Sentencia SL14391-2015 de octubre 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 69720

Acta 37

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Como se rememoró al describir los términos del recurso de anulación, son dos las cláusulas cuya anulación se le pide a la Corte: i) la de “aumento de salarios”, por no tener efectos retrospectivos y resultar manifiestamente inequitativa; ii) y la de “vigencia”, porque el tribunal no tenía competencia para fijarla y excedió los términos legales a los que estaba atado.

La Corte abordará el estudio de las referidas cuestiones, en los siguientes términos:

Aumento salarial retrospectivo

Como ya se anunció, en primer lugar, el recurrente considera que la cláusula de aumento de salarios resulta manifiestamente inequitativa, porque no tuvo efectos retrospectivos y, en ese sentido, no abarcó los años 2013 y 2014.

Frente a tal cuestionamiento, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un “efecto retrospectivo” a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. En la sentencia CSJ SL, 26 de julio de 2011, radicado 50469, se dijo al respecto:

“Amparado en criterios de equidad, el Tribunal de Arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.

No obstante, esta Sala ha sido pacífica en torno al punto traído a discusión y ha señalado que aun cuando en principio el laudo arbitral tiene efectos hacia el futuro, a partir de su expedición, se ha aceptado su retrospectividad, cuando quiera que el conflicto colectivo de trabajo no se termine mediante arreglo directo y sea necesaria la definición a través de un tribunal de arbitramento, como aconteció en el sub lite, a fin de corregir el desequilibrio económico que pueda surgir en ese lapso.

Justamente, esa facultad ha sido conferida a los árbitros para que, en cada caso particular ponderen si es viable la aplicación retrospectiva de las cláusulas referidas a los aumentos salariales, y se ha considerado que aquellos no se encuentran atados a una decisión en torno a este específico aspecto, de manera que les está permitida su definición, en el marco de los criterios de equidad a los que se hizo referencia anteriormente”.

La Corte también ha concebido que el propósito de los efectos retrospectivos de la decisión de los árbitros está dado en corregir eventuales desequilibrios, generados por la prolongación del conflicto colectivo y, con ello, alcanzar periodos en los que no se materializa algún ajuste salarial, por el vacío que se produce entre la vigencia de una y otra convención colectiva de trabajo. Tal cuestión, se ha recalcado, debe ser definida autónomamente por cada tribunal de arbitramento, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso y, por lo mismo, no es de obligatoria observancia, ni puede ser anulada por la Corte, salvo que se muestre abiertamente inequitativa.

Con fundamento en lo expuesto, en este caso, era al Tribunal de Arbitramento al que le competía definir autónomamente si los aumentos salariales iban a tener algún efecto retrospectivo y, por lo mismo, no es esta Sala de la Corte, por la vía del recurso de anulación, la que puede imponerlo, por considerar que dicha fórmula es la más ajustada a la equidad y a la justicia. La Sala ha dicho al respecto que “(…) la retrospectividad del aumento salarial, no es un deber de los árbitros sino una mera facultad que bien pueden adoptar de acuerdo a las propias y específicas situaciones que ocurran en el conflicto colectivo que deben solucionar ante el fracaso de la autocomposición” (CSJ SL, mayo 2/2012, Rad. 53128).

Ahora bien, la decisión del tribunal, además de legítima, no resulta manifiestamente inequitativa, como lo denuncia el recurrente, pues en el expediente quedó claro que durante los años 2013 y 2014 la empresa, de manera unilateral, realizó aumentos salariales a los trabajadores iguales a la variación del Índice de Precios al Consumidor (fl. 197). Por lo mismo, durante los referidos años, los trabajadores mantuvieron la movilidad de sus ingresos, no sufrieron una pérdida de poder adquisitivo y no se produjo algún desequilibrio económico grave, producto de la prolongación del conflicto y de la petrificación de los salarios, que los árbitros hubieran tenido que remediar necesariamente, so pena de incurrir en una inequidad manifiesta.

La decisión de los árbitros también consultó la especial condición económica de la empresa, que debido a su difícil situación de iliquidez, la caída drástica de sus ventas y la disminución de su participación en el mercado, por cuenta de la importación de los productos por ella producidos y la falta de demanda, entre otros, fue sometida a un acuerdo de reestructuración, de acuerdo con las previsiones de la Ley 550 de 1999 (fls. 214 a 260).

En los referidos términos, se repite, el Tribunal de Arbitramento podía fijar autónomamente el alcance de sus decisiones en materia de salarios, de acuerdo con la equidad, y, al no contemplar el efecto retrospectivo, no incurrió en alguna inequidad manifiesta, pues los ingresos de los trabajadores fueron reajustados durante los años 2013 y 2014 y el laudo arbitral consultó las especiales condiciones económicas de la empresa.

Aumento salarial de acuerdo con el promedio de años anteriores

El recurrente también considera inequitativo el aumento salarial de los años 2013 a 2016, porque no tuvo en cuenta del promedio de los incrementos decretados unilateralmente por la empresa en años anteriores —2010, 2011 y 2012—, de los cuales podía condensarse una media igual al IPC más 1.03%.

En torno a este punto, la Sala debe recordar que los árbitros profieren sus decisiones de manera autónoma, fundados en las condiciones particulares de cada caso y atendiendo principios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad. Esto es que, en el contexto del trámite arbitral, los árbitros deben consultar las realidades de la empresa y de sus trabajadores y, con arreglo a las mismas, encontrar el justo medio del conflicto, a través de respuestas ajustadas a la equidad y a la justicia. Con razón el tribunal, en este preciso asunto, advirtió que “(…) siendo la equidad el marco regulador de la decisión del tribunal, se analizaron las peticiones, pruebas y demás documentos suministrados por las partes, en búsqueda del equilibrio justo entre los postulados del derecho del trabajo y las condiciones económicas de las partes en conflicto”.

Por otra parte, con apego a lo anterior, la Corte ha sido insistente en señalar que las fórmulas construidas por los árbitros, para reflejar la salida más equilibrada y justa del conflicto colectivo, no pueden ser sujeto de un juicio de legalidad por esta Sala, para, por ejemplo, tergiversarlas, modificarlas o sencillamente imponer otra medida de justicia diferente. Ello con la salvedad de que se advierta una vulneración de derechos o facultades exclusivas de las partes, consagrados en la Constitución o la ley, se excedan los límites de la competencia de la justicia arbitral o se prohíje una solución manifiestamente inequitativa, que no puede ser meramente especulativa, sino que debe estar debidamente soportada en el proceso, casos en los cuales, vale decir, la decisión de la Corte tampoco puede ser la imposición de su propia medida de justicia, sino la anulación, o solo excepcionalmente, la modulación de las decisiones arbitrales.

En ese orden de ideas, la Corte ha sostenido que el objetivo del recurso de anulación es el de verificar la regularidad del laudo, mas no la revisión de la medida de justicia adoptada por los árbitros, de acuerdo con sus propias concepciones de equidad, aplicadas al caso concreto.

En el presente asunto, se repite, no está demostrada la inequidad manifiesta que se alega en el recurso de anulación, pues el tribunal de arbitramento, en el momento de estructurar sus decisiones, tuvo en cuenta la especial condición económica de la empresa y el hecho de que fue sometida a un acuerdo de reestructuración, de acuerdo con los términos de la Ley 550 de 1999. También asumió como parámetro relevante los derechos reconocidos a los trabajadores en convenciones colectivas anteriores y, con fundamento en los argumentos de las partes, encontró como medida más equitativa, disponer un aumento de los salarios para los años 2015 y 2016 igual a la variación del índice de precios al consumidor del año anterior.

Ahora bien, sin duda, la regla de justicia que defiende el recurrente, de aplicar un aumento de salarios con fundamento en el promedio de los que ha aplicado la empresa en años anteriores, resulta razonable y suficientemente justificada, pero no por ello demuestra alguna inequidad manifiesta en la decisión del tribunal o faculta a la Corte para imponer esa fórmula, por encima de la concepción de los árbitros. En ello olvida el recurrente que el objeto de la decisión arbitral no es darle la razón a una de las partes en sus reclamos sino, justamente, ponderar las peticiones de los trabajadores, con la posición y situación de la empresa, para, de acuerdo con ello, determinar la solución del conflicto colectivo que resulte más adecuada a la equidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.

También pasa por alto el recurrente que el recurso de anulación no puede ser instrumentalizado para demostrarle a la Corte que puede haber una medida más justa u óptima que la otra, pues esa es precisamente la competencia de la justicia arbitral, a menos, se repite, que se compruebe una inequidad manifiesta, que no es lo que se acredita en este asunto.

Por lo mismo, resulta del todo improcedente la petición del recurrente, de que se devuelva el laudo arbitral al tribunal a fin de que los árbitros asuman una fórmula salarial más ajustada a los intereses particulares de los trabajadores.

Falta de competencia para definir la vigencia del acuerdo

En esencia, el recurrente afirma que el punto de la vigencia del acuerdo colectivo fue convenido por las partes dentro de la etapa de arreglo directo y que, por lo mismo, el Tribunal de Arbitramento carecía de competencia para referirse al mismo.

Para dar una respuesta al referido cuestionamiento, a la Corte le basta con remitirse al acta 8 de la etapa de arreglo directo, en donde quedó claramente sentada la terminación de dicha fase del conflicto y se dejó constancia de que “(…) los puntos a los cuales se llegó a un acuerdo luego de esta etapa fueron: auxilio escolar, auxilio de overoles, muerte del trabajador, muerte de los padres y Ley 50. No hay acuerdo en la vigencia de esta negociación ya que la organización sindical manifiesta que hasta tanto no haya un acuerdo sobre el 2012 no se revisará el ofrecimiento 2013 y 2014. La organización sindical manifiesta que esta propuesta se llevará a la asamblea y se comunicará inmediatamente la decisión a la empresa” (resalta la Sala).

Por otra parte, en ninguna de las otras actas en las que se plasmó el desarrollo de la etapa de arreglo directo se dejó constancia de que las partes hubieran arribado a algún acuerdo en torno al punto de la vigencia, pues simplemente se consignó la posición de cada una de las partes en torno al tema.

Así las cosas, el punto de la vigencia no había sido acordado por las partes durante la etapa de arreglo directo y, por lo mismo, el tribunal tenía plena competencia para resolverlo.

Anulación de la cláusula de vigencia por exceder los términos legales máximos

En realidad, como lo aduce el opositor, ningún aparte del laudo arbitral permite inferir que los árbitros le dieron una vigencia al acuerdo de dos años y dos meses, como lo aduce el recurrente.

En efecto, la cláusula de vigencia contempló que “(…) el presente laudo arbitral regirá por el término de dos (2) años desde su promulgación”.

A su vez, la cláusula de salarios quedó redactada de la siguiente manera:

“ART.—Aumento de salario. La empresa aumentará los salarios de los trabajadores de la siguiente forma:

a) A partir del primero (1º) de enero del año dos mil quince (2015) la empresa aumentará el salario básico mensual que devengue cada uno de los trabajadores beneficiados por el presente laudo en el IPC (Variación del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE del 1º de enero de 2014 a 31 de diciembre del año 2014).

b) A partir del primero (1º) de enero del año dos mil diez y seis (2016), la empresa aumentará el salario básico mensual que devengue cada uno de los trabajadores beneficiados por el presente laudo en el IPC (Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE del 1º de enero de 2015 a 31 de diciembre del año 2015).

c) En el periodo comprendido entre la fecha de promulgación del laudo y hasta el 31 de diciembre de 2014, se mantiene el incremento realizado por la compañía en el año 2014”.

Como puede notarse, en ningún aparte de la decisión se expresó que los aumentos salariales deberían extenderse hasta el 31 de diciembre de 2016, como lo alega el recurrente, pues solo se contempló un incremento “(…) a partir del primero (1º) de enero del año dos mil diez y seis (2016) (…) en el IPC (Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE del 1º de enero de 2015 a 31 de diciembre del año 2015)”.

En ese sentido, no existe alguna contradicción o vulneración de lo previsto en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, que obligue a la Corte a anular la disposición.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No anular las disposiciones materia de recurso, del laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento el 31 de octubre de 2014, dentro del conflicto colectivo entablado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Colombiana de Cables S.A. —Sintraemcocables— y la Empresa Colombiana de Cables S.A. –Emcocables—.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia».