Sentencia SL14129-2015 de octubre 14 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 55939

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL14129-2015

Acta 36

Bogotá, D. C., catorce de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

En el recurso de casación se controvierte específicamente la conclusión del Tribunal con arreglo a la cual la demandante María del Socorro Pinto Rodríguez convivió con el señor Fernando Pérez Amaya (Q.E.P.D.) “(…) durante un tiempo superior a los 5 años anteriores a la fecha de su fallecimiento (…)”.

Tal delimitación de los términos de la acusación hace que permanezcan incólumes las demás inferencias del Tribunal, frente a las otras dos demandantes beneficiarias de la devolución de aportes discutida en el proceso —XXXX e YYYY—, y que, como consecuencia, no resulte coherente el alcance de la impugnación del recurso, en tanto se pide la casación total de la sentencia recurrida y, en sede de instancia, la revocatoria plena de la decisión del a quo y la absolución total de la demandada.

Adicionalmente, la Sala advierte que la referida inferencia fáctica del Tribunal, esto es, la convivencia entre la demandante María del Socorro Pinto Rodríguez y el afiliado fallecido, se ataca por la vía indirecta y con base en los siguientes argumentos: i) se desconocieron los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil, “(…) que le restaban validez a las declaraciones extrajuicio no ratificadas dentro del proceso (…)”; ii) y la prueba documental base de la sentencia recurrida no acreditaba, en manera alguna, ese hecho de la convivencia.

En torno al primero de los referidos raciocinios del censor, esta Sala de la Corte ha sostenido de manera insistente que los debates dirigidos a controvertir la validez de las pruebas, por defectos en su producción o aducción al proceso, deben plantearse por la vía directa, en tanto no se centran en la valoración del respectivo elemento de prueba, sino en los elementos jurídicos necesarios para su convalidación en el proceso. Específicamente, la Corte ha dicho que la discusión que propone el censor, sobre la necesaria ratificación de las declaraciones extra procesales, debe ser propuesta por la vía directa, en decisiones como las CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 42005, CSJ SL683-2013 y CSJ SL3103-2015. En ese sentido, el cargo fue mal encaminado por la vía indirecta.

Aunado a lo anterior, de cualquier manera, al censor no le asiste razón en sus reparos, pues esta Sala de la Corte ha dicho, también de manera insistente, que las declaraciones extraprocesales que se pretenden hacer valer dentro de un proceso deben ser asumidas por el juez como documentos declarativos emanados de terceros y, en esa medida, con arreglo a lo previsto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no requieren de ratificación, salvo que la parte contraria así lo solicite. Tal orientación puede verse reproducida en decisiones como las CSJ SL, 6 mar. 2013, rad. 42536, CSJ SL16322-2014, CSJ SL1188-2015, CSJ SL1227-2015, CSJ SL3103-2015 y CSJ SL5665-2015.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal no podía dejar de valorar las declaraciones de los señores Ubaldina Monserrate Ponce y Luis Evelio Marulanda Núñez (fol. 10) —rendidas ante Notario de Manta y certificadas por la Canciller de la República de Ecuador y el Consulado de Colombia en ese país—, por el solo hecho de que no hubieran sido ratificadas en el proceso, por lo que, por este solo aspecto, sus reproches son infundados.

En segundo lugar, aun cuando la Corte le diera la razón a la censura y le restara validez a las citadas declaraciones, encontraría que existen otras pruebas, algunas analizadas por el tribunal, que dan cuenta suficiente de la convivencia de la demandante con el afiliado Pérez Amaya.

En efecto, lo primero que cabe decir es que el censor incurre en una imprecisión al enlistar como “pruebas inapreciadas” una serie de documentos que sí fueron expresamente valorados por el Tribunal (fol. 216), así como unas declaraciones que no constituyen prueba calificada en casación. De otro lado, pasando por alto lo anterior, lo cierto es que una valoración conjunta, objetiva y razonable de la prueba documental presentada por la parte demandante, sí era indicativa de la convivencia entre la señora María del Socorro Pinto Rodríguez y el afiliado fallecido.

Así, por ejemplo, la inscripción de nacimiento de la menor YYYY (fol. 4) daba cuenta de que nació el 11 de abril de 2000, dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento del afiliado —1º de enero de 2003—; mientras que la inscripción de nacimiento de la menor XXXX (fol. 3) muestra que nació el 24 de febrero de 1997, algo menos de seis años antes del fallecimiento del causante. Los dos documentos registran como padres de las menores a la demandante y al afiliado fallecido, además de denunciantes de tales sucesos, por lo que sí podían asumirse como indicativas de la convivencia.

En el documento de “inscripción de defunción” del señor Fernando Pérez Amaya (fol. 5) se registra como “cónyuge sobreviviente” a la demandante “María Pinto” y en la denominada “acta de finiquito” (fol. 16 y 17), se registra que esta última recibió parte de las acreencias laborales causadas a favor del afiliado fallecido, bajo la calidad de “esposa”.

En el documento de folios 7 a 9, suscrito el 25 de marzo de 1998, el señor Fernando Pérez Amaya (Q.E.P.D.) comparece ante un notario de la ciudad de Quito —Ecuador— para “(…) comprometerse libre y voluntariamente a garantizar en forma incondicional la estadía en el país de la señora María Del Socorro Pinto Rodríguez, madre de la menor, a fin de que no se constituya en carga para el Gobierno ecuatoriano y pueda así optar por la visa de residente. La presente garantiza aquellos gastos que se deriven de la alimentación, vivienda, vestuario e inclusive aquellos que se originen de los pasajes de retorno al país de origen en caso de que autoridades competentes así lo decidieren”.

En el documento de folio 11, suscrito el 11 de mayo de 2000, la demandante, junto con el causante, solicitan la recepción de dos declaraciones, en orden a que ratifiquen que mantienen “(…) una sociedad de hecho desde hace más de 4 años y que tenemos dos hijas habidas dentro de nuestra convivencia interrumpida y que responden a los nombres de XXXX e YYYY”.

El registro civil de folio 89 da cuenta de la celebración de un matrimonio entre el causante y la señora Ligia Teshima Sakamoto el 12 de octubre de 1972, pero no de que “(…) el vínculo matrimonial se mantuvo vigente hasta el fallecimiento del afiliado (…)” como aduce la censura, a la vez que no desvirtúa, por sí solo, el hecho de que el causante hubiera iniciado una nueva convivencia, con vocación de permanencia, con la demandante María del Socorro Pinto Rodríguez.

Finalmente, las constancias y autorizaciones de pago (fol. 51 a 64) y el registro civil de defunción (fol. 6) nada dicen a los propósitos de acreditar o desvirtuar el hecho de la convivencia entre la demandante y el causante, por lo que su análisis carece de relevancia.

Todos los anteriores elementos de juicio, analizados de manera integral, conjunta y razonable, permitían entender válidamente que la demandante residió con el causante en la ciudad de Manta —Ecuador— durante alrededor de ocho años continuos con anterioridad a la muerte de este, y que los dos convivían como una familia permanente, en el interior de la cual procrearon dos hijas. De tal manera, el Tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto al concluir que “(…) la demandante convivió con el señor Fernando Pérez Amaya, durante un tiempo superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha de su fallecimiento”.

Así las cosas, el Tribunal no incurrió en las infracciones normativas denunciadas por la censura, por lo que el cargo es infundado.

Sin costas en el recurso de casación.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Del Socorro Pinto Rodríguez, actuando en su propio nombre y en representación de sus hijas XXXX e YYYY, contra la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. —Colfondos S.A.— y los señores Ligia Teshima Sakamoto, Pablo Andrés Pérez Teshima, Diego Fernando Pérez Teshima y Alim Eduardo Pérez Teshima.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».