Sentencia SL1400-2018/54490 de febrero 28 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1400-2018

Radicación: 54490

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte pasiva, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal “[…] y en instancia, confirmar la sentencia proferida por el juzgado laboral del circuito del Espinal el 9 de abril de 2010”.

Formuló dos cargos por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y serán estudiados conjuntamente, por metodología de decisión.

VI. Cargo primero

Acusó la sentencia de violar “la ley sustancial por haber interpretado erróneamente el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005 y por haber aplicado indebidamente los artículos 467, 469 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Para demostrar la acusación señaló que “[…] la única cuestión jurídica” abordada por el tribunal, fue la de determinar el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, el que empero tergiversó al analizar las sentencias citadas en su fallo, toda vez que confundió el término de “[…] las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de este acto legislativo” con “[…] los derechos que se hubieran causado con fundamento en tales “pactos, convenciones colectivas de trabajo o acuerdos válidamente celebrados””, pues “[...] un derecho no puede ser confundido con un régimen o con una regla”.

Por eso y lo que sigue, afirmó que el tribunal interpretó erróneamente la norma constitucional, pues,

[…] está dicho en la sentencia de segunda instancia, el “estado pensional” Jesús Antonio Barreto Molina “lo adquirió el 5 de marzo de 2008, cuando cumplió los 55 años de edad” (…), vale decir, el derecho a la pensión de jubilación no se causó antes del Acto Legislativo 1 de 2005 sino casi tres años después.

Si el derecho a la pensión de jubilación lo adquirió después Jesús Antonio Barreto Molina el 5 de marzo de 2008, o sea, después de haber entrado en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2005, lo que ocurrió el 21 de julio de 2005, según está también dicho en la sentencia recurrida en casación, se impone a la mente como única conclusión válida la de no haber sabido entender el tribunal del distrito judicial que dictó el fallo el criterio jurisprudencial expresado en la sentencia de 3 de abril de 2008.

VII. Cargo segundo

Acusó la sentencia de violar “[…] la ley sustancial por haber aplicado indebidamente los artículos 467, 469 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005”. Adujo que “[…] la violación final de esas normas sustanciales sirvió de medio la violación del artículo 29 de la CN y de los artículos 25, 31, 50 y 66A del CPTSS (subrogados los dos primeros por los artículos 12 y 18 de la L. 712/01 y adicionado el último mediante el artículo 35 de esta ley)”, pues tales normas regulan las formas que debieron ser observadas para definir el juicio.

Señaló los siguientes errores de hecho:

a) No haber dado por probado, estándolo, que en la convención colectiva de trabajo, firmada el 9 de noviembre de 2004, se pactó en la cláusula tercera que su vigencia “es por el tiempo comprendido del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil cinco (2005).

b) No haber dado por probado, estándolo, que en la demanda inicial no se incluyó entre las pretensiones la de indexar el valor de las condenas que por razón de lo pretendido por Jesús Antonio Barreto Molina pudieran ser impuestas a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal.

c) No haber dado por probado, estándolo, que “expresado con precisión y claridad” lo pretendido por Jesús Antonio Barreto Molina fue que “se reconozca y pague los intereses por mora de los valores no cancelados oportunamente con la primera mesada (fl. 40).

d) No haber dado por probado, estándolo, que al sustentar la apelación no fue planteado como materia objeto del recurso de apelación lo relacionado con la indexación de las condenas que se pretendía fueran impuestas a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal.

Lo anterior lo atribuyó a la errónea apreciación de la demanda y la contestación de la misma (fls. 37 a 42, y 71 a 83), la convención colectiva de trabajo firmada el 9 de noviembre de 2004 “para la vigencia del año 2005” (fls. 32 a 34 y 153 a 155), y el recurso de apelación (fls. 169 a 172).

Para demostrar el cargo, el recurrente hizo un análisis del artículo 29 de la Constitución Política frente a la observancia de los requisitos contemplados para presentar la demanda y la contestación, y del principio de consonancia que debe regir en toda decisión de alzada. Bajo ese preámbulo indicó:

[…] que el primer yerro fáctico denunciado, se aduce para el caso que la Sala, en su sabiduría, concluyera que el tribunal no hizo ninguna interpretación del artículo 1º del A.L. 01/05, sino que se limitó [a] aplicarlo, con referencia a la prueba aportada, por lo que se indica la errónea apreciación de la CCT relacionada; error de hecho que impone la quiebra (sic) del fallo recurrido, tanto en cuanto ordena a la demandada a ajustar la pensión [de] jubilación del demandante, con sujeción a la CCT, como en cuanto la condena a indexar las sumas que resultaran por concepto de “las diferencias pensionales, entre las mesadas pagadas y las aquí reconocidas, junto con las adiciones, desde el 20 de mayo de 2008 y hasta cuando se haga efectivo su pago”.

En cuanto a la convención vigente al 2005, dijo que su cláusula tercera era clara en indicar que su vigor perduraría entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de aquel año, de ahí que cuando entró en vigencia la referida reforma constitucional, el plazo pactado se encontraba en curso, por lo que al tenor de lo expuesto en la providencia CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 31000, “[…] ese convenio regiría hasta cuando finalizara el término inicialmente pactado”, luego si el derecho pensional se causó el 5 de marzo de 2008, entonces no había lugar a reconocerlo conforme a esa norma convencional.

Dicho esto, anotó que el demandante, ni en la demanda ni en el recurso de apelación, pidió la indexación, de suerte que el tribunal violó el principio de consonancia estipulado en el artículo 35 de la L. 712/01 al conceder esa acreencia, máxime que no se cumplían los presupuestos para fallar extra y ultra petita, facultad que solo se le confiere al juez de primer grado.

VIII. Réplica conjunta

Reprochó que en el primer cargo no se precisara la vía del ataque. Estimó que la interpretación brindada por el tribunal es acertada, y que fue la entidad la que cometió el yerro intelectivo al reconocer la pensión contemplada en la convención, pero no el porcentaje pactado, luego no podía decirse que las reglas pensionales celebradas no existían, las cuales conservan su vigencia hasta que sean denunciadas.

IX. Consideraciones

No se aceptan las objeciones formales planteadas por la réplica, pues aunque es cierto que no se precisó la vía del ataque en el primer cargo, es evidente que este se enfiló por la del puro derecho, lo que se hace patente en tanto no critica ninguno de los supuestos fácticos hallados por el tribunal y enfocó su atención a recriminar una errónea interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005, en lo que hace a su contenido y alcance, en perspectiva a la lectura de las sentencias que sirvieron de soporte en el fallo impugnado.

Y si bien el segundo ataque se encauzó por la vía de los hechos, ello tampoco configura una disfunción técnica, puesto que la censura discute, entre otros aspectos, la valoración realizada por el juez plural a la Convención Colectiva vigente en el 2005, que, al ser una prueba revestida de norma jurídica de carácter particular, su denuncia debe hacerse por el sendero seleccionado, y esto, sumado a la discusión jurídica planteada, hace necesario el estudio conjunto de los cargos.

Precisado lo anterior, advierte la Sala que son dos las problemáticas a abordar: de un lado, i) el reajuste de la pensión de jubilación reconocida al actor y, del otro, ii) lo concerniente a la indexación.

1) Reajuste de la pensión de jubilación, conforme a lo pactado en las convenciones colectivas de trabajo suscritas con anterioridad a la celebrada para la vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005

El recurrente no cuestiona las siguientes premisas: i) que el actor cumplió 55 años de edad el 5 de marzo de 2008; ii) que laboró para la empresa del 3 de marzo de 1982 al 19 de mayo de 2008, es decir por más de 20 años; iii) que el estado pensional se causó el 5 de marzo de 2008; iv) que la última convención colectiva de trabajo suscrita entre las partes fue la vigente entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2005, en la que no se modificó lo regulado en convenciones anteriores en materia pensional, y dispuso la “[…] incorporación de todas las cláusulas de las convenciones de trabajo suscritas que no hayan sido modificadas, ni sustituidas parcial o totalmente favor del trabajador o del sindicato”; v) que esta convención, la del 2005, no se denunció ni se ha celebrado una nueva; y vi) que no quedó demostrado que “[…] las cláusulas o reglas convencionales que regulaban el derecho pensional pretendido hubieren sufrido alguna variación distinta a las estipuladas en las convenciones del año 1986 y 1992”.

Lo que se censura en estricto sentido es que, con base en estos supuestos, para acceder al derecho solicitado, este debió causarse con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 1 del 2005, o por lo menos antes del 31 de diciembre de 2005, término inicialmente pactado en la última convención, lo cual no aconteció.

Para el tribunal, el parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 contempló dos escenarios, el primero, de carácter prohibitivo, que no permite negociar condiciones pensionales distintas a las estipuladas en el SGP; y otro, que es justo el criticado en casación, atinente a la conservación de los derechos pensionales para aquellos trabajadores que venían beneficiándose de los acuerdos colectivos, para cuando nació a la vida jurídica la referida modificación superior, fijando un plazo hasta el 31 de julio de 2010.

En ese orden de ideas, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si el tribunal se equivocó al extraer del parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, la posibilidad de que las prerrogativas convencionales en materia pensional, que estaban consignadas en acuerdos colectivos pactados con anterioridad a la vigencia de aquella variación constitucional y que venían prorrogándose por virtud legal, mantuvieron su vigencia hasta el 31 de julio de 2010, pese a que se celebró otra convención colectiva de trabajo con vigencia entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, que incorporó aquellas estipulaciones.

Pues bien, esta temática ya fue definida por esta Sala de la Corte en Sentencia CSJ SL12498-2017, que consolidó su criterio al compás de las consideraciones señaladas por la Corte Constitucional en la Sentencia CC SU-555/14. En aquella providencia, se esbozó:

Antes de abordar el meollo de la cuestión planteada, vale recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005 pretendió superar la proliferación y dispersión de requisitos y beneficios reflejada en regímenes pensionales autónomos y heterónomos que, en criterio del constituyente derivado, comprometían la sostenibilidad financiera del sistema y creaba situaciones de inequidad. Para ello se suprimieron los regímenes especiales y exceptuados, salvo el de la Fuerza Pública, el Presidente de la República y los demás expresamente abordados en ese acto reformatorio; se anticipó la finalización del régimen de transición, y paralelamente se consagró, a partir de su vigencia, la prohibición de establecer en “pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistemas general de pensiones”.

En relación con la función de unificación normativa y prestacional pretendida con el Acto Legislativo 01 de 2005, esta corporación en Sentencia SL 39797, 24 abr. 2012, expuso:

“Antes de la expedición del Acto Legislativo número 1 de 2005, la Ley 100 de 1993 buscó la unificación de los diversos regímenes existentes en materia de pensiones, tanto en el sector privado como en el público, y consagró un sistema universal que brindara la protección de la seguridad social en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas a toda la población, salvo las excepciones en ella señaladas.

“[…] Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, las reglas de carácter pensional de derechos extralegales y convencionales tomaron otro rumbo, en la medida que por voluntad del constituyente, a partir de su vigencia no es dable en ningún caso pactar beneficios o prerrogativas que desarticulen el sistema general de pensiones, o alteren la uniformidad de prestaciones respecto de un grupo particular de ciudadanos, pues tajantemente prohíbe convenir condiciones pensionales diferentes a las legalmente establecidas, aún cuando sean más favorables a los trabajadores”.

Así pues, en lo que específicamente guarda relación con la materia colectiva, la modificación constitucional abrogó la posibilidad de las partes de acordar, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, así:

“[…] PAR. TRANS. 3º—Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes.

En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.

La jurisprudencia de esta Sala de la Corte, en Sentencia SL 31000, 31 ene. 2007, reiterada en SL 30077, 23 ene. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL1409-2015 y SL4963-2016, interpretó y desentrañó de esa disposición las siguientes reglas:

“a) El “término inicialmente estipulado” hace alusión al que las partes celebrantes de un convenio colectivo expresamente hayan pactado como el de la duración del mismo, de manera que si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”. Ocurrido esto, el convenio pierde totalmente su vigencia en cuanto a materia pensional se refiere y no podrán las partes ni los árbitros disponer sobre dicha materia en un conflicto colectivo económico posterior.

“b) En el caso en que al momento de entrada en vigencia del acto legislativo un convenio colectivo estaba vigente por virtud de la figura de la prórroga automática.

“c) Cuando la convención colectiva de trabajo a la entrada en vigencia del acto legislativo se encuentra surtiendo efectos por virtud de la denuncia de la convención colectiva de trabajo y la iniciación posterior del conflicto colectivo de trabajo que no ha tenido solución.

“En las dos últimas situaciones, debe advertirse que la convención sigue vigente por ministerio de la ley y no por voluntad de las partes. En estos casos, de conformidad con el parágrafo 3º transitorio, las disposiciones convencionales en materia de pensiones continúan su observancia hasta el 31 de julio de 2010 y no pueden las partes ni los árbitros, entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, pactar o disponer condiciones más favorables a las que están en vigor a la fecha en que entró a regir el acto legislativo.

“Quiere decir lo anterior, que por voluntad del constituyente delegado, las disposiciones convencionales en materia de pensión de jubilación que se encontraban rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, mantendrán su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010, lo que indica que ni las partes ni los árbitros pueden regular condiciones más benéficas a las estipuladas, pues la voluntad superior les ha prohibido expresamente tratar ese punto”.

Nótese que, a juicio de esta corporación, del precepto constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión “término inicialmente pactado” hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que “si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el ‘término inicialmente pactado’”. Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional.

La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.

La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral.

Con esta fórmula podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años.

Este punto también fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en Sentencia SU-555 de 2014, en la que al estudiar la compatibilidad de las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical, adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano debía adoptar “las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento”, sostuvo:

“La primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del parágrafo transitorio tercero cuando indica que “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado”. Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el artículo 58 superior, así como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la Sentencia C-314 de 2004.

“[…] Además, como se indicó en precedencia, también con el parágrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron mientras continuara vigente, y así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo hasta el término de su vencimiento.

“Esto es justamente lo que está recomendando el Comité Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el parágrafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y también una regla de transición para garantizar que se satisfagan las expectativas legítimas de pensión.

“Y todo lo anterior, garantiza también la protección de la negociación colectiva en cuanto no ignora lo hasta ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical”.

En el segundo escenario, es decir, cuando las reglas pensionales de la convención venían siendo objeto de una o varias prórrogas automáticas antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, la cuestión adquiere otros matices.

En efecto, aquí, la renovación de los acuerdos se produce por ministerio de la ley, no por voluntad de las partes. En este caso, de conformidad con el parágrafo transitorio 3, los beneficios pensionales perdurarán hasta el 31 de julio de 2010, fecha en que perecen por expreso mandato constitucional. Por la misma razón, es válido que los trabajadores alcancen los requisitos pensionales durante las prórrogas automáticas iniciadas antes del 29 de julio de 2005 y que continuaron su curso hasta el 31 de julio de 2010, data en que las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas se extinguen.

Igualmente, la Corte Constitucional, en la citada sentencia de unificación, adoptó este criterio de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

“Con relación a la segunda parte de este parágrafo transitorio: “En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010” la Constitución también protege las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder a la prestación convencional entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, como consecuencia de las prórrogas de aquellas convenciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo. Prórrogas que conservarán los mismos beneficios que venían rigiendo, teniendo en cuenta la prohibición de pactar condiciones más favorables”.

“En estos eventos, teniendo en cuenta que por virtud del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo las convenciones colectivas podrán prorrogarse automáticamente cada seis meses cuando sesenta días antes de su vencimiento las partes no manifiestan su voluntad expresa de terminarlas, existiría la expectativa legítima de pensionarse incluso cuando los requisitos no se cumplen antes del término inicialmente pactado sino también después de él por la acostumbrada renovación sucesiva de los pactos y convenciones.

“Sin embargo, teniendo en cuenta el imperativo que contempla el Acto Legislativo, relacionado con la expiración de toda regla pensional distinta a las consagradas en el sistema general de pensiones el 31 de julio de 2010, todas las prórrogas que se produzcan de manera automática con posterioridad al 29 de julio de 2005, quedarán sin efectos inexcusablemente en la fecha límite estipulada en el artículo 48 superior. Es decir, si una regla pensional se consignó en una convención con fecha de vencimiento de febrero de 2003, se fue renovando automáticamente cada seis meses, la última renovación expira el 31 de julio de 2010, con independencia de que al contabilizar los seis meses, éstos finalicen en una fecha posterior.

“Bajo ese entendido, este parágrafo transitorio sólo protegería los derechos y expectativas de aquellos que cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010. Por el contrario, no podría constituir una expectativa legítima la de aquel trabajador que, en virtud de una renovación automática de la convención, que, sin la citada prohibición vencería con posterioridad al 31 de julio de 2010, adquirió su derecho después de dicho límite.

“[…] Se considerarán expectativas legítimas las de aquellos trabajadores que cumplieron los requisitos durante las prórrogas automáticas de las convenciones (vigentes, es decir, cuyos términos iniciales no se vencieron a la entrada en vigencia del acto legislativo) que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010”.

A juicio de la Sala, con base en esta lectura del parágrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones “se mantendrán por el término inicialmente estipulado” y “en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”. La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.

De esta forma, entones, es posible compatibilizar y dar contenido a cada uno de los preceptos constitucionales, pues no cabe duda que cada uno de los entes del texto objeto de análisis expresa una regla y, por ello, la labor interpretativa de la Corte debe ser garantizar en la mayor medida la eficacia de cada uno de sus enunciados y buscar que en sus relaciones exista interacción material y lógica entre sí y con el resto de la Constitución.

De manera que, si el término inicialmente estipulado “se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional” (resalta la Sala), y la segunda regla “[…] a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010”, luego el tribunal no incurrió en el yerro endilgado, toda vez que tuvo como supuesto prevalente que el derecho pensional estaba estipulado en las convenciones celebradas con anterioridad a la que estuvo vigente entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2005, última que, a juicio de la Corte, determinando la incorporación de las cláusulas anteriores lo que hizo fue revalidar la renovación legal de aquellas, en virtud de lo previsto en el artículo 478 del CST, y no puede perderse de vista que en casación es indiscutido que “[…] las cláusulas o reglas convencionales que regulaban el derecho pensional pretendido hubieren sufrido alguna variación distinta a las estipuladas en las convenciones del año 1986 y 1992”.

En suma, es dable colegir que las reglas que en materia pensional se pactaron en las convenciones anteriores a la vigente en el 2005, venían prorrogándose por ministerio de la ley antes de la entrada en vigor del AL-01/05 y, en ese orden ideas, conservaron su vigencia hasta el 31 de julio de 2010. Igualmente cabe resaltar que el contenido, alcance particular y aplicación de aquellas cláusulas no se discute en esta sede, por lo que se itera, no cometió el tribunal la transgresión que se le endosa.

No prospera este punto de la acusación.

2) De la indexación

El recurrente le reprocha al juez colegiado haber accedido a la indexación de las diferencias pensionales ordenadas, aun cuando no fueron pretendidas en la demanda, ni planteadas en el recurso de apelación.

Aunque este reproche se encauzó por el sendero de los hechos, cuando dilucidar sobre esa cuestión procesal es un asunto jurídico, lo cierto es que, de apartarse la Sala de esa inconsistencia meramente formal, en todo caso no hallaría el quebrantamiento alegado, por las siguientes razones:

A juicio de la Corte, no existió violación del principio de consonancia establecido en el artículo 66A del CPTSS, pues partiendo de que el juez de primer grado concentró su análisis en el reajuste pensional solicitado, a lo cual no le halló asidero, procedió a negarla “[…] y consecuencialmente las pretensiones subsiguientes”, sin realizar pronunciamiento alguno sobre “[…] los intereses por mora de los valores no cancelados oportunamente con la primera mesada”, solicitados en el escrito inaugural. Por consiguiente, como ello fue suficiente para que la sentencia emitida fuera totalmente desfavorable al actor, a este le bastaba atacar esa pretensión para que pudiera aspirar a que el tribunal accediera a la totalidad de lo pedido, como en efecto lo hizo según se aprecia del recurso de apelación visible a folios 169 a 172.

En asunto similar, en Sentencia CSJ SL9316-2016 la Corte resolvió de idéntica manera:

Respecto del reproche que esgrimió la réplica, en el sentido que la “Sala debe abstenerse de estudiar (…) la acusación propuesta”, por cuanto el recurrente demandante al apelar la decisión del juzgador de primer grado, no expuso ninguna inconformidad en relación con los intereses moratorios que ahora se solicitan en sede casación, se tiene que el a quo al momento de desatar las pretensiones incoadas, en el fallo calendado 16 de noviembre de 2007, encontró que el actor no tenía derecho a la pensión de vejez reclamada, por lo que absolvió de tal pretensión “y consecuencialmente de las demás peticiones”, sin hacer ningún análisis de la súplica de los intereses de mora. En consecuencia, como la argumentación para que el juez de primera instancia denegara la totalidad de las pretensiones incoadas fue una sola, consistente en que el demandante no reunió el número mínimo de semanas exigidos por los reglamentos del ISS, le bastaba a la parte actora que mostrara su inconformidad sobre este puntual aspecto, para aspirar ante el Superior a que se le concediera todas las peticiones incoadas, que fue exactamente como procedió, tal como aparece en la sustentación del recurso de apelación que obra a folios 82 y 83 del cuaderno principal.

Lo anterior es importante relievarlo, puesto que la razón que halló el tribunal para acceder a la indexación, fue justamente que los intereses moratorios no eran procedentes en tanto la pensión en discusión no tenía origen en las previsiones de la Ley 100 de 1993, lógica bajo la cual estimó necesario actualizar el valor de los valores otorgados por el reajuste concedido.

Para esta Sala, la anterior solución judicial no configura ninguna violación, si se tiene en cuenta que los intereses moratorios llevan implícita la actualización de la moneda, que es el efecto jurídico que produce la indexación y es, conviene hacer la digresión, la razón principal que marca la incompatibilidad entre uno y otro concepto, según lo entendió la Corte en la sentencia en cita, que sobre ese particular anotó:

Con otras palabras, mientras se condene al deudor —para el caso de mesadas pensionales adeudadas— a reconocer y pagar los intereses moratorios, a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, habrá de entenderse que noson compatibles con que, de manera simultánea o coetánea, se condene indexar dichos valores, pues los primeros llevan implícita esa actualización de la moneda y más, por tratarse de una sanción, se itera, equivalente a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”. Y si lo que procede es la condena a indexar los valores, no podrá entonces, de manera concurrente o simultánea condenarse al pago de dichos intereses moratorios (subrayas originales).

De manera que lo que hizo el tribunal fue entender que lo pretendido por el actor por intereses moratorios, incluía la de actualizar los valores que se concedieran por el reajuste pensional impetrado, luego su decisión de ordenar la indexación en modo alguno resquebraja el ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, se ciñe perfectamente a derecho y, en consecuencia, es dable colegir que la sentencia impugnada no fue incongruente ni disonante, toda vez que está plenamente atada a lo pretendido en la demanda y a las materias delimitadas en la apelación.

Por lo visto, no prospera la acusación.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandanda. Se fijan las agencias en derecho en la suma de siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000.00), que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Jesús Antonio Barreto Molina contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P.

Costas como quedó explicado en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».