Sentencia SL1398-2015 de febrer 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas 

SL1398-2015

Radicación 52582

Acta 003

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: « IV. El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación 

En la demanda con la que lo sustenta, que no fue replicada, la aseguradora recurrente pide a la Corte que case la sentencia del tribunal, y en sede de instancia, confirme el fallo absolutorio del juzgado.

Con tal propósito le formula un solo cargo que se resolverá como sigue.

VI. Único cargo 

Acusa la sentencia por aplicar indebidamente los artículos 9º y 10º del Decreto 1295 de 1994, 1º, letra n, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones, conforme a los artículos 53 y 93 de la Constitución Política, a causa de los siguientes errores evidentes de hecho:

“a) No dar por demostrado, estándolo, que el Sr. Álvaro Mauricio Ortiz Maya el dio de su fallecimiento desconoció las instrucciones impartidas por el representante de la empresa Eco Comercial y actuó en contra de las mismas.

“b) No dar por demostrado, estándolo, que el Sr. Álvaro Mauricio Ortiz Maya el dio de su fallecimiento, en contra de las instrucciones que se le impartieron, no abordó el camión en el que debía cumplir las instrucciones que le fueron impartidas y en su lugar, se desplazó en una motocicleta de su propiedad.

“c) Dar por demostrado, no estándolo, que Eco Comercial S.A. el día 10 de diciembre de 2003 “le encomendó al señor Ortiz Maya, se desplazara en la motocicleta de su propiedad, al municipio de San Pedro de los Milagros a efecto de que indicara al conductor del camión los lugares en donde debía descargar la mercancía”.

“d) Dar por establecido, sin estarlo, que el lugar donde ocurrió el accidente que sufrió el Sr. Ortiz Maya formaba parte de su ‘”sitio de trabajo”.

“e) dar por demostrado, en contra de la realidad, que cuando el señor Ortiz Maya sufrió el fatal accidente se dirigía “hacía el sitio de su residencia después de haber terminado su labor, acatando la orden impartida por su empleador”.

“f) No dar por demostrado, estándolo, que la orden impartida por Eco Comercvial S.A. al Sr. Ortiz Maya el día 10 de diciembre de 2003 fue que “en el caso de que se hiciera tarde para regresar a la casa se quedara pernoctando en una de las fincas”.

“g) No dar por demostrado, estándolo, que el accidente sufrido por el Sr. Ortiz Maya el 10 de diciembre de 2003 correspondió con un accidente de tránsito.

“h) Dar por demostrado, sin estarlo, que el lamentable accidente en que murió el Sr. Ortiz Maya ocurrió con ocasión del trabajo y no tener por establecido que el mismo se originó en las decisiones personales del citado señor al hacer uso de un vehículo propio y de no pernoctar en una de las fincas pese a que ya estaba avanzada la noche del 10 de diciembre de 2003”.

Indica como pruebas mal apreciadas el formato único de accidente de trabajo de los folios 18 a 21 y las comunicaciones de la empresa Eco Comercial del 13 de febrero de 2004 (fls. 23 y 24) y el 18 de diciembre de 2003; y como no apreciadas la comunicación de los folios 25 y 26 el registro de urgencias del Hospital Santa Isabel (fls. 38 y vto.).

Aduce la recurrente que aunque comparte plenamente las consideraciones de orden teórico y jurídico del tribunal, no está de acuerdo en que hubiera concluido en que Álvaro Mauricio Ortiz Maya falleció a consecuencia de un accidente de trabajo, porque «cuando se accidentó ya no estaba cumpliendo órdenes de su empleador sino, por el contario, desacatando las instrucciones que se le habían impartido».

Afirma que la comunicación de los folios 23 y 24 da cuenta de que al trabajador se le ordenó que se desplazara en el camión alquilado por la empresa para cumplir su labor, para que indicara la ruta de las entregas, y de que en caso de que se hiciera tarde pernoctara en una de las fincas visitadas, y también que aquél no cumplió esas instrucciones, pues viajó en su propia motocicleta, no pernoctó en una de las fincas, sino que se desplazó a la ciudad de Medellín por su propia iniciativa y en ese recorrido fue donde se accidentó (fls. 25 y 28).

Asevera que el documento de los folios 25 y 26 corrobora el incumplimiento de las instrucciones impartidas al trabajador y junto con los anteriores desvirtúan la afirmación del fallo de que se le encomendó desplazarse en su propia motocicleta. Y agrega que de los mismos se desprende que el lugar donde se accidentó el trabajador «no tiene nexo alguno con las instalaciones de la empresa (…) ni con los lugares a donde debía desplazarse (…), según lo registrado (…) ‘ocurrió en la Vereda La Unión perteneciente al municipio de Bello’, mientras el fallecido Sr. Ortiz Maya se dirigía a Medellín en un vehículo de su propiedad».

Alega la recurrente que a pesar de afirmar el juzgador que el accidente no podía catalogarse como ‘in itinere’, arribó a la misma conclusión al señalar que lo había sido con ‘ocasión’ del trabajo, pues, «aparece en el expediente que el accidente ocurrió finalizada la labor», como dice lo aceptó el mismo tribunal. Además, que el folio 31 apunta a que el accidente ocurrió en una motocicleta de propiedad del trabajador, por lo que, muy a pesar del dolor de los parientes de éste, como la viuda reconoció recibir una pensión de sobrevivientes no puede forzarse la situación para concluir que el accidente fue de trabajo.

Sostiene que las citadas pruebas no fueron tachadas ni redargüidas de falsas y aunque provienen de la Cooperativa a la que estaba afiliado el trabajador y de la empresa a la que prestaba sus servicios, no se les puede restar mérito probatorio, menos cuando el Tribunal en tal sentido las dejó intactas, pues las que excluyó de su análisis fueron otras.

VII. Consideraciones  

Previamente al estudio de los medios de convicción del proceso que la recurrente indica como mal apreciados y dejados de valorar, atendida la vía por la cual se orienta, importa la Corte recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso «no se podrá admitir su prueba por otro medio», tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL, del 5 de noviembre de 1998, rad.11.111:

"El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

"Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

"La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho".

Corresponde es los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la proceso.

Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función, y por tanto acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

Así se ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las pruebas, pues, el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente y ello, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible.

De ese modo, sólo en la medida en que se incurra por el juez de la segunda instancia en errores manifiestos de hecho que tengan trascendencia en su decisión es que resulta posible el quebrantamiento del fallo, yerro que, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (Radicación 6.043), es aquel que «se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida».

Con las anteriores previas y necesarias precisiones pasa la Corte al estudio de los medios de prueba del proceso que la recurrente indica como erróneamente apreciados y dejados de apreciar por el Tribunal, de lo cual resulta objetivamente lo siguiente:

1. El formato único de presunto accidente de trabajo presentado al ISS por la Cooperativa Multiactiva Univesritaria Nacional, Comuna, el 8 de enero de 2004 a las 10.19 del día (fl.s 18 a 21), da cuenta de que Álvaro Mauricio Ortiz Maya, el 10 de diciembre de 2003 a las 21 horas, en el sitio San Pedro de los M., en vía pública, perdió los signos vitales en lo que se describió como «accidente de tránsito? En calidad de conductor de moto contra un poste. No se tiene más información porque la Fiscalía está adelantando investigación».

Tal medio de prueba no desvirtúa la conclusión del juez de la alzada de haberse tratado el in suceso de un ‘accidente de trabajo’, por ser lo cierto que fuera de no descartarse allí tal naturaleza del infortunio, lo cierto es que la calificación de esta clase de eventos compete al juez del trabajo en atención a lo previsto en el artículo 2º-1 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y de conformidad con la libertad probatoria establecida en el artículo 51 ibídem, cuestión de orden jurídico que no discute la recurrente. Y ello por la sencilla razón de que para que un suceso sea tenido como accidente de tránsito basta que en él se vea comprometida la presencia o intervención de un vehículo automotor en tránsito (ejm., D. 3990/2007, art. 1º del); en tanto que para que ese mismo suceso o cualquiera otro se pretenda tener como accidente de trabajo se exige por la ley que se produzca de manera repentina por causa o con ocasión del trabajo y produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, tal y como lo decía expresamente el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994, vigente para el 10 de diciembre de 2003, cuando falleció el causante en este asunto, y que ahora lo repite el artículo 3º de la Ley 1562 de 2012 con el agregado de que la perturbación puede ser también siquiátrica. De esa manera, el espectro del accidente de trabajo es muchísimo más amplio y omnicomprensivo que el reducido y específico del accidente de tránsito, al punto que, cuando el accidente de tránsito genera una incapacidad laboral de carácter temporal ésta será cubierta por la entidad promotora de salud del régimen contributivo a la que estuviere afiliada la víctima, si el accidente fuere de origen común, o por la administradora de riesgos profesionales, si este fuere calificado como accidente de trabajo, cuando a ello hubiere lugar, tal cual lo reza hoy el parágrafo 6º, del numeral 5º, del artículo 2º del citado Decreto 3990 de 2007.

Luego, del solo texto de dicho documento no es dable derivar equivocación alguna del juez de la alzada por haber concluido que la muerte de Álvaro Mauricio Ortiz Maya, ocurrida el 10 de diciembre de 2003 no sólo se produjo en un accidente de tránsito, sino que por las circunstancias que lo rodearon tuvo la connotación de accidente de trabajo.

2. Las comunicaciones de 18 de diciembre de 2003 (fl. 31) y 13 de febrero de 2014 (fls. 23 y 24), que Eco Comercial S.A. remitió al gerente y al departamento de salud ocupacional de la cooperativa de trabajo a la que estaba afiliado el trabajador para la fecha del deceso no tienen la calidad probatoria de ‘documento’ de que trata el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 por su naturaleza declarativa provenientes de terceros frente al proceso, por lo que en atención de las reglas de la casación del trabajo no pueden ser estudiados por la Corte en tanto y en cuanto previamente no se hubiere demostrado un error manifiesto de apreciación respecto de alguno de los medios de convicción que sí son comprendidos por dicha preceptiva, es decir, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

3. Igual suerte a la descrita en el anterior numeral corre la misiva remitida a la citada Cooperativa ‘Comuna’ por el Coordinador de Salud Ocupacional de una Universidad de la ciudad de Medellín el 18 de febrero de 2004 emitiendo su concepto sobre el in suceso.

4. El registro de Urgencias del Hospital Santa Isabel visible a folios 38 y vuelto, sobre el que la recurrente no aporta mayores observaciones pero que dice no apreciado por el tribunal de Medellín, corrobora la ocurrencia del deceso del causante, sin que arroje dato alguno que apoye o desvirtúe la calificación de accidente de trabajo a la que arribó el tribunal.

Así las cosas, los reproches de la recurrente al fallo atacado no cuentan con soporte probatorio idóneo que permita su demostración. Por tanto, se desestima el cargo.

No hay lugar a costas, porque no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 5 de marzo de 2011 por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso promovido por María Elena Peña García, en nombre propio y de sus hijos menores Sebastián Mauricio y Baby Estefanía Ortiz Peña, contra la Aseguradora de Vida Colseguros, S.A.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».