Sentencia SL1406-2018/57529 de mayo 2 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 3

Rad.: 57529

Magistrada Ponente:

Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Acta 12

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia proferida por el tribunal “en lo que tiene que ver con lo que se REVOCA y MODIFICA y se CONFIRME en lo demás”, en sede de instancia, se mantenga en su integridad la sentencia de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, que fueron replicados.

Teniendo en cuenta que los cargos se orientan por la misma vía y denuncian la violación de iguales disposiciones normativas, además, que su objetivo es semejante, se estudiarán a continuación de manera conjunta.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida e “interpretación errónea” de los artículos 1º, 3º, 11, 14, 16, 20, 21, 127, 129, 249, 260, 306, 316, 340, 467 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 25, 51, 54 A adicionado por la Ley 712 de 2001, 60 y 66 A del CPTSS; artículo 1494 del CC; artículo 8º de la Ley 153 de 1887; artículos 174, 175, 187, 251, 253 modificado por el D.E. 2283 de 1989 numeral 116 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1º, 2º, 3º, 4º y sus numerales 4.1 a 4.13 y, artículos 5º y 6º del Acuerdo 1 de 1977.

Aduce que la anterior violación de la ley, se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que la normatividad administrativa, Acuerdo 1 de 1977 es la norma a aplicar en el presente proceso.

2. Dar por demostrado sin estarlo que el no aporte de la Convención Colectiva de Trabajo al proceso deja sin efecto la sentencia de primera instancia, a pesar de que en las pruebas anteriormente relacionadas en ninguna de ellas habla que al trabajador se le debe aplicar el régimen convencional.

3. No dar por demostrado estándolo que el trabajador Libardo Antonio Rosales Agredo fue ascendido a la nómina directiva a partir del 1º de Agosto (sic) de 1995 según consta en el contrato de trabajo folio 140, y en consecuencia el régimen a aplicar es el Acuerdo 1 de 1977 con todos sus beneficios, aportado al expediente en los folios 71 a 89, y no la Convención Colectiva pactada entre Ecopetrol S.A. y la U.S.O., por cuanto estos regímenes son excluyentes.

4. Dar por demostrado sin estarlo que al trabajador Libardo Antonio Rosales Agredo se le debía aplicar la convención colectiva de trabajo firmada entre Ecopetrol S.A. y la U.S.O., a pesar de que en los recibos de pago aportados al expediente en los folios 27 a 51, en ninguno de ellos se observa que Ecopetrol S.A. haya hecho deducción del salario del trabajador para la Unión Sindical Obrera, para así acreditarse como beneficiario del pacto convencional.

5. No dar por demostrado estándolo que al trabajador Libardo Antonio Rosales Agredo, Ecopetrol S.A. le liquidó todas sus prestaciones de acuerdo con el estatuto directivo, o Acuerdo 1 de 1977, de acuerdo con las pruebas enlistadas.

6 Dar por demostrado sin estarlo que Ecopetrol S.A. liquidó al trabajador Libardo Antonio Rosales Agredo con base en la Convención Colectiva de trabajo (sic) firmada entre Ecopetrol S.A. y la U.S.O.

Denuncia como pruebas no apreciadas el Acuerdo 1 de 1977 (fls. 71-89), comunicación de noviembre 28 de 2007 (fl. 21, cdno. ppal.), comunicación de 29 de noviembre de 2007 (fl. 22, cdno. ppal.), comunicación de 19 de junio de 2009 (fls. 56-61, cdno. ppal.), contrato de trabajo a término indefinido nómina directiva (fls. 138-140, cdno. ppal.), respuesta de Ecopetrol al oficio 271 del Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berrio (fls. 146-149, cdno. ppal.), alegatos presentados por la parte demandante (fls. 172-177, cdno. ppal.) y recibos de pago de folios 27 a 51 del cuaderno de instancias.

El desarrollo del cargo, indica que el yerro en el que incurrió el tribunal consiste en afirmar que las pretensiones relacionadas con el suministro en especie de carne, la prima convencional, el reajuste de la pensión de jubilación y el pago de la liquidación de cesantías no pueden salir avantes al no haberse anexado la convención colectiva que las sustenta, por cuanto todos y cada uno de los conceptos o beneficios que se le pagan al trabajador en su condición de directivo están contemplados en el Acuerdo 1 de 1977 artículo 4º numerales 4.1 a 4.13, el que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la misma norma, no puede ser disfrutado en forma simultánea con la convención colectiva de trabajo que la empresa tenga suscrita con su sindicato.

Al respecto, señala:

Así las cosas el error se aprecia de bulto por cuanto niega unas prestaciones apoyándose en normas que nada tienen que ver con lo solicitado, y además porque no solo es la aplicación de la norma como tal, sino la consideración de los montos mayores pagados, a los tomados por Ecopetrol S.A. En su cuadro de factores, que están disminuidos en sumas considerables de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

VII. Réplica

Señala la entidad opositora en su escrito, que de manera impropia y en contravía a la técnica del recurso extraordinario, se acusa la violación de la ley sustancial por la vía indirecta bajo las modalidades de aplicación indebida y de interpretación errónea respecto de un mismo elenco normativo, lo que resulta “un yerro de orden técnico insuperable”, en tanto las mismas son incompatibles, amén que la interpretación errónea es una modalidad de puro derecho ajena a cualquier cuestión de naturaleza probatoria.

Agrega que en la proposición jurídica se denuncia la violación de normas de naturaleza adjetiva, las que no tienen el carácter de precepto sustancial, por lo que solamente pueden ser invocadas como violación medio, aspecto que no fue propuesto por el recurrente.

Posteriormente, y en cuanto a los errores de hecho denunciados, refiere que en manera alguna el tribunal incurrió en ellos, pues contrario a lo que sostiene la censura al evidenciar como uno de los desaciertos de hecho el “No dar por demostrado estándolo que la normatividad administrativa, Acuerdo 1 de 1977 es la norma a aplicar en el presente proceso”, el ad quem sí valoró ese documento pues,

[…] partió del supuesto de que la norma extralegal fuente de los derechos reclamados es tal acuerdo, solamente que entendió que debía complementarse con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, pero no concluyó, como se afirma equivocadamente por el recurrente, que al actor le resultaba aplicable esa convención y no el acuerdo, como tampoco que esas dos normas se le aplicaran de manera simultánea, pues, se insiste, nunca puso en duda que la pertinente lo era el varias veces citado acuerdo.

Para finalizar, llama la atención en cuanto a que, extraña que el demandante se declare en desacuerdo con la exigencia de la prueba de la convención colectiva, cuando él mismo, como obra en el texto de la demanda inicial, argumenta que dicha preceptiva extralegal es la fuente jurídica de su reclamación; pero que, a pesar de ello, la entidad liquidó la mesada pensional al trabajador en los términos previstos en el artículo 4.5 del Acuerdo 1 de 1977 como se registra en la documental del folio 76 del cuaderno principal, con “el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”.

VIII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida e “interpretación errónea” de los artículos 1º, 3º, 11, 14, 16, 20, 21, 127, 129, 249, 260, 306, 316 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 25, 51, 54 A adicionado por la Ley 712 de 2001, 60 y 66 A del CPTSS; artículo 1494 del CC; artículo 8º de la Ley 153 de 1887; artículos 174, 175, 187, 251, 253 modificado por el D.E. 2283 de 1989 numeral 116 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1º, 2º, 3º, 4º y sus numerales 4.1 a 4.13 y, artículos 5º y 6º del Acuerdo 1 de 1977.

Aduce que la anterior violación de la ley, se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo que Ecopetrol S.A. liquidó al trabajador con base en la convención colectiva de trabajo.

2. No dar por demostrado estándolo que el trabajador Libardo Antonio Rosales Agredo fue liquidado con base en el Acuerdo 1/77 porque pertenecía a la nómina Directiva (sic) en Ecopetrol S.A. y desempeñaba el cargo de Supervisor en el departamento de Producción (sic), y por consiguiente se le aplica la normatividad administrativa Acuerdo 1/77.

3. Dar por demostrado sin estarlo que Ecopetrol S.A. liquidó al trabajador con base en la convención colectiva de trabajo.

4. No dar por demostrado estándolo que Ecopetrol S.A. liquidó al trabajador con base en el Acuerdo 1/77 como se puede observar en la liquidación de pensión de jubilación, cesantías y demás prestaciones de acuerdo con las pruebas arrimadas al presente proceso.

5. Dar por demostrado sin estarlo que Ecopetrol S.A. liquidó correctamente pensión de jubilación, cesantías y demás prestaciones al trabajador Libardo Antonio Rosales Agredo.

6. No dar por demostrado estándolo que Ecopetrol S.A. no liquidó correctamente la pensión de jubilación, cesantías y demás prestaciones, por cuanto no tuvo en cuenta los valores pagados en los recibos durante su último año, utilizando valores inferiores.

7. Dar por probado sin estarlo que Ecopetrol S.A. líquido (sic) correctamente las cesantías del trabajador.

8. No dar por probado estándolo que Ecopetrol S.A. no liquidó correctamente las cesantías al trabajador, como se puede ver al cuadro Nº 2 del folio 18 y los recibos de pago de los folios 27 a 51 que corresponde al pago de los últimos 3 meses, se demuestra lo contrario.

9. No dar por probado estándolo que todos y cada uno de los documentos arrimados al expediente fueron decretados por el señor juez en la audiencia de conciliación, y no recibieron tacha de ninguna de las partes, y en consecuencia están protegidos por el art. 54 A del C.P.T.

Denuncia como pruebas no apreciadas la solicitud de pensión de jubilación de 28 de noviembre de 2007 (fls. 21, cdno. ppal.), respuesta de Ecopetrol a la anterior solicitud de 29 de noviembre de 2007 (fls. 22, cdno. ppal.), cuadro de factores salariales comunicación de 13 de febrero de 2008 (fls. 24, cdno. ppal.), liquidación de la pensión de jubilación (fls. 23, cdno. ppal.), liquidación de cesantías (fls. 26, cdno. ppal.), comunicación de noviembre 10 de 2008 – derecho de petición “agotamiento de vía gubernativa (fls. 52-54, cdno. ppal.), comunicación de noviembre 10 de 2008 dirigida por el demandante a Cavipetrol, comunicación del 19 de septiembre de 2003 (fls. 66, cdno. ppal.), e mail dirigido por el accionante al jefe de personal (fls. 67, cdno. ppal.), contrato de trabajo a término indefinido nómina directiva y alegatos de conclusión de la parte actora de folios 172-177 del cuaderno principal.

Indica que el juez de segunda instancia no estudió, no apreció ni profundizó en el análisis de las pruebas aportadas al proceso a la luz del Acuerdo 1 de 1977 en el que, si bien es cierto en algunos de sus artículos no hay expresa claridad sobre la connotación salarial de algunas prestaciones, la ley suple tal deficiencia con los artículos 127, 128 y 129 del CST, “que en armonía con la aplicación del art. 21 de la misma codificación corresponde aplicar la favorabilidad, para establecer la calidad de remuneración con relación al servicio prestado”.

Reitera la incompatibilidad en la aplicación simultánea del Acuerdo 1 de 1977 con la convención colectiva de trabajo, así como que el tribunal no hubiera tenido en cuenta que con los recibos de pago que se acompañaron al proceso se acredita que al accionante no se le hacían descuentos con destino a la organización sindical, Unión Sindical Obrera, lo que no lo hace beneficiario de la norma convencional.

IX. Réplica

Refiere que respecto de este cargo son predicables las mismas deficiencias de técnica anotadas en relación con el primero, en lo que tiene que ver con las modalidades de violación de la ley escogidas y la conformación de la proposición jurídica.

En cuanto al fondo de la acusación reitera las argumentaciones esgrimidas sobre la interpretación y aplicación que dio el tribunal al Acuerdo 1 de 1977, llamando la atención en que “el cargo le atribuye al tribunal conclusiones que no obtuvo, con lo que, deja libre de cuestionamientos los que fueron los verdaderos soportes del fallo acusado en casación, los cuales, al no ser atacados, permanecen incólumes brindándole apoyo a la decisión criticada”.

Agrega que el cargo carece por completo de desarrollo, pues el impugnante, a pesar de denunciar la falta de apreciación de varias pruebas, no explica qué es lo que cada una de ellas individualmente acredita y qué no fue tenido en cuenta por el fallador, pues de manera vaga e imprecisa se limita a manifestar que aquel no estudió, ni apreció, ni profundizó en el análisis de las pruebas aportadas al juicio, además de sustentarlo en argumentaciones de índole jurídica, atinentes a otras modalidades de violación de la ley y a la cuestión estrictamente fáctica del proceso.

X. Consideraciones

Sea lo primero advertir, que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, para efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, y acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse pueden conducir a que el recurso extraordinario resulte desestimado o impróspero.

Le asiste razón a la opositora en cuanto a los defectos de técnica que le achaca a los cargos, pues en ellos se señala como modalidad de violación de la ley junto con la aplicación indebida, la de “interpretación errónea”, olvidando que esta última resulta extraña a la vía de los hechos, por la que se dirige el ataque, en tanto exige un debate jurídico que supone conformidad con los hechos y probanzas arrimadas al juicio, lo que resulta una impropiedad que contraría la técnica esencial del recurso y que desconoce que la vía directa y la indirecta son excluyentes, “por razón de que la primera conlleva es a un error jurídico mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros fácticos, debiendo ser su formulación y análisis diferentes y por separado” (CSJ SL, 23 jun. 2006, Rad. 27141).

Aunado a lo anterior, también hay que advertir, que no es posible, como se señala en los cargos, la acumulación de las modalidades de violación de la ley —infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea— respecto de una misma norma, por obedecer a razones diferentes, pues para que se configure la interpretación errónea, es necesario que el sentenciador de a la norma un entendimiento que no corresponda con su genuino e íntegro sentido, lo que exige que en la sentencia acusada aparezca una clara referencia a la norma mal interpretada o, por lo menos, que resulte indudable que en ella se aplicó la disposición dándole un entendimiento contrario a su verdadera hermenéutica, mientras que en la aplicación indebida, el juzgador entiende rectamente la norma, pero la aplica a un hecho o a una situación no prevista o regulada por ella, o le hace producir efectos distintos a los contemplados en la misma norma, de lo que claramente se deduce, que no es posible, que en una providencia, el tribunal al mismo tiempo aplique la norma de manera indebida y además la intérprete de manera errónea.

No obstante, la Sala apelando a la posibilidad de flexibilizar el recurso y teniendo en cuenta que el error en cuanto a las modalidades de violación denunciadas puede ser superado, adelantará el estudio de las inconformidades planteadas por la vía indirecta, por ser la escogida por la censura y, en la modalidad de aplicación indebida por ser la única aplicable en la vía de los hechos.

Pues bien, estima la Sala que no incurrió el ad quem en los errores de hecho que le enrostra la censura, los que parten de una conclusión, que como lo indicó la réplica, no corresponde a la que arribó el juzgador.

Basta con rememorar, que el tribunal luego de encontrar que la convención colectiva de trabajo vigente en la cual el demandante “sustenta jurídicamente los aludidos derechos impetrados”, no fue aportada al proceso, concluyó:

En este orden se indica que si bien es cierto las pretensiones sobre prima convencional, reliquidación de la pensión de jubilación y de las cesantías, se basan en parte del Acuerdo 1 de 1977 aportado a folios 71 a 89, también es cierto que para el estudio y solución de dichas peticiones, se requiere ineludiblemente de la convención colectiva de trabajo vigente, pues si no conocemos a ciencia cierta el contenido de los artículos del aludido pacto sobre los cuales se funda el análisis de los mencionados postulados, sería imposible e ilegal declarar su procedencia. Es que mírese que no podemos partir de lo estipulado en el acuerdo, toda vez que este en este aspecto solo consigna una forma de liquidar el derecho consignado en la convención, como en el caso de la prima convencional; con respecto a la reliquidación de la pensión de jubilación, si bien es cierto, en el indicado acuerdo se regula su forma de liquidación, se requiere de la convención colectiva para estudiar cuales acreencias laborales constituyen factores con incidencia salarial, tal y como lo incoa la parte actora; y con relación a la reliquidación de las cesantías, es imprescindible el citado pacto, puesto que dicha pretensión para su liquidación se basa en el referido instrumento. No obstante, algunos artículos de la convención, la parte demandada los transcribe en el libelo contestatorio, no se logra con ello probar el derecho como quiera que se trata de una prueba ad solemnitaten o ad sustantiam actus, para cuya demostración en juicio es necesario aportar a este la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes de la solemnidad. (Negrilla del texto).

Así y sin mayor esfuerzo intelectivo, se observa que en manera alguna el juzgador de la alzada incurrió en el error de hecho de “No dar por demostrado estándolo que la normatividad administrativa, Acuerdo 1 de 1977 es la norma a aplicar en el presente proceso”, pues justamente a ella apeló para tomar su decisión y, concluyó en la necesidad de contar con el acuerdo convencional, para poder determinar la manera como debían liquidarse las prestaciones solicitadas.

Obsérvese como de la lectura del Acuerdo 1 de 1977 que se allegara a folios 71 a 89 del cuaderno principal, el único concepto de los reclamados por el actor que allí aparece reglamentado, es el correspondiente al auxilio de alimentación (fls. 88, cdno. ppal.), el que se estableció para el personal directivo que labora en las oficinas de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pasto, Tumaco y en las oficinas del oleoducto en Bogotá, Puente Aranda y demás estaciones, en la suma de $ 54.000 y respecto del cual, expresamente se determinó “Este auxilio no tiene incidencia salarial”, por lo que no puede ser tenido en cuenta para efectos de las reliquidaciones aquí pretendidas.

De otra parte, resulta ajustada la decisión del colegiado en cuanto concluye en la necesidad de contar con el convenio convencional para poder determinar la manera como debían liquidarse las prestaciones solicitadas, las que, como se lee en la demanda inaugural, se soportaron en diferentes artículos de la mencionada norma extralegal, basta con remitirse verbi gratia al hecho segundo que envía al artículo 57 de la convención colectiva de trabajo para efectos de establecer si el suministro de salario en especie - carne, tiene o no incidencia salarial y, por ende, repercusión en la liquidación de las prestaciones sociales y en la pensión de jubilación, beneficio que no consagra el Acuerdo 1 de 1977 y que, por ende, para su aplicación en la forma solicitada en la demanda, necesariamente dirige a la compilación normativa convencional.

La misma situación se refleja con el subsidio de alimentación, que como se indica en el hecho tercero, se encuentra pactado en el artículo 59 de la convención colectiva y al que señala el mismo actor, debe remitirse el juzgador para establecer o no su incidencia salarial. También, se replica la situación con el subsidio de transporte que, como se lee en el hecho cuarto, no fue tenido en cuenta por la empresa en la liquidación de cesantías, pensión de jubilación y demás prestaciones y cuya aplicación se reclama con fundamento en la norma extralegal artículo 68.

Para no extenderse en ejemplos, nótese como el mismo recurrente, en el hecho séptimo de la demanda inicial expresamente señala, “En concordancia con el artículo anterior la liquidación de mi poderdante debe estar ajustada a los conceptos establecidos en acuerdo (sic) 01 de 1977 y la Convención Colectiva de Trabajo”.

Con lo anterior, resulta claro, como ya se mencionó, que el tribunal no incurrió en los yerros denunciados y que, por el contrario, acertó en cuanto a que, le correspondía a quien invoca la aplicación de la norma convencional allegar su texto con la debida constancia de depósito, al no tratarse de normas de alcance nacional que son las únicas que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPC hoy artículo 177 del CGP, no requieren de prueba.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso a cargo del demandante recurrente, por cuanto la demanda de casación fue replicada. Fíjense como agencias en derecho la suma de $ 3.750.000, las cuales liquidará el Juzgado de Primera Instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 29 de mayo de 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso promovido por Libardo Antonio Rosales Agredo contra la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».