Sentencia SL1445-2018/58287 de abril 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2

Rad.: 58287

Acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 4 a 12, cdno. de la Corte).

(…).

VIII. Consideraciones

No le asiste razón a la réplica en cuanto a los dislates técnicos que le adjudica a la demanda de casación, y aunque la censura alude algunas situaciones fácticas referidas en el cargo orientado por la vía directa, lo hace para demostrar que el Tribunal, en una interpretación equivocada, exigió, a su parecer, un requisito adicional no contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Realizada la aclaración anterior, comienza la Sala por señalar que no son puntos objeto de inconformidad; que la demandante tenía 43 años de edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994); que su primera cotización al régimen de pensiones la realizó el 1º de noviembre de 2006; que no efectuó cotización en ningún régimen anterior al sistema general de pensiones; que cotizó en toda su vida laboral un total de 591.43 semanas.

Alega la recurrente, que el Tribunal incurrió en el error jurídico que se le endilga, al razonar que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la precitada ley, pues a pesar de completar uno de los requisitos de acceso a dicho régimen (la edad), no se encontraba vinculado a ningún régimen pensional con anterioridad al 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró a regir el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, pues su ingreso a este sistema aconteció el 1º de noviembre de 1996, por manera que no era beneficiaria del régimen de transición de la referida ley.

En ese sentido lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala, en reiterados pronunciamientos, entre otras sentencias, CSJ SL14846-2014, CSJ SL2129-2014, CSJ SL17914-2016, CSJ SL13154-2016, CSJ SL7305-2016, CSJ SLJ13663-2016, en la primera de las cuales, la Corte dijo:

Ahora bien, el Juez plural fundó su decisión básicamente en que a pesar de que el demandante tenía más de 40 años de edad cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, no era beneficiario del régimen de transición por cuanto para esa fecha no había realizado ningún aporte a la seguridad social.

La censura radica justamente su inconformidad en ello, y argumenta para el efecto que el Estatuto de Seguridad Social no exigió más requisitos que un mínimo de edad o 15 de servicios, para ser acreedor del referido régimen, por lo que en su sentir existió equivocación hermenéutica al requerir la afiliación al sistema.

Frente a tal discusión cabe decir que aun cuando la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 permite la aplicación de las normas pensionales anteriores a ella, en favor de quienes para 1º de abril de 1994, contaran con más de 40 años de edad tratándose de hombres, o más de 15 de servicio, lo cierto es que el legislador dio por presupuesto que la pensión se había empezado a construir al decir “…la edad para acceder a la pensión de vejez será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, y por ello el propósito fue el de salvaguardar expectativas de quienes un número considerable de años de trabajo o de cotizaciones, sin que en efecto fuera necesario que estuvieran afiliados al sistema, o una edad que permitiera, en suma el acceso a la prestación.

En este sentido se ha pronunciado la Sala en repetidas ocasiones, como recientemente en la sentencia del 30 de julio de 2014 radicación 46694 en la que se dijo:

Dada la vía escogida, no se discute en este caso, la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a partir del día 30 de mayo de 1994; que cotizó durante su vida laboral 718,14 semanas al Instituto de Seguros Sociales según se desprende de la historia laboral aportada al proceso (fls. 5 y 6), y el hecho de que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la actora tenía más de 35 años de edad.

Precisado lo anterior, debe decirse que, tal como lo señaló esta Sala de la Corte en Sentencia CSJ SL 1495-2014, feb. 12/2014, rad. 48555, que a su vez reiteró la CSJ SL, ene. 31/2012, rad. 48031, para que una persona pueda beneficiarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 artículo 36 necesariamente debe estar afiliada a un régimen anterior. En dicho pronunciamiento se puntualizó:

(…) tiene definido la jurisprudencia de la Sala, que para ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se exigen requisitos adicionales a los previstos por el legislador en esa preceptiva, y que hacen referencia a la edad mínima de 35 años para las mujeres y 40 para los hombres, o 15 o más años de servicios, sin que sea menester que para la entrada en vigencia del sistema se tuviera vínculo laboral vigente. Obviamente el régimen pensional anterior que ampara la transición, es aquel que traía el afiliado antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones; esto supone entonces, que con anterioridad, la situación pensional de quien pretende beneficiarse de la transición, estaba necesariamente regulada por un determinado régimen del que aspira aplicación ultractiva en los aspectos previstos por la misma disposición (negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala de la Corte, en Sentencia CSJ SL, jun. 14/2011, rad. 41271, señaló lo siguiente:

[…] surge evidente que el Tribunal no se equivocó al negar a la demandante la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que antes del 1º de abril de 1994, no se encontraba cubierta por ningún régimen de pensiones, por lo cual, se presenta total indeterminación en cuanto al régimen anterior a que se refiere el inciso 2º del precepto legal recién mencionado, eventualmente más favorable en términos de edad, monto, y tiempo de servicios o semanas cotizadas.

En ese orden, la situación de la actora quedó gobernada por las previsiones de la Ley 797 de 2003 (art. 9º), que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, como su servicio se prolongó solamente durante 526.85714 semanas, no hay lugar a la concesión de la pensión de vejez, en tanto, además de los 55 años de edad, debía acreditar 1.050 semanas de aportes.

Si bien, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la exigencia contenida en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 813 de 1994, de que para quedar cubierto por el régimen de transición se requería estar inmerso en una vinculación contractual o reglamentaria a la fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, la Sala considera que en el caso bajo examen, no se trata solamente de la ausencia de un nexo laboral vigente a la fecha mencionada, sino de la carencia absoluta de afiliación a un régimen pensional antes de esa data.

Por ello, a juicio de la Corte, es necesario que, quien aspira a beneficiarse de la transición mencionada, perteneciera a un esquema pensional para el 1º de abril de 1994, entre otras cosas, porque de no estarlo, resultaría imposible determinar cuál es el régimen precedente que lo beneficiaría, y además porque, si la teleología de la norma es que los trabajadores antiguos no vean frustrada su expectativa de pronto acceso a la pensión, nada se truncaría en casos como el presente, en el que no había expectativa próxima a concretarse, por no formar parte de ningún sistema pensional.

Como el asunto definido anteriormente corresponde a idéntica situación fáctica a la aquí debatida, es de recibo señalar que en ningún error incurrió el Tribunal cuando negó el régimen de transición al demandante que antes del 1º de abril de 1994, no pertenecía a ningún régimen pensional.

Al no encontrar la Corporación nuevos elementos de juicio que la lleven a variar su criterio en este tema, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.750.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia efectúe, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Gidalba Giraldo Duque contra Instituto de Seguros Sociales en liquidación - hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Costas, en la forma como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».