Sentencia SL13983 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL13983-2016

Radicación 68875

Acta 30

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

A partir de la senda de ataque seleccionada, puede afirmarse que la censura no controvierte la condición de beneficiario del demandante de las convenciones colectivas de trabajo vigentes para los períodos 1976-1978 y 1982-1983, que en sus cláusulas 5ª y 20, respectivamente, consagran la pensión de jubilación a favor del trabajador con 20 años de servicio y 50 de edad, “sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS”. Tampoco desconoce que el actor fue jubilado en virtud de la aplicación de dichos artículos a partir del 1º de diciembre de 2001, ni que el entonces Instituto de Seguros Sociales le concedió pensión de vejez mediante Resolución 015088 de 5 de mayo de 2011. Estas premisas constituyeron el soporte del que partió el ad quem para confirmar la decisión estimatoria del juzgador de la instancia inicial, de suerte que no están en discusión.

El tribunal accedió a la pretensión de reconocimiento del retroactivo causado que el ente de seguridad social había dejado en vilo, debido a que no tenía claro si su valor debía entregarse a la empresa jubilante o al pensionado. Se fundó en reiterada jurisprudencia de esta Sala de la Corte, según la cual, en gracia de lo reglado por el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, las pensiones extralegales reconocidas después del 17 de octubre de 1985 son compartidas, a menos que, según su parágrafo único, en la fuente del derecho se convenga la regla contraria, es decir que son compatibles con la de vejez.

En síntesis, el impugnante cuestiona la decisión del tribunal, debido a que, según su criterio, la entrada en vigencia del estatuto de la seguridad social integral y sus decretos reglamentarios, produjo la derogatoria de los reglamentos del ISS, en materia de compatibilidad de pensiones. Aduce que de haberse aplicado el artículo 5º del Decreto 813 de 1994 y el 2º del 1160 del mismo año, el sentido de la decisión gravada hubiera sido diferente, toda vez que la nueva normativa convirtió la regla de la compartibilidad en la única opción, en tanto no contempló la posibilidad de que las pensiones fueran compatibles.

De entrada, la Sala estima que la aspiración de la censura deviene fallida debido a que (i) la pensión de jubilación del actor fue reconocida después del 1º de abril de 1994; (ii) la pensión de jubilación del demandante no está llamada a ser compartida, sino a ser compatible, y (iii) el precepto legal solo regula lo relativo a las pensiones legales.

Según los antecedentes que se dejaron consignados, al demandante le fue reconocida pensión de jubilación el 1º de diciembre de 2001, varios años después de adquirir vigor jurídico el estatuto de la seguridad social integral, de suerte que la situación fáctica no se subsume en la hipótesis legal trascrita.

El pasaje normativo que se reprodujo no regula lo concerniente a las pensiones de jubilación que vayan a ser compatibles con las de vejez que se lleguen a reconocer, sino a las que vienen con vocación ser compartidas y solo le apunta al mantenimiento del statu quo de las personas que al 1º de abril de 1994, tenían la condición de jubilados. Es decir, si nada reformó en lo relativo a las pensiones compartidas, menos podría considerarse una eventual modificación a la situación de los jubilados convencionales que se encontraban en vía de acumular la pensión de vejez legal.

Finalmente, conviene memorar que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no tuvo incidencia sobre la situación de las personas que a la fecha referida se encontraran percibiendo una pensión de jubilación extralegal o se hallaban en trance de adquirir ese derecho, toda vez que, obviamente, dicho modelo solo está referido a las pensiones legales, que no a las convencionales, puesto que el estatuto de 1993 no modificó, ni podía válidamente modificar, lo estipulado en uno de los instrumentos legalmente previstos para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo, llámese pacto o convención, laudo arbitral, e incluso el contrato individual de trabajo.

Tampoco, considera la Sala, puede pensarse que el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, hubiera derogado los soportes normativos de la compatibilidad de las pensiones para los casos que aún subsisten, toda vez que expresamente no lo dice, ni lo sugiere dicha norma, en la medida en que aquellos no contrarían frontalmente los contenidos de la ley estatutaria vigente desde 1994.

En consecuencia, como el tribunal no cometió los desaciertos jurídicos imputados por la censura, el cargo deviene infundado e impróspero.

Costas en el recurso extraordinario, a cargo del recurrente, con la inclusión de $6.000.000.oo a título de agencias en derecho.

IX. Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, el 13 de marzo de 2014, en el proceso que promovió Humberto Raúl Acosta Yancy contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. “Electricaribe S. A.” y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».