Sentencia SL14229-2017/74138 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación n.° 74138

Acta 32

Magistrada ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D. C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la acción de revisión que interpuso LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2013 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá D.C., en el proceso ordinario que HÉCTOR IBÁÑEZ LOZADA, GABRIEL JAIME RESTREPO MEJÍA, ORLANDO LUNA MURCIA, ÁLVARO BARÓN PACHECO y MARÍA ADELINA PAIPA LARA adelanta contra la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS EN LIQUIDACIÓN, el FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, BOGOTÁ D.C., el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA y la recurrente.

Se reconoce personería a Marco Alberto Vega Benavides, identificado con C.C. n.° 19.327.377 de Bogotá y T.P. n.° 68.745 el CSJ, para representar a Héctor Ibáñez Lozada, Gabriel Jaime Restrepo Mejía, Orlando Luna Murcia, Álvaro Barón Pacheco y María Adelina Paipa Lara.

Se reconoce personería a Joselito Riaño Barragán, identificado con C.C. n.° 19.306.469 de Bogotá y T.P. n.° 74.864 el CSJ, para representar al Departamento de Cundinamarca.

Se reconoce personería a Álvaro Mauricio Buelvas Jayk, identificado con C.C. n.° 1.067.846.954 y T.P. n.° 202.880 el CSJ, para representar al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Se reconoce personería a Gloria Magdalena Diago Casabuenas, identificada con C.C. n.° 51.569.861 de Bogotá y T.P. n.° 58.559 el CSJ, para representar a Bogotá Distrito Capital.

Se reconoce personería a Esperanza María Regina Rosero Lasso, identificada con C.C. n.° 69.007.972 de Mocoa y T.P. n.° 141.130 el CSJ, para representar a la Beneficencia de Cundinamarca.

Se reconoce personería a Santiago Guzmán Gómez, identificado con C.C. n.° 19.431.726 de Bogotá y T.P. n.° 251.622 el CSJ, para representar al conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en Liquidación.

I. ANTECEDENTES

Como sustento fáctico, la recurrente señala que la Fundación San Juan de Dios les reconoció pensión de jubilación convencional a Héctor Ibáñez Lozada, Gabriel Jaime Restrepo Mejía, Orlando Luna Murcia, Álvaro Barón Pacheco y María Adelina Paipa Lara, de acuerdo al artículo 30 de la convención colectiva de trabajo, suscrita en 1982 con la organización sindical SINTRAHOSCLISAS. Lo anterior, a través de los siguientes actos administrativos:

Pensionado Acto de reconocimiento.
Héctor Ibáñez Lozada Res. 0074 de 31 de diciembre de 1999 (f.° 75)
Gabriel Jaime Restrepo Mejía Res. 0090 de 31 de diciembre de 1999 (f.° 83)
Orlando Luna Murcia Res. 0095 de 1994 (f.° 97)
María Adelina Paipa Lara Res. 0086 de 31 de diciembre de 1999 (f.° 121)
Álvaro Barón Pacheco Acta de conciliación 10-1998 de 29 de julio de 1998 y Oficio PS143-08 (f.°110 y 111).

Indica que en los referidos instrumentos se ordenó descontar el 5% de las mesadas de jubilación «para el cubrimiento de la afiliación al servicio médico», lo cual se cumplió hasta el mes de enero de 2003, cuando tal deducción se incrementó en un 7% «para un descuento mensual del 12%», con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 143 y 204 de la Ley 100 de 1993.

Agrega la accionante que la sentencia C.C. SU-484-2008 «determinó que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá D.C., la Gobernación de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, debían concurrir al pago de las acreencias laborales de la Fundación San Juan de Dios en Liquidación», y que en razón de la liquidación de la referida Fundación, se celebró un convenio interadministrativo con el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para que administrara la nómina de pagos pensionales de la entidad en liquidación.

Aduce que fue este último Fondo el que «determinó ajustar el descuento para aportes a salud del 5% de la mesada pensional a un 12%, de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993» y que, ante tal deducción, los beneficiarios de las prestaciones económicas iniciaron un proceso ordinario laboral para que se suspendieran tales descuentos y se les reintegraran los valores retenidos en exceso.

Informa que el juicio lo conoció el Juzgado Trece Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, quien en fallo de 30 de abril de 2013 condenó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a cancelar el equivalente al 7% de la mesada pensional a cada uno de los demandantes; a devolver los valores que les retuvo por concepto de aportes a salud y que fueron aplicados desde el 1.° de enero de 2003 hasta la fecha de presentación de la demanda, y a pagar las costas del proceso. La Fundación San Juan de Dios en liquidación, La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y Bogotá D.C., fueron absueltas de todas las pretensiones.

Refiere que contra dicha decisión, la condenada interpuso el recurso de apelación, sustentada en que todas las demandadas debían concurrir al pago de las sumas reclamadas y que sobre las mismas había operado la prescripción. La impugnación fue resuelta por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá en el fallo que es objeto de revisión, en la que se dispuso que la condena debería ser pagada así: el 50% a cargo del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y el otro 50% por el Distrito Capital y la Beneficencia de Cundinamarca, en partes iguales. Además, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de los descuentos efectuados con anterioridad al 26 de noviembre de 2005.

Como fundamento de la acción de revisión, la entidad actora menciona que las pensiones de jubilación otorgadas a los cinco demandantes deben sujetarse a las regulaciones propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por tal razón, se les debe aplicar el descuento del 12% que ordena la Ley 100 de 1993, de tal suerte que en la sentencia controvertida se estructuró la causal de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque «la cuantía decretada excede lo debido de acuerdo con la ley», en tanto «mantuvo en el mundo jurídico la decisión errada de establecer un porcentaje del 5% por concepto de aportes en salud, siendo que de acuerdo con las previsiones de la Ley 100 de 1993, estos deben efectuarse en cuantía del 12% de la mesada».

Explica que aunque en los actos de reconocimiento se ordenó una deducción del 5% como aporte a salud, hay que tener en cuenta que las pensiones de los demandantes fueron otorgadas en vigencia de la Ley 100 de 1993, estatuto que ya imponía una cotización para salud del 12% sobre la mesada pensional.

Adicionalmente, señala que pese a que los actos administrativos hicieron alusión a un presunto acuerdo convencional respecto del aporte a salud, en dicho instrumento «no se advierte que se haya pactado un porcentaje de descuento para los servicios de salud, ni para los trabajadores, ni para los pensionados», de modo que desconoce las razones por las cuáles se dispuso un débito inferior al previsto legalmente.

Para finalizar, afirma que la sentencia confutada es revisable, por cuanto ordenó cesar el descuento para salud que se hacía con arreglo a la ley, «de manera que la suspensión de los descuentos que por tal concepto se hace mes a mes, implican una erogación periódica con cargo a los recursos de la Nación, por lo que se estima debidamente fundada la acción impetrada».

Así pues, solicita la revocatoria de la sentencia de 19 de julio de 2013, que fue proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario laboral n.° 1100131 05001 2008 01061 02 y, como consecuencia, pide que se declare que a Héctor Ibáñez Lozada, Gabriel Jaime Restrepo Mejía, Orlando Luna Murcia, Álvaro Barón Pacheco y María Adelina Paipa Lara se les deben aplicar descuentos en salud del 12% sobre sus mesadas pensionales, conforme a lo previsto en la Ley 100 de 1993.

En proveído de 27 de julio de 2016, esta Corporación admitió la demanda de revisión y ordenó la notificación de Héctor Ibáñez Lozada, Gabriel Jaime Restrepo Mejía, Orlando Luna Murcia, Álvaro Barón Pacheco, María Adelina Paipa Lara, la Beneficencia de Cundinamarca, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital y la Fundación San Juan de Dios en liquidación.

Al dar respuesta a la demanda, los referidos jubilados se oponen a las pretensiones y aceptan sus soportes fácticos. En su defensa, señalan que las razones de la demandante debieron debatirse en las instancias del proceso ordinario laboral y no luego de este. Asimismo, exponen que hay un número significativo de pensionados a quienes se les cancela sus mesadas con un descuento del 5%, dado que se trata de derechos adquiridos reconocidos en cada una de las resoluciones que otorgaron la prestación, de modo que proceder en contrario vulnera sus derechos al mínimo vital. Agregan que la acción de revisión intentada es extemporánea a la luz de la Ley 1564 de 2012, ya que fue interpuesta después de más de 2 años de emitirse el fallo. Formulan las excepciones de ineptitud de la demanda y prescripción de la acción (f.º 51 a 55 del cuaderno de la Corte).

Por su parte, el Departamento de Cundinamarca aceptó los hechos, precisó que no fue condenado en el proceso. No obstante, manifestó que le asiste razón a la demandante y que debe revocarse la sentencia confutada para que se mantenga el descuento del 12% a las pensiones (f.º 136 a 140).

El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia aceptó la totalidad de los hechos y, sobre lo pretendido, expuso que se encuentra plenamente configurada la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que a las pensiones que originan este mecanismo se les debe aplicar el descuento por salud del 12% previsto en la Ley 100 de 1993, en tanto fueron reconocidas en vigencia de dicho estatuto.

Al margen de lo anterior, aseveró que la acción se encuentra prescrita, dado que la sentencia que se censura quedó ejecutoriada el 10 de febrero de 2014 y la acción fue presentada el 31 de marzo de 2016, esto es, luego de transcurridos los dos años previstos en el artículo 356 del Código General del Proceso (f.º 163 a 165).

A su turno, el Distrito Capital aceptó como ciertos los supuestos fácticos de la demanda y afirmó que coadyuva el recurso, por cuanto a la luz de las normas vigentes, resulta obligatorio deducir de las mesadas el 12% para la cotización al régimen contributivo de salud. Agregó que el descuento del 5% no se pactó en la convención colectiva de trabajo y que, aun si ello fuera así, «no podría tomarse en cuenta por ser contrario a la Constitución y la Ley» (f.° 66 a 171).

La Beneficencia de Cundinamarca dijo apoyar las pretensiones de la accionante, ya que, como esta lo afirmó, el descuento del 5% para salud no se acordó en la convención colectiva. En cuanto a los hechos, aceptó el proceso ordinario laboral que cursó, las decisiones emitidas en las instancias y que las pensiones reconocidas están sujetas a lo dispuesto en el sistema general de salud, por lo que el descuento corresponde al 12%; frente a los restantes dijo no constarle (f.º 172 a 177).

Añadió que el fallo objeto de censura desatendió lo resuelto en la C.C. – SU 484 de 2008, en el que se dejó claro que «la Beneficencia de Cundinamarca solamente está obligada a pagar un 12.5% mas no el 25% como mal lo hizo la sentencia objeto de revisión».

Por último, el apoderado general del Conjunto de Derechos y Obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil aceptó en su integridad los hechos en los que se funda la demanda y solicitó que se acceda a las pretensiones formuladas por la proponente.

Como sustento, explicó que el Consejo de Estado en providencia de 8 de marzo de 2005 determinó que los funcionarios de las entidades mencionadas fueron empleados públicos, situación que les limitaba su facultad para celebrar convenciones colectivas, «ocasionando así, que no les sea posible a los ex trabajadores en cuestión, alegar en su favor, el reconocimiento de derechos convencionales». De ahí, sostiene que el descuento convencional por salud decretado por el fallador de segunda instancia además de contrariar las disposiciones legales, desconoce el referido fallo.

II. CONSIDERACIONES

En atención a los argumentos presentados por las partes, corresponde a esta Sala de la Corte establecer: (i) si la acción de revisión fue interpuesta dentro del término legal; (ii) el alcance de los acuerdos contenidos en la convención colectiva de 1982 para así, determinar si la deducción del 5% por aporte a salud prevista en los actos de reconocimiento tiene su fuente en dicho instrumento y, de esa forma, (iii) determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

TÉRMINO PARA IMPETRAR LA ACCIÓN DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003:

Si bien el precepto normativo en cita, consagraba la posibilidad de ejercer «en cualquier tiempo» la acción de revisión contra las providencias que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro o de fondos de naturaleza pública, tal expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-835 de 2003, ello no significa, como equivocadamente lo sugieren los pensionados y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que para contrarrestar la laguna normativa deba acudirse por analogía al artículo 356 del Código General del Proceso.

En la sentencia CSJ SL12250-2015 esta Sala precisó que el vacío normativo producto de la inexequibilidad, debe suplirse con la analogía autorizada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, mediante la búsqueda privilegiada en las normas procesales laborales de una disposición que regule una materia semejante:

A ese respecto debe tenerse en cuenta que de conformidad con el art. 145 del C.P.T. y S.S. «a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo se aplicaran las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial»; es decir, antes de acudir por analogía al Estatuto Procesal Civil, debe buscarse en las normas procesales una disposición análoga que regule la materia. En nuestro ordenamiento procesal laboral existe el art. 32 de la L. 712/2003, que consagra un término 5 años para interponer los recursos de revisión contra fallos judiciales y que puede aplicarse analógicamente y preferentemente por sobre el art. 381 del C.P.C.

Para ahondar en razones, cumple agregar que en la sentencia C-835/2003, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo», contenida en el primer y tercer inciso del artículo 20 de la ley 797 de 2003, «bajo los supuestos reseñados en el numeral 5 de las consideraciones y fundamentos de esta sentencia», dentro los cuales se encuentra aquel según el cual la solicitud de revisión «deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001». (Negrilla fuera del texto).

Así pues, la presente acción fue impetrada en el término señalado en el ordenamiento procesal laboral para interponer el recurso de revisión contra fallos judiciales, el cual corresponde a 5 años «contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación», (artículo 32 de la Ley 712 de 2001). Lo anterior, teniendo en cuenta que la sentencia hoy controvertida se profirió y notificó en estrados el 19 de julio de 2013 y la acción de revisión se presentó el 26 de febrero de 2016.

ALCANCE DEL ARTÍCULO 52 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA EN 1982 ENTRE LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS Y SINTRAHOSCLISAS.

No es materia de discusión que en las Resoluciones n.° 0074 de 31 de diciembre de 1999, 0090 de 31 de diciembre de 1999, 0095 de 1994, 0086 de 31 de diciembre de 1999, el acta de conciliación 10-1998 de 29 de julio de 1998 y el Oficio PS143-08, a través de las cuales la Fundación San Juan de Dios reconoció a las personas naturales accionadas una pensión convencional de jubilación, fijó una deducción equivalente al 5% sobre la mesada pensional «para el cubrimiento de la afiliación al servicio médico, como se señala convencionalmente».

Tampoco se discute que ese descuento se practicó desde el momento en que los pensionados fueron incluidos en nómina y hasta diciembre de 2002, ya que a partir de enero de 2003 dicha retención se incrementó al 12% de lo

percibido como mesada, circunstancia que dio origen al proceso laboral en el que se emitió la sentencia materia de este recurso.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Fundación San Juan de Dios adujo que el descuento por salud del 5% se estableció en el artículo 52 de la convención colectiva (f.° 159 C- 1), es imprescindible remitirse al contenido de dicha cláusula a fin de establecer si, en efecto, tal beneficio fue pactado o, si por el contrario, le asiste razón a la demandante en que tal beneficio carece de consagración legal y convencional.

Conforme se lee en el artículo 52 de la convención colectiva suscrita el 9 de junio de 1982 entre la Fundación San Juan de Dios y el Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Sanatorios de Bogotá D.E. – Sintrahosclisas, que a continuación se reproduce, la primera se comprometió a cancelar el mayor valor de los servicios médicos asistenciales y de las prestaciones económicas que fueran asumidas por entidades de previsión. Lo anterior, en aras de mantener los derechos reconocidos convencionalmente a los trabajadores, ante la entrada en vigencia de los esquemas de previsión social y del seguro obligatorio en salud:

SUSTITUCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES – Las prestaciones médico asistenciales y económicas precitadas en los Capítulos VI y VII de esta Convención continuarán a cargo de la Fundación San Juan de Dios por conducto del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS. Mientras éste (sic) se constituye las asumirá directamente la fundación.  

En caso de que el Seguro Social asuma alguna o algunas de dichas prestaciones, la Fundación quedará obligada a suministrar el mayor valor servicio o a pagar el mayor valor entre lo pactado convencionalmente y lo asumido por el ente de previsión, así como a pagar las prestaciones que se sustituyan durante el lapso en que éste no las asuma. También seguirá a cargo de la fundación aquellas prestaciones que no sean asumidas por la entidad de previsión social. 

Nótese que en la cláusula trascrita se previó fue una compartibilidad de las prestaciones asistenciales y económicas a que se refieren los Capítulos VI y VII del instrumento convencional, a fin de garantizar la pervivencia de los servicios o valores que superaran los mínimos de la seguridad social. Ahora bien, dentro de las prestaciones asistenciales a que alude el precepto en mención, se encuentran los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, de droga, exámenes de laboratorio y odontológicos, y dentro de las económicas se enuncian: la prima de antigüedad, prima de navidad, auxilio de cesantías, cesantías parciales, pensión de jubilación, pensión de invalidez, subsidio familiar, prima de riesgos, prima de vacaciones y vacaciones semestrales.

Debido a lo anterior, la deducción del 5% que la Fundación aplicó a los pensionados por salud, en plena vigencia de la Ley 100 de 1993, es producto de una comprensión errada del artículo 52 de la convención, ya que, se repite, en esa disposición lo que se consagró fue una compartibilidad económica y asistencial en virtud de la cual la Fundación se obligó al mayor valor o a responder por el servicio no cubierto, si entre lo pactado convencionalmente y lo asumido por el ente de previsión resultaba una diferencia, sin que ello dé lugar a entender que la empleadora quedaba obligada a costear parte del aporte a salud. En otras palabras, el único efecto que cabe atribuirle a la cláusula en mención se concreta a aquellos eventos en los que la Fundación quedó subrogada de pagar las prestaciones económicas y asistenciales, y pasó a asumir únicamente el mayor valor o servicio resultante.

Y es que la hermenéutica de tal precepto no puede ser otra, dado que para esa época ya existía el Seguro Social Obligatorio, en cuyo seno el Instituto Colombiano de Seguro Social y las Cajas Seccionales asumieron, en forma progresiva y gradual, las prestaciones asistenciales derivadas de la enfermedad no profesional y maternidad, así como las económicas propias de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

Las anteriores reflexiones, llevan a concluir que la cláusula que se analiza lo que consagró fue la compartibilidad de las prestaciones asistenciales y económicas de los títulos VI y VII de la convención colectiva, más no del aporte a salud. Por consiguiente, no es acertado entender que de tal precepto derivó una obligación para la Fundación San Juan de Dios de subsidiar parcialmente la cotización a favor los pensionados.

PROCEDENCIA DE LA CAUSAL DE REVISIÓN CONSAGRADA EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003

En las piezas procesales adosadas se advierte que el Tribunal confirmó sentencia de primera instancia en la que se condenó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles a reintegrar el valor descontado en exceso a los pensionados como cotización a salud y a asumir el 7% del aporte al sistema, la cual estuvo soportada en que los reclamantes tenían derechos adquiridos que fueron reconocidos por la Fundación San Juan de Dios, mediante actos administrativos y con base en la convención colectiva de trabajo.

Para la Sala tal decisión transgredió lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, el inciso segundo el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, así como el artículo 145 del Decreto 1298 de 1994 – vigente conforme a la CC C-255-1995- y las condiciones de cotización establecidas en el Acuerdo 011 de 1994 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, estatutos que estaban en vigor para la época en que las pensiones objeto de análisis fueron otorgadas, y donde ya se consagraba la obligación de los pensionados de asumir la totalidad del aporte al sistema de seguridad social en salud, que estaba definido en un 12%.

Aunado a ello, se soslayó el contenido del acuerdo convencional, pues aunque en el proceso se estableció que el descuento del 5% tenía su fuente en dicho texto, lo cierto es que el aporte a salud no quedó cobijado en el esquema de compartibilidad prestacional regulado en el artículo 52 de la convención colectiva de trabajo. Por consiguiente, era imperativo efectuar el descuento en la forma prevista en la ley, tal y como lo puso de presente el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en oficio de 14 de marzo de 2006 (f.° 163 del cuaderno principal):

(…) se encontró como inconsistencia que la fundación san juan de dios, no venía efectuando el descuento para salud de acuerdo con lo señalado por la Ley 100 de 1993 (…)  

Por lo anterior, ustedes estaban obligado (sic) a afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en salud y por ende debían cotizar el 12% de su pensión, razón por la cual en cumplimiento estricto del mandato legal, esta entidad procedió a corregir la inconsistencia que la Fundación veía incurriendo, aplicando el descuento para salud en el porcentaje que establece la ley.

No obstante, los funcionarios judiciales obviaron la instrumental referida y en las sentencias acá analizadas dieron prosperidad a las pretensiones de la demanda, sin otro sustento más que la supuesta existencia de derechos adquiridos y un errado entendimiento de las cláusulas convencionales, con lo cual eludieron dar aplicación al inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, al artículo 42 del Decreto 692 de 1994, al Acuerdo 011 de este último año, mediante el cual el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud fijó el monto de la cotización a salud, y demás normas concordantes. Tales decisiones propiciaron un enriquecimiento sin causa de los demandantes, con correlativo desmedro económico del erario.

Igualmente, advierte la Colegiatura que en el asunto de marras no es posible aducir «derecho[s] adquirido[s] en virtud de la convención colectiva de trabajo», al referirse al descuento del 5% para salud establecido en los actos administrativos, pues estos solo se estructuran si están en armonía con el orden jurídico, tal y como lo consagra el artículo 58 de la Constitución Política. Es decir, la noción de derechos adquiridos presupone la existencia de derechos obtenidos con justo título y conforme al orden legal y constitucional.

En tales condiciones quedó acreditado que los demandantes estaban siendo beneficiados con una dádiva no contemplada en la convención colectiva, además contraria a las regulaciones de la Ley 100 de 1993 y a las demás normas sobre la materia, lo cual significó un incremento injustificado del ingreso pensional de aquellos y una mengua al patrimonio público sin causa legal alguna, por lo que se configura así la causal de revisión descrita en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por último, no sobra recalcar, como en varias ocasiones lo ha hecho la Sala, que el propósito fundante de la acción de revisión es la preservación de la integridad del patrimonio público mediante la verificación de las pensiones reconocidas con cargo al tesoro. Con este mecanismo se vuelve sobre los asuntos respecto de los cuales ha hecho mérito la cosa juzgada y se quiebra sus efectos para darle cabida a la protección de otros intereses que el legislador ha estimado de mayor peso.

En el caso de la causal b) la acción de revisión, la ley consagra un parámetro objetivo para el examen de las prestaciones periódicas, esto es, si la cuantía de la pensión desborda o no lo previsto en la ley, la convención o pacto colectivo; de modo que, las eventuales vicisitudes u omisiones que según los accionados ocurrieron en el proceso ordinario laboral que culminó con la sentencia objeto de revisión, no tienen por qué impedir el escrutinio de las condenas dictadas bajo ese derrotero -CSJ SL12250-2015-.

Por lo tanto, esta Sala invalidará las sentencias de 30 de abril y el 19 de julio de 2013, proferidas por el Juzgado Trece Laboral de Descongestión de Bogotá y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, con fundamento en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el proceso ordinario laboral instaurado por Héctor Ibáñez Lozada, Gabriel Jaime Restrepo Mejía, Orlando Luna Murcia, Álvaro Barón Pacheco y María Adelina Paipa Lara contra la Fundación San Juan de Dios en Liquidación, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Bogotá D.C., el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con lo anterior, desaparece del mundo jurídico cualquier secuela derivada de estas providencias en punto al descuento que por aporte a salud se realiza a los demandantes, el cual a partir de la fecha deberá aplicarse de conformidad con el inciso segundo del artículo 143 y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

Sin costas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Invalidar las sentencias de 30 de abril y 19 de julio de 2013, proferidas, en su orden, por el Juzgado Trece Laboral de Descongestión de Bogotá y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, que fueron dictadas en el proceso ordinario laboral que Héctor Ibáñez Lozada, Gabriel Jaime Restrepo Mejía, Orlando Luna Murcia, Álvaro Barón Pacheco y María Adelina Paipa Lara adelanta contra la Fundación San Juan de Dios en liquidación, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Bogotá D.C., el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca y La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO: Determinar que el descuento por aporte a salud que debe realizarse a los demandantes, a partir de la fecha deberá ajustarse en un todo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

TERCERO: Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.