Sentencia SL14463-2017/77220 de agosto 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL14463-2017

Rad.: 77220

Acta 30

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá D.C., veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquia y de los Entes Descentralizados —Sintraofan— contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 31 de enero de 2017 con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre el Recurrente y el municipio de Cisneros.

I. Antecedentes

El conflicto colectivo de trabajo inició con la presentación del pliego de peticiones el 29 de septiembre de 2015, y tras surtirse la etapa de arreglo directo, sin el acuerdo en parte de las cláusulas pretendidas, se solicitó al Ministerio de Trabajo convocar el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, el cual se instaló el 13 de enero de 2017 y el 31 de enero siguiente se expidió el laudo, el cual se impugnó en término por el sindicato.

El 3 de mayo de 2017, esta Sala de la Corte lo admitió y corrió traslado para que el municipio se pronunciara; no obstante guardó silencio, según informe secretarial de 26 de julio de 2017.

II. Laudo arbitral

La única cláusula que es objeto de controversia, y que el tribunal se abstuvo de definir, textualmente dice:

“ART. NOVENO, LIT. A): Pago de la indemnización por la expropiación de materiales reciclables pertenecientes al sindicato:

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, el municipio de Cisneros Antioquia se compromete con la Organización Sindical como una acción de resarcimiento por los daños y perjuicios causados, a realizados en su favor, la siguiente acción:

A) Pago de la indemnización por la expropiación de cerca de doce toneladas hurtadas a la organización sindical en cabeza de la señora almacenista municipal para el periodo 2013-2014.

En el laudo los árbitros, unánimemente, se declararon incompetentes para definir tal artículo, al estimar que el Sindicato debía acudir a las acciones judiciales pertinentes para zanjar tal discusión.

III. Recurso de anulación

Cuestiona la organización recurrente, que el tribunal no asumiera el estudio del aparte de la cláusula, lo que califica, además, como denegación de justicia y “violación al debido proceso, lo cual es abiertamente inconstitucional”.

Aduce que el soporte de la reclamación fue la apropiación ilegal que el municipio hizo de la labor de reciclaje que adelantó el Sindicato, y pese a que “ese producto era de propiedad exclusiva de la organización sindical, en una actuación preñada de mala fe, decide vender cerca de dieciocho (18) toneladas de reciclaje, producto del trabajo juicioso y constante de los afiliados a la organización sindical Sintraofan”.

IV. Consideraciones

La negociación colectiva es, fundamentalmente, un sistema de creación de reglas y, a la vez, de solución de los conflictos de trabajo que se habilita en el reconocimiento estatal de la facultad normativa creadora que tienen las fuerzas sociales, en este caso las organizaciones de trabajadores.

La finalidad que se le adscribe es la de constituirse en un medio para alcanzar la justicia en las relaciones de trabajo, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social; por ello está dotada de aptitud para resolver el conflicto y además se le reconoce su carácter de fuente material de derecho, que es lo que permite que los convenios colectivos de trabajo tengan eficacia automática e imperativa, es decir que sean inderogables por actos procedentes de la autonomía privada individual.

Como deriva del principio de autonomía colectiva, esto es el que se confiere a las partes para regular sus propias relaciones —sin menoscabo de los principios mínimos— sin intervención preferente del Estado, es que ella permite y privilegia la etapa de la autocomposición, que se expresa prevalentemente en el arreglo directo, pero que permite, en caso de mantenerse el desacuerdo, la posibilidad de que un tercero, en este caso el Tribunal de Arbitramento, defina (heterocomposición).

Ahora bien, una de las delimitaciones de la negociación colectiva, ha sido la de que su capacidad decisoria y de acción, se centra exclusivamente en conflictos colectivos de carácter económico, no permitiéndosele que opere en conflictos jurídicos o de derecho, reservados estos a la ley, lo cual resulta relevante para el caso que aquí se estudia.

Por conflictos económicos o de intereses se ha entendido que son los que surgen por intereses contrapuestos de la relación capital - trabajo, con la finalidad de crear nuevas condiciones laborales, satisfacer o modificar las existentes y que tienen incidencia en el patrimonio de los intervinientes, mientras que el jurídico o de derecho versa sobre una discrepancia ante el incumplimiento legal o frente a la interpretación de una norma que debe ser aplicada a un evento concreto, de allí que este último se encuentre reservado, exclusivamente, a la autoridad competente para que lo dirima.

Así mismo se ha enfatizado, que el conflicto económico bien puede ser individual o colectivo, siendo relevante para la negociación este último, en la medida en que busca resolver aspectos relacionados con intereses profesionales o de grupo, mientras que los otros aspiran a regular o definir derechos puntuales e individuales, aunque en este puedan converger distintos sujetos y es lo que se ha denominado por la doctrina como conflictos plurales (Ver Recomendación 130 OIT).

Estas son distinciones que, por demás, se encuentran incorporadas en el Decreto Legislativo 2158 de 1948 del Código Procesal del Trabajo, convertido en legislación permanente por el Decreto Legislativo 4133 del mismo año, y en las que se prohijaron las de la Organización Internacional del Trabajo, otorgándole por tanto a los jueces laborales el conocimiento, únicamente, de los conflictos jurídicos (artículo 3 CPTSS).

De forma que, al marco de la negociación estarán adscritas las peticiones relacionadas con el conflicto económico colectivo y en el evento en el que a través de los mecanismos de autocomposición no sea posible definir total o parcialmente las diferencias de las partes, se ha previsto, en el ordenamiento jurídico colombiano, la definición a través del Tribunal de Arbitramento —voluntario u obligatorio, según la fase en la que aquella se encuentre—, el cual se erige para asegurar, de un lado, que el desacuerdo no se prolongue de manera indefinida, y persigue que se consoliden relaciones laborales armónicas, y de otro, por parte del Estado —cuando es obligatorio—, el deber de garantizar la paz social y con ella el normal desarrollo de las actividades económicas.

Por las características propias del conflicto económico, que es el llamado a definir, es que tal tribunal tiene una particularidad: que su decisión se dicta en equidad, en la medida en que se aspira a generar un equilibrio en la asignación de cargas y de beneficios, atendiendo las circunstancias del caso concreto, en la que por tanto se ponderen los intereses contrapuestos, circunscrita a un deber de responsabilidad que recae en los árbitros, cual es el de posibilitar la ejecutabilidad de su decisión; por ello es que se impone que las cláusulas sean equitativas, no acudiendo a las disquisiciones legales para su soporte y en tal sentido este excepcional recurso solo es viable cuando la decisión sea abiertamente inequitativa o haya trasgredido la competencia que a aquellos se les asignó.

Ahora bien, lo que cuestiona el sindicato es la declaratoria de incompetencia del Tribunal de Arbitramento, en punto a la cláusula del pliego de peticiones en la que se reclamó la indemnización de perjuicios, originada en la “expropiación de cerca de doce toneladas hurtadas a la organización sindical en cabeza de la señora almacenista municipal para el periodo 2013-2014” y acude a este recurso para que la Sala lo devuelva y disponga su definición.

No obstante, en contravía a tal solicitud, para la Corte no es viable, pues es evidente que tal articulado no podía ser objeto de definición a través del laudo arbitral, de allí que esa declaratoria de incompetencia, que debe entenderse como una decisión inhibitoria en punto a la cláusula debatida, no fuese equivocada, pues atendió que el contenido de la misma entrañaba una discusión propia de un conflicto jurídico que no económico, en la medida en que el mismo advertía en principio la titularidad de los bienes en cabeza del Sindicato y la afirmación de una apropiación ilegal por parte del municipio, que estimaron, de forma unánime, los árbitros, debía ser dilucidada a través de los mecanismos legales previstos para el efecto, menos por cuanto, como se explicó, aquellos solo están circunscritos a las reclamaciones que tengan por objeto dirimir el debate en punto a temas económicos.

Debe recordarse que esta Corte ha considerado, que procede la devolución del laudo al tribunal para que se pronuncie, únicamente cuando encuentra que aquel sí tenía la potestad para definir el asunto pero no, como en este caso, cuando estaba fuera la posibilidad de incorporar un artículo relacionado con un conflicto jurídico que no económico. Así, entre otras en decisión CSJ SL15499-2015 en la que explicó:

(…) esta Sala de la Corte ha sostenido que, al desatar el recurso de anulación, sus funciones están concretadas en verificar la regularidad del laudo y comprobar que el organismo arbitral no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado. Sin embargo, también ha explicado que es posible analizar la decisión del tribunal que se abstiene de resolver una determinada petición, teniendo competencia para ello, y, eventualmente, devolverla con el ánimo de que se remedie la omisión y se emita un pronunciamiento completo. (CSJ SL7192013).

Así mismo en lo relacionado con las eventualidades en que procede la devolución del laudo arbitral, en reciente decisión CSJ SL6476-2017 la Sala recordó:

Aquí y ahora, se impone traer a colación la providencia de anulación CSJ SL, del 1º de jun. 2005, rad. 25583, reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL, del 4 dic. 2012, rad. 5550, CSL SL7078-2016, del 25 mayo 2016, rad. 67699, y CSJ SL4206-2017, del 15 mar. 2017, rad. 76699, en cuanto a que “el arbitramento debe respetar el principio de congruencia (C. de P.C. art. 672-8 y 9) en su triple implicación: a) Absteniéndose de resolver en puntos no sujetos a su decisión, b) Considerándose imposibilitado para conceder ultra petita, es decir más de lo pedido; y C) Decidiendo todos los puntos planteados” (Sentencia de la Sala Plena Laboral del 19 de julio de 1982). Gaceta Judicial 2410)”.

Y recientemente, en fallo CSJ SL7078- 2016, del 25 mayo 2016, rad. 67699, se razonó:

Esto, claro, sin soslayar que el Tribunal de Arbitramento debe advertir aspectos tales como no inmiscuirse en derechos de las partes y que la decisión le rinda culto al principio de congruencia, esto es, que no otorgue beneficios que no fueron implorados en el pliego de peticiones, como tampoco reconocerlos con una suma mayor”.

De forma que, advertido que un aspecto como el reclamado lejos estaba de ser competencia de los árbitros, los cuales no pueden admitir responsabilidades penales de las partes, ni entrar a definir transacciones sobre la titularidad de los bienes que la organización sindical dice poseer, es evidente que la decisión no puede reprocharse y en ese sentido se negará.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la devolución del laudo del 31 de enero de 2017, proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo existente entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquia y de los entes descentralizados —Sintraofan— y el municipio de Cisneros.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.