Sentencia SL14064-2016/45273 de septiembre 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14064-2016

Rad.: 45273

Acta Nº 35

Magistrado Ponente:

Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D. C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Como se puede observar, el cargo propuesto persigue que se determine jurídicamente, que el tribunal se equivocó al no conceder al actor el derecho a la pensión de invalidez convencional que se demanda, teniendo en cuenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral equivalente al 50%, que es el exigido para el otorgamiento de esta misma prestación en el ámbito legal, por resultarle al demandante más favorable que el porcentaje previsto en la convención colectiva de trabajo del 75%.

La censura hace consistir la transgresión de la ley denunciada, bajo los siguientes argumentos: (i) que el principio de favorabilidad consagrado en los artículos 21 del Código Sustantivo de Trabajo y 53 de la Constitución Política, sí tiene aplicación en el presente asunto, entre una estipulación convencional y una norma legal, cuando se presenta duda en su aplicación, como en este caso ocurre, pues las normas jurídicas se deben mirar en un concepto más amplio, que comprende todas las categorías del derecho; (ii) que la estipulación convencional cuestionada, es ineficaz e inaplicable por ser contraria a ley conforme al artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, y en tales condiciones, no puede producir efecto alguno, en la medida que exige una condición más desfavorable en cuanto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que resulta mayor al previsto en lo legal; y (iii) que en este caso en particular, se vulnera el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, porque se priva de la pensión en los términos de la convención colectiva, a aquellos trabajadores que no tengan la invalidez allí señalada, que es superior a la definida por la ley, ya que “si frente a la ley un trabajador se encuentra en estado de invalidez, la convención colectiva no puede habilitar para el trabajo a quien padece de una incapacidad para laborar superior a la que consagra la norma jurídico legal”. En este orden se abordará el estudio de la acusación.

1. Principio de favorabilidad.

Lo primero que debe destacar la Sala, es que el Tribunal para confirmar la decisión absolutoria del a quo, principalmente consideró que no era posible en el sub lite aplicar la favorabilidad en los términos demandados, básicamente por dos razones: (i) que para que opere dicho principio, es menester que existan dos leyes o normas jurídicas de trabajo vigentes, que se puedan aplicar al caso concreto; y (ii) que la parte actora no puede pretender que se le de aplicación a la ley en unos requisitos y también a la convención colectiva de trabajo en otros, para con ello lograr cumplir las exigencias para acceder a la pensión de invalidez reclamada que es de índole convencional, ya que “en la práctica, lo que está haciendo es crear un tercera disposición mixta, por decirlo de alguna manera, y poder así satisfacer unos requisitos que no señala ni la ley como tampoco la CCT”. Además de las dos conclusiones que anteceden, agregó que la favorabilidad solo opera “tratándose de normas de la misma naturaleza, es decir, leyes entre sí, o entre solo convenciones colectivas de trabajo”.

En este contexto, de entrada advierte la Sala que no erró el tribunal al no aplicar en este asunto el principio de la favorabilidad, por lo siguiente:

a. De tiempo atrás la jurisprudencia de esta corporación, ha sostenido que en el evento de conflicto o duda que se pueda presentar en la aplicación de las fuentes formales del derecho laboral y de la seguridad social, es procedente acoger aquella que le sea más favorable al trabajador, siempre y cuando las normas jurídicas estén vigentes y resulten ambas aplicables al caso, es decir, que los presupuestos fácticos de cada una de ellas encajen en la misma situación.

De igual modo, se tiene adoctrinado que la duda que se pueda generar en tal aplicación o en su defecto en la interpretación de tales fuentes del derecho, debe ser aquella que se encuentre en la mente del fallador y no la que propongan las partes. De no existir tal duda, no se abre el camino para acudir al referido principio de la favorabilidad.

b. En el caso que nos ocupa, si bien la ley vigente como la convención colectiva de trabajo en comento, cubren el mismo riesgo que corresponde a la pensión de invalidez, los requisitos para su otorgamiento sí son diferentes, ya que el estatuto convencional al fijar sus particulares pautas, estableció como exigencia para que el trabajador pudiera acceder a una pensión en mejores condiciones, acreditar una pérdida de capacidad laboral superior a la que contempla la ley, que sea equivalente al 75%, presupuestos fácticos que no son objeto de discusión en el recurso extraordinario, y que atañe al requisito que debe cumplir el beneficiario para poder acceder a la prestación extralegal, que en este caso en particular no se satisface, por cuanto también es un hecho indiscutido que el actor cuenta con una invalidez menor que corresponde al 71%.

No hay impedimento legal para que, respecto a una misma persona, se cause una pensión extralegal y una legal que atiendan igual riesgo, lógicamente de reunir el beneficiario los requisitos para ambos casos, evento en el cual podrá optar por la prestación que le resulte más favorable, por cuanto la percepción simultánea no se corresponde con el objetivo de las prestaciones ni con los principios de la seguridad social, esto es, que si la prestación extralegal se encuentra pactada en términos similares o superiores a la legal se optará por aquella, pero si no es así, se dará prelación a la pensión legal de resultar mejor que la convencional.

Lo precedente no acontece, en el sub examine, como quiera que tal como quedó visto, aunque el demandante puede acceder a la prestación de invalidez legal por tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, frente al beneficio convencional en comento, no reuné la exigencia del porcentaje de pérdida de capacidad laboral allí estipulado del 75%.

Aunado a lo anterior, como bien lo pone de presente el tribunal, el beneficiario de una convención colectiva de trabajo, que aspire a obtener la pensión extralegal a la que cree tener derecho, no puede so pretexto de la favorabilidad, hacer una utilización indebida de las normas jurídicas o fuentes formales del derecho y pretender tomar requisitos de uno y otro estatuto, para acceder a la prestación, y por ende, hacer una mixtura normativa inapropiada, menos en un asunto de las características como el presente, porque en verdad se trata de dos fuentes de derechos diferentes que, en consecuencia, no podrían emplearse en forma concurrente en los términos sugeridos por la censura.

Sobre el tema, en sentencia de la CSJ, 15 feb. 2011, rad. 40662, se puntualizó que el principio de favorabilidad, para que proceda en caso de duda en la aplicación de dos normas o fuentes de derecho vigentes de trabajo, “debe respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo”; lo que significa que esa regla de conglobamento o también conocida como teoría del conjunto o del cúmulo, se debe observar cuando se trata de definir cuál es más favorable entre diversos conjuntos normativos integrados por disposiciones o estipulaciones, que al compararlos sea dable escoger el más benéfico al trabajador, y por consiguiente no es factible escindir los requisitos de cada uno de ellos, para así poder obtener una determinada prestación, y como lo infirió el tribunal crear “una tercera disposición mixta”.

En efecto, para la Corte, lo que propone la censura, no es la aplicación o interpretación contundente y persuasiva de una fuente formal del derecho en su integridad, sino que busca la creación de una nueva regla para poder pensionarse extralegalmente, mediante la supresión o disminución de uno de los requisitos que acordaron las partes como consecuencia de la autocomposición o acuerdo de voluntades dentro de una negociación colectiva, básicamente en lo que atañe al porcentaje exigido en el convenio como pérdida de la capacidad laboral del trabajador que se beneficia de la convención colectiva de trabajo.

Es más, la situación de que el promotor del proceso no satisfaga todos los requisitos para acceder a la pensión extralegal reclamada en mejores condiciones, en modo alguno implica que traiga consigo la pérdida de la prestación legal, ni es un impedimento para su reconocimiento, pues al tener una invalidez superior al 50% indudablemente el Sistema de Seguridad Social integral lo protege.

c. De otro lado, en el asunto que nos ocupa, no existió ninguna duda o incertidumbre del fallador de alzada en la aplicación de las fuentes formales de derecho, para poder echar mano al principio de favorabilidad, ya que finalmente lo que se concluyó en la sentencia impugnada, es que no se podía conceder al actor la pensión de invalidez de índole convencional, por cuanto no era dable suplir el requisito de pérdida de capacidad laboral fijado extralegalmente y que en este caso no se cumplía, con el establecido por la ley, al no ser factible tomar indistintamente requisitos de uno y otro, lo que en últimas lleva a que no se esté en presencia de ningún conflicto entre la convención colectiva y la ley.

Caso distinto es que la estipulación convencional hubiera omitido dentro de sus requisitos fijar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral para obtener la prestación extralegal, en esta eventualidad si sería factible acudir a la norma legal.

d. Frente a lo sostenido por el tribunal en la parte final de su argumentación en el sentido que el principio favorabilidad solo opera “en tratándose de normas de la misma naturaleza, es decir, leyes entre sí, o entre solo convenciones colectivas de trabajo”, que es uno de los puntos sobre el cual la censura hace mayor énfasis, basta con decir, que si bien la ley es la más importante de las fuentes formales del derecho, no es la única, por lo que la convención colectiva de trabajo está comprendida dentro de las mismas, sin embargo, como quedó visto, al no tener cabida en este asunto en particular la favorabilidad, no es del caso entrar a considerar la viabilidad de comparación de la ley y el acuerdo colectivo de voluntades, ello de cara a la aplicación de este principio en relación a una prestación pensional, para el caso la de invalidez.

2. Ineficacia de la cláusula convencional.

La censura plantea la ineficacia de la cláusula convencional que consagra la pensión de invalidez extralegal, por ser en su sentir contraria a la ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, y que en tales condiciones, no puede producir ningún efecto.

Al respecto se tiene, que la citada cláusula no es ilegal, por cuanto no está sustituyendo un derecho de orden legal, ni lo está haciendo más gravoso, pues si bien cubren el mismo riesgo, la prestación extralegal es distinta, y por tanto puede establecer unos requisitos especiales.

Es así que dentro de la libertad contractual que caracteriza al convenio colectivo de trabajo, las partes pueden acordar libremente condiciones para otorgar beneficios de orden extralegal, en la medida en que no afecten el mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores por las leyes laborales, esto como resultado de una negociación colectiva, y por tanto, las particularidades de cada estipulación producen los consabidos efectos jurídicos, que obliga a las partes a cumplir sus requisitos para poder obtener las prestaciones extralegales.

3. Derecho a la igualdad.

El artículo 13 de la C.N., que contiene el principio de igualdad y no discriminación, consagra que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato por parte de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, “sin ninguna discriminación…”. Se atentará contra este principio, cuando a cierta persona o colectivo de personas se le otorgue un trato diferente, sin motivos razonables, relevantes y legítimos.

La circunstancia que no se le conceda al actor un derecho extralegal en mejores condiciones, por no reunir uno de los requisitos o presupuestos de la norma convencional, no puede dar lugar a un trato discriminatorio, máxime que como atrás se anotó, dicho trabajador no se encuentra en estado de desprotección ante la ley, pues si bien su porcentaje de pérdida de capacidad laboral es inferior al exigido para obtener la prestación extralegal, si resulta superior al legal que le permite acceder a la prestación del Sistema de Seguridad Social.

Además, dentro de los supuestos fácticos no discutidos, no hay ninguno que haga relación a que personas con el mismo porcentaje de invalidez que tiene el demandante, sí se les hubiera otorgado la prestación extralegal aquí reclamada, para con ello poder establecer la violación del derecho a la igualdad protegido constitucionalmente, que en este asunto no se presenta.

Por lo expuesto, el ad quem no infringió las disposiciones enunciadas por el recurrente, ni cometió los yerros jurídicos endilgados, resultando infundado el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.250.000,oo, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

IX Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Juan Manuel Contreras Gamba, adelanta en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».