Sentencia SL14204-2017/52269 de agosto 30 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14204-2017

Rad.: 52269

Magistrado Ponente:

Dr. Donald José Dix Ponnefz

Acta 08

Bogotá, D. C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VII. Consideraciones

Atendiendo la senda del ataque por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de las disposiciones normativas enlistadas en la proposición jurídica, no está en discusión, que la pensión de jubilación que le reconoció la accionada al demandante, es de origen legal, pues se causó a partir del 26 de mayo de 1990, por retiro voluntario de éste, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, por haber prestado sus servicios al Instituto de Crédito Territorial entre el 13 de marzo de 1960 y 18 de abril de 1980; que mediante Resolución 3817 del 8 de marzo de 1993, la pensión fue reconocida inicialmente por la suma de $ 7.136,oo mensuales y posteriormente elevada a la suma de $41.025.oo; que recurrió administrativamente dichos actos y la demandada procedió a realizar nueva liquidación con base en la totalidad de los factores salariales, pero no tuvo en cuenta que la base salarial se afectó por la inflación desde la fecha de su retiro, 18 de abril de 1980 hasta el 26 de mayo de 1990.

En ese orden de ideas, procede la Sala a ocuparse de la inconformidad del recurrente con la decisión del ad quem, en cuanto avaló la decisión de primer grado que negó la actualización del ingreso base de la liquidación de la pensión del actor, con el argumento de ser una prestación económica que se causó con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, con apoyo en antecedentes jurisprudenciales de esta Sala de la Corte.

De cara al tema jurídico sometido a consideración, la jurisprudencia desarrollada por esta Sala de la Corte, ciertamente venía sosteniendo que no era posible disponer la indexación de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.

No obstante, este criterio adoptado por el tribunal, se mantuvo hasta el 16 de octubre de 2013, fecha en que varió su posición, mediante Sentencia SL 736-2013, Rad. 47709, en la que luego de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación, concluyó que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que afecta a todo tipo de pensiones por igual; que al no existir prohibición expresa por parte del legislador, para la actualización de la base salarial para calcular el valor de la mesada pensional, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y, que cualquier diferenciación al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad. Allí se dijo:

Sobre el punto esta Sala de la Corte siempre ha tenido una preocupación especial por contar con un fundamento normativo que respalde la indexación de las pensiones, en aras de no legitimar procedimientos que puedan representar cargas ilegítimas para los empleadores o para las entidades pagadoras de las prestaciones. Por tales razones, ha tenido varias posiciones frente al tema, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Desde la sentencia del 8 de abril de 1991, Rad. 4087, se unificó la jurisprudencia desarrollada hasta ese entonces por las antiguas Secciones Primera y Segunda de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se concluyó básicamente: i) que la inflación generaba un fenómeno social problemático, en tanto ocasionaba pérdida del poder adquisitivo de la moneda; ii) que ante tal panorama debían adoptarse correctivos tales como la indexación, en aras de restaurar el equilibrio económico; iii) y que esas medidas encontraban su fundamento en principios generales del derecho como la “equidad” y la “justicia”, así como en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que “(…) ello no implica reconocer facultades judiciales extraordinarias que transformen al Juez en legislador y que el principio de la equidad sea utilizado como excusa para apartarse del derecho positivo vigente, [pues] resulta importante no perder de vista los objetivos de la propia ley.” Ver también la sentencia del 31 de julio de 1991, Rad. 4180, entre otras.

Específicamente, en torno a las pensiones de jubilación, esta corporación, en sentencia del 5 de agosto de 1996, Rad. 8616, explicó que era procedente la actualización del salario que servía de base para calcular el monto inicial de la mesada, teniendo en cuenta principios como la “justicia” y la “equidad”, así como el hecho notorio de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del trabajador, por el tiempo que transcurriese entre su retiro del servicio y el reconocimiento efectivo de la pensión. Descartó, de paso, que con dicho procedimiento se diera un incremento injustificado de las obligaciones a cargo del empleador; que ello implicara una sanción o una indemnización; o que se desconociera la autonomía de la voluntad de las partes que acordaran beneficios pensionales, pues, indicó, lo único que se intentaba resguardar era el ingreso real del trabajador ante fenómenos inflacionarios que lo impactaban. […].

Ahora bien, la nueva tesis de esta Sala de la Corte, sostiene que resulta viable la actualización del salario que sirve de base para calcular el monto inicial de la mesada pensional, incluso, de las pensiones de jubilación causadas con anterioridad a la vigencia de la Carta Política de 1991. Criterio que se respalda en principios generales del derecho, equidad y justicia, que gozan de fuerza normativa, en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, en Sentencia, CSJ, SL2146-2017, 8 feb. 2017, Rad. 65399, la Sala asentó su nuevo criterio, que reiteró en la CSJ, SL9980-2017, 5 de jul. 2017, Rad. 46521, en los siguientes términos:

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

Así las cosas, procedía la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación otorgada al demandante, Luis Alberto Ayala Gómez, con fundamento en la Ley 33 de 1985, y en esa medida, el sentenciador de segunda instancia, cometió el yerro jurídico endilgado.

Consecuencia de ello, es que se casará la sentencia impugnada. Sin costas en sede de casación, dado el resultado del recurso.

VIII. Sentencia de instancia

El a quo, en la sentencia apelada, negó la actualización del ingreso base de la liquidación de la pensión del demandante, por considerarla improcedente, en virtud de que dicha prestación se causó antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991, fundamentado en decisiones de esta Corporación con anterioridad a su nueva postura frente al tema, a partir de octubre de 2013.

De acuerdo al nuevo criterio adoptado por la Sala, es procedente condenar a la demandada a indexar el salario base que sirvió para calcular el monto de la pensión de jubilación del actor, en razón del tiempo transcurrido entre la fecha de su retiro –18 de abril de 1980–, y aquella en la que se hizo exigible la prestación pensional –26 de mayo de 1990–, para lo cual se tomará el salario mensual devengado por el demandante de $31.383,61, reconocido por la demandada en la Resolución 9890 del 7 de septiembre de 1995.

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 151 del CPTSS, se declarará la prescripción parcial de las diferencias de las mesadas causadas, como quiera que la accionada propuso la excepción de prescripción, la cual ha de prosperar respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2006, en cuanto la reclamación administrativa se presentó el 13 de febrero de 2009. A continuación, se resume lo aquí ordenado:

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TABLI-1
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En este orden de ideas, la entidad accionada deberá reconocer y pagar al actor, la suma de $351.290.254,84 por concepto de diferencias del reajuste de las mesadas causadas del 13 de febrero de 2006 al 31 de julio de 2017, con base en el salario $31.383.61 debidamente indexado, en razón del tiempo transcurrido entre la fecha de retiro (18 de abril de 1980) y aquella en la que se hizo exigible la prestación pensional (26 de mayo de 1990). En adelante, la demandada deberá pagar al actor, a título de mesada a partir del 1º de agosto de 2017, la suma de $2.872.899.77 con los respectivos reajustes legales.

Costas en las instancias a cargo de la demandada.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de abril de 2011, dentro del proceso que instauró Luis Alberto Ayala Gómez contra Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal E.I.C.E. En Liquidación.

En sede de instancia, se REVOCA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juez Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, el 22 de septiembre de 2010 y en su lugar se dispone:

1. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la demandada. En consecuencia, se declaran prescritas las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 13 de febrero de 2006.

2. CONDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal E.I.C.E. En Liquidación, a pagar al actor, la suma de $351.290.254.84, por concepto de diferencias del reajuste de las mesadas causadas del 13 de febrero de 2006 al 31 de julio de 2017 y en adelante, la suma de $2.872.899.77 a título de mesada, a partir del 1 de agosto de 2017, con los respectivos reajustes legales.

Sin costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».