Sentencia SL13926-2016/73719 de agosto 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13926-2016

Radicación 73719

Acta 29

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «III. Recurso de apelación del sindicato

En primer lugar, el apoderado del sindicato aduce violación al debido proceso debido a que no se observó el término establecido en la ley para resolver en el fondo la demanda que dio origen al proceso. Sostiene que los videos y las fotografías fueron incorporados por fuera de la oportunidad procesal que correspondía, por ello no sirven como elementos materiales de prueba de la participación de César Higuera, ni de otro trabajador, en el supuesto cese de actividades. Que esta persona se reunía con la dirigencia de la empresa para tratar el asunto relativo al despido de 2 trabajadores; también, suscribió las actas levantadas por el Ministerio del Trabajo, dado que era su obligación por su carácter de presidente de la organización sindical.

Critica el valor probatorio que el a quo asignó a los testigos, en tanto todos son empleados de la demandante, de suerte que estaban en la obligación de atestiguar a favor de su empleadora, pues de no, se verían abocados a perder sus puestos de trabajo.

Asevera que no en todos los casos en que se realiza una actividad de protesta por parte de los trabajadores se requiere su aprobación en asamblea general, sino solamente cuando se trata de decidir sobre la declaratoria de huelga en el marco de un conflicto colectivo de trabajo; agrega que la prueba de la realización de la parálisis de labores es solemne, o por lo menos, solo sirve a ese propósito el acta de verificación levantada por el Ministerio del Trabajo, tal cual lo preceptúa el inciso 2º, numeral 3º del artículo 129 del Código Procesal del Trabajo, dado que le resultaría muy fácil a la empleadora demostrar ese supuesto fáctico, mediante las declaraciones de sus dependientes.

Advierte que no puede tildarse de colectivo un supuesto cese en el que la participación de los trabajadores no quedó acreditada, y aun si se tuviera como demostrada, el número de personas de que dan cuenta las actas de verificación no sobrepasa los 15, en una empresa que tiene más o menos 2.000 asalariados. Añadió que El Malecón, en el que se dice se produjeron bloqueos por parte de la comunidad, no es un frente de trabajo de Acerías Paz del Río, sino que es una de las vías públicas del municipio y, aunque en las actas se menciona la presencia de algunos trabajadores, no se precisó de quiénes se trataba; solo se individualizó al señor Estepa, quien pertenece a la directiva seccional, que no a la nacional.

En cuanto a la suspensión de labores en la mina El Uvo, adujo que la verificación se hizo justamente en el momento en que se hacía el cambio de turno, por lo cual los trabajadores no se encontraban prestando el servicio.

Estima que con el contenido de las actas tampoco se demuestra la participación activa de los miembros del ente sindical, y que, con todo, no se paralizó algún frente de trabajo, a más que no es posible constatar si, en realidad, al lado de los integrantes de la comunidad, hubo presencia de algunos trabajadores, ni tampoco puede decirse que por el número de personas, el presunto cese fue colectivo.

Sostiene que el hecho de que el presidente del sindicato hubiera intervenido en algunas reuniones, en aras de solucionar el impase suscitado en razón del despido de unos trabajadores y suscribiera las actas elaboradas por las visitas que hiciera el Ministerio del Trabajo, no demuestra la participación del mismo en el supuesto cese, ni menos la de la organización como tal.

Por último, argumentó que ni la acción de tutela, que fue negada, el amparo policivo y la denuncia penal contra el señor Estepa, son suficientes para demostrar la participación del sindicato en el presunto cese.

Arguyó que se presenta falta de legitimación en la causa por activa, debido a que la denominación de la empresa no es la que aparece en el certificado de existencia y representación legal y que si tal anomalía fue corregida, se debió a la excepción previa que formuló.

Expuso que contrario a lo colegido por el tribunal, la no celebración de una asamblea general por parte de la organización lo que corrobora es que no tuvo ninguna participación en el supuesto cese de actividades.

Aduce que no existen pruebas de que César Arturo Higuera hubiera intervenido en la preparación o desarrollo del cese y que las fotos y videos incorporados al plenario no son prueba válida.

IV. Recurso de apelación de la empresa

Se muestra inconforme con la negativa a declarar probada la causal f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que, en su concepto, sí quedaron probados los hechos constitutivos de violencia por parte de quienes intervinieron en la suspensión de actividades.

V. Consideraciones

En los términos del artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1210 de 2008, por razón de método, procede examinar en primer lugar, los motivos de inconformidad con la sentencia del a quo, expuestos por la parte demandada en la sustentación de la alzada.

Según los antecedentes que se dejaron registrados, el sindicato convocado a juicio basó su defensa en la negativa a reconocer que a partir del 4 de diciembre de 2014, dispuso, promovió, organizó e intervino activamente en las instalaciones de la persona jurídica accionante, en un movimiento de protesta que produjo la paralización de las actividades propias del desarrollo del objeto social de la segunda.

El fallo estimatorio impugnado se fundó en la demostración de que algunos dirigentes sindicales y un grupo de trabajadores de la empresa, incurrió en las conductas descritas en los literales c) y d) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Inicialmente, debe acotarse que 2 de los argumentos fundantes de la sentencia se ofrecen totalmente desacertados, por lo cual deben descartarse como soportes válidos de la decisión confutada.

En primer lugar, no hay razón para considerar que la simple mediación del presidente de la organización sindical ante la empleadora en procura de lograr que se reconsiderara el despido de 2 de sus miembros y la intervención del mismo como representante de los trabajadores en las diligencias llevadas a cabo por la personería del municipio y el Ministerio del Trabajo, puedan tomarse como elemento de juicio suficiente para concluir en la participación de dicha persona y/o del ente sindical en el cese de actividades, pues su presencia en tales eventos obedeció a su carácter de representante legal del sindicato que le impone la obligación de interceder en defensa de los intereses de sus afiliados, así como la de hacer presencia y suscribir el acta de verificación elaborada a propósito de la visita del Ministerio del Trabajo.

Es igualmente desacertado colegir que la presentación de una acción de tutela por parte de un grupo de trabajadores, para que se les protegiera su derecho al trabajo, que resultó infructuosa, sea siquiera un indicio de la parálisis laboral, como tampoco puede tener trascendencia probatoria la formulación de una denuncia penal contra quien ocupara la presidencia de la subdirectiva sindical, ni la promoción de una querella policiva, al margen del análisis de las pruebas aducidas y practicadas en los respectivos trámites, ni de los pronunciamientos de fondo emitidos en el curso de las correspondientes investigaciones.

Empero, lo anterior no se traduce necesariamente en la prosperidad del recurso, en la medida en que del contenido de la prueba documental incorporada se avizora que, efectivamente, se presentó un cese en las actividades que desarrolla la sociedad Acerías Paz del Río en algunos frentes de trabajo, como el acceso de la mina El Uvo y en El Malecón, sitio este que si bien es una vía pública del municipio de Paz del Río, también es un corredor férreo por el cual se moviliza materia prima hacia la siderúrgica, de la que se sirve la compañía para el adecuado desarrollo de su objeto social.

Al folio 42 del expediente, se adosó el acta de constatación del cese de actividades, fechada 9 de diciembre de 2014, la cual da cuenta de la verificación que hizo un funcionario del Ministerio del Trabajo, en compañía de sendos representantes de empresa y sindicato. Así dice el documento:

El(a) suscrito(a) funcionario(a), en compañía de los representantes anotados anteriormente hace un recorrido por las instalaciones de la empresa, pudiendo verificar que: en la vía férrea sector Malecón del municipio de Paz de Río, se verifico (sic) que la vía está obstaculizada por miembros de las comunidades y de algunos trabajadores de la empresa; igualmente se visitó planta Beneficio y los trabajadores del turno de la tarde abiertamente manifiestan estar en cese de actividades por no estar de acuerdo con el despido de unos trabajadores y por último se visitó la mina del Uvo, donde los trabajadores del turno de la tarde también manifiestan su respaldo al cese de actividades por el despido de los trabajadores, configurándose un cese un cese de actividades total del turno de la tarde (...)”.

Según el acta de constatación levantada el 17 de diciembre de 2014 por el Ministerio del Trabajo (fl. 60), acompañado de Carlos Andrés López, por la empresa, y Édgar Alfonso Estepa, por el sindicato, el funcionario dejó constancia de que el ferrocarril estaba siendo obstaculizado por 3 miembros de la comunidad, junto con 2 trabajadores despedidos; igualmente, se verificó que en la planta Beneficio en donde “los trabajadores del turno (de) ordinario abiertamente manifiestan estar en cese de actividades por no estar de acuerdo con el despido de unos trabajadores al igual se estableció que los trabajadores de contrato si (sic) estaban trabajando y por último se visitó la misma del Uvo donde los trabajadores del turno (de) ordinario también manifiestan su respaldo al cese de actividades por el despido de los trabajadores configurándose un cese de actividades total de turno ordinario”.

En esa misma diligencia, el representante del sindicato manifestó que “el cese de actividades es parcial ya que en operación plantas se encuentran trabajando alrededor de quince personas y en mina El Uvo algunos compañeros se están desplazando a realizar labores de bombeo para evitar que se presenten riesgos por inundación en la mina y se están realizando labores en la planta de tratamiento de agua. Reiteramos nuestro compromiso al diálogo y la concertación para buscar una salida pacífica al inconveniente que se está presentando”.

De lo trascrito, no se suscita duda alguna de la participación activa de los trabajadores de la sociedad actora, miembros de la organización sindical enjuiciada, en el cese de actividades ejecutado en diferentes frentes de trabajo de la empresa accionante, toda vez que ellos mismos, así como los representantes de la organización sindical, aceptaron no solo la existencia del movimiento de protesta, sino además proclamaron su intervención en el mismo, como exhibición de apoyo a 2 compañeros que habían sido despedidos.

Cumple recordar que si bien el acta de constatación elaborada por el Ministerio del Trabajo, no es una prueba ad solemnitatem, sí es un elemento de juicio de cardinal importancia a la hora de determinar si se presentó el cese de actividades y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo el movimiento de protesta, en la medida en que lo atestado en el documento proviene de un funcionario público en ejercicio de la función para la cual puntualmente lo autoriza el inciso 2º del numeral 3º del artículo 129 Código Procesal del Trabajo; lo anterior, desde luego, sin perjuicio de las evidencias que arrojen otros medios de prueba, que brillan por ausentes, en tanto no se adujeron, ni practicaron otras que desvirtúen la realidad exhibida por lo consignado en las mencionadas actas; más bien, las declaraciones referidas por el fallador de la instancia inicial devienen útiles en apoyo de lo que muestra la prueba documental.

De esta suerte, no solo era necesario que la cesación de actividades promovida y ejecutada por el ente sindical hubiera estado precedida de la asamblea de trabajadores, en la que se aprobara por mayoría la práctica de tal actividad, como lo tiene adoctrinado esta Sala de la Corte; también, resulta de particular relevancia la demostración de los motivos que inspiraron el adelantamiento del movimiento de protesta, en la medida en que una eventual legalidad del mismo pasa por la necesidad de acreditar que los trabajadores tuvieron razones por lo menos aparentemente válidas para decretar y ejecutar las medidas de presión en busca de solucionar un presunto incumplimiento por parte del empleador, pues así se desprende del texto del literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando por contera, permite a la organización sindical la promoción y ejecución de la “huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores” (subraya la Sala).

Así las cosas, al estar claro que no se trató de una huelga declarada en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, el cese patrocinado por el sindicato demandado tampoco tuvo como justificación el eventual incumplimiento de las obligaciones que como empleador le asisten a la persona jurídica accionante con sus trabajadores y si, aunque extemporáneamente aquel ente pretendiera asirse del despido de 2 trabajadores de la empresa como desencadenante de la parálisis laboral, como fue proclamado en medio del movimiento de protesta, es evidente que el ejercicio de la facultad de prescindir de los servicios de sus colaboradores, no puede considerarse, por lo menos en casos como el presente, como razón que justifique el cese de actividades promovido y ejecutado por el sindicato.

Por último, es necesario referir que varios de los argumentos utilizados por el apoderado del demandado fueron resueltos en más de una ocasión por el colegiado de primer grado, como el de la violación del debido proceso con base en que la contención no se tramitó y resolvió dentro del plazo máximo de 10 días de que trata el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo; igualmente, cumple acotar que lo relativo a la imprecisión detectada de la denominación jurídica de las partes en que incurrió la demandante al comienzo del proceso, fue debidamente corregida por dicho extremo del proceso.

Tampoco le asiste razón al impugnante cuando reitera su acusación con base en la aportación extemporánea de algunas pruebas, dado que tal actuación se produjo como consecuencia del auto dictado por esta Sala de la Corte, al revocar la negativa del a quo a admitir la reforma de la demanda.

Por obvias razones, la confirmación del pronunciamiento apelado torna innecesario incursionar en el análisis de la alzada interpuesta por la parte demandante, de suerte que la Corte se abstendrá de su análisis.

Costas por la alzada, a cargo del recurrente. Inclúyase como agencias en derecho la suma de $ 616.000.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VII. RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2015 por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en el proceso especial de declaratoria de ilegalidad de cese de actividades, promovido por Acerías Paz del Río S.A. contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de Acerías Paz del Río de la Industria Metalúrgica, Siderúrgica y Minera.

Por secretaría se comunicará esta decisión al Ministerio del Trabajo.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».