Sentencia SL1446-2018/59107 de abril 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN NÚMERO 2

Radicación: 59107

SL1446-2018

Acta 11

Magistrado ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Luis Gonzalo Escobar Naranjo, contra la sentencia del veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

I. Antecedentes

Luis Gonzalo Escobar Naranjo llamo a juicio al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación, con todo lo devengado “sin importar la denominación que se le dé”, con los incrementos legales, los intereses moratorios de la Ley 100 de 1993 y la indexación (fls. 2 a 8 cdno. ppal.).

Para fundamentar sus pretensiones, precisó que la accionada le reconoció pensión de jubilación mediante Resolución 3275 de 2008, en cuantía de $2.251.205 mensuales; que para determinar el monto, se tomó el promedio de los salarios que sirvieron de aportes o cotizaciones durante el último año de servicio.

Relató, que el estatus de pensionado lo adquirió el 11 de septiembre de 2005, de allí que, estaba en el régimen de transición y su derecho debía calcularse conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debiendo tomar de la Ley 33 de 1985, únicamente la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo; que para determinar el monto pensional, debían tenerse en cuenta todos los factores salariales devengados, durante el período que se tuvo en cuenta en las resoluciones con las que se reconoció el derecho, “el cual fue de un año, conforme a la Ley 33 de 1985, o aún conforme al tiempo estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.

Más adelante, indicó:

El sistema general de pensiones en la entidad demandada comenzó su vigencia a partir del 1º de abril de 1994, por lo que a mi mandante le faltaban MAS de 10 años para completar los requisitos desde la entrada en vigencia de este, (exactamente le faltaban 11 años, 6 meses y 210 días), por lo que se le debe aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 inciso tercero PARTE SEGUNDA que da cuenta que el real derecho de mi mandante en cuanto al tiempo a tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional no ha de ser otro que el antes enunciado, pero se debe realizar según el PROMEDIO DE LO DEVENGADO (por no haber cotización alguna) DURANTE DICHO TIEMPO, DEBIDAMENTE INDEXADO, esto es desde 1 DE ABRIL DE 1994 hasta 11 de septiembre de 2005 (fecha que adquirió el status). Pero se insiste como no existió cotización alguna, se le debe tener en cuenta es lo devengado según lo expuesto en los hechos anteriores (subrayas de la demanda).

El accionado, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó que reconoció pensión al demandante, pero advirtió, que la liquidó conforme a lo dispuesto en la ley y que, además, es compartible(sic) con la que reconozca el Instituto de Seguros Sociales.

En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de causa jurídica para pedir, indebida interpretación, falta de legitimación en la causa por pasiva —debió demandarse al ISS y no al SENA—, falta de jurisdicción, buena fe exenta de culpa, prescripción de los derechos reclamados e improcedencia de la solicitud de intereses moratorios (indexación) (fls. 168 a 179 cdno. ppal.).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, con sentencia del veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011), declaró probadas las excepciones de inexistencia de causa jurídica para pedir – indebida interpretación y, absolvió al demandado (fls. 223 a 242 cdno. ppal.).

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación del demandante, conoció del proceso la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien, mediante la sentencia cuestionada en este recurso, confirmó la de primer grado (fls. 275 a 279 cdno. ppal.).

El Tribunal, para adoptar su decisión, precisó que la polémica en cuanto a la interpretación del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, tenía dividida al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, pues en el primero “prosperaría la tesis expuesta por el apoderado judicial del demandante, que propugna por la aplicación integral del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sin recurrir a los parámetros liquidatarios de la Ley 100 de 1993, artículos 21 y 36”, mientras que “En la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dicha interpretación sería derrotada”.

Luego, anotó, que compartía los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en la medida que, para liquidar la pensión de una persona beneficiaria del régimen de transición pensional, y que reunía los requisitos previstos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, debía realizarse de conformidad a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con los factores del artículo 6º del Decreto 1158 de 1994 y citó la sentencia de casación con radicación 24278.

Reafirmó, que los factores salariales que conformaban la pensión, eran los del artículo 6º del Decreto 691 de 1994, que fueron reformados por el 1º del Decreto 1158 de la misma anualidad, e indicó:

Sobre el particular, la entidad demandada demostró que tanto el Salario Base de Cotización, como el ingreso base de liquidación consultaron los valores aplicables, contenidos en la norma transcrita; es decir, se acató la Ley 100 de 1993, artículo 36, inciso 3º, reglamentada por el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, reformado por el artículo 1º del Decreto 1158 del mismo año, en consonancia con el artículo 21 del estatuto de seguridad social integral, ya que al actor le faltaban más de diez (10) años entre la vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), y el cumplimiento de la edad de 55 años (11 de septiembre de 2005), puesto que adquirió el derecho a la pensión (2 de mayo de 2006). Dichos preceptos no contemplan como factores a tener en cuenta, las primas de vacaciones, navidad, y servicios, invocadas en la demanda.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, objeto de apelación. Ahora, respecto del cuadro liquidatorio atinente al promedio salarial y prestacional del último año de servicio, queda descartado por inaplicable al sub examine, de acuerdo a la tesis planteada en los argumentos de esta decisión.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 4 a 13 cdno. Corte).

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y acceda a las súplicas de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, que no fueron oportunamente replicados y que se pasan a estudiar.

VI. Cargo primero

Sostiene:

Con fundamento en la causal primera de casación contemplada por el […], acuso la sentencia de ser violatoria, EN FORMA INDIRECTA, de la Ley sustancial por haber incurrido en la sentencia objeto del recurso en ERRORES DE HECHO que aparecen en un modo manifiesto en los autos, errores de hecho éstos que trascendieron a la decisión adoptada por el H. Tribunal, errores de hecho en que incurrió al apreciar erróneamente, o al dejar de apreciar, el acervo probatorio que, en concreto, se ha de precisar en el desarrollo del cargo. Como consecuencia, de éstos errores de hecho la sentencia es directamente violatoria, en la modalidad de INFRACCIÓN DIRECTA, de las normas de derecho sustancia contenido en EL (sic) Artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 36 de la ley (sic) 100 de 1993, ley (sic) 33 de 1985 artículo 1 y 100 en su artículo 36, y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, aplicable éste a los procesos laborales por mandato expreso del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación a la cual se ha llegado AL DARLES UNA FALTA DE APLICACIÓN Y UNA APLICACIÓN INDEBIDA al caso sometido a su estudio siendo regulados por tales normas, como así paso a demostrarlo.

ERRORES DE HECHO EN QUE INCURRIÓ EL TRIBUNAL.

Al proferir su sentencia, el H. Tribunal Superior de Medellín, Sala de Dual de Descongestión de Decisión Laboral, incurrió en los siguientes "ERRORES DE HECHO", errores que, además de haber sido trascendentes a la determinación adoptada, aparecen de un modo manifiesto en los autos:

PRIMER ERROR DE HECHO: No Dar por plenamente demostrado en el proceso, estándolo que la entidad demandada le realizo la liquidación pensional teniéndole en cuenta los que sirvió de base de cotización DURANTE EL ULTIMO Año DE SERVICIOS., asumiendo falta probatoria de tal hecho reclamado.

SEGUNDO ERROR DE HECHO: dar por establecido y probado en el Proceso, SIN ESTARLO, que la entidad demandada probó y demostró que al conformar el Ingreso Base de Liquidación se ciñó a los parámetros establecidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 en consonancia con el artículo 21 de la misma ley, no obstante la liquidación pensional se le realizó con un periodo de tiempo en la conformación del IBL muy diferente al que por ley tiene derecho el demandante, como lo es siguiendo los postulados del artículo 36 de la Ley 100 en concordancia con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, puesto que lo que se encuentra probado, es que se tubo (sic) en cuenta exclusivamente un año, que fue el último de servicio.

TERCER ERROR DE HECHO: No dar por establecido en el Proceso que no obstante el demandante se encuentra en régimen de transición, la liquidación pensional se le realizo con un IBL muy diferente al que por ley tiene derecho el demandante, como lo es siguiendo los postulados del artículo 36 de la Ley 100 en concordancia con el artículo 21 de la ley 100 de 1993.

CUARTO ERROR DE HECHO: Dar por establecido en el proceso que el demandante NO PROBÓ la forma como le realizaron la liquidación y la reliquidación pensional, cuando de manera clara se observa en los documentos aportados al proceso, que si tenía probado en debida forma el cómo le fuera liquidada su pensión de Jubilación, en forma diferente a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

QUINTO ERROR DE HECHO: No dar por establecido en el Proceso que el demandante está realizando una petición mucho más amplia en objeto y materia que el simple hecho de buscar la simple liquidación o valor pensional, sino que se pretende a el que se utilice un mecanismo diferente en la conformación de su IBL pensional, ajustándolo a lo que establece la ley, según sus condiciones legales y tácticas. Para así concluir por una falta probatoria que no se observa en el proceso.

A efectos de demostrar esos yerros, denuncia, por su falta de apreciación, los documentos de folios 1 a 7, 168 a 179 y 201 a 202 del cuaderno principal, contentivos de la demanda inicial, la Resolución 509 de 2006, la respuesta a la demanda y la reclamación administrativa.

En el desarrollo del cargo, reitera que el Tribunal no apreció los medios de convicción atrás relacionados, con los que se hubiera percatado que tiene derecho a la reliquidación de su pensión, en los términos previstos en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, forma de liquidación que no fue utilizada por la demandada, ya que tomó el promedio de lo devengado en el último año de servicio.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 11, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 1º y 3º de la Ley 33 de 1985, así como del 1º de la Ley 62 de 1985; 13, 14, 35 y 142 de la Ley 100 de 1993; 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1º del Decreto 758 del mismo año.

En su desarrollo, dice que la conclusión del Tribunal fue errada, dado que dio “por bien realizado por la entidad demandada que el tiempo que se debe de tener en cuenta para conformar el ingreso base de liquidación […] es el establecido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985”, cuando debió estarse a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 11, 18, 21 y 34 del mismo ordenamiento.

VIII. Consideraciones

Al momento de realizar el recuento histórico de lo sucedido en el proceso, se dejó sentado que el tribunal, para proferir su decisión, advirtió que en este asunto no era procedente liquidar la pensión del demandante en los términos previstos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, dado que, la jurisprudencia de esta corporación, ha sostenido que para liquidar la pensión de una persona beneficiaria del régimen de transición pensional, debe estarse a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994. De allí que, a simple vista, se observe que el cargo segundo no está llamado a prosperar, pues en verdad parte de un supuesto que no fue sostén del fallo recriminado, esto es, que para liquidar la pensión del demandante debía realizarse con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes, en el último año de servicio.

Ahora, en lo que atañe al primero, se observa que el recurrente presenta la acusación por la vía indirecta, pero en la modalidad de infracción directa, modalidad propia de la senda de puro derecho. No obstante, entiende la Sala que esa situación obedeció a un lapsus superable, de allí que no exista duda, de que se cuestionó la sentencia por el camino de los hechos, y por la aplicación indebida de las disposiciones que se relacionaron en el ataque.

Superado lo anterior, y con la finalidad de resolver la inconformidad del censor para con el fallo de segundo grado, se destaca que en este se precisó que el demandado había demostrado que tanto el salario, como el ingreso base de liquidación, “consultaron los factores salariales aplicables” y se hizo uso de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, reformado por el artículo 1º del Decreto 1158 del mismo año, en consonancia con el artículo 21 de la mencionada Ley 100 de 1993, dado que al promotor de este litigio le faltaban más de 10 años para adquirir su derecho, contados desde la vigencia del sistema general de pensiones —1º de abril de 1994— al cumplimiento de los 55 años de edad —11 de septiembre de 2005—.

El recurrente, a efectos de mostrar los yerros en que incurrió el ad quem, denuncia la demanda (fls. 1 a 7 cdno. ppal.), su contestación (fls. 168 a 179 del mismo cuaderno), así como la Resolución 509 de 2006 (fls. 201 y 202 ibídem).

Frente a los dos primeros, destaca la Sala que no son medios de prueba sino, tan solo, piezas procesales, que en todo caso no muestran ningún error de valoración por parte del tribunal, ni contienen una confesión que haya desatendido el Juez de la alzada. En cuanto a la Resolución denunciada, se observa que aun cuando es cierto que en esta se liquidó la pensión del demandante con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, también lo es que el recurrente olvidó referirse a la Resolución 12 de 2009 (fls. 205 a 207 cdno. ppal.), con la que se reliquidó la prestación económica reconocida con el acto administrativo atrás mencionado, en el que se anotó que al demandante le faltaban más de 10 años, contados desde el 1º de abril de 1994, para adquirir su derecho.

Además, se dijo lo siguiente:

Al liquidar la pensión con el promedio de lo cotizado por el pensionado desde el 1º de abril de 1994 […] hasta el 1º de mayo de 2006 (fecha de retiro), como él lo solicita, le da un menor valor al reconocido en la resolución pensional, como se evidencia a continuación:

[…].

Por lo anterior, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad, la entidad le seguirá pagando la pensión correspondiente al promedio de lo cotizado en el último año de servicios, como lo establece el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; eso sí, como para liquidar la pensión en la Resolución 509 del 6 de marzo de 2006 se tomó el promedio de lo cotizado por el funcionario desde el 1º de marzo de 2005 al 28 de mayo de 2006, fecha de corte para la liquidación, pero él continuó laborando hasta el 1º de mayo de 2006, tiene derecho a que se le liquide nuevamente la pensión tomándole lo devengado en los factores base de cotización desde el 2 de mayo de 2005 al 1º de mayo de 2006; teniendo en cuenta la certificación expedida por el Director de la Regional Antioquía del 23 de diciembre de 2008 (fl. J49), queda así:

[…].

Con base en las operaciones matemáticas realizadas anteriormente, se reconocerá como nueva mesada a partir del 1º de mayo de 2006, un millón cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta(sic) y seis pesos ($1.644.766) mensuales, que con los reajustes de ley queda a partir del 1º de enero de 2008 en $1.816.231.

De conformidad con lo anterior, no hay duda que, por un lado, no se cuestionaron todas las pruebas con las que el Tribunal formó su convencimiento, situación que conlleva a que su providencia conserve las presunciones de legalidad y acierto que la acompañan, con sustento en esa probanza inobjetada y, por el otro, que en verdad el accionado sí liquidó la prestación del accionante conforme a los términos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero lo que sucedió fue que, una vez realizó las operaciones matemáticas correspondientes, se percató que el valor de la mesada resultaba inferior a la que se halló con la Resolución 509 del 6 de marzo de 2006. De allí que el demandado, con sustento en el principio de favorabilidad, concluyó que debía continuar pagando la pensión con el promedio del último año de servicio.

Por manera que, en verdad, no se observa por parte del Tribunal ningún error en su determinación, pues la accionada liquidó la pensión en los términos en los que echa de menos el accionante, lo que sucedió fue que se decantó por la que realizó con el promedio salarial del último año de servicio, en tanto que era superior a la que halló conforme a lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

De lo que se sigue, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, ya que no salió avante y no se presentó réplica.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Luis Gonzalo Escobar Naranjo le promovió al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Santander Rafael Brito Cuadrado—Cecilia Margarita Durán Ujueta—Carlos Arturo Guarín Jurado.