Sentencia SL1407-2018 de abril 18 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1407-2018

Radicación: 52162

Acta 13

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

De entrada ha de destacarse, que no le asiste razón al opositor en cuanto al reparo de técnica, relativo a que el censor no controvirtió la verdadera conclusión jurídica del fallo, y que ello tampoco podía encauzarse por la vía indirecta, porque si bien, el tribunal, calificó de legal la pensión de jubilación reconocida a la demandante, cuyo hecho, y ello también imponía, al acudirse a esa vía, que para su demostración, se denunciara como prueba erróneamente valorada, el mencionado documento.

Ahora, en la aludida acta de conciliación (fls. 5-8, cdno. de primera instancia), queda claro que las partes solicitaron al Juzgado Octavo Laboral, se constituyera en audiencia pública especial «(…) con el fin de dejar consagrados los términos del acuerdo al cual han llegado respecto a la terminación por mutuo consentimiento de las partes contratantes, del contrato de trabajo que las ha vinculado (…)», y en ella se puntualiza, entre otros aspectos, el siguiente:

«7. Las partes dejan expresa constancia que el (la) trabajador (a) CARMEN LUCÍA ARANDA PERALTA, se encuentra amparado por los derechos consignados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y ha prestado más de 20 años de servicios al IFI. En el momento que compruebe la edad de 55 años, el IFI le reconocerá y pagará una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio, indexado hasta la fecha del reconocimiento de la pensión (resaltado fuera de texto)».

De otra parte, en el numeral 8º del artículo 19 del pacto colectivo de folio 72, cuaderno inicial, que está relacionado con el acta de conciliación porque contiene el acuerdo sobre la terminación del contrato, se lee:

«ART. 19.—PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO PROGRAMADO Y CONCERTADO.

El Instituto de Fomento Industrial, IFI, y sus trabajadores no sindicalizados acuerda el siguiente plan de retiro voluntario programado y concertado:

8. En lo referente a los derechos pensionales, el IFI reconocerá y pagará al trabajador que se retire acogiéndose el plan de retiro voluntario programado y concertado y que a la fecha de conciliación tenga 20 años o más de servicios a la entidad y que sea sujeto del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, una pensión de jubilación cuando cumpla 55 años de edad, equivalente al 75% de los salarios promedios devengados en el último año de servicio, valor que será incrementado anualmente sobre la base del IPC nacional y gozará de los derechos y beneficios como pensionados contenidos en el presente y anteriores pactos colectivos (….); (…) el texto de este numeral (8º) hará parte de la correspondiente conciliación».

Del análisis de tales documentos, es claro que la prestación reconocida no tenía el carácter de legal, lo que se deduce no solo de los términos transcritos, sino porque su reconocimiento quedó supeditado a lo convenido en el plan de retiro, al igual que otros beneficios; y esas pruebas indican que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes acordaron dar por terminado por mutuo consentimiento el contrato de trabajo, así como transigir las actuales o eventuales diferencias derivadas de la relación laboral, lo cual es plenamente válido en materia laboral, teniendo en cuenta que es permitido conciliar los asuntos que versen sobre derechos inciertos y discutibles, lo que hace tránsito a cosa juzgada, y en este caso, además, se extendió a una manera específica de calcular la prestación de jubilación.

Por lo tanto, lo que se desprende, en sana lógica, del acuerdo entre las partes, es que se otorgaría a la demandante una pensión «equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio, valor que será incrementado anualmente sobre la base del IPC nacional (…)», y que con ello se quiso mejorar los términos en que la ley vigente para la data en que se formalizó la conciliación regulaban esa prestación, no solo en cuanto al lapso para calcular el ingreso base de liquidación, sino también que para ello incidían los pagos que tuvieran connotación salarial, sin distinguir si su fuente era legal o extralegal.

Bajo la anterior perspectiva, no sobra anotar, al replicante, que aun cuando esta Sala de la Corte, había enseñado que las pensiones que se reconocieran con el tiempo de servicios y la edad requerida por la ley, ostentaban una naturaleza legal, con independencia del mejoramiento extralegal que sobre otros supuestos las partes acordaran, tal criterio se reexaminó, para concluir que si se convenía consagrar ese derecho con los mismos requisitos legales, en un documento, como una conciliación, esa concesión se tornaba extralegal, por cuanto su intención no era otra sino la de facultar su aplicación, aún en el evento de desaparecer o modificarse la preceptiva de orden legal.

Sobre este tema, en particular de las conciliaciones efectuadas por el IFI, cabe recordar que la Corte, ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse, entre otras, en la Sentencia CSJ SL11251-2017, rad. 46809, en donde se reiteró la SL18096-2016 y la CSJ SL4716-2017, en la que se dijo:

«(…) En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que él imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la seguridad social. Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada.

Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan.

Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia.

Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato, es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo cuando se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos —con las salvedades anotadas—, o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Otra cosa diferente es, como ya se anotó, buscar la revisión de una suma periódica o pensión de cualquier naturaleza que está cubriendo el estado a cargo del tesoro público o de un fondo de naturaleza pública, obligación que surgió bien de una decisión judicial o de un acuerdo conciliatorio o de transacción entre las partes. En este caso, la vía procesal adecuada es la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. (…)».

En consecuencia, lo hasta aquí discurrido implica que como las reflexiones transcritas, con referencia al análisis probatorio puntualizado, son plenamente aplicables al caso, se tiene que el tribunal, incurrió en el yerro fáctico principal endilgado con la connotación de manifiesto, como es el haber deducido que la pensión de jubilación reconocida a la demandante era de índole legal, lo cual es suficiente para que el cargo primero prospere, por lo que habrá de casarse la sentencia impugnada.

Como el cargo primero sale avante, por sustracción de materia, se hace innecesario el estudio de la otra acusación formulada.

Para mejor proveer, se ordena, para ser tenida como prueba, que, dentro de los quince días siguientes a la notificación de esta decisión, el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, IFI, EN LIQUIDACIÓN, o quien haga sus veces, certifique sobre de la totalidad de los pagos salariales y no salariales de orden legal y extralegal efectuados a la demandante en el último año de servicios, discriminados mensualmente, así como los comprobantes de pago efectuado por concepto de la pensión de jubilación que a esta reconoció.

No se impondrán costas por el recurso extraordinario, dada su prosperidad.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), en el proceso ordinario laboral seguido por CARMEN LUCÍA ARANDA PERALTA contra el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTIRAL IFI EN LIQUIDACIÓN.

Para proferir la sentencia instancia y para mejor proveer, se ordena, para ser tenida como prueba, que, dentro de los quince días siguientes a la notificación de esta decisión, el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI EN LIQUIDACIÓN, o quien haga sus veces, certifique sobre de la totalidad de los pagos salariales y no salariales de orden legal y extralegal efectuados a la demandante en el último año de servicios, discriminados mensualmente, así como los comprobantes de pago efectuado por concepto de la pensión de jubilación que a esta reconoció. Por la secretaría, líbrese el oficio de rigor.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase, y, en su oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.»