situación que no aconteció en el caso bajo examen.

Así las cosas, no pudo cometer el juez de segundo grado el desacierto que le endilga el cargo, pues como lo tiene ilustrado esta corporación, para quebrar la decisión del tribunal, debía el recurrente demostrar que erró ese fallador en la valoración del caudal probatorio idóneo, que le otorgó mayor poder de persuasión y que ese desacierto repercutió directamente en la decisión, lo que no se logró con el ataque.

Por lo anterior, el cargo no resulta próspero.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo replica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Emiliano Cardona Gallón contra Camagüey S.A.

Costas como se dispuso en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».