Sentencia SL14433-2014 de octubre 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL14433-2014

Rad.:47296

Acta 38

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil catorce.

Extractos: «VIII. Consideraciones.

El Tribunal fundamentó su decisión desfavorable a las pretensiones de la actora, en que no demostró dependencia económica respecto de su hermano fallecido al momento de la muerte de éste, porque en ese entonces (sep. 5/2002), tenía vigente una relación laboral con la señora María Resfa Sánchez y devengaba el salario mínimo como lo admitió la propia interesada y lo corroboraban los testimonios de Gloria Matilde Ramírez Betancur, José Ovidio Santana y María Edilma Cardona de Castaño. Adicionalmente, la empleadora la tenía afiliada a la entidad promotora de Salud, Saludcoop como cotizante al plan obligatorio de Salud desde el 23 de febrero de 1998; y tenía un derecho sobre una propiedad ubicada en el municipio de Andes.

Para desvirtuarlos anteriores razonamientos acusa el censor como erróneamente apreciados:

1. El dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez (fls. 19 y 20), con el cual pretende demostrar que al haber sido calificada la demandante como inválida al momento de la muerte de su hermano, estaba en incapacidad de trabajar y era imposible que tuviera una relación laboral.

Al respecto se ha de indicar que el dictamen pericial no es prueba calificada en casación laboral y de la seguridad social, por lo que no puede fundarse en él un yerro manifiesto de valoración probatoria, salvo que previamente se hubiera demostrado error de esa naturaleza en prueba apta, lo que aquí no sucede.

Por lo demás, resulta equivocada la inferencia del impugnante relativa a que la sola circunstancia de estar una persona afectada por una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, que permite su calificación como inválida, la imposibilite en forma absoluta para realizar cualquier actividad subordinada, pues la jurisprudencia ha aceptado que estas personas a pesar de su minusvalía puedan estar vinculadas mediante una relación de trabajo subordinada y realizar aportes a la seguridad social, máxime en el caso presente en que la pérdida de capacidad laboral fue fijada en el 53,58%.

El tema fue tratado por la Corporación entre otras en sentencias CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 39863 y 24 abr. 2012, rad. 37902. En la última de las providencias citadas dijo textualmente:

Respecto de los argumentos de la censura, es claro que el Estado debe brindarle garantías a las personas con limitaciones, entre ellas la de un trabajo acorde con sus condiciones de salud, así lo clarificó esta Sala de la Corte en la sentencia que cita el recurrente (Rad. 27145 de sep. 7/2006), cuando con apoyo en los artículos 48 y 54 constitucionales y 22 y 26 de la Ley 361 de 1997, expresó que no se puede desdeñar a una persona por sus limitaciones físicas o motoras, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, como tampoco negarle el acceso al mercado laboral y a la seguridad social por el hecho de padecer de una invalidez parcial.

En el anterior orden de ideas, la invalidez de la actora no se opone a la conclusión del fallo de que a pesar de esa situación, tuviere contrato de trabajo con la señora María Resfa Sánchez y devengara el salario mínimo como ella misma lo admitió en la declaración juramentada que rindió dentro de la investigación administrativa adelantada por el Instituto (fl. 64), prueba en la que se apoyó el Tribunal y que no fue denunciada por el censor lo que hace que la acusación sea parcial, es decir, no se derruyeron todos los pilares del fallo como acertadamente lo puso de presente el opositor. Adicionalmente, la afirmación que hace el recurrente de haber sido dicha relación laboral falaz y sólo para efectos de poder cotizar a la seguridad social en salud, aparte de no tener respaldo en prueba calificada implica una actuación fraudulenta que no podría ser avalada por la Corte según el principio universal Nemo auditur propiam turpitudinem allegans, según el cual nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa.

2. Referente a la copia del reporte de semanas cotizadas al Instituto, del cual pretende derivar el censor que no hubo relación laboral porque la empleadora María Resfa Sánchez si bien afilió a la demandante no cotizó para los riesgos de I.V.M., es de advertir que ese medio probatorio por el contrario respalda la conclusión del fallo sobre la existencia de la relación laboral, puesto que si hubo afiliación por esa patronal entre febrero de 1998 y enero de 2004 ese hecho es indicativo de haber sido subordinada de dicha señora, y el supuesto incumplimiento de ésta frente a los deberes de la seguridad social no desvirtúa el nexo de trabajo; cosa diferente son la responsabilidad y sanciones que esto le acarrearía, pero que no son objeto de esta litis.

3. Las alegaciones del recurso relativas a que por su edad al momento del fallecimiento de su hermano —73 años— la demandante no podía ejercer ninguna labor subordinada, se trata de simples conjeturas y suposiciones del recurrente, sin incidencia de cara a la legalidad del fallo gravado que viene amparado por las presunciones de acierto y conformidad con la ley, pues para que se configure yerro manifiesto de apreciación probatoria que socave la decisión así cualificada, la desviación valorativa debe ser evidente que brille al ojo como lo ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia de la Corporación.

4. La copia del impuesto predial en nada contradice el razonamiento del Juzgador Ad quem atinente a que la reclamante es propietaria de un bien inmueble, y del texto de ese documento no puede derivarse lo que esgrime el censor sobre la ocupación del bien por parte de un sobrino de aquélla quien supuestamente no cancela ningún tipo de renta. Y de todas maneras, la autosuficiencia económica de la actora no la derivó el sentenciador de la sola circunstancia de ser propietaria de un inmueble en todo o en parte, sino también como se explicó, de la existencia de una vinculación laboral lo cual no fue desvirtuado con las pruebas calificadas que se acusan en la demanda del recurso extraordinario.

Lo que observa la Corte de la demostración del cargo, es que el recurrente pretende anteponer su visión del pleito a la plasmada de manera razonable por el Tribunal, ejercicio que a nada conduce por cuanto lo que da al traste con la legalidad del fallo de segundo grado por la vía indirecta, es la comisión de un yerro fáctico manifiesto, protuberante, lo que aquí no se demuestra. No puede olvidar el recurrente que de conformidad con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juzgador puede formar libremente su convencimiento de la apreciación del conjunto probatorio que integre el expediente, y siempre que esa labor se ejerza libre de equivocaciones de hecho evidentes o de envergadura, debe ser respetada incluso por el Tribunal de Casación.

5. En cuanto al certificado expedido por la E.P.S. Saludcoop (fl. 44), se trata de un documento proveniente de terceros que para efectos de la casación se valora como prueba testimonial y en esa medida no es medio apto por sí mismo para estructurar error evidente de hecho. Y frente a la copia de las actas de inspección de la Oficina de Investigaciones del Instituto y el recurso de apelación de la demandada (fls. 102 y 105), no sustentó el recurrente en forma clara y coherente como se exige en el recurso extraordinario, dónde estuvo el yerro valorativo del Tribunal por lo que no puede la Corte pronunciarse por el carácter rogado de este medio de impugnación que excluye actuaciones de oficio.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $3.150.000,oo. Por Secretaría tásense las demás costas.

IX. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, No Casa la sentencia dictada el cinco (05) de mayo de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Bernarda de Jesús Ramírez Franco Contra El Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».