Sentencia SL 1387-2018/55926 de abril 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Prada Sánchez

SL1387-2018

Rad.: 55926

Acta 11

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación

Fue interpuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

(…)

IX. Consideraciones

Lo que el recurrente propone a esta Corporación es “rectificar” su posición actual sobre la actualización de la base salarial de las pensiones, en tanto considera que, en casos como el analizado, es “antitécnico” acudir a la Ley 100 de 1993, por tratarse de una pensión excluida del Sistema General de Pensiones.

La discusión que plantea la censura, lleva a esta Sala de la Corte a recordar que luego de haber transitado por varias posturas en la temática de la indexación que en este asunto se trata, hoy día es criterio pacífico de la Sala de Casación Laboral la procedencia de la actualización de la base salarial de todo tipo de pensiones, esto es, legales o extralegales, sin consideración a la fecha de su otorgamiento, pues de manera categórica ha señalado, incluso, que es viable la corrección para pensiones causadas con anterioridad a la Constitución de 1991. Así lo reiteró en la Sentencia CSJ SL20952-2017 en la que discurrió:

Esta Sala de la Corte evocando estos argumentos, consideró mayoritariamente en Sentencia CSJ SL8544-2016 que la acción judicial encaminada a la reliquidación de la pensión por inclusión de nuevos factores salariales es imprescriptible, por lo que puede demandarse en cualquier tiempo la revisión de las pensiones deficitarias. Ahora, con base en estos mismos razonamientos, cabe decir que las personas tienen el poder jurídico de solicitar la actualización del ingreso base de liquidación que se tuvo en cuenta para calcular el valor de la primera mesada pensional.

En consonancia con lo anterior, ha sido criterio reiterado de esta Sala la procedencia de la actualización del salario base para la liquidación de todas las pensiones —legales y extralegales—, causadas con posterioridad a la Constitución Política de 1991, y a partir de la Sentencia CSJ SL736-2013, se hizo extensivo también a las causadas antes de la entrada en vigencia de la norma superior ejusdem.

Sobre el particular dijo la Corte:

A pesar de que la Corte ha tenido una preocupación especial por contar con una fuente normativa que legitime la indexación, el hecho de que se disponga respecto de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de normas como la Constitución Política de 1991 o la Ley 100 de 1993, no implica desconocer abiertamente esa sana previsión, sino reconocer la existencia de otros parámetros normativos anteriores e igualmente válidos, como la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen fuerza normativa, en los términos de los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como lo había concluido la Sala en su primigenia jurisprudencia, respaldan plenamente la actualización de las obligaciones dinerarias.

(...)

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

En consideración a lo anterior, era viable la indexación de la primera mesada pensional de la prestación restringida de jubilación, aun cuando a la actora ya se le hubiera reconocido la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, si se tiene en cuenta dos aspectos: (i) que la indexación de la primera mesada pensional procede en cualquier tiempo para las pensiones legales y extralegales, causadas antes y después de la Constitución de 1991, y (2) los efectos que la inflación produce sobre las pensiones cuando transcurre un lapso considerable entre la desvinculación del trabajador y el cumplimiento de la edad requerida para causar la prestación, en aras de resguardar el poder adquisitivo de la mesada.

La posición jurisprudencial actual, que concibe factible y necesaria la indexación de la base salarial tomada para liquidar la pensión, con independencia del tipo de prestación, impone desechar la tesis de la censura, consistente en que la prestación de Jaime Romero Riaño, no se rige por la Ley 100 de 1993, razón por la cual no hay lugar a la indexación; de esta suerte, es claro que el Tribunal no incurrió en desacierto jurídico al acogerse al criterio de la Sala de Casación Laboral en torno a la materia debatida y confirmar lo resuelto por el a quo.

De lo que viene de decirse, el cargo no es fundado.

X. Cargo Tercero 

Acusa la sentencia de violar indirectamente, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 2 de la Ley 71 de 1988, 16 del Decreto 758 de 1990, 13 del Decreto 813 de 1994 y 78 del Código Procesal del Trabajo, debido a que el Tribunal incurrió en el siguiente error de hecho:

No dar por establecido, estándolo, que el acta de conciliación suscrita entre el Banco de Bogotá y el demandante había hecho tránsito a cosa juzgada frente a “(…) posterior reclamo de ninguna naturaleza y por ningún concepto contra su ex patrono”.

Como prueba erróneamente apreciada relaciona el acta de conciliación suscrita entre el actor y el Banco de Bogotá (fls. 8 y 9).

Discrepa de la razón para decidir del colegiado, de que dicho documento no cubrió la actualización del ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación, pues si bien, no se habló de ello en el acta, fue porque se trataba de un derecho eventual “en formación”, en tanto el actor había cumplido con el tiempo de servicio exigido en la ley para adquirir el derecho a la pensión de jubilación, pero no con la edad mínima para su reconocimiento al momento de celebrarse la conciliación; en esa medida, no se trataba de un derecho adquirido cierto e indiscutible, por depender de un hecho futuro, cual era alcanzar la edad; se trataba entonces de una expectativa legítima susceptible de conciliación. Cita la Sentencia CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 35713.

Asegura que es evidente, notorio, mayúsculo y trascendente el yerro del Tribunal, pues de la prueba se deduce con claridad que no habría reclamo posterior “(…) de ninguna especie y por ningún concepto”, contra el Banco de Bogotá, por manera que a más de referirse a los salarios, vacaciones, prestaciones y parafiscales, “estaba cobijando un eventual reclamo pensional, por tratarse de un acuerdo omnicomprensivo, el cual, claro está, hizo tránsito a cosa juzgada”.

XI. Réplica

Manifiesta que el acta de conciliación de folios 8 y 9, en nada se refiere a los derechos pensionales, que además son irrenunciables, y en cambio se limita a los “reclamos especificados en el ordinal 2 de esta Acta”; que esa fue la razón por la cual, pese a existir la conciliación, el propio Banco le reconoció la pensión de jubilación al ex trabajador, solo que “no tuvo en cuenta la indexación, punto de derecho que se discute pues la pensión en sí misma considerada no es sujeto de discusión”.

XIII. Consideraciones

Para el Tribunal, el acta de conciliación suscrita entre las partes no trató y, por ende, no afectó cuestiones relacionadas con la pensión del demandante. Al descender a dicha documental, en el numeral 2 se lee:

(…) Que posteriormente, y conocida por el extrabajador la liquidación final de sus salarios y prestaciones, ha reclamado al Banco por salarios ordinarios y extraordinarios; cesantía e intereses de cesantía; vacaciones; primas de servicio legales y extralegales; indemnización por terminación de contrato; auxilios legales y convencionales y, además, ha reclamado por los descuentos y deducciones que se le hicieron en su liquidación final, los cuales en su concepto no debieron haberse hecho.

A su turno, el numeral 4º señala:

Que sobre todas y cada una de las diferencias y controversias anotadas, y dado que se trata de cuestiones que han sido controvertidas y son controvertibles, como así lo reconocen y aceptan las partes, éstas han llegado al siguiente acuerdo conciliatorio, definitivo y total:

A continuación de lo cual se consignó:

Jaime Romero Riaño declara que la precitada Empresa ha quedado a paz y salvo con él por todos y cada uno de los reclamos especificados en el ordinal 2º de esta Acta así como por los descuentos efectuados a su liquidación final, los cuales acepta y autoriza expresamente y, en general, por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales originados en el contrato de trabajo que vinculó a las partes, contrato que ha quedado así definitivamente liquidado y cancelado, sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie y por ningún concepto contra su expatrono.

La literalidad del anterior convenio no lleva a una deducción distinta a la que arribó el ad quem, pues en realidad nada se mencionó de la pensión de Romero Riaño y menos de su actualización, por manera que ningún yerro con la connotación de protuberante se puede desprender de la estimación que de tal medio de prueba hizo el colegiado.

Ahora bien, no es posible tener como comprendida en el acta de conciliación la actualización de la base salarial de la pensión, por haberse estipulado que el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa “(…) sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie y por ningún concepto contra su expatrono”, debido a que se trataba de una expectativa, pues ello comportaría dejar de lado la literalidad del documento, para incursionar en una cadena de elucubraciones, lo cual descarta la eventual comisión de un error manifiesto, que debe surgir de la sola lectura de dicha pieza del proceso.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Serán de cargo del demandado las costas en el recurso extraordinario. Como agencias en derecho, se fijan $7’500.000, que serán incluidos en la liquidación que haga el juzgado de primera instancia. Dese aplicación al artículo 366-6 del Código General del Proceso.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2012, en el proceso que instauró Jaime Romero Riaño contra el Banco de Bogotá S.A.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese y, devuélvase al Tribunal de origen».