Sentencia SL13883-2017/51637 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 3

Rad.: 51637

Magistrada Ponente:

Dr. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Acta 9

Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Se presentó en los siguientes términos:

1. Por el primer cargo formulado case parcialmente la sentencia recurrida, en cuánto confirmó la absolución de primer grado respecto de la continuidad de la relación laboral y el reajuste indemnizatorio indexado pretendidos, para que en sede de instancia REVOQUE la de primer grado en los aspectos señalados y en su lugar acceda a que la demandada debe ser condenada a pagar al demandante el reajuste indemnizatorio por despido injusto, teniendo en cuenta todo el tiempo que duró la misma relación laboral, reajuste indemnizatorio que deberá reconocerse y pagarse con indexación desde la fecha del despido —11/sep/2000— hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del reajuste pedido. Decidiendo sobre costas en lo que en derecho corresponda.

Por el segundo cargo formulado case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la absolución de primer grado sobre reajuste prestacional e indemnización moratoria, para que en sede de Instancia REVOQUE la de primer grado en los aspectos señalados y en su lugar acceda a dichas pretensiones, esto es, tanto el reajuste prestacional, como la indemnización moratoria, pedidos en la demanda. Decidiendo sobre costas lo que en derecho corresponda. (Negrilla y mayúscula originales).

Como se indicó antes, formula dos cargos “con fundamento en la causal primera de casación contemplada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y el artículo 7º de la Ley 10 de 1969 (…)”.

VI. Cargo primero

Lo enunció así:

La sentencia recurrida es violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 67, 68, 69, numerales 1º, 4º, 5º y 6º del CST y en relación inmediata con los artículos 194 —subrogado por el artículo 32 de la ley 50 de 1990— y 198 del CST; artículos 1º, 18, 21, 65, 127 y 128 del mismo CST y el artículo 53 de la Constitución Nacional sobre primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajos no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. (Negrita en el original).

Señala como errores de hecho en que incurrió el tribunal, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que en la realidad hubo una continuidad en la relación de trabajo entre el demandante y Bancafe y que lo que existió fue un traspaso o traslado del demandante de una entidad a la otra derivada del proceso de absorción por Bancafe de Concasa.

2. Dar por demostrarlo, sin estarlo, que hubo discontinuidad en la relación de trabajo por la existencia de dos contratos de trabajo uno con Concasa y otro con Bancafé, sin tener en cuenta que lo que hubo fue una verdadera simulación de dicha discontinuidad, para conculcar los derechos de antigüedad del demandante.

Denuncia como pruebas mal apreciadas las documentales que aparecen a folios 193 y 482, 216, 488 a 491 del cuaderno Nº 1” (sic) y, como dejadas de apreciar las visibles a “folios 2 a 3, 156, 157, 165 a 166, 226, 235, 238, 472, 473, 498 a 510, 522 a 523, 525 a 537”.

En la demostración del cargo, aduce que el tribunal se equivocó al considerar que entre las partes existieron dos contratos, uno con Concasa y otro con Bancafe y, que no fue probado que el actor “hubiera sido constreñido o violentado a firmar el segundo contrato y a renunciar al contrato con la primera entidad”, pues, según afirma el recurrente, si hubo continuidad en la relación laboral. Para tal efecto, señala que las documentales visibles a folios 193 y 482, 216, 488 a 491 del cuaderno Nº 1, “en principio”, indican que hubo discontinuidad en la relación laboral del demandante con ambas entidades, sin embargo, tal discontinuidad “solo fue aparente”, porque en realidad lo sucedido fue el traspaso de los servicios laborales del demandante de Concasa al Banco Cafetero S.A., en liquidación.

Esboza que los documentos no apreciados por el tribunal obrantes a folios 165 y 166, de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los cuales se certifica que Concasa se clasifica dentro de las sociedades de economía mixta teniendo en cuenta la proporción de la participación de, entre otras entidades, el Banco Cafetero S.A., en liquidación “que para junio y septiembre de 1998. Era de 58.35% y 100% respectivamente”; que basta con “echar un simple vistazo”, al documento obrante a folio 488 a 491, que contiene el contrato que el demandante debió suscribir para asegurar la estabilidad laboral, el cual adiciona un “otro si”, para demostrar que lo que en realidad existió fue el traspaso de los servicios laborales de una entidad a la otra.

Argumenta que con los documentos de fecha 11 de marzo, 27 de enero y 9 de marzo de 1998, visibles a folios 2 a 3, 235 y 236, respectivamente, dejados de apreciar por el juez colegiado, se encontraba demostrado que desde antes de la firma del contrato del actor con Bancafe S.A. en liquidación dicha entidad ordenó un traslado del demandante a la ciudad de Bogotá, D.C., a un “entrenamiento o capacitación”; que desde el 27 de enero de 1998, Bancafe había vinculado al actor en el cargo de cajero que venía desempeñando en Concasa, y que desde el 9 de marzo de 1998, previo a su ingreso a Bancafe, el coordinador administrativo de la regional de Bancafe había remitido al demandante a exámenes de ingreso.

Concluye que las documentales militantes a folios 525-537, 522-523 y, 530-531, dan cuenta de que el Banco Cafetero S.A., en liquidación asumió el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como el auxilio de cesantía para la fecha en que el actor seguía laborando con Concasa.

VII. Réplica

La entidad demandada argumenta que si la acusación se orienta por la violación indirecta de la ley, a través de la falta de valoración o apreciación incorrecta de los medios de prueba, la censura está obligada a probar los errores evidentes de hecho que le atribuye al tribunal, los cuales deben figurar sin mayores esfuerzos o razonamientos, carga que no cumplió el recurrente. Plantea que, de conformidad a como se elaboró la demanda inicial, la sustitución patronal y unidad de empresa ahora alegada es un hecho nuevo, que no se discutió en el proceso porque lo que se planteó es que por haber absorbido en Banco Cafetero a Concasa no hubo solución de continuidad en la relación laboral que existió con el demandante”(sic).

Expone que el fundamento de la sentencia atacada, esto es, que el demandante no demostró que su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo con Concasa, hubiera sufrido violencia, fuerza o constreñimiento, no es abordada por el recurrente, razón por la que el pronunciamiento censurado debe permanecer inalterable; que el entendimiento final al que arribó el juez de segunda instancia en la apreciación de las pruebas aportadas al proceso fue el correcto, y por ello, no fueron acreditados los errores fácticos que se le atribuyen a la sentencia acusada, “en tanto, con la facultad que le confería el artículo 61 del C.P. del T. y S.S., dada la potestad de libre apreciación de las pruebas aportadas al proceso, formó su conclusión soberanamente”.

VIII. Consideraciones

A pesar de que la censura formuló de manera independiente frente a cada uno de los cargos el alcance de la impugnación, solicitando en ambos que se “case parcialmente la sentencia recurrida” tal actuación no tiene la entidad suficiente para desestimar la acusación, ya que por vía de interpretación del escrito con el que se sustenta el recurso, no se advierte mayor dificultad para entender que la parte actora aspira obtener la íntegra anulación de la sentencia atacada y en sede de instancia la revocatoria de la decisión proferida por el a quo, con el propósito de que se acceda a las pretensiones de la demanda en la forma como lo pidió, esto es, se profiera condena por la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa debidamente indexada, así como de las prestaciones en la forma deprecadas en el escrito inicial.

Empieza la sala por advertir que dentro de la proposición jurídica de la acusación primera, el recurrente le enrostra al tribunal la indebida aplicación de los artículos 67, 68, 69 numerales 1º, 4º, 5º y 6º del CST, en relación inmediata con los artículos 194 —subrogado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990— y 198 del CST, normas que hacen referencia a las figuras jurídicas de sustitución de empleadores y unidad de empresa, respectivamente, razón por la que resulta contradictoria su acusación de manera simultánea, pues cada una de ellas, exige para su configuración el cumplimiento de distintos requisitos y, generan consecuencias jurídicas diferentes. (Resalta la sala).

Esta corporación en Sentencia CSJ SL850-2013, sobre la sustitución patronal señaló que, se produce cuando opera un cambio de empleador por cualquier causa, principalmente por mutación del dominio de la empresa o de su administración; que requiere continuidad en el desarrollo de las operaciones del establecimiento y también en los servicios que presten los asalariados. Es decir, que continúe el mismo giro de los negocios o actividades, como antes, y que los trabajadores sigan laborando después del cambio como lo venían haciendo con anterioridad a él, es decir, en ejecución del mismo contrato pues, si el contrato con el primer empleador termina, no se configura la sustitución patronal.

Recuérdese que para que se configure la unidad de empresa entre personas jurídicas, deben concurrir, la existencia de una sociedad principal o matriz y otra subordinada que se denomina filial o subsidiaria, respecto de la cual, la primera ejerce un predominio económico, que desarrollen actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.

Precisamente, son estos elementos los que deben verificarse, a efectos de declarar la existencia de dicha figura, cuya finalidad es impedir el desmejoramiento de la situación de los trabajadores, a través de la fragmentación del capital o del tiempo necesario para acceder a algunas prestaciones o beneficios establecidos en la ley o en actos jurídicos extra legales.

El efecto jurídico de su declaratoria, por los senderos administrativos o judiciales, es tener a las varias personas jurídicas, o las varias unidades de explotación económica pertenecientes a una misma persona natural o jurídica, como una sola empresa, en beneficio de los trabajadores, con miras a que estos puedan obtener el reconocimiento y pago de prestaciones que solo están a cargo de una empresa, tal como lo ha sostenido esta sala, entre otras, en las providencias CSJ SL15966-2016, CSJ SL6228-2016 y CSJ SL6313-2016.

En ese orden de ideas, resulta necesario anotar que el discurso del juez colegiado para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, estuvo orientado a establecer si existía o no continuidad en la relación laboral que unió al demandante con Concasa y luego con el Banco Cafetero S.A., en liquidación, para lo cual, luego de precisar que la relación laboral del actor con Concasa que daba cuenta a folios 193 y 482, finalizó por la renuncia presentada por el trabajador mediante documento militante a folio 216, determinó que tal dimisión fue voluntaria, pues no encontró acreditado “el constreñimiento a que supuestamente fue sometido el demandante, con el fin de que renunciara al mismo”, ni las “maniobras engañosas o de presión” por parte de la demandada que llevaren a coartar la manifestación de voluntad del actor. (Resalta la sala).

Se recuerda que para que se configure el error de hecho en la valoración probatoria, como soporte indispensable del ataque en casación por la vía indirecta, su existencia debe aparecer notoria, protuberante y manifiesta, es decir, que salte a la vista por el simple cotejo entre lo que afirma la sentencia impugnada y lo que expresan los medios de prueba, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones.

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Los soportes fácticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario de los hechos sobre el cual cobrarán vida las normas llamadas a gobernar los supuestos fácticos acreditados; al paso que los soportes jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el caso sometido a su consideración, esto con total independencia de las aspectos de hecho que estructuran cada caso.

Por manera que las inconformidades planteadas por el recurrente y las pruebas denunciadas como erróneamente apreciadas o dejadas de valorar, en las que funda su acusación, no demuestran que el tribunal se equivocó al considerar que no hubo prueba del sometimiento o violencia que coartara la voluntad del demandante para presentar su dimisión ante Concasa y consecuentemente, no tener por acreditada la continuidad de la relación, pues los reproches del recurrente se enfocan a debatir asuntos distintos a lo estudiado por el juez colegiado en el fallo de segunda instancia, como lo son el proceso de absorción efectuado por Bancafé S.A., en liquidación sobre Concasa; la suscripción del documento denominado “otro si”, que da cuenta del contrato de trabajo suscrito entre el demandante y Bancafe en marzo 16 de 1998 y de la modificación a la cláusula sexta del mismo; el traslado del demandante a la ciudad de Bogotá con el objeto de capacitarlo; la remisión del actor para la práctica de exámenes médicos de ingreso, expedida por el coordinador administrativo de la regional de Bancafe, los aportes al sistema integral de seguridad social y fondo de cesantías efectuados por la demandada en beneficio del actor, que, se itera, no tienen incidencia alguna en la conclusión del tribunal referida ausencia de prueba del sometimiento o maniobras engañosas a que fue sometido el demandante para presentar su renuncia a Concasa.

En cuanto a la alegación del recurrente, relacionada con que su dimisión “no tenía objeto (…) sino fuera porque al demandante se le garantizó así poder continuar laborando, siendo la incertidumbre de quedarse sin empleo y el no poder pagar la hipoteca que había adquirido con Concasa”, y que fue trasladada al Banco Cafetero “el principal elemento coercitivo para facilitarle a las dos entidades la maniobra”, debe precisar la sala, que tampoco conduce a demostrar las alegadas maniobras engañosas para provocar la finalización unilateral del vínculo contractual, por lo que el censor no destruye el fundamento del tribunal de no hallar probado el vicio en la voluntad de renunciar del actor a Concasa, pues el hecho de que existiera o no un préstamo hipotecario cuyo acreedor inicial fue Concasa y con posterioridad el Banco Cafetero S.A., no conlleva inexorablemente a concluir que el demandante se hallaba sometido a fuerza o violencia para presentar su renuncia.

Bajo el derrotero expuesto, basta con decir que no logró el recurrente demostrar que el tribunal se equivocó al concluir que la voluntad del trabajador no fue doblegada por la empresa demandada y por ello, se mantiene la presunción de legalidad y acierto respecto de los argumentos expuestos en la sentencia atacada en este aspecto.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

IX. Cargo segundo

Por este cargo acusa,

“(…) por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 127, 128, modificados por los artículos 14 y 15 de la [L]ey 50 de 1990, 249, 253, 306 del CST; artículo 1º de la Ley 52 de 1975; artículo 65 también del CST y en relación inmediata con los artículos 1º, 18 y 21 del mismo CST, artículo 177 del CPC y 145 del CPL y S.S. y el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Manifiesta que los errores de hecho en que incurrió el tribunal fueron:

1. No dar por demostrado, estándolo, que en la liquidación final de los derechos prestacionales del demandante, no fueron incluidos valores que son factores para efectos de diseñar el salario base de liquidación de las prestaciones sociales, por lo que esta quedó mal hecha.

2. No dar por demostrado, estándolo, que en la liquidación final de los derechos prestacionales del demandante, además se incurrió en el error de calcular el salario variable del demandante por la fracción laborada del 2000 con la doceava parte, cuando ha debido hacerse solo con el promedio de tiempo que va del 1º de enero al 11 de septiembre de 2000.

3. No dar por demostrado estándolo que la demandada actuó con denodada mala fe al no pagarle completas las prestaciones sociales al demandante ya que además que se las liquidó mal, le pagó una cifra inferior a la que le liquidó y además persistió en el error tanto en la reclamación directa como a lo largo del proceso; y al evadir y tratar de confundir acerca de su verdadera razón social.

Como pruebas valoradas equívocamente por el tribunal señala “las documentales que aparecen a folios 17 y 18, 333, 6 y 259 del cuaderno Nº 1”; y que dejó de apreciar los documentos obrantes a folios 7, 11, 12, 164 y 481 del cuaderno Nº 1.

En la demostración del cargo, aduce que el juez colegiado no efectuó consideración alguna sobre el reajuste prestacional pretendido, pues “Simplemente confirmó la sentencia de primer grado, por lo que se entiende que hizo suyas las consideraciones del a-quo al respecto”, por lo que encontró forzoso referirse a las consideraciones que hizo el juez a quo para negar el reajuste referido, cuales fueron:

1ª—Que se colige de lo expresado por el demandante (fls. 17 y 18) y lo contestado por la demandada (fl. 333) que la liquidación se hizo con base en una convención colectiva que no fue aportada al plenario, lo cual se infiere igualmente de la liquidación de folios 6 y 259.

2ª—Que en tales condiciones es muy difícil para el despacho proceder a liquidarlas y que además no aparece en el plenario qué rubros deben tenerse en cuenta como factores de salario para poder revisar la liquidación y que teniendo en cuenta que la carga estaba “(…) en hombros del actor (CPL, art. 145 - CPC, art. 177) se ve juzgado avocado a desestimar la pretensión de reajuste deprecada por el señor Alfredo Bonilla Hurtado y como consecuencia también está llamada a fracasar la pretensión de indemnización moratoria, pues nada adeuda la empresa del actor” (fl. 558, pág. 6 del fallo de primera instancia).

En esa medida, indica que el sentenciador de alzada incurrió en grave error, “puesto que independiente de la existencia de convención alguna si podría el sentenciador examinar la liquidación”, en la que no fueron incluidos factores salariales. Frente a la mala fe con la que dice actuó la demandada, para no asumir el pago correcto de las prestaciones sociales al demandante, expuso que “Desde la reclamación directa (fl. 11) el demandante solicitó el reajuste prestacional” y que la demandada, no hizo esfuerzo alguno en demostrar que la liquidación de prestaciones sociales se había efectuado en debida forma.

X. Réplica

Esbozó que no puede prosperar el ataque, como quiera que la reliquidación de los derechos laborales del demandante “no fue motivo del recurso de casación”, toda vez que en el mismo, si bien se solicitó la revocatoria total del pronunciamiento de primer grado, la inconformidad allí planteada fue la continuidad en la relación laboral que no encontró demostrada el fallador de primera instancia.

XI. Consideraciones

De la lectura de la sentencia gravada, se desprende que el juez de segundo grado no analizó si en la liquidación final de los derechos prestacionales del demandante fueron o no incluidos valores que constituían factor salarial. Sin embargo, revisado el escrito de apelación (fl. 562-563, cuaderno de primera instancia) que elevó el apoderado de Óscar Alfredo Bonilla Hurtado, ningún cuestionamiento formuló en tal sentido al fallo del a quo, en tanto se limitó a señalar que el contrato suscrito con Bancafe S.A., en liquidación “sustituyó derechos ciertos de antigüedad, recortándolos mediante la maniobra señalada lo que trajo además como consecuencia el recorte de sus prestaciones sociales”, es decir, que la alegada disminución de la liquidación final de prestaciones sociales fue una consecuencia de la discontinuidad en la relación laboral declarada por el juez de primera instancia y no, como se plantea ahora en el recurso de casación, por la errada integración del salario promedio del demandante.

Por manera que la referida inconformidad constituye un planteamiento extemporáneo, inadmisible en la esfera de casación en la medida en que podría erigirse como una afrenta al derecho de defensa de la contraparte; razón más que suficiente para rechazar tal acusación.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, a favor del opositor demandado, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, el 18 de agosto de 2010, en el proceso ordinario laboral que le promovió Óscar Alfredo Bonilla Hurtado al Banco Cafetero en Liquidación y Granbanco S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».