Sentencia SL14066-2016 de septiembre 21 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 45671

Acta 35

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Uriel de Jesús Álvarez Guzmán instauró en contra del Departamento de Antioquia.

Téngase por reasumido el poder de la apoderada principal del demandante conforme al escrito obrante a folio 22 del cuaderno de la Corte, y se abstiene la Sala de reconocerle personería a la apoderada sustituta por cuanto esta no ha acreditado su condición de abogada titulada.

Téngase al doctor Luis Fernando Úsuga Rueda, como apoderado de la demandada Departamento de Antioquia, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 18 ibídem.

I. Antecedentes

El citado accionante llamó a juicio al Departamento de Antioquia, con el fin de que se declarara que la terminación de su contrato de trabajo, lo fue por decisión unilateral del gobernador, en forma ilegal e injusta, durante la existencia del conflicto colectivo que se había iniciado el 2 de noviembre de 2004, y por tanto cuando se le notificó la finalización del vínculo el 6 de diciembre de 2005 se encontraba amparado por fuero circunstancial. Como consecuencia de lo anterior, se le reintegre al cargo de cadenero o auxiliar, en la división de interventoría de la secretaría de infraestructura física para la integración y el desarrollo de Antioquia, o a otro de igual categoría y funciones, con el pago de salarios y prestaciones legales y convencionales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación y la de la reinstalación en el empleo, sin interrupción del servicio, y a las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que estuvo vinculado mediante contrato de trabajo con la entidad demandada, entre el 16 de agosto de 1990 y el 6 de diciembre de 2005; que fue contratado para desempeñar el cargo de cadenero que luego cambió a la denominación de auxiliar; que la actividad que tenía asignada no era la material de construcción o mantenimiento de obras públicas, sino la de interventoría de obras, con lo cual adquirió la condición de trabajador oficial; que estuvo afiliado a la organización sindical Sintradepartamento, por lo que se beneficiaba de las convenciones colectivas de trabajo; que el 2 de noviembre de 2004 el sindicato denunció la convención colectiva y en la misma fecha presentó el pliego de peticiones ante el Ministerio de Trabajo, de lo cual fue debidamente enterado el gobernador de Antioquia; que el motivo que adujo la accionada para poner fin a la relación laboral, fue una restructuración administrativa que implicó la supresión de cargos de trabajadores oficiales; que inicialmente se había propuesto por la asamblea departamental la creación de un ente descentralizado denominado “Inside” para ejecutar las obras públicas, sin embargó subsistió la secretaría de infraestructura física para la integración y el desarrollo de Antioquia, y por consiguiente el cargo que ejercía continuó ejecutándose; que el 6 de diciembre de 2005 fue notificado del retiro del servicio, cuando se encontraba aún en trámite el pliego de peticiones y vigente el conflicto colectivo, lo cual lleva a que esté amparado por el llamado fuero circunstancial, según lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y que tenga derecho al reintegro impetrado; y que agotó la reclamación administrativa con la solicitud radicada el 19 de diciembre de 2005, la cual le fue negada.

Al dar respuesta a la demanda, el departamento de Antioquia, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas. Respecto de los hechos, aceptó la relación laboral para con el demandante, su calidad de trabajador oficial y la decisión de la entidad de terminar el contrato de trabajo por reestructuración administrativa, y de los demás dijo que no eran ciertos. Propuso la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos formales, y las de mérito que denominó inexistencia de la obligación, imposibilidad del reintegro por la supresión del cargo, compensación, pago, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción o caducidad y la genérica.

En su defensa, argumentó que la terminación del contrato de trabajo del actor obedeció a la reestructuración administrativa que se llevó a cabo, que implicó la supresión de los cargos de la secretaría de infraestructura física, conforme a los decretos 2105 y 2109 del 28 de octubre de 2004, con lo cual se dispuso no prorrogar los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales, entre ellos el del demandante que desempeñó el cargo de cadenero; que si bien el 8 de noviembre de 2004 se remitió a la Gobernación de Antioquia la denuncia parcial de la convención colectiva de trabajo, la organización sindical Sintradepartamento se negó a negociar, se abstuvo de firmar las actas de las reuniones iniciales de la comisión negociadora, y luego se marginó de la mesa de negociación sin justificación alguna, lo que dio lugar a la terminación “irregular” de dicha negociación, por lo que no es cierto que se haya despedido durante el conflicto colectivo; y que en el evento de que el accionante ostentara fuero circunstancial, existe imposibilidad del reintegro material y jurídicamente, por cuanto su cargo fue suprimido.

El juez de conocimiento que lo fue el Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en la primera audiencia de trámite, declaró no probada la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos formales.

II. Sentencia de primera instancia

El Juez Octavo Laboral del Circuito de Medellín, le puso fin a la primera instancia y con sentencia calendada 18 de diciembre de 2008, declaró que la terminación del contrato de trabajo del demandante que se produjo el “6 de diciembre de 2005”, por decisión unilateral del gobernador del departamento de Antioquia, ocurrió durante la existencia de un conflicto colectivo de trabajo que amparaba a dicho trabajador, conforme al artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, siendo tal finalización del vínculo ilegal, y como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad demandada a reintegrar o reinstalar al actor al cargo que desempeñaba o a otro de igual categoría, con el pago de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales, dejadas de percibir desde la fecha de desvinculación hasta cuando se produzca el restablecimiento de la relación laboral, sin solución de continuidad. Condenó en costas a la parte vencida.

III. Sentencia de segunda instancia

Inconforme con la anterior determinación apeló la parte demandada y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 12 de febrero de 2010, revocó la decisión de primer grado, para en su lugar, absolver a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, condenó en costas al demandante y se abstuvo de imponerlas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez colegiado comenzó por advertir, que no era objeto de discusión lo relativo a los servicios prestados por el demandante, en condición de trabajador oficial, en el periodo comprendido del 17 de diciembre de 1990 hasta el “5 de diciembre de 2005”, así como el despido de que fue objeto. Del mismo modo, que era afiliado a la organización sindical Sintradepartamental Antioquia y por tanto beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo; que el 2 de noviembre de 2004 se denunció parcialmente la convención y en esa misma fecha se presentó pliego de peticiones, del cual aún no se conoce su terminación.

Adujo que la controversia en la alzada se limitaba a determinar si el actor para la fecha del despido tenía o no fuero circunstancial, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. Que para establecer si para esa data se mantenía el conflicto colectivo de trabajo, no basta con que se haya presentado un pliego de peticiones y que no se solucionara, pues además se debe mirar si existen razones de orden hermenéutico que pueda[n] llevar a que se estime el mismo como no existente, tal como lo destaca la jurisprudencia en sentencia de la CSJ SL, 3 agosto 2005, sin indicar su radicado, y que transcribió en extenso.

Indicó, que en este asunto “contrario a lo que concluyó el fallador de primer grado, la Sala piensa lo contrario, es decir, que el conflicto colectivo a que se ha hecho referencia en este proceso, rebasó todos los límites temporales que establecen las regulaciones laborales, por razones imputables a la organización sindical, y este hecho no puede traducirse en una protección para los trabajadores”; que las actas obrantes a folios “116/119 y 120/22” dan cuenta que el conflicto no tuvo desarrollo o fluidez por hechos no imputables al departamento de Antioquia, sino a la actitud del sindicato que se abstuvo de ir a las negociaciones, generando dificultades para iniciar la etapa de arreglo directo, lo cual se ratifica con las declaraciones de los testigos Claudia Tatiana Ferreiro Romaña (fl. 380 y vto) y William Vera Arango (fl. 503)

Añadió que el entonces Ministerio de la Protección Social, por intermedio del viceministro de relaciones laborales, mediante la decisión del 13 de octubre de 2005, “se abstuvo ordenar la constitución de un tribunal de arbitramento por estimar que la etapa de arreglo directo no se había surtido aún (fl. 34), pero también lo es que por parte alguna concluyó que tal omisión se debía a conductas o procederes del departamento de Antioquia”, y que “resultando inequívoco que el conflicto colectivo entre el departamento de Antioquia y Sintradepartamento de Antioquia perduró, y todo parece indicar que aún perdura, por fuera de todos los marcos temporales fijados en la ley, es claro concluir que el demandante para la fecha del despido no gozaba de fuero circunstancial, razón por la cual ninguna protección cabe realizar. Por lo tanto, y sin necesidad de otro tipo de consideraciones, el fallo de primer grado habrá de revocarse en su integridad, y en su lugar, se absolverá al ente territorial demandado de todas y cada una de las súplicas de la demanda”.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

El recurrente pretende que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, se confirme el fallo de primer grado que accedió a las súplicas de la demanda inicial y se provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formuló un cargo, que no fue replicado y se estudiará a continuación.

VI. Cargo único

Acusó la sentencia recurrida por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, de los artículos “25 del Decreto 2351 de 1965, 467, 468 y 469 del CST; 1º, 2º, 3º, 9º, 19, 40, 55 ibídem, en armonía con los artículos 10 del Decreto 1373 de 1966, 39 y 93 de la C.N.; las leyes 26 y 27 de 1976 que incorporaron a la legislación interna los convenios 87 y 98 de la OIT; artículo 1º del Decreto 904 de 1951; artículo 357, numeral 2º y 479 del CST; artículos 25, 40, 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Para la sustentación, la censura señaló que dada la orientación del cargo, no discutía en el recurso de casación asuntos fácticos, sino la inferencia del tribunal que asume que si se rebasan ciertos tiempos en las etapas de negociación, no hay protección foral.

Transcribió lo dispuesto en los artículos 9º (protección al trabajo) y 18 (norma general de interpretación) del Código Sustantivo del Trabajo, para decir que a cualquier precepto de derecho social se le debe fijar su alcance y sentido teniendo en cuenta esas normativas, así como los artículos 39 de la Constitución Política, 16 de la Convención de Costa Rica de 1969, 2º del Convenio 87 aprobado por la Ley 26 de 1976, la Sentencia C-797 de 2000, los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10 del Decreto 1373 de 1966, y que ninguna de esas disposiciones exige que dicha protección formal debe estar circunscrita a determinados tiempos, y en tales condiciones “la protección del fuero circunstancial se extiende desde la presentación del pliego y hasta la firma del acuerdo colectivo o la ejecutoria del laudo, sin mirar si hay o no demoras en la solución del conflicto colectivo”, y que “si se permite hacerle matices a la norma se llegaría aun arbitrio judicial de decidir hasta que límite se puede extender el fuero, lo que resulta inadmisible desde la perspectiva del derecho a la negociación colectiva, en el entendido que en las etapas del conflicto subyace un trasfondo político, y permitir matices desdibujaría, se insiste, la garantía foral que con tanto esfuerzo ha logrado conquistar la clase trabajadora en Colombia”.

Especificó que las discusiones y objeciones durante el conflicto colectivo, no llevan a finiquitar la protección legal de los trabajadores, pues “si el conflicto no se desarrolla dentro de los términos normales que establece la ley, el ordenamiento jurídico dota a las partes y al mismo Estado de mecanismos eficaces para ello, por tanto, no puede el juzgador excusarse en asuntos de la casuística para restarle eficacia a una norma que solo permite una interpretación y no tiene lagunas o expresiones equivocas”.

Insistió que si las normas denunciadas no traen ninguna clase de limitante, el tribunal no podía al interpretarlas restringir su alcance, además que la negociación colectiva busca la mejora en las condiciones de trabajo y en las prestaciones que otorga el empleador, lo que significa que “no puede el intérprete agregarle un ingrediente normativo que la disposición no contiene, fijándole un alcance que en realidad no tiene y restringiéndole su verdadero sentido y teleología pues “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu [...]” (L. 153/1887, art. 27)”.

VII. Consideraciones

La acusación orientada por la vía directa, pone a consideración de la Corte, el tema del fuero circunstancial y la protección contenida en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 que reza: “Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”.

La censura le endilgó a la sentencia impugnada, una supuesta interpretación errónea de la anterior normativa, trasgresión que la hace consistir en que el tribunal se equivocó, al sostener con apoyo en antecedentes jurisprudenciales, que para que un conflicto colectivo genere a favor de los trabajadores la protección frente a un despido injusto, se requiere que el mismo no rebase los límites temporales fijados por la ley, pues según la colegiatura de presentarse tal situación, no podría pregonarse la protección foral cuando el conflicto no se soluciona prontamente, sin culpa de la entidad empleadora sino del promotor del mismo.

En cambio, para el recurrente la correcta interpretación de dicho precepto legal y demás disposiciones denunciadas, consiste en que aquellas no exigen en ningún momento, que esa garantía foral se circunscriba a determinados tiempos, y por tanto, no le resulta dable al juez de apelaciones fijar restricciones a la norma o a la vigencia del fuero circunstancial, ya que las discusiones u objeciones de las partes en el curso de la negociación colectiva, que por alguna circunstancia se prolonguen más allá de los términos que establece la legislación, no dan lugar a restarle eficacia al mencionado artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, que solo permite una interpretación, sin que sea posible agregarle ingredientes normativos que no contiene, tal como se hizo en el fallo censurado.

Al respecto, la razón está de parte del tribunal y no del recurrente en casación, por cuanto en este asunto en particular, no es posible atribuir el yerro jurídico de haberle dado una inteligencia errada al citado precepto legal, en los términos sugeridos en el ataque, por lo siguiente:

1. Tal como lo advirtió el propio censor, dada la orientación del cargo, en sede de casación no se discuten las conclusiones fácticas a las que arribó el tribunal, que en esencia corresponden: (i) que el demandante, en condición de trabajador oficial, prestó sus servicios para la entidad territorial demandada, en el periodo comprendido del 17 de diciembre de 1990 hasta el 5 de diciembre de 2005, fecha última en que fue despedido; (ii) que el actor era afiliado a la organización sindical Sintradepartamental y por tanto beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo; (iii) que el sindicato el 2 de noviembre de 2004 denunció parcialmente la convención colectiva, y en esa misma fecha presentó el pliego de peticiones; y (iv) que de las pruebas obrantes en el proceso se desprende que el conflicto colectivo del cual la parte actora pretende hacer derivar la protección foral, perduró y superó las etapas de negociación sin que se conozca su terminación, pues no tuvo un desarrollo y fluidez normal, ya que el sindicato no se presentó a las negociaciones y dificultó el inicio de la etapa de arreglo directo, estancamiento que no se produjo por omisión, acción o algún proceder del departamento de Antioquia, sino por la actitud asumida por Sintradepartamental.

2. Sobre el tema la Sala tiene asentado, desde la sentencia de la CSJ SL, 16 marzo de 2005, radicado 23843, que el fuero circunstancial o protección foral para que un trabajador no pueda ser despedido sin justa causa comprobada durante el tiempo que dure la negociación colectiva, no es indefinido, por cuanto este se mantiene solo hasta que termine el conflicto, lo que significa que dicha protección puede culminar en los eventos en que concurran situaciones en las que ya no sea posible poner fin al conflicto de forma normal, ello cuando no existe por parte de quienes lo promovieron el interés suficiente de concluirlo, luego de que no fuera posible lograr el acuerdo con el empleador en la etapa de arreglo directo, ya sea insistiendo en la composición amigable del diferendo o adelantando las demás etapas para su cabal solución, esto es, la declaratoria de la huelga que sea legalmente posible o la constitución de un tribunal de arbitramento. Es decir, que “esa garantía pierde sentido cuando el proceso de negociación se halla estancado por un período prolongado”.

En la rememorada sentencia que a su vez trajo a colación lo adoctrinado en la decisión de la CSJ SL, 11 de diciembre de 2002, radicado 19170, se concluyó que conforme a lo regulado por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, subsiste el amparo para los trabajadores, pero “durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”, de suerte que, “solo el conflicto colectivo de trabajo que se halle vigente y sea desarrollado con plena sujeción a los distintos trámites y términos prescritos en la ley tiene la virtud de generar a favor de los trabajadores la protección contra los despidos injustos, conocida en la doctrina como fuero circunstancial”.

3. El anterior criterio fue precisado en la sentencia de la CSJ SL6732-2015, 28 de mayo de 2015, radicado 45080, en el sentido de que pueden existir eventos en que sea dable justificar la prolongación del conflicto, según la etapa de que se trate, y que por ende hay que mirar la situación fáctica de cada caso, pues se requiere contar con suficientes elementos de juicio que permitan calificar “de razonable o no, prudente o no, el tiempo transcurrido de más al previsto por el ordenamiento jurídico para ponerle fin a la negociación colectiva, con miras a establecer si se dio la extinción anormal del fuero circunstancial, estatus que es reconocido a partir de la debida presentación del pliego de peticiones como mecanismo de protección otorgado a los trabajadores para que puedan ejercer libremente su derecho de negociación colectiva”, lo que se traduce en que para todos los casos el simple paso del tiempo, más de un año por ejemplo, no lleva necesariamente a que se predique el decaimiento del conflicto, para con ello sostener que la protección foral se extinguió, ya que puede suceder que existan razones válidas para que luego de un tiempo se solucione por alguno de los mecanismos permitidos por la ley.

En esa oportunidad la Sala también precisó lo concerniente a la carga de la prueba para esta clase de eventos, con fundamento en la función unificadora de la jurisprudencia, y así señalar “que le corresponde al trabajador acreditar el supuesto de hecho que le genera la protección foral, con la presentación del pliego de peticiones, más dejar en claro, con la negación indefinida, que, a la fecha del despido, no había finalizado el conflicto, para que la demandada asuma la carga de probar el hecho contrario que extinga el derecho al fuero”.

4. Descendiendo al caso que nos ocupa, la interpretación dada por el ad quem al artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, concuerda con las directrices contenidas en los citados precedentes, habida cuenta de que en efecto un conflicto colectivo que rebase los límites temporales que establecen la regulación laboral para su solución, por la falta de interés de culminarlo por parte de quien lo promovió, hace que se extinga la protección foral o fuero circunstancial, lógicamente cuando no se justifica la prolongación de dicho conflicto. No es cierto, como lo aduce el recurrente, que el tribunal al interpretar el mencionado precepto legal, le esté agregando ingredientes normativos, ni mucho menos que haya restringido la figura del fuero circunstancial, pues el desarrollo jurisprudencial de este mecanismo de protección, que tiene cabida durante el curso de una negociación colectiva que está garantizada por la Constitución Política artículo 55, en concordancia con los convenios 98 artículo 4º y 154 artículo 5º de la OIT y el artículo 93 constitucional, es el resultado de la exégesis o ejercicio hermenéutico que alrededor de la citada norma realizan los operadores judiciales.

5. Cabe agregar, que en este asunto en particular, la decisión atacada está debidamente soportada en las premisas fácticas que el tribunal encontró demostradas, y que encajan perfectamente en el criterio jurídico que esbozó, pues frente a un conflicto colectivo que ha perdurado indefinidamente, esto es, más allá de las etapas previstas para la negociación colectiva, del cual no se conoce que hubiera terminado, y que para el momento del despido del actor había transcurrido más de un año sin avances ni una solución en un plazo razonable, por causas imputables a la organización sindical Sintradepartamental que lo promovió, lo cual lleva al abandono tácito del mismo, aspectos probatorios que se mantienen incólumes por no ser objeto de controversia con el recurso extraordinario de casación, en definitiva no opera la protección foral implorada.

De manera que como la demandada demostró, que para la fecha del despido del actor que se produjo el 5 de diciembre de 2005, no había conflicto colectivo, por las razones ya anotadas referidas a la prolongación injustificada del mismo, lo cual extingue el derecho al fuero circunstancial, se concluye que en definitiva el demandante no se encontraba amparado por esa garantía foral, conforme lo infirió el tribunal, previa interpretación de la norma aplicable, que como quedó visto, no le merece a la Sala ningún reproche.

Por todo lo dicho, el tribunal no cometió los desatinos jurídicos atribuidos por la censura, y por consiguiente, el cargo resulta infundado.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de febrero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Uriel de Jesús Álvarez Guzmán, adelanta en contra el Departamento de Antioquia.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.