Sentencia SL1402-2018/53784 de abril 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 3

SL1402-2018

Rad.: 53784

Magistrado Ponente:

Dr. Donald José Dix Ponnefz

Acta 11

Bogotá, D. C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., e ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., sin embargo, solo se admitió el primero, de estos, en la medida que la segunda entidad de seguridad social, no lo sustentó en tiempo y se declaró desierto.

(…).

XII. Consideraciones

Sea del caso señalar, que si bien, se observa una deficiencia en el alcance de la impugnación, es superable, pues se entiende, que una vez casada la sentencia, se pretende la absolución de las pretensiones de la demanda inicial, y la revocatoria de la providencia de primer grado, que le fue desfavorable.

Hecha la anterior aclaración, se pasa al análisis conjunto de los cargos propuestos por vías disímiles, en la medida que involucran un elenco normativo común y persiguen una finalidad uniforme.

El recurso formulado por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., en su calidad de llamada en garantía, está dirigido a que se case la sentencia de segunda instancia, que confirmó la decisión del a quo, en cuanto ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez y dispuso modificar el fallo, para ordenar el pago de la suma adicional hasta completar el capital que permitiría financiar la prestación reconocida.

Como fundamento de su demanda ataca la decisión de condenar a la administradora aun existiendo mora del empleador, quien, a pesar del incumplimiento queda indemne de responsabilidad, situación que no está prevista en las normas que señala como violadas. Se opone además a la condena en su contra como llamada en garantía, afirmando que la responsabilidad por incumplimiento del deber de cobro de la administradora, no le podría ser imputable en razón a que su vinculación con esta última, es comercial y se rige por una póliza, la cual no cubre eventos como el que se debate en el presente caso. Alega adicionalmente, la presunta carencia de prueba de la inexistencia del capital suficiente para financiar la pensión demandada.

Respecto al tema en debate, debe decirse que esta Sala de Casación Laboral varió su jurisprudencia para atribuir la responsabilidad a las administradoras de pensiones, en el evento de presentarse mora del empleador en el pago de cotizaciones a la seguridad social. A tal conclusión se arribó, luego de realizar un nuevo estudio de las normas que integran el sistema y regulan las obligaciones de los empleadores y las administradoras, para lo cual se tuvo en consideración principios como el de la sostenibilidad o equilibrio financiero del sistema, en el que, si bien dichas entidades tienen un interés evidente, no solo para hacer efectivo su funcionamiento en beneficio propio, deben también velar por la finalidad del mismo, cual es que los afiliados o sus beneficiarios puedan acceder a las pensiones a cargo de tales entidades.

En ese sentido, se dispuso que le correspondía a las administradoras de pensiones la ineludible obligación de iniciar las acciones de cobro pertinentes, cuando el empleador se sustrajera de la cancelación o pago oportuno de los aportes, por cuanto el sistema de seguridad social le otorgó a las administradoras de pensiones, las herramientas jurídicas suficientes, desde el momento mismo en que se causa la cotización, para ejercer el debido control, requerir a los morosos e iniciar las acciones de cobro coactivo contempladas en el art. 24 de la Ley 100 de 1993, además de tener a su favor, la generación de intereses o multas.

Así quedó establecido en la Sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, Rad. 34270, que señaló que cuando el empleador omite su deber de pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y ello impide que los afiliados accedan a las prestaciones legales, si la administradora no cumplió con las gestiones de cobro respectivas ante el empleador, debe asumir el reconocimiento de la prestación. Criterio que ha sido reiterado, entre otras, en sentencias CSJ SL, 6 feb. 2013, Rad. 45173, CSJ SL907-2013, CSJ SL 5429-2014, CSJ SL 4818-2015, CSJ SL 8082-2015, CSJ SL 16814-2015, CSJ SL 6469-2016 y CSJ SL 4952-2016.

En lo que concierne al segundo ataque, que se sustenta en los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio y bajo el supuesto de que la llamada en garantía, no estaría obligada a asumir el pago de la pensión por la no cancelación de los respectivos aportes, esta Sala de Casación tiene establecido que las normas que gobiernan el seguro previsional a que alude la Ley 100 de 1993, no son de naturaleza comercial sino propias de la seguridad social.

Así lo ha indicado en diferentes sentencias, entre otras la CSJ SL, 13 feb. 2013, Rad. 43839, en la que se rememoró las de 21 de noviembre de 2007, 15 de octubre de 2008 y 10 de agosto de 2010, con radicados 31214, 30519 y 36470, respectivamente. En efecto, sentenció la Corte:

En múltiples decisiones de esta Sala, se ha precisado que como en este caso, los contratos entre las administradoras de pensiones y cesantías y las compañías aseguradoras, con sujeción a la Ley 100 de 1993, son verdaderos seguros previsionales propios de la seguridad social y no de naturaleza comercial. Al efecto pueden consultarse entre otras, las sentencias del 21 de noviembre de 2007, 15 de octubre de 2008 y 10 de agosto de 2010, con radicados 31214, 30519 y 36470.

Tal cita es necesaria para darle la razón a la réplica, en punto a que la proposición jurídica es defectuosa, en cuanto no se acusa como infringida norma alguna laboral de carácter sustancial, pues sólo denuncia la infracción directa de los artículos 1054 y 1055 del Código del Comercio, reguladores de contratos de esa clase.

Además, en un cargo por la vía jurídica resulta improcedente acometer el examen de asuntos fácticos como lo sugiere el recurrente quien estima que lo definido es contrario a “las estipulaciones contractuales de la póliza y en contra de las normas del Código del Comercio que rigen el Seguro”.

Frente al ataque formulado por la vía indirecta en el cargo tercero, se echa de menos la indicación de las pruebas calificadas, estimadas erróneamente o dejadas de apreciar, la mención de lo que acreditaba cada una en particular, su incidencia o trascendencia en la decisión y de cómo cada error habría conllevado al quebranto normativo endilgado. Al respecto en Sentencia CSJ SL, 10 feb. 2009, Radicación 30568 expresó:

cuando se propone un cargo aduciendo falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas, sino que es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión acusada, y en qué consistió el error de hecho, pues este es el presupuesto de la aplicación indebida que enrostra a la decisión y lo que permite a la Corte establecer la magnitud del desatino, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de desquiciar la presunción de acierto y legalidad que ampara toda sentencia objeto de este recurso extraordinario (Rad.16406; ago. 2/2001). Es obvio que dicha carga es predicable también respecto de cuando se alega aplicación indebida de la ley sustancial por errónea estimación de determinadas pruebas como acá aconteció (Sentencia de 10 de noviembre de 2004, Rad. 22193). (…)” ().

El cargo se limita a la crítica del fallo por la ausencia de prueba del capital faltante para financiar la pensión, sin que ese punto en particular haya estado previsto en el debate inicialmente propuesto, por no haber sido abordado en la contestación de la demanda de la accionada ni, de la ahora recurrente, lo cual significaría un medio nuevo sobre lo cual, en Sentencia CSJ SL, 5 de sept. 2006, Rad. 27235, la Corte dijo lo siguiente:

[…] comporta precisar que la Corte tiene decantado que hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia y que sean invocados en casación constituyen lo que se ha denominado medios nuevos, que, se reitera, no pueden tener cabida en esta senda extraordinaria, pues al admitirlos se desconocería el derecho de defensa, en cuanto a que, cuando la Corte conoce del recurso de casación no lo hace en una tercera instancia, la parte opositora estaría desprovista de los mecanismos procesales para refutarlos. De ahí que se haya sostenido insistentemente que la casación “no es propicia para repentizar con debates fácticos y probatorios de última hora”.

(Reiterado en sent. de 25 de enero/11, Rad. 35996).

De conformidad con lo expuesto, los cargos no prosperan.

Por cuanto hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la parte recurrente y a favor de ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., como agencias en derecho se fija la suma de $7.500.000,oo, conforme los términos del artículo 366 del CGP.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 22 de julio de 2011, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Gustavo Alberto Gallo Aguirre contra la recurrente Compañía de Seguros Bolívar S.A., ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., y la Cooperativa de Trabajo Asociado - Cooadmiservis.

Costas como se señaló en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».