Sentencia SL1394-2018/57598 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SL1394-2018

Rad. 57598

Magistrada Ponente:

Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Acta 12

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case “totalmente la sentencia”, para que en sede de instancia “se sustituya el fallo por otro que acoja las pretensiones de la demanda concediendo los incrementos salariales como están solicitados, así como todas las demás pretensiones de la acción” (Resalta la Sala).

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado por la parte pasiva.

VI. Cargo único

Fue planteado por la causal primera, por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 2º, parágrafo único literal F, 3, 14, 54 inc. 2º y 3º, 80, 81, 131 inc. 3º, 238 inc. 2º de la Ley 100 de 1993; art. 2º de la Ley 4ª de 1992; art. 2683 del C.C.; art. 1º y 148 del CST; art. 2º lit c) d) y f) de la Ley 278 de 1996; arts. 4º, 8º y 9º de la Ley 153 de “1853 (sic)”, como violación de medio de los artículos 13, 48 inc. 6º, 53, 56 y 109 de la CN; por graves errores de aplicación de las normas que conciernen al caso.

En la sustentación del cargo comienza por manifestar que en la voluntad abstracta de la ley, se busca proteger el equilibrio en las relaciones contractuales, especialmente en las laborales, lo que implica en su opinión, “evitar que el salario estipulado ya sea convencional o legalmente se vea afectado por diversas contingencias inciertas e impredecibles que surgen de la dinámica económica y social del mundo contemporáneo”, debiéndose mantener el poder adquisitivo ante el fenómeno inflacionario.

Luego del anterior discurso, dice que el salario no puede mantenerse estático, por cuanto existen “cambios inflacionarios”, y la canasta familiar aumenta, por ello sería irracional que no ocurra lo mismo con el salario.

Posteriormente, como sustento normativo de su discurso, afirma lo siguiente:

[…] desde tiempos remotos cuando en Colombia todavía no existían leyes que aplicar sobre el tema se venían instrumentando criterios jurisprudenciales que permitieron a los jueces hacer justicia con base en los principios generales del derecho, como es el caso de la famosa sentencia de agosto 18 de 1982, que había ordenado la indexación de las obligaciones diferidas en el tiempo, lo cual se hizo con apoyo en el Art. 8º de la Ley 153 de 1887, al aplicar los inveterados principios generales del derecho, especialmente el de EQUIDAD […]

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, nadie en Colombia puede pretender mantener el salario estático mientras en el mercado cambiario todo evoluciona, de ese tenor son los Art. 48 parágrafo 6º y 53, 56, y 109 de la Constitución Política, que lo que pretenden es justamente darle movilidad al salario […].

Realizadas las anteriores disertaciones, procede a citar varias sentencias de la Corte Constitucional, y desciende nuevamente a referencias normativas, para señalar:

Los criterios de la movilidad y progresividad entronizado en los arts. 2º parágrafo único Literal F, 3º, 14, 54, Inciso 2º y 3º, 80, 81, 131, Inciso 3º, 238 Inciso 2º de la Ley 100 de 1.993 no excluyen al salrios (sic), por el contrario reafirman su privilegio […[ Así las cosas para todos los efectos la ley está obligada a dar un igual tratamiento (Art. 13 C.N.) a los beneficiarios de estos estipendios (…) igualmente cabe decirse de lo preceptuado en el Art. 2º de la Ley 4ª de 1992 […].

Luego de lo precedente, en relación con la pensión convencional, afirmó:

En el presente caso se solicitó se aplicaran los incrementos legales que por decreto expidió el gobierno para los años 2004, 2005, y 2006, en vista que la empresa demandada los tuvo congelados, adicionalmente se solicitó se aplicara la tabla de incrementos que convencionalmente venía rigiendo a los trabajadores demandantes, no porque estos estuvieran vigentes pues ya se sabe que la convención que los regía fenecía el día 20 de marzo de 2004 (…) Sin embargo lo que había sido fruto de un derecho ya adquirido con las luchas de los trabajadores se consideraba una conquista que muy a pesar de no haberse renovado el nuevo pacto colectivo (…) consideramos que seguían rigiendo para las partes por tratarse de un derecho ya adquirido (Art. 2683 del C.C.).

Para concluir, transcribe varios extractos jurisprudenciales relacionados con el principio de progresividad.

VII. Réplica

La parte pasiva argumentó: “El desarrollo del cargo corresponde a la exposición de alegatos”, por parte del recurrente sin que se observe manifestación que cuestione la legalidad de la sentencia de segundo grado.

Agrega, que se comete un “contrasentido” al acusar las normas en la modalidad de aplicación indebida, cuando en realidad se quiere beneficiar de tales preceptos.

VIII. Consideraciones

Para empezar, debe recordarse que como lo ha referido esta Corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SL473-2018, la sustentación adecuada del recurso extraordinario de casación, exige que el escrito cumpla con unos requisitos mínimos en su formulación y argumentación, los cuales hacen parte del debido proceso.

La referida providencia, en su pasaje pertinente señaló:

De tiempo atrás esta Sala ha venido sosteniendo que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y fáctica, mientras que a esta Corporación se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segunda instancia.

De esta manera, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del CPTSS y de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación en materia del recurso extraordinario de casación no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin la cual no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial.

Realizadas las anteriores precisiones, en el sub examine, se aprecia que el ataque, adolece de varias falencias formales y sustanciales, que conducen a su improsperidad, tal y como se procede a señalar:

1. En la proposición jurídica acusa la aplicación indebida “de los Arts. 2º parágrafo único literal F, 3, 14, 54 Inciso 2º y 3º, 80,81 y 131 inciso 3º, 238 inciso 2º de Ley 100 de 1.993; Art. 2º de la Ley 4ª de 1.992; Art. 2683 del C.C.; Art. 1º y 148 del C.S. del T.; Art. 2º Literales c), d) y f) de la Ley 278 de 1.996; Arts. 4º, 8º y 9º de la Ley 153 de 1.853 como violación de medio de los arts. 13, 48 inciso 6, 53, 56 y 109 de la C.N. por errores graves de aplicación de las normas que conciernen al caso”.

Bien es sabido, que la aplicación indebida de las normas, como modalidad de violación de la ley, por la vía directa de ataque en casación laboral, se configura cuando el respectivo precepto se aplica a un caso no regulado por ella, por ende, “tal concepto supone necesariamente que la norma citada fue tenida en cuenta en la sentencia recurrida” (CSJ SL, 10 jul. 2003, rad. 20343).

Contrario a lo señalado, la censura acusa varios preceptos que no fueron siquiera mencionados por la sentencia de segunda instancia, es decir, no los aplicó para la solución del caso concreto, por ello, mal puede endilgarse su aplicación indebida.

Adicionalmente, respecto de algunos de los preceptos que acusa como indebidamente aplicados, del desarrollo del cargo se colige, que en realidad reclama su observancia en la solución del problema jurídico, tal y como ocurre con los artículos 2º de la Ley 4ª de 1992, 4º, 8º y 9º de la Ley 153 de 1887, por ende, además de lo antes expuesto, es errónea la acusación por la modalidad seleccionada, pues en realidad deja ver en su escrito que lo que desea es la observancia de tales artículos.

2. Adicionalmente, no sobra recordar que el desarrollo del cargo, debe corresponder a un ejercicio dialéctico, que debe tener coherencia con lo planteado en el alcance de la impugnación. Se recalca esto, por cuanto en el sub examine, en el desarrollo del ataque, de manera precaria se hace referencia a los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 48, 53, 56 y 109 de la Carta Política, se realiza en relación con estos preceptos, algunas reflexiones tenues, pero se omite, alguna explicación sobre los demás preceptos enlistados en la proposición jurídica.

3. Resulta relevante destacar, el siguiente pasaje de la sentencia de segunda Instancia, relacionado con el problema jurídico debatido ante el ad quem. Manifestó el Juez Colegiado:

El motivo de inconformidad radica en el hecho que está solicitando la aplicación de la convención colectiva vigente para los años 2002-2004 en cuanto a los aumentos salariales; concretamente se solicita la aplicación de la cláusula cuadragésimo-tercera.

Por lo anterior considera esta Sala que no le asiste razón a los demandantes en lo pretendido frente a un aumento convencional, y como es este el único ataque de la sentencia de primera instancia, lo que ata el análisis de la presente providencia al estudio de tal argumento en puntual, no queda otra opción que CONFIRMAR la sentencia recurrida por lo aquí expuesto.

En consecuencia, según lo afirmado por el Tribunal, y que no es objeto de discusión en el recurso extraordinario, en segunda instancia de acuerdo a lo esgrimido en la apelación, la discusión se limitó al incremento salarial consagrado convencionalmente, sin que allí fuera objeto de disenso, el ajuste de salarios de acuerdo a la equidad y al principio de la remuneración mínima vital y móvil (art. 53 CN).

Por lo dicho en precedencia, el problema jurídico planteado en el cargo, quedó fuera de debate desde la segunda instancia, toda vez, que al analizar el recurso de apelación, en aplicación del principio de consonancia, el fallador de segundo grado circunscribió el objeto del litigio a la procedencia de la aplicación de los ajustes salariales convencionales.

Para lo dicho, se adecúa memorar la Sentencia SL1341-2016, que en su pasaje pertinente enseñó:

En primer lugar, la sala debe precisar que los argumentos del recurso extraordinario y que hacen referencia al reajuste de la prestación consagrada en el art. 143 de la L. 100/1993 y la devolución de aportes para salud descontados, no fueron materia de la apelación de la parte actora. De ahí que el Tribunal, delimitara el tema apelado a la “determinación de la procedencia de la reliquidación de la pensión de jubilación con todos los factores de salario devengados por el accionante durante el último año de servicios”.

Lo anterior, por cuanto la Sala no puede abordar el estudio de un tema no tocado por el juez de apelaciones, por tratarse de una cuestión simplemente inexistente, dado que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, ‘no es dable imputarle al juzgador la comisión de unos errores en relación a unos aspectos frente a los cuales no hubo pronunciamiento, precisamente porque no fueron materia de apelación (CSJ SL646-2013) (Resalta la Sala).

4. Teniendo en cuenta que el único punto examinado por el Tribunal, fue el concerniente a los aumentos extralegales derivados de la convención colectiva 2002-2004, del cargo resulta rescatable lo argumentado frente a tal materia.

Cuestionó la censura sobre la decisión del sentenciador colegiado, en este aspecto concreto:

En el presente caso se solicitó se aplicaran los incrementos legales que por decreto expidió el gobierno para los años 2004, 2005, y 2006, en vista que la empresa demandada los tuvo congelados, adicionalmente se solicitó se aplicara la tabla de incrementos que convencionalmente venía rigiendo a los trabajadores demandantes, no porque estos estuvieran vigentes pues ya se sabe que la convención que los regía fenecía el día 20 de marzo de 2004 (…) Sin embargo lo que había sido fruto de un derecho ya adquirido con las luchas de los trabajadores se consideraba una conquista que muy a pesar de no haberse renovado el nuevo pacto colectivo (…) consideramos que seguían rigiendo para las partes por tratarse de un derecho ya adquirido (art. 2683 del C.C.).

Sobre lo anterior, se debe mencionar en primer lugar, que el precepto al que alude el libelista para fundar su tesis (art. 2683 del C.C.), no es el pertinente para la solución de la situación planteada, ya que el mismo tiene un propósito determinado, relacionado con la entrada en vigencia del Código Civil y los “derechos adquiridos”, mas no corresponde al caso concreto, en el que se discute la aplicación de una cláusula convencional y por lo mismo, debió acudirse a las normas sustanciales de orden laboral que consagran tal institución jurídica.

Contrario a lo precedente, omite el recurrente citar los preceptos fundamentales para lo reclamado en este evento, como son, los artículos 467 y 476 del CST, “los cuales constituían el aspecto medular del debate propuesto y, por tanto, debían integrar la acusación, en atención a que el derecho reclamado deriva de la convención colectiva de trabajo” (CSJ SL21071-2017).

Lo precedente, fue reiterado por esta Sala, de manera reciente, en fallo CSJ SL977-2018, en los siguientes términos:

Adicionalmente, cumple acotar que, en términos de jurisprudencia, es verdad averiguada que cuando la controversia se centra en un derecho que cuenta con fuente convencional, convocar los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo a formar parte del elenco normativo que se estima trasgredido, es una carga ineludible para la parte que procura el quebrantamiento del pronunciamiento final del Tribunal (Negrilla fuera de texto).

Este parámetro jurisprudencial también fue eludido por la censura, por manera que las razones expuestas son suficientes para impedir que la Corte incursione en el análisis de fondo en perspectiva de indagar sobre la legalidad de la sentencia del juez de segunda instancia, de suerte que, prevalida de la presunción de acierto y legalidad de que viene precedida, se mantiene incólume.

Lo transcrito, resulta relevante frente a lo debatido, toda vez, que los aumentos reclamados se fundaban en la convención colectiva de trabajo, sin embargo, brilló por su ausencia la alusión a las normas fundantes del acuerdo extralegal.

Aunque lo antes descrito, resulta suficiente para desestimar lo pretendido, así se hiciera abstracción de tal falencia, no puede salir avante el aumento convencional solicitado, tal y como pasa a estudiarse:

El sentenciador colegiado para negar los aumentos salariales convencionales, consideró “que en atención a la forma en que allí se estipuló el aumento salarial no podía regir más allá de los años 2002-2003”.

Teniendo presente que el cargo se encamina por el sendero directo, la valoración probatoria que efectuó el ad quem para concluir que la vigencia de los aumentos, quedó circunscrita a los años 2000-2003, queda incólume, por ende, no puede considerarse, como lo afirma la censura, que se violen los derechos adquiridos, pues según lo establecido por el sentenciador de segundo grado, y que no puede ser objeto de reproche por el sendero seleccionado, las mismas partes acordaron la vigencia del beneficio extralegal para un tiempo determinado, del año 2002 al 2003, por tanto, quedó por fuera de este lapso lo demandado, que corresponde a los años 2004, 2005, y 2006, respecto de los cuales el ad quem señaló, que no fueron objeto de acuerdo extralegal, ni de pronunciamiento alguno en el laudo arbitral que puso fin al proceso de negociación colectiva en el año 2007, con estrictos efectos futuros.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario, a cargo de los recurrentes. Como agencias en derecho se fijan $ 3.750.000, que serán incluidos en la liquidación que haga el juez de primera instancia, conforme al artículo 366-6 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2011, por la Sala de Descongestión Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que Hernán Viloria Díaz y Otros, promovieron contra Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. - Coolechera.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».