Sentencia SL1427-2018/66913 de abril 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 66913

Acta 14

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

IX. Consideraciones

Esta Sala de la Corte ha defendido el criterio que el recurso extraordinario no es un mecanismo alternativo para subsanar irregularidades de las instancias, que han podido evacuarse a través de las herramientas jurídicas previstas en la ley.

En este caso, el recurrente le atribuye al Tribunal la falta de decisión respecto de un punto sobre el cual ha debido pronunciarse, específicamente la no inclusión en la liquidación pensional de los salarios devengados desde el 7 de marzo de 1985 al 15 de enero de 1987. Para ello, contaba con el mecanismo de adición de la sentencia conforme lo establecido en el entonces vigente artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, instrumento que dejó precluir.

Sobre el tema, valga reiterar lo que esta Corporación expuso en la Sentencia CSJ SL10115, 11 de febrero de 1998, reiterada en SL2949-2015:

(…) resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto.

En efecto, las normas procesales ya señaladas y aplicables por analogía al campo laboral en virtud a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, le exigen al juez al proferir la sentencia definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de contradictor.

Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 141 del Decreto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por actuación de oficio del juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, radicación 9895.

Así pues, los cargos se desestiman.

X. Cargo tercero

Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye al fallo impugnado la violación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 7º de la Ley 71 de 1988.

En desarrollo de su embate, el casacionista le pide a esta Corte rectificar su criterio respecto a la improcedencia de los intereses moratorios en tratándose de pensiones causadas al amparo del régimen de transición. En tal dirección, sostiene que las pensiones del régimen anterior al cual se llega por aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no son ajenas al sistema de seguridad social integral; tan es así, que el IBL se determina con base en esta normativa.

Argumenta que con arreglo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los intereses se causan por mora en el pago de las mesadas pensionales “de que trata esta ley”, y que, conforme al artículo 36, las demás condiciones y requisitos de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición “se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”.

Por lo anterior, solicita que se retome el criterio jurisprudencial que se fija en la Sentencia SL 15989, 21 de septiembre de 2001 y, por otro lado, deja en claro que lo que reclama son los intereses generados desde la fecha de adquisición del derecho a la pensión y la de inclusión en nómina, más no sobre los causados sobre las diferencias pensionales.

XI. Réplica

Aduce que conforme a la postura jurisprudencial vigente los intereses moratorios no tienen lugar sobre las reliquidaciones pensionales.

XII. Consideraciones

Para dar respuesta a esta acusación, basta reiterar que conforme al criterio mayoritario de esta Corporación los intereses moratorios no proceden respecto a pensiones distintas a las del sistema general de pensiones instaurado con la Ley 100 de 1993. En fallo CSJ SL1854-2015, sobre el particular, se expuso:

“Efectúa la Corporación el anterior recuento de los asertos más trascendentes del fallo gravado, porque del mismo emerge con diafanidad que el Tribunal efectivamente incurrió en el yerro de apreciación jurídica que se le imputa en el ataque, toda vez que es irrefutable que la pensión de jubilación que le reconoció a la demandante no es de las previstas en el régimen pensional que entronizó la Ley (sic) 100 de 1993, lo cual es razón suficiente para colegir que no hay lugar para imponer a la demandada condena por los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de tal normatividad, pues no debe perderse de vista que este precepto estipula que los intereses en comento se causan únicamente “en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley”.

“Además, en el caso no se da la situación prevista en el artículo 288 de la Ley (sic) 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley”.

“De ahí que se pueda afirmar, sin ambages, que en el caso no se dan los supuestos de hecho necesarios para la aplicación del artículo 141 de la Ley (sic) 100 de 1993, por lo que al hacerlo el Tribunal incurrió en la falencia de apreciación jurídica que le imputa el censor”.

Por lo anterior y sin que sean necesarios razonamientos adicionales a los vertidos en la sentencia citada, el cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 3.750.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 1º de octubre de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario laboral que Luis Eduardo Cruz Moreno adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».