Sentencia SL14423-2014/39520 de octubre 8 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14423-2014

Rad.: 39520

Acta 36

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Comienza la Sala por señalar que tanto el apoderado de Andrés Llano Carvajal, como el de Oracle Colombia Ltda. —No Oracle de Colombia Ltda.—, incurren en algunas imprecisiones que en lo absoluto impiden estudiar el fondo del asunto.

En efecto, la parte recurrente señala que:

Tampoco discuto las conclusiones de la sentencia relativas a la “incidencia salarial de los bonos anuales por objetivos”, por cuanto en la audiencia verificada el 28 de marzo de 2000, la parte actora desistió de la condena relacionada bajo el número 4 de la demanda, es decir “el pago de los descuentos ilegalmente practicados al salario del demandante por valor de $ 39.099.504”, toda vez que tal valor corresponde a los anticipos de viáticos y su incidencia salarial en las liquidaciones de los años 19995(sic) y 1996 (se resalta).

El párrafo transito, prima facie, deja ver que el recurrente en su afán de quebrantar la decisión recurrida, liga equivocadamente la “incidencia salarial de los bonos anuales por objetivos” con “los descuentos ilegalmente practicados al salario del demandante” y, a su vez éstos, con los “viáticos y su incidencia salarial”, cuando la verdad y como se ha dejado en claro al historiar el proceso, una cosa es la incidencia salarial de los bonos por objetivos, hecho plenamente demostrado en el proceso y pacífico para el tribunal en tanto la demandada no apeló dicho connotación, y otra muy diferente los viáticos y su incidencia salarial, y los descuentos “ilegalmente» practicados al actor, pretensión ésta que fue la desistida en la «audiencia verificada el 28 de marzo de 2000”.

La anterior confusión es criticable, pero superable en tanto al desarrollar ambos cargos, la parte recurrente deja ver que lo en verdad buscado, no es la incidencia salarial de tales bonos sino la sanción moratoria prevista por la Ley 50 de 1990 artículo 99, al no habérsele consignado el valor correcto de las cesantías correspondientes a los años 1995 y 1996.

A su turno, el replicante, al oponerse a la demanda, insiste en que “los bonos por objetivo no son salario”, cuando la verdad y como lo concluyó el tribunal, tales bonos por objetivos —“FY95” y “FY96”—, sí son salario, tanto así que las documentales que aparecen a folios 6 y 7 del anexo 2, tomo I, así lo demuestran y lo reconoce la propia enjuiciada al proceder a reliquidar las prestaciones sociales correspondientes a los años 1995 y 1996.

En este orden de ideas y como quedó narrado en el proceso, no son materia de discusión los siguientes hechos: (i) extremos de la relación laboral que van del 1º de septiembre de 1990 al 5 de abril de 1998; (ii) tampoco se controvierte que el contrato de trabajo fue a término indefinido y finalizó por decisión unilateral y sin justa causa, con el consecuente pago de la indemnización correspondiente; (ii) asimismo, se deja por fuera que el último cargo desempeñado por el demandante, fue el de “director financiero Latinoamérica”.

Precisado lo anterior, la Sala se adentra en los puntos que motivan la inconformidad de la parte demandante y por los cuales, en ambos cargos, le atribuye la ilegalidad a la sentencia recurrida, los que, para facilitar la comprensión del presente asunto, se agrupan en los siguientes cuestionamientos: a) ¿erró el ad quem al delimitar el objeto de la litis a la connotación salarial de la prima extralegal de vacaciones?; b) ¿se equivocó el tribunal al no tener en cuenta la prima de vacaciones como factor salarial?; c) ¿se equivocó el sentenciador colegiado al no dar por demostrado que el demandante, desde el 1º de junio de 1995, solicitó a la demandada el pago de los bonos por objetivos “FY95” y “FY96”; que dicho pago fue “conciliado” el 4 de junio de 1998; y que tales bonos no afectaron la liquidación de las prestaciones sociales correspondientes a los años 1995 y 1996?; d) ¿se equivocó el juez de alzada al desconocer las opciones convertibles en acciones como factor salarial?; e) ¿cometió grave error el fallador de segundo grado al desconocer la incidencia salarial del plan mundial de compra de acciones con descuento del 15% y, f) ¿se equivocó el colegiado de segundo grado al no ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales, indemnización por terminación del contrato y sanciones moratorias previstas por la Ley 50 de 1990 artículo 99 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Interrogantes que en seguida proceden a dilucidarse:

a) ¿Erró el ad quem al delimitar el objeto de la litis a la connotación salarial de la prima extralegal de vacaciones?

Le asiste razón a la parte opositora cuando afirma que el fallador de segundo grado jamás limitó el objeto del litigio al carácter salarial de la prima extralegal de vacaciones, y le asiste razón en éste reparo, en tanto el tribunal cuando se ocupó del tema, no fue para delimitar el objeto del litigio, como lo afirma el recurrente, sino para poner en evidencia que lo demandado en el presente asunto, no fue el impago de las “sumas insolutas por concepto de prima extralegal de vacaciones”, sino el carácter salarial de dichas primas, y fue por ello que encontró fundado el reproche que la demandada le hizo al fallo de primer grado que había fulminado condena por dicho concepto, máxime que el pago de la citada prima fue debidamente acreditado en el proceso al evacuar los puntos 13 a 15 de la inspección judicial llevada a cabo el 26 de julio de 2001, la que aparece a folios 113 a 119 del cuaderno principal.

Y es que lo anterior no amerita la más mínima discusión para la Sala, en tanto el sentenciador de alzada, como se vio al sintetizar su decisión, no se limitó a estudiar el carácter salarial de la prima extralegal de vacaciones, pues in extenso abordó los demás temas objeto de apelación por las partes, más concretamente y para lo que el recurso de casación interesa, el carácter salarial de los otros emolumentos que, dice la parte demandante, tienen dicha connotación. Tal es el caso de las opciones convertibles en acciones, la compra de acciones con el descuento del 15%, y lo referido al pago extemporáneo de los bonos por objetivos “FY95” y “FY96”.

Dicho de otra manera, de aceptarse la tesis del recurrente referida a que el tribunal limitó su estudio al carácter salarial de la prima extralegal de vacaciones, por sustracción de materia sobrarían los restantes yerros fácticos —más de 70— direccionados a demostrar que el sentenciador de alzada se equivocó al restarle carácter salarial a las opciones convertibles en acciones, la compra de acciones con el descuento del 15%, y lo referido al pago extemporáneo de los bonos por objetivos “FY95” y “FY96”, pues le hubiese bastado con abordar única y exclusivamente el punto relacionado a la citada prima, lo cual, lejos estuvo de suceder, en tanto, se itera, in extenso controvierte las demás conclusiones del ad quem, que sirvieron de soporte para revocar la decisión de primer grado y absolver a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra por el actor.

Lo anterior, es suficiente para concluir que el tribunal no limitó su estudio a la connotación salarial de la prima extralegal de vacaciones como lo señala la censura.

b) ¿Se equivocó el tribunal al no tener en cuenta la prima extralegal de vacaciones como factor salarial?

Para dilucidar este punto, igual que lo hizo el sentenciador de segundo grado, pertinente es conocer cuál es la fuente de donde emerge dicha prima, la que encontramos a folios 56 a 72 del anexo 2 tomo I, titulado bajo el nombre de “Manual de políticas generales y prestaciones voluntarias”, en cuyo capítulo 4.3, precisa lo siguiente:

4.3. Vacaciones.

En adición a las vacaciones anuales remuneradas a las que tiene derecho el empleado, de acuerdo a la ley colombiana, Oracle voluntariamente concede días adicionales y una prima en dinero, de acuerdo con los años de servicio como se indica en la siguiente tabla (…)

Para el cálculo de la prima en dinero se tomará el sueldo que el empleado esté devengando en el momento en que adquiere el derecho a las vacaciones anuales. (se resalta).

A su turno, a folios 51 a 55 del anexo 1, y con fecha abril 24 de 1996, se encuentra un documento titulado “Procedimiento vacaciones”, en cuyo literal A), alude a qué consagra nuestra legislación respecto a las vacaciones, y en el literal B) vuelve a recordar las “políticas generales de vacaciones” que se transcribieron en precedencia y que al efecto dice:

En adición a las vacaciones anuales remuneradas a las que tiene derecho el empleado, de acuerdo a la ley colombiana, Oracle voluntariamente concede días adicionales y una prima en dinero, de acuerdo con los años de servicio como se indica en la siguiente tabla (…)

Para el cálculo de la prima en dinero se tomará el sueldo que el empleado esté devengando en el momento en que adquiere el derecho a las vacaciones anuales.

Esta prima en dinero sólo se paga cuando el empleado haya cumplido años completos de servicio y no por fracción (se resalta).

A su turno en literal C) del mismo documento precisa:

Prima de vacaciones:

Esta prima que la compañía otorga en dinero de acuerdo al tiempo de servicios sólo será pagada en el momento en que el empleado tome seis días hábiles seguidos de vacaciones.

Analizadas cuidadosamente las dos pruebas reseñadas, se tiene que la prima extralegal de vacaciones otorgada al demandante, tal como lo concluyó el sentenciador colegiado, no es salario, y no lo es, por cuanto dicha prima hace parte de las vacaciones, que como se sabe, legal y doctrinariamente no constituye salario.

En efecto, en ambos documentos se deja en claro que “En adición a las vacaciones anuales remuneradas a las que tiene derecho el empleado, de acuerdo a la ley colombiana”, la demandada “voluntariamente concede días adicionales y una prima en dinero”, esto es, lo que hace la accionada, es adicionar dos partes —días y prima— al todo que son las vacaciones, con lo cual, tanto los días como la prima en dinero, que es el objeto de discusión en el presente asunto, hacen parte del todo, y si hace parte del todo, bajo ninguna perspectiva puede escindirse de la naturaleza jurídica que nuestra legislación le ha otorgado a las vacaciones, que desde luego no son salario ni prestación social, tal como lo ha reiterado, desde antaño, la jurisprudencia laboral, baste para ello recordar la sentencia del 11 de junio de 1959, publicada en la Gaceta Judicial. Tomo XC, Nº 2207-2213, pág. 874-879, que al efecto dice:

El derecho a las vacaciones tiene un fin específico, cuales el de obtener una reparación del organismo del trabajador, naturalmente fatigado y desgastado por el trabajo, y permitirle que lo continúe a su regreso en pleno goce de todas sus energías físicas. El hombre va a dejar por unos días el ambiente rutinario en el cual ha cumplido su servicio durante un año, va a entrar en un proceso de recuperación y de descanso, va a estar libre de toda actividad subordinada, de tal manera que pueda reanudar el cumplimiento de sus obligaciones laborales confortado orgánica y mentalmente. Esa la naturaleza jurídica y el fin primordial que el legislador ha tenido en la consagración de las vacaciones laborales. Si en el desarrollo del contrato de trabajo el patrono no ha cumplido con la obligación de concederlas por cada año de servicio a sus trabajadores, la ley le impone a su terminación una reparación, consistente en la compensación en dinero de sus vacaciones no disfrutadas legalmente. Pero esta compensación asume un aspecto secundario que en manera alguna tiene poder suficiente para llenar ese objetivo fundamental y primario que la ley ha buscado de reponer energías y capacidades perdidas de los asalariados. De ahí que haya perdido el carácter de prestación social, puesto que su aspecto sobresaliente no es el de un auxilio que el patrono esté obligado a reconocer a sus subordinados, sino cosa bien distinta (…).

Tampoco resulta adecuado considerar las vacaciones o sus compensaciones en dinero como salario, porque es de la naturaleza de este que “implique retribución de sus servicios” lo cual quiere decir que su causa radica en la efectiva realización de una labor. Siendo en esencia el salario una retribución de servicios, mal puede sostenerse que las vacaciones —en los eventos de su goce efectivo o de su compensación monetaria— equivalgan a aquél, ya que en tales casos desaparece necesariamente el elemento esencial del servicio (…).

De otra parte, como la censura señala que dicha prima es salario, en tanto se pagaba de manera habitual y las partes en momento alguno la habían excluido como factor salarial, la Sala aborda el estudio de las pruebas que según la impugnación acreditan tales supuestos y que se encuentran a folios 5 y 68 anexo 2 tomo I, folio 49 del anexo 1, y 78 del cuaderno principal.

La documental que aparece a folio 68 del anexo 2, tomo I, corresponde al “Manual de políticas generales y prestaciones voluntarias”, que se transcribió en precedencia y en cuyo numeral 4.3., consagra la citada prima, pero la misma en momento alguno acredita que se hubiese pagado de manera habitual como lo señala la censura.

A su turno, a folios 5 del anexo 2 tomo I, aparece la liquidación definitiva de prestaciones sociales a las cuales tenía derecho el señor Andrés Llano Carvajal, liquidación en la que se incluye 43.96 días de vacaciones pendientes de disfrutar desde 1993, que resultan luego de restar los pagados en dinero conforme a las respectivas autorizaciones dadas por el Ministerio del Trabajo y que están debidamente soportadas con la documental que aparece a folio 49 del anexo 1.

Ahora bien, en la citada liquidación final de prestaciones sociales, la demandada le incluye 16 días por concepto de “prima de vacaciones”, hecho éste que en vez de restarle fuerza a la sentencia recurrida, lo que hace es investirla de la más absoluta legalidad, toda vez que con la misma se corrobora que la citada prima estaba unida a las vacaciones y no se pagaba de manera habitual e independiente del disfrute de las vacaciones, tanto así que a la finalización del vínculo laboral, al actor no sólo se le cancela el valor de los días de vacaciones pendientes de disfrutar desde 1993, sino también se le cancelaron los días correspondientes a la “prima de vacaciones” establecidos en el “Manual de políticas generales y prestaciones voluntarias”.

Finalmente, la parte recurrente, en momento alguno despliega esfuerzo alguno para demostrar que demandada y con anterioridad a 1998, la demandada, de manera habitual le canceló al actor la citada “prima de vacaciones”, pues si bien es cierto refiere que conforme a la documental que aparece a folio 78 del cuaderno principal, la convocada al proceso en el año 1996, incluyó dicha prima como factor salarial, tal afirmación no es cierta, toda vez que el ítem que incluye la documental en comento, es “vacaciones disfrutadas”, no “prima de vacaciones”, conceptos totalmente diferentes que llevan a darle la razón al fallador de segundo grado cuando concluyó que la “prima de vacaciones” no hizo parte de la base para liquidar las prestaciones sociales de 1996; más aún cuando la censura ningún esfuerzo hace en demostrar que los dos conceptos son iguales o equivalentes.

Las consideraciones que preceden, son suficientes para demostrar que el tribunal no se equivocó al concluir que la prima extralegal de vacaciones no es salario.

c) ¿se equivocó el sentenciador colegiado al no dar por demostrado que el demandante solicitó a la demandada el pago de los bonos por objetivos “FY95” y “FY96” desde el 1º de junio de 1995; que dicho pago fue conciliado el 4 de junio de 1998 y, además, que no afectó la liquidación de las prestaciones sociales correspondientes a los años 1995 y 1996?

Para desatar los presentes cuestionamientos y como bien lo pone de presente la parte recurrente, no es objeto de discusión la “incidencia salarial de los bonos anuales por objetivos FY95 y FY96”, no sólo porque así lo dio por demostrados el sentenciador de primer grado y no fue objeto de discusión en la alzada, como bien lo recuerda el tribunal, sino también porque las documentales que aparecen a folios 6 y 7 del anexo 2, tomo I, dan cuenta que la demandada no sólo pagó el valor de tales bonos, sino que también los tuvo en cuenta como factor salarial para reliquidar las prestaciones sociales correspondientes a los años 1995 y 1996.

Hecha la claridad que precede, la Sala se adentra en dilucidar el primer tema del presente acápite, referido a verificar si el demandante desde el 1º de junio de 1995, solicitó a la demandada el pago de los bonos por objetivos “FY95” y “FY96”, pues si ello es verdad, la consecuencia no será su pago, en tanto los mismos ya fueron cancelados el 4 de abril de 1998, sino la sanción moratoria prevista por la Ley 50 de 1990 artículo 99.

En efecto, a folios 151 y siguientes del anexo 2, tomo I, aparecen una serie de correos electrónicos que van del 9 de junio de 1995 al 3 de mayo de 1996, de los cuales la Sala, contrario a lo afirmado por el recurrente, no concluye que el demandante hubiese exigido su pago, pues tan sólo tiene algunos interrogantes sobre los “FY96 planes por compensación”; y es que no podía exigirlo, en tanto los “FY96” aún no se habían causado para el mes de junio de 1995, inclusive para el 3 de mayo de 1996, cosa diferente fuera si el actor hubiese reclamado su pago una vez causados los mismos y la demandada se hubiese negado a cancelarlos, allí eventualmente podría existir un proceder desprovisto de buena fe por parte de la demandada al retardar injustificadamente su no cancelación. Se precisa también que en tales correos nada se dice sobre los “FY95 planes por compensación”.

Evacuado lo anterior, la Sala asume el estudio del siguiente tema del presente acápite, y es el referido a que el tribunal consideró que el pago de los “FY95” y “FY96”, fue conciliado el 4 de junio de 1998, lo cual no comparte la parte demandante, pues señala que jamás se concilió dicho pago, tanto así que al momento de recibir tales valores, de su puño y letra colocó “me reservo el derecho a reclamar”.

Si bien es cierto, el demandante el 4 de junio de 1998, momento en el cual recibe las sumas de $ 24.220.048, y $ 27.733.253, correspondientes a los “FY95” y “FY96”, de su puño y letra colocó “me reservo el derecho a reclamar”; ello en nada desvirtúa la conclusión del tribunal referida a que las partes conciliaron el valor de dichos bonos, en tanto y como está plenamente demostrado en el proceso, dichas sumas fueron el fruto de las conversaciones surtidas entre las partes después de terminada la relación laboral y luego de verificar el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que hacían posible su pago, y esta la razón por la cual el fallador de segundo grado utiliza la expresión “conciliación”, que critica la parte recurrente, pues bien pudo haber utilizado la expresión “acuerdo”, “convenio”, etc., al cual arribaron las partes.

Lo anterior es tan cierto, que con el presente proceso no se busca el pago de un mayor valor de tales bonos, sino el pago de la sanción moratoria por no haberse pagado de manera integral las cesantías correspondientes a los años 1995 y 1996, que fueron las anualidades en que se causaron dichos bonos, petición ésta sobre la cual el tribunal, jamás dijo que hubo conciliación, pues se itera, manifestó que se concilió, acordó, o convino, el valor de los bonos, no las demás pretensiones.

Finalmente, el tercer tema que contiene el presente acápite, está encaminado a establecer si el no pago oportuno de los “FY95” y “FY96”, afectó la liquidación de las prestaciones sociales correspondientes a los años 1995 y 1996. La respuesta al anterior problema es afirmativa y unánime tanto para el tribunal como para la Sala, toda vez que la demandada y luego de acordar, convenir o en palabras del ad quem “conciliar” con el demandante que los valores a pagar por concepto de “FY95” y “FY96” ascendían a $ 24.220.048, y $ 27.733.253, respectivamente, en la misma fecha, 4 de junio de 1998, procedió a reliquidar y pagar las prestaciones sociales —cesantías, intereses y prima— correspondientes a los años 1995 y 1996, actuar éste que desde ya vale señalar, está conforme a los postulados de la buena fe que exime de la sanción moratoria prevista por la Ley 50 de 1990 artículo 99, como se ahondará más adelante.

d) ¿se equivocó el fallador de segundo grado al desconocer las opciones convertibles en acciones como factor salarial?

Para dilucidar el presente tópico, igual que se hizo con el referido en el literal b) de las presentes consideraciones, pertinente es conocer la fuete de donde emergen las opciones convertibles en acciones, la que se encuentra a folios 130 a 202 del anexo 3 tomo II, titulado bajo el nombre de “Plan accionario de incentivo a largo plazo de 1991” a través del cual:

Oracle Corporation, una sociedad de Delaware (la compañía) ofrece 58.500 acciones ordinarias, con un valor nominal de $ .0.001 por acción a sus empleados, funcionarios o miembros de junta que se desempeñen como empleados, consultores y asesores independientes de la compañía, (o de cualquier matriz, subsidiaria o filial de la compañía)…

El citado plan tuvo como propósito “…permitir a la compañía otorgar incentivos a aquellas personas cuyas contribuciones reales o potenciales son importantes para el éxito continuado de la empresa, y dar a dichas personas la oportunidad de adquirir una participación accionaria en la compañía…”.

A su vez, el “plan accionario” estaba compuesto de “opciones de acciones”; “derechos de valorización de las acciones”; “derechos de compra de acciones” y “bonificaciones por desempeño de largo plazo (LTPAs)”.

A su turno, las “opciones de acciones” conocidas como “stok options”, el citado plan las dividió en dos categorías: “opciones de acciones no calificadas (NQSOs)” y las “opciones de acciones de incentivos (ISOs)”; ambas opciones fueron destinadas a empleados, funcionarios o miembros de junta que se desempeñen como empleados, consultores y asesores independientes de la compañía; de allí que el actor, en calidad de empleado de “Oracle Colombia Ltda.” pudo acceder a ellas.

Igualmente el “plan accionario de incentivo a largo plazo de 1991”, precisó lo siguiente:

Relación laboral. Ningún aparte del plan, ni ninguna concesión otorgada en virtud del mismo, interferirá con, ni limitará de manera alguna, al derecho de la compañía o de cualquier matriz, subsidiaria, o filial de terminar la relación laboral o de consultoría con el beneficiario en cualquier momento, con o sin justa causa, ni le conferirá al beneficiario el derecho de seguir empleado al servicio de la compañía o matriz de cualquier subsidiaria o filial.

Teniendo en cuenta lo anterior y como se evidencia a folios 89, 90 y 91 del anexo 3 tomo II, “Oracle Corporation” le concedió al actor en tres oportunidades y mediante tres contratos de concesión aceptados expresamente por el actor, las siguientes “opciones de acciones no calificadas (NQSOs), a saber: (i) mediante contrato de concesión 003629 del 23 de abril de 1993, 1.000 opciones; (ii) mediante contrato de concesión 005942 del 24 de mayo de 1996, 3.000 opciones; (iii) mediante contrato de concesión 009099 del 07 de noviembre de 1997, 1.000 opciones; esto es, en total se le concedieron al actor 5.000 opciones que luego de aplicar el procedimiento de “crías” de las mismas, que no viene al caso explicar, se convirtieron en 12.750, de las cuales el 25 de marzo de 1998 y como aparece acreditado a folios 23, 24 y 25 del anexo 4, tomo III, el actor ejerció 7.875 que efectivamente le representó un ingreso de US$ 182.747. (fl. 36 ibídem), el resto de opciones no parece que hubiesen sido efectivizadas o ejercidas por el actor.

Todo lo anterior para señalar que no se equivocó el sentenciador de alzada al concluir que las “opciones de acciones no calificadas (NQSOs), de las cuales fue beneficiario el actor, no son salario; y no lo son por las siguientes razones: (i) por cuanto quien concedía las mismas no era su empleadora “Oracle Colombia Ltda.”, sino la matriz “Oracle Corporation”; (ii) la concesión de los dos tipos de opciones arriba precisadas, se hacía no sólo a los empleados de la matriz, filiales o subsidiarias como “Oracle Colombia Ltda.”, sino también se concedían a consultores y asesores independientes de la compañía, y no era una retribución a su trabajo, sino “incentivos a aquellas personas cuyas contribuciones reales o potenciales son importantes para el éxito continuado de la empresa”; (iii) las mismas se concedían de manera independiente al contrato de trabajo y así se dijo en el “plan accionario de incentivo a largo plazo de 1991”; (iv) tales opciones se concedían mediante un contrato de concesión suscrito entre “Oracle Corporation” y el beneficiario, para el caso de autos, el señor Llano Carvajal, que de paso valga señalar era especialista en el tema, pues ostentaba el cargo de “director financiero Latinoamérica”.

Ahora bien, es cierto que el actor incrementó su patrimonio con el ejercicio de las citadas opciones, pero ello, per se, no conlleva a que sea salario, pues lo fuera si en el proceso se hubiese demostrado que dichas opciones las otorgaba directamente la empleadora y retribuían el servicio, lo cual lejos estuvo de acreditarse en el caso de autos; máxime cuando el ejercicio de las mismas estaba sujeta al precio del mercado accionario, que por fortuna fue favorable.

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que las acciones a diferencia del salario, son títulos valores representativos del capital de una sociedad, a través de los cuales su tenedor o para este caso el opcionado, libre y voluntariamente adquiere una serie de derechos y obligaciones tanto con la sociedad que las emite, como con terceros, por demás están sujetas al comportamiento del mercado accionario; al paso que el salario, es la retribución fija, en dinero o en especie, que recibe el trabajador a cambio de su fuerza de trabajo y no está sujeto a circunstancias externas que pongan en peligro su ingreso, en tanto con él, subsiste el trabajador y su familia.

e) ¿cometió graves errores el fallador de alzada al desconocer la incidencia salarial del plan mundial de compra de acciones con descuento del 15%?

Nuevamente la Sala vuelve a la documental que aparece a folios 56 a 72 del anexo 2 tomo I, titulado bajo el nombre de “Manual de políticas generales y prestaciones voluntarias”, en cuyo capítulo 4.2, precisa lo siguiente:

Todo empleado con contrato a término indefinido podrá participar en el plan de compra de acciones de la compañía. Para conocer la regla general de dicho plan. Deberá consultar el documento “Employee stock purchase plan” en la dirección de administración y finanzas.

A su vez, el documento Employee stock purchase plan” que aparece a folios 1 a 66 anexo 3 tomo II, precisa que el propósito del mismo es permitir “…a los empleados que califiquen comprar acciones ordinarias de la compañía a un precio más bajo del precio del precio comercial en la bolsa mediante descuentos de nómina” (se resalta); igualmente, señala que el máximo a invertir en dicha compra será del 10% de los ingresos brutos del empleado y el descuento será del 15%, y así lo explica cuidadosamente el señor Jaime Alberto Cano, contador general de la demandada, en su declaración que figura a folios 308 a 314 del cuaderno principal, cuando al efecto dice:

Preguntado. Informe al despacho si usted sabe o tiene conocimiento del manejo del plan denominado ESPP (mismo plan de compra de acciones), en caso afirmativo cuéntele al despacho todo lo que sepa y le conste sobre el particular y las razones de su dicho.

Contestó. Sí tengo conocimiento. En varias oportunidades y actualmente estoy enrolado en el plan. Es un plan el que la corporación nos permite a nosotros empleados de Oracle adquirir acciones de su casa matriz, “Oracle Corporation”, este consiste en la autorización individual que se plasma en un formato debidamente firmado donde el empleado autoriza el porcentaje que le debe descontar del pago de su nómina en forma mensual, ese porcentaje no debe exceder del 10% y el empleado tiene la flexibilidad de escoger dicho porcentaje, una vez que es firmado este formulario la división de recursos humanos tiene la potestad de descontar mensualmente de la nómina devengada el valor autorizado por el empleado (…) dicho enrolamiento se hace por periodos de 6 meses al final de cada uno de ellos si el empleado tiene alguna modificación de su porcentaje anteriormente mencionado debe diligenciar un nuevo formulario; la sumatoria de los descuentos del semestre es convertida a dólares y con base en ese monto se hace la compra correspondiente de acciones, el valor de la acción es determinado por la sumatoria del precio inicial y el precio final del semestre dividido entre 2, es un promedio aritmético aplicándole a éste un descuento del 15% cuyo valor resultante corresponde al precio en que va a ser comprada la acción por parte del empleado. Es potestad del empleado mantener sus acciones o negociarlas en el momento en el que él lo dese.

En concordancia con lo anterior, a folios 67 a 61 también del anexo 3 tomo II, obra que el actor compró entre el 4 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 1997 a “Oracle Corporations” un total de 1.422 acciones por valor de $ 51.734108, valor que fue descontado de su nómina conforme lo reconoce la demandada a folio 105 del cuaderno principal.

Todo lo anterior, muestra que efectivamente el actor tuvo un 15% de descuento en el valor de la acción, pero bajo ninguna perspectiva, o por lo menos para el presente asunto, puede concluirse que ese porcentaje de descuento se convierte en salario, y no lo es, por cuanto el mismo no retribuía el servicio, pues simple y llanamente era un “beneficio” más para quienes libre y voluntariamente decidían hacerse a las acciones, pues la otra prerrogativa consistía en que podían pagarlas por descuento de nómina, ello sí, limitando al 10% del salario.

Dicho de otra manera, si un empleado libre y voluntariamente decide comprar acciones a “Oracle Corporation”, tiene el beneficio de que dicho valor sea descontado de la nómina y la prerrogativa de obtener un descuento del 15% del valor de la acción; contrario sensu, si un trabajador toma la determinación de no comprarle acciones a “Oracle Corporation”, simple y llanamente no tiene los beneficios anteriormente señalados. El salario en el primer y segundo evento sigue siendo igual, pues el mismo no varía si el trabajador compra o no compra acciones; pues lo único que variará será el patrimonio del trabajador en tanto si las acciones de la compañía por comportamientos propios del mercado suben, el patrimonio evidentemente crecerá, al paso que si las mismas bajan, el patrimonio correrá igual suerte, esto es disminuirá.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el tribunal no se equivocó al encontrar que el descuento del 15% del valor de la acción no era salario.

f) ¿Se equivocó el fallador de segundo grado al no ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales, indemnización por terminación del contrato de trabajo y el pago de las sanciones moratorias previstas por la Ley 50 de 1990 artículo 99 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo?

Para dilucidar el primer aspecto, esto es el referido a saber si el fallador de segundo grado se equivocó al no ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales e indemnización por terminación del contrato sin justa causa, demandadas, teniendo en cuenta la prima de extralegal de vacaciones, suficientes es señalar que no se equivocó en tanto dicha prima y como quedó ampliamente dilucidado, no constituye salario.

Tampoco se equivocó al negar la reliquidación teniendo en cuenta las opciones convertibles en acciones y el descuento del 15% que se le otorgaba al actor para comprar acciones de la compañía, pues estos rubros, como se vio, tampoco son salario.

En cuanto al segundo punto, esto es el referido a la negativa a conceder las sanciones moratorias previstas por los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y 99 de la Ley 50 de 1990, pertinente es señalar lo siguiente:

No se equivocó al negar la indemnización prevista por el Código Sustantivo del Trabajo artículo 65, pues si bien es cierto el contrato de trabajo terminó el 5 de abril de 1998 (fl. 1 anexo 2, tomo I), y la totalidad de sus acreencias laborales se cancelaron el 4 de junio del mismo año (fls. 5 a 7 ibídem), la demandada en un proceder de buena fe, le canceló la indemnización sancionatoria por tales días de mora (59 en total).

La misma suerte corre la sanción moratoria contemplada por la Ley 50 de 1990 artículo 99, toda vez que la demandada a partir del 1º de junio de 1994 y con vigencia para el año fiscal 1995, —año fiscal que de paso valga señalar y como lo reconoce el propio demandante en su comunicación radicada en la empresa el 8 de mayo de 1998 (fl. 2 ibídem) está comprendido entre el mes de junio al mes de mayo del año siguiente—, le informó al actor que su salario mensual sería de “US$ 7.166 a la tasa oficial de cambio vigente para el mes, de pesos colombianos (sic) para dólares estadounidenses”, y además le comunicó que tendría un “annual bonus” del “25% del salario total anual”, la verdad es que para el reconocimiento de ese “annual bonus” o “FY” como se han venido tratando en la presente decisión, estaba sujeto a unos parámetros, tal como se desprende de las documentales que aparecen a folios 41 —original— y 42 —traducción— del anexo 2 tomo I, cuando al efecto se dice:

Prima anual —annual bonus— 25% del total anual con base en:

*33% Ingresos de la LAD: US$ 124.1 millones

*33% Ganancias de LAD antes de SLF/impuestos/otros

*33% Cancelación de cartera de la LAD/Efectivo/Objetivos de MBO (…).

Ahora bien, como los bonos por objetivos correspondientes a los años 1995 y 1996, no le fueron cancelados en tales anualidades, el demandante el 8 de mayo de 1998 (fl. 2 ibídem), esto es luego de terminada la relación laboral, exige su pago en los siguientes términos “me permito solicitarle el reconocimiento y pago de mis bonos por objetivos, a los cuales tengo derecho por los años fiscales corporativos de su compañía, comprendidos entre junio de 1994 y mayo de 1995, el cual corresponde al año fiscal corporativo de 1995 y entre junio de 1995 y mayo de 1996, correspondiente al año fiscal corporativo de 1996”.

La anterior petición encontró respuesta el 11 del mismo mes y año (fl. 3 ibídem), en los siguientes términos:

El jueves pasado recibí su comunicación sobre los bonos por objetivos de los años fiscales 1995 y 1996, en la cual evidencia su respetable intención de reclamar el pago de los mismos.

Como nuestra disposición ha sido pagarle todos los valores derivados de la relación laboral que lo vinculó a la compañía, siempre y cuando dichas obligaciones, luego de un juicioso análisis, en nuestra opinión encuentran soporte en la ley o en el respectivo contrato, estamos analizando con especial cuidado su pretensión.

Para el cumplimiento de tal tarea, resulta indispensable que nos suministre la documentación que reposa en su poder. Ya poseemos una comunicación que usted gentilmente nos entregó en relación con la asignación de 1995, pero no contamos con ningún documento relativo al año siguiente, lo que nos impone acudir a su participación, con la única intención, le repito, de verificar la justificación del reclamo (se resalta).

Igualmente, a folios 6 y 7 ibídem y con fecha 4 de junio de 1998, aparecen las liquidaciones y pago de los “FY96” y “FY95” por valor de $ 27.733.153 $ 24.220.048, respectivamente, sumas estas que a su vez sirven de base para reliquidar y pagar las prestaciones sociales de tales anualidades, tal como se reflejan en las mismas documentales.

Asimismo y sólo para ahondar en detalles respecto a la mora en el pago de tales bonos, pertinente es acudir a la declaración que rinde el señor Roberto Fajardo Pinto que aparece a folios 292 a 299 del cuaderno principal, quien para la época de desvinculación del actor desempeñaba el cargo de “director financiero de Oracle Colombia Ltda.”, quien luego de precisar que su jefe inmediato era el señor Andrés Llano, señala que el cargo y las funciones del actor eran las siguientes:

El cargo del señor Andrés Llano era director financiero para América Latina, dentro de las funciones de Andrés estaban el asegurar el cumplimiento de las políticas financieras corporativas en la región, tales como: políticas contables, manejo de gatos, impuestos, planeación y análisis financiero, planes de compensación de los directores financieros de las diferentes subsidiarias, planes de compensación de los gerentes comerciales de las subsidiarias, debida capitalización de las subsidiarias, coordinación de los ejercicios llevados a cabo por el equipo de auditoria interna de la corporación en las diferentes subsidiarias (se resalta).

De otra parte, en cuanto al pago del bono por objetivos correspondiente al año 1997, señala “que se efectúo en el año 1997 (…) con base en un correo electrónico enviado por Andrés Llano, donde incluía unos cumplimientos y la aprobación de su supervisor” (se resalta), y más adelante cuando se le pregunta: “Usted manifestó anteriormente que había reconocido al señor Andrés Llano un bono (FY) por el año de 1997. Precísenos si usted conocía los parámetros para el reconocimiento del citado bono y quien le dio la orden para el pago del mismo”, respondió lo siguiente: “No conocía los parámetros para el citado bono y fue Andrés Llano mediante correo electrónico el que solicitó el pago de dicho bono” (se resalta).

Finalmente y en íntima relación con lo anterior, oportuno es echar un vistazo a la declaración que rinde la señora Yolanda Vargas Buitrago que aparece a folios 265 a 272 y quien para los años 1994 a 1996, era quien liquidaba la nómina en tanto desempeñó el cargo de “asistente de nómina”, testigo que es absolutamente clara en precisar lo siguiente:

(…)en su posición de director financiero para Latinoamérica él solicitó al asesor tributario de la compañía su concepto respecto a incluir los viáticos por manutención y alojamiento como parte del salario y como base del promedio para liquidar sus prestaciones sociales, debido a que el señor Llano por razón de su cargo debía viajar frecuentemente, el concepto del asesor tributario fue que se podía incluir estos montos como base para su promedio salarial pero igualmente, sería base para retención en la fuente de salarios. Me costa lo anterior, porque yo liquidaba la nómina y directamente del señor Llano recibí esta solicitud” (se resalta).

El análisis probatorio realizado en precedencia, muestra con absoluta claridad que la demandada lejos estuvo de actuar de una manera desleal, torticera o ilegal para con su empleado, pues si bien es cierto el valor correspondiente a los “FY95” y “FY96” y las sumas causadas por la reliquidación de prestaciones sociales de tales anualidades fueron canceladas solo hasta el 4 de junio de 1998, la verdad es que dicha tardanza no fue caprichosa o buscando burlar las acreencias laborales del actor, y no lo fue, por cuanto la demandada una vez tuvo conocimiento que le adeudaba al actor tales bonos, no ahorró esfuerzo en buscar los soportes para cancelarle los mismos, más aún decidió “acudir a su participación” para realizarle tales pagos en tanto la liquidación de tales bonos estaba sujeta a unas determinadas exigencias.

Tampoco puede endilgársele a la demandada un actuar desprovisto de buena fe, en tanto el máximo responsable de tales pagos, era el propio demandante, tanto así que cuando no se le hacía un determinado pago a él, de inmediato lo ordenaba y el área de nómina procedía a efectuarlo, pues así ocurrió con el pago de los bonos por objetivos correspondientes al año 1997.

Más aún, el actor como “director financiero para Latinoamérica”, cuando alguna duda le surgía respecto a un determinado pago, indefectiblemente realizaba la pertinente consulta al asesor tributario de la empresa, para con ello no sólo tener tranquilidad respecto a su nómina, sino también respecto a los pagos que son o no salario, hecho este que, per se, descarta que la demandada hubiese querido desconocer, o más bien, no cancelarle una determinada acreencia laboral.

Dicho de otra manera, revisado cuidadosamente el actuar de la accionada, se advierte con suma facilidad que en momento alguno hubo ánimo desleal desprovisto de la buena fe en el no pago oportuno de los “FY95” y “FY96” y prestaciones sociales de tales años, y no la hay, por cuanto era el actor la máxima autoridad del área financiera, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, lo cual le permitía, como lo afirman los testigos traídos a colación, conocer las políticas y directrices en materia laboral de la convocada a juicio, las cuales en momento alguno las objetó, más aún, cuando sabía que un derecho no le era cancelado, de inmediato exigía su pago y el área de nómina procedía a efectuarlo; ora cuando tenía alguna duda respecto a si un pago era salario o no salario, de inmediato hacía las consultas pertinentes a los expertos en el tema, como lo eran los asesores tributarios, para en seguida dar la orden, él, que un determinado pago se incluya o no como salario. De ahí que resulte desacertado afirmar, como lo hace el recurrente, que la demandada actuó de “mala fe” y con ello debe ser acreedora de la sanción prevista por la Ley 50 de 1990 artículo 99.

Las consideraciones que preceden, son suficientes para concluir que los cargos están llamados a la improsperidad.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3.150.000 m/cte).

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la sala laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el doce (12) de noviembre de dos mil ocho (2008), en el proceso que Andrés Llano Carvajal le instauró a Oracle Colombia Ltda.

Costas conforme se indicó en la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».