Sentencia SL14269-2014 de agosto 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL14269-2014

Rad.: 55758

Acta 30

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).

EXTRACTOS: «X. CONSIDERACIONES

Dada la senda escogida para encauzar el ataque, que es la directa, en la modalidad de aplicación indebida de la ley sustancial, y que se controvierte exclusivamente la concurrencia de la condena por intereses moratorios e indexación, permanecen incólumes los aspectos fácticos que hicieran parte de la sentencia de segundo grado, tales como:

i) La condición de invalidez de la demandante, según dictamen pericial de la junta regional de calificación de invalidez del Atlántico, que estableció la pérdida de la capacidad laboral en el 62.95% a partir del 30 de junio de 1999;

ii) La calidad de afiliada en pensiones de la demandante a CITI COLFONDOS S.A., para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, actualmente denominada Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A., Colfondos S.A.

iii) La reclamación administrativa efectuada el 30 de septiembre de 2002 por la accionante para el reconocimiento de su pensión de invalidez;

iv) El rechazo o negativa de la administradora demandada al reconocimiento y pago de la prestación económica de invalidez, según comunicado DCIP-E-6754-05 del 14 de septiembre de 2004.

Así mismo, no son objeto de reparo en el recurso extraordinario de casación: i) la condena al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y ii) la persona jurídica obligada al pago de ésta en los términos de las sentencias de instancia.

La censura radica su inconformidad en que la sentencia de segundo grado, al confirmar la del a quo, no observó que se creaba una incompatibilidad entre la condena por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación, ya que ambos conceptos corrigen la devaluación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda sobre los valores objeto de condena.

Al respecto, la Sala rememora que ha tratado el tema y para ilustración sobre el criterio adoptado al respecto, baste con citar la Sentencia CSJ SL, 6 septiembre 2012, radicación 39140, en la que se adoctrinó:

que el criterio actualmente imperante en la Sala es el de la incompatibilidad de intereses moratorios con la indexación, ya que los primeros involucran, en su contenido, un ingrediente revaluatorio; tal como se dijo, al rectificar el antiguo criterio de compatibilidad de ambas figuras vertido en sentencia del 1º de diciembre de 2009, radicación 37279, en la sentencia del 6 de diciembre de 2011, radicación 41392, la que acogió, para ello, pronunciamiento de la Sala de Casación Civil de la esta misma corporación datado el 19 de noviembre de 2001, expediente 6094. (Destaca la Sala)

En igual sentido, la Sentencia CSJ SL, 28 agosto 2012, radicación 39130, que sobre el particular puntualizó:

Habida consideración de que a lo largo de la historia de la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que procede la indexación de los créditos laborales cuando quiera que respecto de los mismos no proceden los intereses moratorios, tal y como ocurre en este caso, en el cual, el juez de la alzada la impuso al no encontrar procedentes los primeros. (Destaca la Sala)

Al efecto, necesario es precisar que, conforme de manera acertada lo informa la oposición a la censura, se trata de dos conceptos diferentes.

Así, mientras los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, corresponden a una sanción por mora, es decir, por el pago tardío de la prestación que se ha debido pagar oportunamente en los términos legalmente dispuestos, la indexación corresponde a la simple actualización de la moneda, para contrarrestar la devaluación de la misma por el transcurso del tiempo, dada la generalizada condición inflacionaria de la economía nacional.

De tal suerte que, si bien se trata de conceptos diferentes, también lo es que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se pagan a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, lo que equivale a una suma considerablemente superior a la corrección monetaria o indexación, que simplemente alcanza para cubrir la devaluación de la moneda, esto es, que el valor adeudado se “actualice” y mantenga el mismo poder adquisitivo al momento de su pago.

De ahí que se entienda, en términos de justicia y equidad, que aplicado el interés moratorio este comprende el valor por indexación; en tanto que no se da el fenómeno contrario.

Con otras palabras, mientras se condene al deudor —para el caso de mesadas pensionales— a reconocer y pagar los intereses moratorios, a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”, habrá de entenderse que no son compatibles con que, de manera simultánea o coetánea, se condene indexar dichos valores, pues los primeros llevan implícita esa actualización de la moneda y más, por tratarse de una sanción, se itera, equivalente a “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”. Y si lo que procede es la condena a indexar los valores, no podrá entonces, de manera concurrente o simultánea condenarse al pago de dichos intereses moratorios.

Ahora bien, la ley otorga un período de gracia a las administradoras de pensiones, de cuatro (4) meses, tratándose del reconocimiento y pago de la prestación económica de invalidez o vejez, y de dos (2) meses, tratándose de pensiones de sobrevivientes, lapso que corresponde a una prerrogativa de orden legal para que las administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas realicen los estudios, las gestiones administrativas y logísticas atinentes al reconocimiento y pago de pensiones.

Así, mientras no se cumpla el citado plazo, la administradora del fondo de pensiones a cuyo cargo está el reconocimiento y pago de la prestación, no incurre en “mora” ni, por lo mismo, en la posibilidad de que se aplique la aludida sanción del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que comienza a contabilizarse a partir del vencimiento de tal período que es, en últimas, a partir de cuándo se hace exigible el pago y hasta cuando este efectivamente se realice.

El caso bajo estudio.

Proyectado lo anterior al presente asunto, efectivamente, al confirmar el ad quem la sentencia condenatoria, el tribunal, no observó que con ello se avalaba la errónea decisión en tal sentido del a quo, que había incurrido en la indebida aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al condenar de manera simultánea al pago de intereses de mora y de la indexación. Lo que, en términos antes dichos, se constituye en una decisión trasgresora de la norma sustancial y generadora consecuencialmente, de una inequidad y un enriquecimiento indebido del acreedor —al efecto la demandante— pues recibiría un doble pago de la corrección monetaria, uno implícito en la sanción por mora, objeto de una condena, y otro al ordenarse concurrentemente la indexación, a pesar de estar ínsita en la primera, conforme se explica en estas consideraciones.

En breves palabras: Si bien la indexación y los intereses de mora corresponden a conceptos diferentes, ambos conllevan la actualización de la moneda. Razón suficiente para que no puedan ser objeto de condena concurrente o simultánea, como se aplicó en este caso y señala la censura.

Significa lo anterior, que habiéndose condenado al reconocimiento y pago del más caro de los conceptos, el interés moratorio del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, e implícita en este mismo concepto la indexación o actualización de la moneda, se encuentra fundado el cargo.

Acto seguido, procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia de instancia.

XI. SENTENCIA DE INSTANCIA

En el recurso extraordinario quedó delimitada la competencia de la Corte, circunscrita al estudio y resolución, exclusivamente, de la condena concurrente por los intereses moratorios y la indexación, jurídicamente incorrecta, conforme se analizó en sede de casación, por lo que se hace innecesario repetir los argumentos de la manera en que debe ser aplicada la norma contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, para efectos de ilustración y aplicación al caso concreto en sede de instancia, se procede a proyectar el objeto de estudio y su resolución, aunado a lo ya dicho en sede de casación.

Los intereses de mora

La Ley 100 de 1993, estipula en su artículo 141, la obligación de pagar intereses de mora por el retardo en el reconocimiento y pago de pensiones, en los siguientes términos:

• ART. 141.—Intereses de mora.

A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. 

Norma que debe concordarse con lo dispuesto en las siguientes normas:

• ART. 9º, par. 1º, lit. e) de la L. 797/2003, modificatoria del art. 33 de la L. 100/1993.

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte. (Destaca la Sala)

En armonía a su vez, con el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, que en su tenor literal establece:

• ART. 19.

El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses. (Destaca la Sala)

Sobre este particular, la Sala, en Sentencia CSJ SL, 30 octubre 2012, radicación 44662, manifestó:

Al respecto se advierte que la fecha en que se hacen exigibles los citados intereses de mora no es otra que la del retardo o retraso en el pago de ese beneficio pensional, por lo que se debe precisar que sólo es dable hablar de retardo cuando los beneficiarios que se consideran con derecho a una pensión de sobrevivientes han elevado la respectiva solicitud de reconocimiento, que es cuando la entidad de seguridad social ha debido iniciar el trámite para su reconocimiento y su pago y, además de ello, se ha cumplido el término establecido en la ley para el reconocimiento de la prestación; mas no desde la fecha de la causación del derecho, porque su otorgamiento no es de oficio sino a petición de parte y porque si la ley ha conferido un plazo, no puede considerarse que incurre en un retardo la entidad que se atiene a esa concesión”. 

El plazo concedido a las administradoras para el reconocimiento de la pensión de invalidez, es de 4 meses conforme al artículo 19 del Decreto 656 de 1994 aplicable para estos casos según lo precisó la corporación en sentencia de 1° de febrero de 2011, rad. N° 44900.

Intereses de mora que aplican, como su denominación lo señala, cuando ha mediado una “mora en el pago de las mesadas pensionales”, lo cual, vistas las normas que anteceden, implica que habrá mora es a partir del vencimiento del plazo de gracia otorgado por el legislador, tratándose de pensión de invalidez, o sea, vencidos los cuatro (4) meses de que trata la ley.

La indexación.

Sobre el tema de la indexación, esta Sala de la Corte manifestó en Sentencia CSJ SL, 28 agosto 2012, radicación 39130:

La Corte al respecto ha sostenido que si bien es cierto no existe texto legal que consagre la llamada ‘indexación’ o corrección monetaria de las obligaciones laborales, distintas hoy, por ejemplo, al ingreso base de liquidación de las pensiones previstas en la Ley 100 de 1993 (art. 21), como modo de resarcir el envilecimiento de su valor por el paso del tiempo en economías inflacionarias como la nuestra, que es lo que la Corte entiende dio por acreditado el tribunal en el presente asunto, también lo es que resulta en un todo atendible la actualización de su valor, por haberse afectado por el retardo en el pago de la prestación, de suerte que, para tenerse por pagado totalmente el crédito laboral, y no habiendo el legislador dispuesto otra forma de compensar el dicho efecto, debe incluirse la corrección monetaria que permita mantener el valor del aludido crédito. En otros términos, la indexación no es más ni menos que la actualización del valor del crédito, no un concepto distinto al de su real valor, como lo son, verbigracia, los intereses de mora, los perjuicios, las sanciones, las indemnizaciones, etc.

Al efecto, y por la brevedad de la sentencia, pueden consultarse, entre otras muchas, las sentencias de 20 de mayo de 1992 (Rad. 4645), 12 de marzo de 1993 (Rad. 5519), 16 de abril del mismo año (Rad. 5634), y 6 de diciembre de 2011 (Rad. 41392), en el sentido indicado. 

Y más recientemente, en sentencia de 14 de agosto de 2007 (Rad. 29.982), al resolver un asunto similar al aquí tratado, sobre tal temática recordó la Corte: 

(...) aquí el tribunal confirmó la decisión del Juzgado y esa condena está conforme con los antecedentes jurisprudenciales de esta Sala de la Corte, que desde antaño ha enfatizado sobre la procedencia de la indexación de las obligaciones laborales cuando éstas resultan reducidas por la pérdida del poder adquisitivo del dinero durante el transcurso del tiempo, como lo asentó en la sentencia de 31 de julio de 1991, radicación 4180, Gaceta Judicial, Tomo CCXIV, páginas 171 y 172, cuya parte pertinente es del siguiente tenor: 

“Ha sido posición asumida por esta Sección de la Sala Laboral desde la sentencia del 18 de agosto de 1982, y últimamente, y por mayoría de sus miembros, también por la Sección Segunda, a partir de suya del 8 de abril próximo pasado, la de que por imperio de la justicia y la equidad debe reconocerse, en el campo del derecho laboral, la operancia del fenómeno jurídico conocido como corrección monetaria o indexación. 

“Acerca del fundamento mismo de este fenómeno expresó esta corporación el 31 de mayo de 1988 (Rad. 2031): 

“En conclusión, con base en los principios filosóficos del derecho que consagran los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, los postulados que se han dejado analizados son aplicables al presente asunto, toda vez que no es justo que el trabajador soporte sobre sí todo el riesgo de la depreciación monetaria y que se le obligue a recibir un pago con moneda que evidentemente tiene un poder adquisitivo menor...” (G. J. CXCIV, 1ª parte, pág. 569). 

“Y la Sección Segunda de esta Sala, en la sentencia a que arriba se hizo referencia, expresó sobre el particular: 

“Sin lugar a dudas los textos legales mencionados (se refiere al art. 8º de la Ley 153 de 1887 y al 19 del Código Sustantivo del Trabajo), señalan las pautas para que frente a una situación concreta y objetiva y ante la ausencia de la norma exacta aplicable, se pueda acudir a otras disposiciones que regulen materias semejantes y a falta de ellas a las reglas generales del derecho. (...) De vieja data, la jurisprudencia de esta Sala ha preceptuado que es factible acudir por recepción a las normas del derecho común, si el punto no ha podido ser resuelto por analogía con las propias disposiciones laborales y se han agotado las demás fuentes del derecho del trabajo (casación, 25 de mayo de 1963, D. del T., Vol. XXXVIII —números 223-223—, pág. 55). De aceptarse la posición contraria, o sea la propuesta por la censura, que las disposiciones acusadas sólo contienen declaraciones de carácter general y abstracto, sin ninguna otra posibilidad y que no sirven de soporte para resolver el caso litigioso, llegaríase a la conclusión simple de que frente a una controversia laboral y ante la ausencia de norma expresa no es procedente buscar su solución a través de otras u otras fuentes del derecho del trabajo. Si la ley laboral no consagra una norma positiva que regule el punto controvertido, el artículo 19 del código le enseña que debe hacerlo adoptando otras semejantes o similares dentro de las propias leyes sociales y si ello no es posible, ir más allá hasta los principios generales del derecho, que no se opongan a las primeras, respetando siempre el principio de equidad” (sentencia del 8 de abril de 1991, Rad. 4087, aún no publicada en Gaceta Judicial. El primer paréntesis no es del texto)”.

“Por lo tanto, es claro que para esta Sala las normas que la recurrente cita como indebidamente aplicadas sirven de fundamento jurídico a los jueces para disponer la actualización de condenas de sumas debidas y no canceladas oportunamente. 

“En efecto, se ha dicho: 

“Evidentemente uno de los objetivos perseguidos por la indexación es el que las acreencias laborales susceptibles de tan equitativa figura se solucionen actualizadas, para que no se presente ninguna mengua en su poder adquisitivo. Por ello se ha aceptado jurisprudencialmente que en tales casos la corrección monetaria es procedente, según algunos, como factor de daño emergente por el perjuicio que sufre el titular del derecho por el no cumplimiento oportuno del deudor de la obligación a su cargo, y según otros como actualización dineraria”. (Sentencia de 21 de noviembre de 2001, Rad. 16476).

El caso concreto.

Dilucidada como está, la no concurrencia de ambos conceptos en sede de instancia, se revocará la decisión de primer grado en cuanto a la condena por dichos conceptos de manera simultánea, para, en su lugar, confirmar la condena por intereses moratorios, dado que efectiva y realmente hubo una mora en el reconocimiento de la prestación económica reconocida, ello por cuanto el derecho a la pensión de invalidez, se causó el 30 de junio de 1999, y solo hasta el 30 de septiembre de 2002 (fl. 7) se llevó a cabo la solicitud del derecho, luego la entidad aseguradora tenía un plazo de cuatro (4) meses para reconocer y pagarla, hasta el 30 de enero de 2003, fecha a partir de la cual incurrió en la aludida mora, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Sin embargo, como quiera el a quo determinó que lo sería desde el 1º de diciembre de 2002, sin que se controvirtiera esa data, significando conformidad al respecto, se mantendrá la fecha a partir de la cual se ordenó el pago de los intereses de mora.

En cuanto a la prescripción que el juez de conocimiento declaró no probada, como quiera que ello no fue objeto de apelación, no hay lugar a su reconsideración en la decisión que se adopta.

En lo demás, el fallo de primer grado queda incólume.

Sin costas en el recurso extraordinario dado lo fundado del cargo. En la primera instancia como se determinó en la misma. En la segunda instancia no se causaron.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2011, por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que instauró MARÍA DE LA CRUZ CORONELL DE MOLINA contra la sociedad recurrente, COLFONDOS S.A. en el que fue llamada en garantía a la COMPAÑÍA DE SEGUROS COLSEGUROS S.A. e intervino el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en cuanto confirmó el pago de la indexación de las sumas adeudadas por mesadas causadas.

En sede de instancia, se REVOCA parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto condenó de manera simultánea a reconocer y pagar indexación e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas causadas y, en su lugar:

a) Se CONFIRMA la CONDENA a la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS S.A., COLFONDOS S.A., a reconocer y pagar a la demandante, MARÍA DE LA CRUZ CORONELL DE MOLINA, sobre las mesadas causadas (retroactivo), a partir del 1º de diciembre de 2002, los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, hasta su pago completo.

b) se ABSUELVE a la sociedad demandada de la indexación sobre las mesadas causadas.

c) En lo demás, el fallo de primer grado queda incólume.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve».