Sentencia SL14172-2017/51921 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 51921

Acta 08

Magistrado ponente

Dr. Donald José Dix Ponnefz

Bogotá, D. C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Extractos: «IV RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la parte recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la dictada por el juzgado, y en su lugar, se concedan las pretensiones de la demandante.

Con tal propósito plantea un cargo, por la causal primera de casación, que fue oportunamente replicado.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia impugnada por «la vía directa de ser violatoria de la Ley sustancial contenida en el artículo 61 del CPL, por falta de apreciación de la prueba».

Sostuvo que la anterior infracción de la ley provino de la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No se valoro (sic) por parte del Honorable Tribunal, la certificación expedida por el FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL , CONSORCIO PROSPERAR, de fecha 14 de diciembre de 2009 , la cual obra a folios 15 y 52 del expediente , en la cual certifica que la demandante señora YOLANDA MANRIQUE DE PARGA, identificada con cédula de ciudadanía No.41.402.089 de Bogotá estuvo vinculada a dicho fondo, como Trabajadora Independiente Urbana, desde diciembre 1' de 1.999 hasta octubre 1' de 2.009, y que su retiro fue con ocasión del tramite (sic) para pensión. 

2. Igualmente incurrió en error al no valorar los documentos obrantes de folios 16 a 23 y 44 a 50, (Listado de semanas cotizadas o Historia Laboral de la demandante) y a través de los cuales quedo (sic) demostrado que la demandante para el 1' de octubre de 2009, tenía cotizadas para pensión, más de mil (1000) semanas; cumpliendo de esta forma los requisitos establecidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990 aprobado por Decreto 758 del mismo año en concordancia con lo preceptuado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, para entrar a disfrutar de su pensión de vejez. 

Acto seguido, asevera que los anteriores errores «llevaron a dar por demostrado a pesar de no estarlo», que la demandante cotizó al Instituto demandado 998.43 semanas durante toda su vida laboral, sin contar con la certificación expedida por Prosperar y «el listado de semanas cotizadas o historia laboral de la demandante». Y, a «dar por no demostrado a pesar de estarlo» que la accionante cotizó para pensión al demandado, 1.028.00 semanas durante toda su vida laboral, lo que se encuentra demostrado con la certificación de Prosperar y el listado de semanas cotizadas o historia laboral de la demandante.

Para demostrar lo anterior, relata que de acuerdo con la historia laboral al 1 de octubre de 2009, fecha en la cual dejó de cotizar a través del Consorcio Prosperar, tenía más de 1.000 semanas, las que discrimina por períodos. Que de acuerdo con la prueba documental de folios 15 y 52, 16 a 23 y 44 a 50, certificación expedida por el Fondo de Solidaridad Pensional, Consorcio Prosperar y el listado de semanas cotizadas o Historia Laboral, demuestra tales aseveraciones, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pues al 1 de octubre de 2009 tenía 55 años de edad.

VII. RÉPLICA

Afirma que el cargo carece de proposición jurídica en tanto que no singulariza ninguna norma sustancial de orden nacional; que no define el concepto de la infracción ni lo que demuestran las pruebas. Asegura que el Tribunal en uso del artículo 61 del CPTSS, concluyó que la actora no reunía los requisitos legales para merecer la pensión de vejez, por tanto, la demanda de casación resulta inane.

VIII. CONSIDERACIONES

Aun cuando, la formulación del cargo no es un modelo a seguir, es evidente que la proposición jurídica está integrada al referirse el censor en la demostración del cargo al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año. De igual modo, al flexibilizar la Sala la técnica del recurso extraordinario, en tanto el tema de controversia recae sobre un derecho fundamental como lo es la pensión que debe ser materia de protección, se observa que al endilgarse al Tribunal la comisión de dos errores fácticos, el ataque corresponde a la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida.

Bajo tal derrotero, analizados de manera conjunta los medios de convicción censurados, encuentra la Corte que de la certificación expedida por el Consorcio Prosperar (f.° 15), que es idéntico al folio 52, se desprende que la demandante estuvo vinculada a dicho consorcio como «Trabajadora Independiente Urbana», desde el 1 de diciembre de 1999 hasta el 1 de octubre de 2009, y que su retiro fue por tramite de pensión. No acierta la censura en pretender demostrar con tal documento un determinado número de semanas, en tanto que solo reseña la calidad de afiliada al régimen subsidiado por el tiempo allí consignado.

No obstante lo anterior, al analizar el cargo desde la perspectiva de lo que ilustra la historia laboral de la demandante, esta Corte no puede pasar por alto que el juez del trabajo y de la seguridad social tiene un deber de especial cuidado cuando se trata de procesos en los que se debatan prestaciones de cuyo reconocimiento pende el disfrute de derechos fundamentales. Así lo precisó en la sentencia CSJ SL 42740-2102, que adoctrinó que el operador judicial debe emplear todos los medios a su alcance para lograr su concreción, decisión que recientemente se reiteró en la providencia CSJ SL5620-2016.

Desde ese escenario, aunque la recurrente fija su ataque en que el Tribunal no encontró el número de 1.028 semanas cotizadas durante toda la vida laboral, con «los documentos allegados en forma oportuna al proceso (…, y el listado de semanas cotizadas la historia laboral de la demandante)», en aras de definir el recurso extraordinario de casación, al analizar el documento de folio 60, el ad quem no observó que los ciclos 2009/04 y 2009/05, aparecen sin cotización por referirse a «Deuda por no pago del subsidio por el Estado», de lo que se colige que la entidad que tenía a su cargo esa obligación no la sufragó, omisión que de ningún modo puede perjudicar a la afiliada, tal y como lo ha establecido esta Corporación, como en la sentencia CSJ SL 4403-2014, rad.°50051, de 2 de abril de 2014, que dispuso:

Como consideraciones de instancia, a más de las esgrimidas al desatarse el recurso de casación, es pertinente añadir, que los afiliados a las administradoras de pensiones no tienen porqué asumir la carga de los errores u omisiones cometidos en el procedimiento de recaudo de los aportes. Lo que implica en este particular caso, que si el ISS guardó silencio ante la presunta irregularidad cometida por el señor González Franco con el pago de sus aportes para pensión y no le hizo la devolución de los mismos en los términos del D.1858/1995 Art. 9, con la modificación introducida por el D. 2414/1998 Art. 1º esto es, que los aportes efectuados por la persona que perdió el subsidio, le sean devueltos junto con sus rendimientos financieros, como si nunca hubiese cotizado al sistema, es deber del juez considerar las pruebas aportadas en el proceso.  

Debió, pues, restarle mérito a una información reportada por la entidad demandada, la cual no es suficientemente justificada, máxime cuando se hace evidente que al afiliado en ningún momento se le dio la oportunidad de efectuar algún tipo de corrección. Por el contrario, se le privó del subsidio que estaba recibiendo del Consorcio Prosperar, realidad que también ignoraba, razón por la cual siguió efectuando sus aportes, algunos de ellos como se pone de presente. Era obligación de la entidad demandada, se reitera, cumplir con dicho trámite administrativo y no perjudicar al afiliado. 

[…] 

De manera que el Tribunal no podía desconocer los aportes efectuados por el afiliado, de los cuales obra plena prueba en el proceso, patrocinando una situación particular de índole administrativa, pues es un hecho indiscutido que el ISS en ningún momento puso en conocimiento del aportante la supuesta irregularidad que estaba cometiendo en la forma de pago de sus aportes. Como tampoco obra prueba en el expediente de que se le haya hecho devolución de los mismos. Por el contrario, se observa que todos los pagos le fueron recibidos al afiliado, sin reproche alguno por parte del Instituto demandado, y que el subsidio fue devuelto al Consorcio Prosperar, situación ésta que tampoco le fue informada al interesado. 

Ahora bien, el hecho de que el ISS haya devuelto el subsidio al Consorcio Prosperar, no le hace perder el derecho al afiliado, tal como lo precisó el juez de primer grado, pues su deber ante todo era haber ejercido las acciones de cobro contra el dicho Consorcio, respecto de la parte que a ese ente le correspondía, por cuanto el aporte del afiliado sí lo siguió recibiendo. 

Adicionalmente, la circunstancia de que el Instituto demandado haya seguido recibiendo sin objeción alguna los pagos efectuados por el señor José Domingo González Franco, convalida la validez de dichos aportes. Y siendo ello así, la demandante reúne los requisitos establecidos en la norma para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, se repite, el causante contaba con la densidad de semanas suficientes, en los 3 años anteriores a la fecha del deceso, tal como quedó demostrado en sede de casación desde el punto de vista fáctico. 

Así las cosas, se debe precisar que la demandante alcanza un total de 1.007,00, semanas cotizadas durante toda su vida laboral, resultado que emerge de agregar a las 998,43 que halló el Tribunal, 8,58 semanas, que corresponde al tiempo que aparece cotizado por los ciclos 2009/04 y 2009/05 (f.° 60), lo que da cuenta del defecto probatorio ostensible que se le adjudica a la sentencia acusada. Sin costas en el recurso extraordinario dado que se casará la sentencia impugnada.

IX. DECISIÓN DE INSTANCIA

No son objeto de cuestionamiento los siguientes supuestos de orden jurídico y fáctico: (i) que la demandante nació el 25 de marzo de 1946, y que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes de 2001; y, (ii) que es beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que su régimen pensional está regulado por el Acuerdo 049 de 1990.

Ahora bien, el ISS en su contestación afirmó que negó la pensión por cuanto la demandante no cumplía los requisitos de ley -número y densidad de semanas-, lo que resulta concordante con lo expuesto en la Resolución n.° 050974 de 2009, que a su vez no concedió la prestación económica por tener acreditado solo 989 semanas.

Sin embargo, bastan las consideraciones expuestas en sede de casación para establecer que Yolanda Manrique de Parga, cotizó 7.049 días que equivalen a 1.007,00 semanas, en toda su vida laboral, y, en esa medida, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el art. 1 de Decreto 758 del mismo año, aplicable en su condición no discutida de beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior se torna incontrovertible si se observa que el apoderado de la parte demandante allegó a esta Corporación en el trámite del recurso de casación, copia de la Resolución n.° 050974 de 29 de octubre de 2009 mediante la cual el ente demandado reconoció la pensión de vejez a Yolanda Manrique de Parga a partir del 28 de septiembre de 2009, en suma de $496.900,oo (fs.° 31 a 36), documental que proviene de la misma demandada Instituto de los Seguros Sociales. Sobre dicho acto administrativo, precisa esta Sala de la Corte que si bien no es admisible el aporte de pruebas en esta sede, sí lo reconoce como un hecho sobreviniente, en el entendido que se produjo cuando ya se había dictado la sentencia de primera instancia.

Teniendo en cuenta la condición de beneficiaria del régimen de transición y que al 1º de abril de 1994 le faltaban a la demandante más de 10 años para consolidar su derecho pensional, a fin de establecer el ingreso base de liquidación, y en atención a que la actora realizó todas las cotizaciones sobre un salario mínimo legal vigente, no es necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su primera mesada pensional y las subsiguientes serán equivalentes al salario mínimo legal, que para el año 2009, equivalía a $496.900,oo. En los anteriores términos, se pronunció esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 1017-2017.

En ese orden, la mesada para el 28 de septiembre de 2009 corresponde a la suma de $496.900,oo, y a la fecha de esta decisión, de $ 737.717,oo.

En cuanto a las excepciones propuestas por el demandado, son suficientes las consideraciones aquí señaladas para declarar no probada la de inexistencia de la obligación.

Respecto a la prescripción, no se declarará probada toda vez que la demanda inicial fue presentada el 16 de febrero de 2009, cuando no había transcurrido el término trienal que establece el artículo 151 del CPTSS y que, de acuerdo con el artículo 6º del CPTSS, se contabiliza a partir del 11 de diciembre de 2009, fecha en la cual la actora se notificó de la Resolución n.° 050974 de 2009 que negó la pensión (f.° 9vto).

Bajo el considerando de que la demandada con la Resolución 08587 de 2012 resolvió el recurso de reposición contra lo resuelto en el acto administrativo 050974 de 2009, reconoció la pensión de vejez a partir del 28 de septiembre de 2009 en suma de $496.900,oo, y un retroactivo de $18.445.790,oo, que se «cancelará en la nómina de Abril de 2012 pago en Mayo de 2012…[…]», se declarará probada la excepción de compensación en tanto se observa que el ente enjuiciado procedió al pago de las sumas indicadas a favor de la demandante.

En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia, para, en su lugar, condenar a Colpensiones, a pagar a la actora, la pensión de vejez a partir del 28 de septiembre de 2009, fecha de la última cotización (f.° 55), en cuantía inicial de $496.900,oo, con los incrementos de ley, y mesadas adicionales, sin perjuicio de los pagos efectuados por la demandada a Yolanda Manrique de Parga, en atención a la Resolución n.° 08587 de 8 de marzo de 2012 que obra a folios 33 a 35 del cuaderno de la Corte, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez, actuación administrativa en la que por haber reconocido el ente demandado la pensión de vejez, se trata de un hecho sobreviniente, en tanto se produjo muy posterior a la sentencia de segunda instancia.

Se ordena el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el retardo en el reconocimiento de la pensión, a partir del día siguiente al vencimiento de los 4 meses que confiere la ley para resolver la solicitud, es decir, a partir del 25 de enero de 2010 hasta el 8 de marzo de 2012, cuando se reconoció la prestación suplicada, es decir por la suma de veintinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos siete pesos ($29.258.507,24), como se ilustra en el siguiente cuadro:

qeart
qeart
 

Se autoriza a la demandada que realice los descuentos por aportes a salud ordenados por la Ley 100 de 1993, del retroactivo correspondiente.

Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad demandada.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida el 14 de abril de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C., en el proceso ordinario que promovió YOLANDA MANRIQUE DE PARGA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 16 de julio de 2010, para, en su lugar, CONDENAR a COLPENSIONES pagar a la actora la pensión de vejez a partir del 28 de septiembre de 2009, en cuantía inicial de $496.900,oo, más las mesadas adicionales, y los incrementos de ley, sin perjuicio de los pagos que eventualmente se hayan efectuado a Yolanda Manrique de Parga, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada a pagar los intereses moratorios a partir del 25 de enero de 2010, respecto de las mesadas adeudadas hasta el 8 de marzo de 2012, en suma de veintinueve millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos siete pesos con 24/100 ($29.258.507,24).

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción; y probada la de compensación.

CUARTO: AUTORIZAR a la demandada que descuente del retroactivo pensional el valor de los aportes de salud ordenados por la Ley 100 de 1993.

QUINTO: Costas conforme se indicó.

Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».